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PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL / PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿En el sistema del precio global, la entidad contratante conviene en pagarle al contratista
una suma única por la ejecución de una obra, la cual remunera todos los costos, directos e indirectos, en los que este último incurra, de manera que el contratista asume los riesgos derivados de los mayores costos que se causen por la ejecución del contrato; por lo mismo, y como contrapartida de este riesgo, el contratista también percibe los
beneficios derivados de los menores costos en que incurra por la ejecución eficiente y temprana de sus obligaciones o, incluso, por circunstancias ajenas a él?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a modalidad de precio global fijo (también llamado a mano alzada) es usualmente empleada en los contratos de obra. En este tipo de contratos, la entidad contratante conviene en pagarle al contratista una suma única por la ejecución de una obra, la cual remunera todos los costos, directos e indirectos, en los que este último incurra, de manera que el contratista no puede cobrar sumas adicionales por el cumplimiento del objeto, ni la contratante reconocer sumas mayores o menores a las acordadas. (...) De conformidad con lo anterior, en el contrato de obra a precio global, el contratista asume la ejecución total de la obra hasta su entrega, lo que implica que, si debe emplear mayores o menores cantidades de obra para completarla, ello es en principio un riesgo intrínseco a su labor, pues la entidad contratante tan solo deberá pagar la suma fija pactada. Esta modalidad de precio busca que las partes estimen anticipadamente cuáles son los riesgos y factores que podrían incidir en la construcción de la obra pues la suma global fija que se pague corresponderá a su valor, sin que la entidad contratante deba incurrir en mayores costos por la ejecución de mayores cantidades; de allí que sea el contratista el que tiene una mayor carga de confeccionar su propuesta teniendo en cuenta la apreciación de las circunstancias que podrían incidir en la terminación de la obra. (...) Aunque, como se anotó, el precio global es una modalidad de precio que usualmente se emplea en los contratos de obra, ello no implica que sea excluyente respecto de otras figuras contractuales. En realidad, el precio global fijo es simple y llanamente la estimación anticipada de lo que le costará a la entidad contratante la ejecución de una obra, la entrega de un bien o la prestación de un servicio. Por ende, si el precio que convinieron las partes en un contrato de interventoría se pactó en la modalidad de precio global fijo, lo que ello implica es que la entidad contratante pagará al contratista una suma fija por la ejecución de la supervisión y vigilancia de otro contrato estatal, bajo las reglas de asunción de riesgos que ello implica. (...) En efecto, en el sistema del precio global, el contratista asume los riesgos derivados de los mayores costos que se causen por la ejecución del contrato; por lo mismo, y como contrapartida de este riesgo, el contratista también percibe los beneficios derivados de los menores costos en que incurra por la ejecución eficiente y temprana de sus obligaciones o, incluso, por circunstancias ajenas a él. En otras palabras, en el sistema de precio global fijo, la convención sobre una suma fija por el objeto del negocio jurídico implica un traslado de riesgos al contratista el cual, por supuesto, no solo asume los mayores costos sino también los beneficios de sus eficiencias y organización en el cumplimiento del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la modalidad de precio global del contrato, consultar providencias de 14 de marzo de 2013, Exp. 20524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 27 de agosto de 2021, Exp. 44.806, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PRECIO DEL CONTRATO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL / PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Problema jurídico:
¿El IDU incumplió el contrato de interventoría al no pagar a la contratista el precio total pactado en el contrato, dada la terminación anticipada de dicho negocio jurídico por el cumplimiento del objeto de los contratos de obra sobre los que recayó, teniendo en cuenta que la forma de pago convenida para la interventoría fue la de precio global fijo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La controversia está circunscrita a determinar si el IDU incumplió el contrato de interventoría (…) porque no le pagó a la UT (…) [el monto] resultante de la diferencia entre el valor ejecutado a la fecha de terminación anticipada de dicho negocio jurídico (…) y el valor pactado en el contrato. La demandante afirma que el contrato terminó anticipadamente porque el objeto de los contratos de obra sobre los que recayó la interventoría se cumplió a cabalidad y que, como la forma de pago convenida para la interventoría fue la de precio global fijo, el IDU debió reconocerle el valor total pactado representado, según dijo, de las actas mensuales de interventoría entre los meses de febrero de 2012 y septiembre de 2012. (…) En este caso, del análisis de las cláusulas del contrato (…), especialmente de la primera, segunda y tercera, lo que se deduce es que, sin perjuicio de la forma en la que se realizaría el pago, lo que pactaron las partes fue que el valor de la actividad general de supervisión y vigilancia del desarrollo del objeto de los contratos de obra (…) ascendía al precio total pactado. Es decir, el IDU convino pagar una suma fija por la interventoría que se realizaría a los referidos contratos, al margen de los costos directos e indirectos en los que incurriría el contratista para prestar ese servicio y de la utilidad que esperaría recibir por él, lo cual correspondía definir al interventor en atención a los riesgos y factores que podrían incidir en el desarrollo de su labor. Como contrapartida, el IDU no se obligó a pagar dicha suma por la ejecución de actividades