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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no está demostrada la conducta dolosa o gravemente culposa del ex agente por haber actuado con desviación

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Fecha
2024-03-13
Radicado
11001032600020130013900
Número interno
48761
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Demandado
CESAR RICARDO VEGA ORDOÑEZ, ANDRES URIEL GALLEGO HENAO, LEONARDO ALVAREZ CASALLAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no está demostrada la conducta dolosa o gravemente culposa del ex agente por haber actuado con desviación

Lo que dijo la Sala

El señor Andrés Uriel Gallego Henao, en su condición de ministro de transporte, expidió la Resolución No. 007200 de 2003, por medio de la cual asignó a las diferentes dependencias de la entidad los cargos de la planta global aprobada en el Decreto 2054 de 2003 y, entre otros nombramientos, incorporó al señor Javier Salcedo Gavalo en el cargo de operario calificado, código 5300, grado 11, de la Dirección Territorial de Bolívar. Este empleo era ocupado, con derechos de carrera administrativa, por la señora Alba Pontón Cáceres, quien incoó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la resolución antes referida.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La nulidad de un acto administrativo por desviación de poder o por falsa motivación no basta, por sí sola, para acreditar el elemento subjetivo de la acción de repetición, pues debe demostrarse que el agente actuó con dolo o con culpa grave. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma constitucional exige un reproche subjetivo que se materializa en la demostración, en controversia judicial, de una conducta dolosa o gravemente culposa. Segunda, la calificación de esa conducta requiere analizar el comportamiento del servidor para determinar si estuvo dirigido a un fin ajeno a las finalidades del Estado o si incurrió en una infracción directa a la Constitución o a la ley. Tercera, ambos escenarios exigen culpabilidad, es decir, capacidad de comprender y prever las consecuencias de la actuación y determinación de orientar la conducta hacia el hecho. En el caso, la anulación del acto por falsa motivación no permitió tener por acreditada esa conducta, de modo que la repetición se niega. La providencia no altera criterio. La consecuencia práctica es que la sentencia de nulidad del acto no sustituye la prueba del dolo o de la culpa grave del ex agente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Está demostrada la conducta dolosa o gravemente culposa del ex agente por haber actuado con desviación de poder y proferir un acto administrativo con falsa motivación?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001, arts. 5 y 6

También resuelve

  • ¿Está demostrada la responsabilidad del asesor jurídico desde una perspectiva funcional, pues aquél tenía el deber de asesorar al ministro?
  • ¿Está demostrada la responsabilidad del subdirector de talento humano del ministerio pues tenía el deber de asesorar en la formulación de políticas…
  • ¿Los herederos del demandado, quien falleció el diecisiete (17) de abril de dos mil catorce (2014), pueden concurrir en calidad de demandados al juicio de repetición y, de ser el caso…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

NIEGA

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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No debe el juez de segunda instancia analizar o estudiar las cuestiones objetivas relativas a la condición de agente o ex agente estatal del demandado, la existencia de una condena de repetición y su pago efectivo, aun cuando las partes procesales no lo solicitan en el recurso de apelación.