puntuales, mes a mes, o por la sumatoria de los costos directos e indirectos y la utilidad calculada por el interventor sobre cada actividad específica, pues, se reitera, lo que entraña el pacto del precio global fijo es justamente que las partes tienen claro de antemano que, si la interventoría se ejecuta en su totalidad, el precio será el convenido en el contrato y no el que se cause por la ejecución de actividades puntuales. (…) [L]o que se puede concluir es que la interventoría tuvo por objeto la correcta supervisión y vigilancia de unas obras con el fin de que estas se terminaran correctamente en función de las especificaciones técnicas indicadas por el IDU al contratista de obra. Por ende, si la (…) [contratista] ejecutaba completamente el objeto de la interventoría y las obras supervisadas eran entregadas correctamente, el IDU estaba en la obligación de pagar el precio convenido en la cláusula segunda del contrato —en los términos establecidos en la cláusula tercera de forma de pago—, pues lo que se deduce de las referidas estipulaciones es que el interventor tenía derecho a una remuneración en función de la ejecución del objeto, mas no en proporción a cada componente de su actividad ejecutada en periodos mensuales. Si se concluyera lo último, se desnaturalizaría el contrato sub judice y la modalidad de pago pues, sin perjuicio de la forma de pago estipulada, las partes convinieron un precio global fijo. (…) Entonces, si la regla para la causación del valor del contrato era la “ejecución real del objeto”, si este se completó íntegramente, incluso antes de tiempo, el IDU estaba en la obligación de pagarlo. Si, por el contrario, el contrato no se ejecutaba en su totalidad, las partes acordarían un pago proporcional por los servicios efectivamente prestados. Esto corrobora que la regla de causación del precio global pactado era la ejecución del objeto del contrato, sin importar si esto se lograba en el mes 20 o en el mes 33 de ejecución. (…) Esta conclusión no se contradice a partir de la conducta de las partes — artículo 1622 del Código Civil— ni a partir de las pruebas que fueron allegadas al expediente. Por el contrario, para la Sala es claro que la suma fija pactada se causaba en función de la ejecución del objeto del contrato, sin importar el momento en que se lograra; la cláusula sobre forma de pago —cláusula tercera— no modificó el objeto del contrato, la modalidad de pago ni el precio total estipulado, dado que tan solo se limitó a establecer un calendario de pagos tomando como base el horizonte del plazo de 33 meses, sin que esta sea una razón válida para desdibujar la modalidad de precio global fijo en la que se pactó el contrato. (…) La conclusión a la que arriba la Sala se fundamenta en una interpretación del contrato a la luz de su objeto y del tenor de las cláusulas tal y como lo establece el primer inciso del artículo 1621 del Código Civil cuando señala que “[e]n aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato”. Por todo lo anterior, se concluye que si la (…) [contratista] ejecutó de manera completa el contrato de interventoría, incluso antes de que estaba previsto que feneciera el plazo convenido, el IDU estaba en la obligación de reconocerle el valor convenido. (…) En síntesis, la Sala revocará la sentencia de primera instancia para, en su lugar, conceder la pretensión segunda de la demanda en el sentido de declarar que el IDU incumplió el contrato de interventoría al no haberle pagado a la UT (…) el valor (…) por concepto del precio global fijo pactado en el contrato. Por ende, se le ordenará al IDU pagarle a la UT Interurbanos esa suma, cuya actualización se hará en el siguiente acápite de esta providencia.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1621, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622
EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN / MORA / CONSTITUCIÓN EN MORA / REQUERIMIENTO DEL DEUDOR / OBLIGACIONES / EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES / COBRO DE LAS OBLIGACIONES / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / OBLIGACIÓN DEL DEUDOR / MORA DEL DEUDOR / MORA EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA
Problema jurídico:
¿La exigibilidad se predica de las obligaciones que no se encuentran sometidas a plazo, condición o modo, porque no se sujetaron a estas modalidades o porque ya se realizaron, mientras que la mora, supone el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la obligación y para constituir en ella al deudor se requiere, como regla general, la reconvención del acreedor, salvo las excepciones previstas en la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala debe retomar la distinción entre exigibilidad y mora, pues son nociones diferentes y la existencia de la segunda figura es lo que habilita el reconocimiento de intereses sobre obligaciones dinerarias. La primera se predica de las obligaciones que no se encuentran sometidas a plazo, condición o modo, porque no se sujetaron a estas modalidades o porque ya se realizaron. La mora, en cambio, supone el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la obligación y para constituir en ella al deudor se requiere, como regla general, la reconvención del acreedor, salvo las excepciones previstas en la ley. (...) El numeral 3º del artículo 1608 del Código Civil exige una reconvención o
requerimiento judicial del acreedor para el cumplimiento de la obligación, que es
una interpelación judicial para que el deudor ejecute la prestación exigible que se
comprometió a dar o hacer. Los dos primeros numerales de esa disposición
establecen excepciones a la reconvención judicial para la constitución en mora: el
primero se refiere a la hipótesis de que se haya estipulado plazo para el
cumplimiento de la obligación y el segundo a que la obligación no haya podido ser
cumplida sino dentro de cierto tiempo que el deudor dejó pasar. El numeral segundo
del artículo 1617 ibídem, que regula los perjuicios por la mora en el cumplimiento
de obligaciones dinerarias, no contempla una regla diferente, aunque aclara que el