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Titulación de la relatoría 28.104 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DESVIACIÓN DE PODER / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / RESPONSABILIDAD DEL MINISTRO / MINISTRO DE TRANSPORTE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Está demostrada la conducta dolosa o gravemente culposa del ex agente por haber actuado con desviación de poder y proferir un acto administrativo con falsa motivación? Respuesta al problema jurídico: No El señor Andrés Uriel Gallego Henao, en su condición de ministro de transporte, expidió la Resolución No. 007200 de 2003, por medio de la cual asignó a las diferentes dependencias de la entidad los cargos de la planta global aprobada en el Decreto 2054 de 2003 y, entre otros nombramientos, incorporó al señor Javier Salcedo Gavalo en el cargo de operario calificado, código 5300, grado 11, de la Dirección Territorial de Bolívar. Este empleo era ocupado, con derechos de carrera administrativa, por la señora Alba Pontón Cáceres, quien incoó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la resolución antes referida. El Tribunal Administrativo de Bolívar, por sentencia del 27 de abril de 2012, declaró la nulidad de la Resolución No. 007200 de 2003 y, como consecuencia de ello, ordenó el reintegro de la señora Pontón Cáceres y el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir por aquella desde su retiro hasta su reincorporación. Como sustento de su decisión, indicó que el Ministerio de Transporte incurrió en falsa motivación y desviación de poder en la expedición del acto administrativo, puesto que el cargo de la señora Pontón Cáceres no fue suprimido y, no obstante, ahí fue incorporado el señor Salcedo Gavalo, quien ostentaba derechos de carrera administrativa en relación con el cargo de auxiliar administrativo, código 5120, grado 11. (...) La norma constitucional establece que el juicio de repetición supone un reproche subjetivo en contra del agente señalado como responsable de la condena al Estado, juicio que se materializa en la demostración en controversia judicial, de su conducta determinante del daño objeto de resarcimiento, como “dolosa o gravemente culposa”, lo que supone un análisis de la conducta del agente. Para dilucidar el problema planteado, resulta válido precisar, que la calificación de la conducta del agente o ex agente demandado en repetición supone la concreción de una actuación dolosa o gravemente culposa a partir de un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva, que exige el análisis del comportamiento del servidor para determinar si estuvo dirigido a “la realización de un hecho ajeno a las finalidades del Estado” (dolo), o si cometió “una infracción directa a la Constitución o a la ley” o “una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones” (culpa grave). Los dos escenarios de atribución de responsabilidad patrimonial al agente estatal en el ámbito de la acción de repetición -culpa grave o el dolo- exigen, como presupuesto de reproche, que el servidor haya ejecutado la conducta con culpabilidad, esto es, con la capacidad de comprender su actuación y prever sus consecuencias (elemento intelectivo) o con la determinación de orientar su comportamiento para la realización del hecho de acuerdo con su voluntad (elemento volitivo). En atención a la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial celebrada el veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), a la Subsección le corresponde determinar si los señores Andrés Uriel Gallego Henao, Leonardo Álvarez Casallas y Cesar Ricardo Vega Ordoñez deben responder, a título de dolo el primero y culpa grave los dos últimos, por la condena que le fue impuesta al Ministerio de Transporte en sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el veintisiete (27) de abril de dos mil doce (2012). De acuerdo con la argumentación expuesta por el Ministerio de Transporte en el escrito de demanda, los señores Andrés Uriel Gallego Henao, Leonardo Álvarez Casallas y Cesar Ricardo Vega Ordoñez “obraron de manera grave y negligente, al no cumplir con sus deberes, obligaciones y funciones” y obraron con desviación de poder y falsa motivación, esto último, con fundamento en lo expuesto en la sentencia de nulidad y restablecimiento del veintisiete (27) de abril de dos mil doce (2012). Por ende, la Sala analizará si, en efecto, los referidos demandados incumplieron sus funciones y, como consecuencia de ello, incurrieron en dolo el primero o, los dos últimos en una actuación gravemente culposa causante del daño ocasionado a la señora Alba Pontón Cáceres. (...) En sustento de la pretensión de reembolso, La Nación Ministerio de Transporte manifestó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 27 de abril de 2012, que declaró la nulidad de la Resolución No. 007200 de 2003 expedida por el ex ministro Andrés Uriel Gallego Henao, daba lugar a configurar la presunción de dolo del ex funcionario por haber actuado con desviación de poder y falsa motivación. Este escenario doloso de atribución de responsabilidad patrimonial al agente estatal en el marco de la acción de repetición -como también ocurre con la culpa grave - exige, como presupuesto de reproche, que el servidor haya ejecutado la conducta con culpabilidad, esto es, con la capacidad de comprender su actuación y prever sus consecuencias (elemento intelectivo) o con la determinación de orientar su comportamiento para la realización del hecho de acuerdo con su voluntad (elemento volitivo). Desde esa perspectiva, la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no equivale automáticamente al dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado no ata al juez de la repetición100, el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, bajo las pruebas legalmente practicadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del aquellos arrojados por las pruebas allegadas al proceso de reparación. En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en sentencia de unificación102, en la que denotó la existencia de los presupuestos que la responsabilidad del funcionario, de cara al elemento subjetivo, supone establecer: (i) la relación entre la actuación y el daño que motivó la condena judicial objeto de la petición de reembolso, (ii) el comportamiento determinante en la ocurrencia de esa afectación, teniendo en cuenta las funciones previstas en la ley, y el grado de diligencia atribuible al servidor público en razón de los requisitos del cargo, la jerarquía o la retribución económica recibida y, (iii) el grado de participación del agente. En línea con el derrotero normativo y jurisprudencial expuesto previamente, le corresponde a la Sala determinar si el Ex Ministro Andrés Uriel Gallego Henao (Q.E.P.D.) actuó con dolo, pues fue esta la calificación que, con fundamento en la sentencia de condena proferida en sede de nulidad y restablecimiento, le atribuyó la parte accionante a la conducta desplegada por el ex agente del Estado. (...) la Sala pasará a revisar si, como dice la accionante, basado en las conclusiones a las que llegó el Tribunal Administrativo de Bolívar en sede de nulidad y restablecimiento, el ex ministro Andrés Uriel Gallego obró de forma dolosa con desviación de poder y falsa motivación, al suscribir la Resolución 00720 y, por contera, el Oficio MT-3310-2 025210 del 13 de agosto de 2003, con el que se le comunicó a la señora Alba Pontón que su cargo había sido suprimido, siendo que al mismo tiempo se incorporó a otro servidor en dicho cargo. Aun cuando es cierto que el Ex ministro Andrés Uriel suscribió tanto la Resolución 007200 como el Oficio MT-3310-2 025210, también lo es que, para lo uno y lo otro, encontró fundamento legal en las facultades que le procuró el Decreto 254 de 2003, luego entonces, la Sala no advierte en tal proceder una conducta que pueda calificarse como dolosa o denotativa de desviación de poder, ya que no hizo nada diferente al despliegue de las competencias previamente atribuidas por el Presidente de la República para distribuir y reorganizar la planta de personal de la cartera ministerial a su cargo. Sobre la desviación de poder, en la sentencia de nulidad y restablecimiento del 27 de abril de 2012 se argumentó que “la administración demandada actuó en franca desviación de poder al favorecer a un empelado de carrera de un nivel jerárquico”104 superior; sin embargo, de cara a la repetición, ese supuesto de hecho no se encuentra demostrado, pues ninguna prueba de las traídas al proceso da cuenta de que el Ex ministro Andrés Uriel Gallego tuviera alguna intención de favorecer al señor Javier Salcedo en desmedro de los derechos de carrera que tenía la señora Pontón, entre otras cosas, porque el señor Salcedo ostentaba un cargo de un nivel jerárquico superior, según se dice en la misma sentencia de nulidad y restablecimiento. Entonces, lo único que revelan los medios suasorios es que el señor Salcedo pasó a ocupar un cargo de operario calificado 5300 grado 11 que era de la misma denominación del cargo que ocupaba la señora Pontón, sin que de ello se desprenda que se trató exactamente de la plaza que desempeñaba la señora Alba o que, más allá de las consecuencias de la redistribución, hubiera mediado algún motivo velado de parte del Ex ministro para reubicar al señor Salcedo. En línea con lo expuesto, para la Sala tampoco se demostró que cuando en el Oficio MT-3310-2 025210 se le manifestó a la señora Pontón que su cargo había sido suprimido, se hubiera consignado una falsedad por parte del Ex ministro, de forma tal que lo dejase expuesto a un comportamiento doloso. En efecto, aun cuando no se discute que el señor Javier Salcedo pasó a ocupar un cargo de la misma codificación y denominación del que ocupaba la señora Pontón, de tal corroboración no se puede inferir que el cargo que ocupaba la señora Pontón no hubiese sido suprimido. Al punto, una revisión del mentado Oficio105 en conjunción con lo dispuesto en el Decreto 2054 de 2003, le permite a la Sala establecer que, efectivamente, el Decreto 2054 de 2003 suprimió seis (6) cargos correspondientes a operario calificado código 5300 grado 11, como también había suprimido veintiún (21) cargos de auxiliar administrativo 5120-11, por lo que, cuando en el oficio se dijo que se había suprimido el cargo, tal aserto gozaba de sustento, máxime que el Decreto 2054, como es obvio, no especificó los nombres de quienes ocupaban los cargos suprimidos, porque, de un lado, el Decreto se limitó a hacer análisis de los cargos como tal y no de quien los estaba ocupando y, de otro, tal asunto fue diferido a las funciones de redistribución. Así las cosas, el análisis de los hechos probados mueve a la Sala a concluir que la conducta que se le enrostra al ex ministro Gallego Heno como dolosa en la modalidad de desviación de poder y falsa motivación pierde asidero por las razones expuestas. (...) De acuerdo con las anteriores consideraciones, la parte actora no acreditó que los señores Leonardo Álvarez Casallas y Cesar Ricardo Vega Ordoñez hubieren asesorado al entonces ministro de transporte, Andrés Uriel Gallego Henao, en la expedición de la Resolución No. 007200 de 2003, ni en la expedición del Oficio No. MT-3310-2 025210, que dio lugar a la desvinculación de la señora Alba Pontón Cáceres de su cargo de operario calificado, código 5300, grado 11, de la Dirección Territorial de Bolívar, o hubieren determinado el retiro de la funcionaria del empleo que ocupaba. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el juicio de reproche subjetivo en el medio de control de repetición, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 20 de septiembre de 2007, Exp. 26708. Sobre los presupuestos de la actuación del agente o ex agente del estado para demostrar el elemento subjetivo de responsabilidad en el medio de control de repetición, cita Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020 y sentencia C-354 de 2020. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 ASESOR DEL MINISTRO / CARGO PÚBLICO DEL NIVEL ASESOR / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / ASESOR JURÍDICO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Está demostrada la responsabilidad del asesor jurídico desde una perspectiva funcional, pues aquél tenía el deber de asesorar al ministro? Respuesta al problema jurídico: No En lo que respecta al señor Leonardo Álvarez Casallas, desde una perspectiva funcional aquél tenía el deber de asesorar al ministro de transporte, siempre y cuando dicho acto administrativo hubiere sido sometido a su consideración. Sin embargo, en el expediente no obra prueba alguna de que fuera solicitado el respectivo concepto del jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Transporte, especialmente cuando en el plenario no se encontraron documentos que acreditaran la participación efectiva del señor Álvarez Casallas en el proceso de reestructuración administrativa adelantado por la entidad demandante. (...) De acuerdo con las anteriores consideraciones, la parte actora no acreditó que los señores Leonardo Álvarez Casallas y Cesar Ricardo Vega Ordoñez hubieren asesorado al entonces ministro de transporte, Andrés Uriel Gallego Henao, en la expedición de la Resolución No. 007200 de 2003, ni en la expedición del Oficio No. MT-3310-2 025210, que dio lugar a la desvinculación de la señora Alba Pontón Cáceres de su cargo de operario calificado, código 5300, grado 11, de la Dirección Territorial de Bolívar, o hubieren determinado el retiro de la funcionaria del empleo que ocupaba. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Está demostrada la responsabilidad del subdirector de talento humano del ministerio pues tenía el deber de asesorar en la formulación de políticas, normas y procedimientos para la administración de recursos humanos de la entidad, así como de elaborar y mantener actualizados los estudios sobre el manual de funciones y requisitos, y sobre la planta de personal? Respuesta al problema jurídico: No Está acreditado que el señor Cesar Ricardo Vega Ordoñez participó en el programa de renovación de la administración pública del Ministerio de Transporte, ya que, entre otras actuaciones: (i) revisó el Oficio No. MT-3300-2 023553, por medio del cual el ministro de transporte solicitó al director del Departamento Administrativo de la Función Pública autorización para la provisión de empleos o movimientos de personal que fueran necesarios como resultado del proceso de reestructuración, y la Resolución No. 942 de 2005, a través de la cual el ministro adscribió la planta de cargos y el personal vinculado a la misma a las diferentes dependencias de la entidad; (ii) expidió la Resolución No. 395 de 2004, con la que le reconoció la indemnización por supresión del cargo a Alba Pontón Cáceres; y (iii) certificó, entre otros: a) la cantidad de cargos que fueron suprimidos de la planta de personal y los que se encontraban vacantes, b) que en el proceso de reestructuración no se realizó ninguna reclasificación de cargos, c) que se garantizó la estabilidad de las mujeres cabeza de familia, de las personas con limitación física, visual o auditiva y de las personas que, en un término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la Ley 790 de 2000, cumplirían con los requisitos de edad y tiempo de servicios para disfrutar la pensión de jubilación o de vejez. Además, como subdirector de talento humano del Ministerio de Transporte, tenía el deber de asesorar al secretario general en la formulación de políticas, normas y procedimientos para la administración de recursos humanos de la entidad, así como de elaborar y mantener actualizados los estudios sobre el manual de funciones y requisitos, y sobre la planta de personal. No obstante lo anterior, una vez revisada la Resolución No. 007200 de 2003, la Sala encuentra que este documento no contiene constancias de que hubiere sido proyectado o revisado por Cesar Ricardo Vega Ordoñez, como sí las tienen los actos administrativos antes referidos, por lo que se desconoce si aquel asesoró al ministro en la expedición de dicha resolución. Al punto, la Subsección se permite aclarar que, aun cuando se observa una rubrica junto a la firma del ministro, la parte actora no probó que aquella correspondiera a la del entonces subdirector de talento humano del ministerio. Así mismo, la Subsección encuentra que en el expediente no obra prueba alguna que demuestre que el señor Vega Ordoñez participó, de forma efectiva, en la elaboración de la Resolución No. 007200 de 2003, dado que no se aportó concepto rendido por aquel sobre la materia y, especialmente, sobre el procedimiento a seguir en el caso particular de la señora Alba Pontón Cáceres. Por el contrario, del material probatorio allegado al expediente, se puede concluir que: (i) para el desarrollo del proceso de reestructuración administrativa de la entidad demandante se conformaron: el Comité Directivo para la Renovación de la Administración Pública del Ministerio de Transporte y el grupo de trabajo de apoyo del mismo ministerio, organismos que tenían el deber de avalar, en primera instancia, los proyectos de actos administrativos necesarios para la ejecución de la restructuración y realizar los estudios técnicos requeridos para la misma, entre otras funciones; y (ii) la Resolución No. 007200 de 2003 se fundamentó en el Estudio Técnico de Renovación del Estado del Ministerio de Transporte del 23 de junio de 2003, en el cual se presentó una “justificación técnica de supresión de cargos”, se propone la supresión de un cargo de carácter asistencial en la Dirección Territorial de Bolívar y, en el cuadro correspondiente al “costo de indemnizaciones y reconocimientos” se relaciona la suma que le correspondería a la señora Alba Pontón Cáceres, por concepto de indemnización por supresión de su cargo de operario calificado, código 5300, grado 11. Estudio que, de acuerdo con lo indicado en su introducción , fue elaborado con “la total participación de los funcionarios de la Entidad, informes de la Contraloría General de la Nación y el Estudio de Consultoría de la firma NERA”113 y le fue entregado al subdirector de recursos humanos por el secretario general del Ministerio de Transporte, a través de Oficio No. MT-3000-116512 del 1 de julio de 2003, situaciones de las cuales no se infiere que el estudio fuera elaborado por Cesar Ricardo Vega Ordoñez, sino que, siendo elaborado por un tercero, le fue puesto en su conocimiento cuando ya había sido presentado al director general del Departamento Administrativo de la Función Pública y el secretario general del Instituto Nacional de Vías, en su condición de director del Comité Directivo para la Renovación de la Administración Pública del Ministerio de Transporte. De acuerdo con las anteriores consideraciones, la parte actora no acreditó que los señores Leonardo Álvarez Casallas y Cesar Ricardo Vega Ordoñez hubieren asesorado al entonces ministro de transporte, Andrés Uriel Gallego Henao, en la expedición de la Resolución No. 007200 de 2003, ni en la expedición del Oficio No. MT-3310-2 025210, que dio lugar a la desvinculación de la señora Alba Pontón Cáceres de su cargo de operario calificado, código 5300, grado 11, de la Dirección Territorial de Bolívar, o hubieren determinado el retiro de la funcionaria del empleo que ocupaba. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / HEREDERO / CALIDAD DE HEREDERO / DEMANDA CONTRA HEREDEROS / FALLECIMIENTO DEL DEMANDADO / SUCESIÓN PROCESAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Los herederos del demandado, quien falleció el diecisiete (17) de abril de dos mil catorce (2014), pueden concurrir en calidad de demandados al juicio de repetición y, de ser el caso, cumplir con el pago? Respuesta al problema jurídico: Si [R]esulta necesario establecer si los herederos del señor Andrés Uriel Gallego Henao, quien falleció el diecisiete (17) de abril de dos mil catorce (2014), pueden concurrir en calidad de demandados al juicio de repetición y, de ser el caso, cumplir con el pago. En efecto, se considera que el juez de lo contencioso administrativo tiene la posibilidad de decretar excepciones de oficio y la potestad de pronunciarse sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, entre ellas la legitimación en la causa. Atendiendo a su naturaleza civil y patrimonial de la acción de repetición, esta Sala ha venido admitiendo en algunos casos la extensión de la legitimación por pasiva a los herederos del servidor o ex servidor público causante con su proceder de daño antijurídico reparado por el Estado, tesis que guarda armonía con los lineamientos normativos que el derecho civil traza en el artículo 2343 del Código Civil. Lo anterior, por cuanto, en aquellos asuntos que no hayan sido objeto de expresa disposición por una legislación especial, el régimen de las obligaciones del particular frente al Estado se gobierna por el derecho civil. La obligación de repetición que nos concierne pesa sobre un particular, quien no pierde tal condición por el hecho de la calificación que de él haga la norma constitucional, como un servidor o ex servidor del Estado. Esta resulta insuficiente per se para justificar el trato diferenciado de esta obligación respecto de las demás de contenido patrimonial y personal, esto es, no real, sino crediticio. Luego, transmisibles como son esta suerte de obligaciones, ha de decirse que los herederos del principal obligado en sede de repetición se encuentran legitimados por pasiva para venir a este juicio en su condición de herederos indeterminados. Adicionalmente, en el presente asunto, el ex ministro falleció de manera posterior a la presentación de la demanda de repetición, supuesto fáctico que permite que el proceso continúe frente a sus herederos (como en efecto aconteció al designárseles curador ad litem, quien contestó la demanda) y que refuerza el argumento de que estos están legitimados por pasiva y, en ese sentido, pueden comparecer como demandados en el juicio de repetición y podrían asumir la obligación de pago que se derivara de la declaratoria de responsabilidad del ex agente estatal, de ser el caso. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la extensión de la legitimación por pasiva a los herederos del servidor o ex servidor público causante con su proceder de daño antijurídico reparado por el Estado, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de diciembre de 2022, rad. 54777 y, sentencia del 24 de enero de 2024, rad. 67335. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2343 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en el medio de control de repetición, pues si bien, de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público, este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 361 del Código General del Proceso (CGP) prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), prescriben que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera o única instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. La Sala precisa que, en esta jurisdicción, el Código Contencioso Administrativo exceptuaba la imposición de costas en las “acciones públicas” (artículo 171), mientras el CPACA exceptúa “los procesos en que se ventile un interés público” (artículo 188). De esta forma, el legislador colombiano cambió la orientación de la exoneración a la imposición de costas en lo contencioso administrativo, debido a que las “acciones públicas”, además de perseguir un interés público —sin que se discutan derechos subjetivos— tienen otros atributos, como lo son la legitimación universal (o abierta a cualquier “ciudadano”), la posibilidad de la intervención de terceros, la coadyuvancia y la imprescriptibilidad. Lo anterior, sin embargo, no implica que en cualquier asunto, con pretensiones patrimoniales, en el que el demandante sea un ente estatal se ventile un interés público. Así, al no haberse decantado claramente el legislador en el CPACA por una exoneración absoluta de costas en contra del Estado, no cabe darle esta interpretación a su artículo 188, que prevé disponer sobre la condena en costas, “salvo en los procesos en que se ventile un interés público”, pues tal entendimiento supondría un criterio subjetivo en materia de costas, relacionado con el fuero de una de las partes, que el precepto legal no prevé. Ahora, el medio de control de repetición constituye “una acción civil de carácter patrimonial”, por medio del cual el organismo estatal pretende el reembolso de la condena causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes, para así garantizar, de forma mediata, “los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y inherentes (sic) a ella”. Si bien, de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público, este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso. La repetición, como “acción civil de carácter patrimonial” con “fines retributivo y preventivo”, supone un ejercicio razonable del derecho de acción, circunscribiéndolo a los eventos en que el organismo estatal vislumbre un comportamiento doloso o gravemente culposo del servidor acusado por infringir sus deberes funcionales o por la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, a partir de una comprobación certera de las circunstancias de hecho que sustentan la pretensión de reembolso. Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la Nación - Ministerio de Transporte -, pues fue la parte vencida en este proceso. Para tal efecto, la Secretaría de la Sección deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, para lo cual deberá considerar tanto los gastos judiciales hechos por los demandados, correspondientes a las actuaciones autorizadas por la ley —siempre que aparezcan comprobados—, como las agencias en derecho que esta Corporación procede a fijar por el 0.1% del valor de las pretensiones, de conformidad con las tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201300139001100103