acreedor insatisfecho “no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra
intereses; basta el hecho del retardo [mora]”.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la exigibilidad de las obligaciones, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 10 de julio de 1995, Exp. 4540, M.P. Pedro Lafont Pianetta.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1617
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INTERÉS MORATORIO / CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO / EXIGIBILIDAD DEL INTERÉS MORATORIO / COBRO DEL INTERÉS MORATORIO / MORA / MORA DEL DEUDOR / CONSTITUCIÓN EN MORA / REQUERIMIENTO DEL DEUDOR / ADMISIÓN DE LA DEMANDA / AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / CÓMPUTO EN EL INTERÉS MORATORIO / DETERMINACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO
Problema jurídico:
¿La contratista tiene derecho a que se le reconozcan intereses moratorios sobre la obligación dineraria no reconocida por la demandada, al no haberle pagado
el valor completo del precio del contrato de interventoría, teniendo en cuenta que, al no ser una obligación sujeta a plazo, era necesario que la
demandante reconviniera judicialmente al IDU para constituirlo en mora?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]unque el IDU incumplió el contrato de interventoría porque no le pagó a la UT (...) el valor completo del precio convenido, ello no equivale a afirmar que se constituyera en mora por esa sola razón, pues de lo contrario se desdibujaría la diferencia entre exigibilidad y mora. Para afirmar desde cuándo el IDU se constituyó en mora (...), es menester, en primer término, traer a colación lo que las partes convinieron en relación con el régimen de intereses moratorios en la cláusula cuarta del contrato de interventoría (...), toda vez que el numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 —que resulta aplicable a este contrato en virtud de su objeto y de naturaleza de las partes— establece un régimen supletivo en materia de intereses moratorios. (...) En el expediente no obra copia de ninguna factura que la UT (...) le hubiese presentado al IDU para el pago (...), ni tampoco obran copias de las actas de pago, ni los demás requisitos enlistados en el parágrafo segundo de la cláusula tercera (...). Esta falta absoluta de los requisitos necesarios para que en cabeza del IDU surgiera la obligación de pago sujeta al plazo suspensivo de 45 días hace imposible afirmar que el demandante se constituyera en mora en los términos de la cláusula cuarta del contrato. (...) Así las cosas, como la obligación que incumplió el IDU por no haberle pagado el valor completo del precio del contrato no fue una obligación que naciera sujeta a plazo suspensivo por no cumplirse los requisitos establecidos en la cláusula cuarta, de conformidad con el artículo 1608 del Código Civil, era necesario que la demandante reconviniera judicialmente al IDU para constituirlo en mora. (...) En este orden de ideas, dado que conforme a la regla contenida en el inciso segundo del artículo 94 del CGP, el auto admisorio de la demanda del 25 de marzo de 2015 fue notificado personalmente al IDU el 24 de abril de ese año conforme lo establece el artículo 197 del CPACA, a partir de esta última fecha el demandado se constituyó en mora de pagar la obligación dineraria (...), por lo que, a partir del día siguiente a esta fecha (...) serán calculados los intereses moratorios a favor de la demandante. (...) Así las cosas, los intereses moratorios serán calculados con base en la tasa pactada en la cláusula cuarta del contrato y serán actualizados (...).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 197, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 94, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608
COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿La condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte vencida en el proceso, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, que tiene en cuenta las resultas del proceso, así como la gestión de las partes y sus apoderados en el mismo, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes?
Respuesta al problema jurídico: Si
Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas al demandado en la medida en que la sentencia de primera instancia será revocada y se concederán las pretensiones de la demanda. Se advierte que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. (...) La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Para la fijación de las tarifas de agencias en derecho debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que estas se regirán por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda. De conformidad con su artículo tercero, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás circunstancias relevantes. (...) En este caso, la Sala advierte que, dado que al demandado se le condenará a pagar las costas de ambas instancias, las agencias en derecho en primera instancia, para los asuntos contencioso administrativos con cuantía, deben fijarse hasta el 20% del valor de las pretensiones negadas o reconocidas en la sentencia, conforme dispone el artículo 6 ibídem. En este caso, se tomará como base para calcular las agencias en derecho la suma total de la condena, (...) que corresponde a la sumatoria del saldo actualizado del precio del contrato más los intereses moratorios a favor de la parte actora. (...) Así las cosas, como la labor procesal del mandatario judicial de la parte
actora fue continuada y consistente en el transcurso de la primera instancia, las
agencias en derecho de dicha instancia se fijarán en la suma de (...),
monto que deberá ser pagado a favor de la UT Interurbanos, con fundamento en la
relación porcentual del 2% del valor de las pretensiones económicas que serán
concedidas a favor del demandante en esta sentencia. (...) Por otra parte, en lo que tiene que ver con las agencias en derecho en
segunda instancia, éstas deben fijarse hasta el 5% del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas de la sentencia, según lo dispuso el artículo 6 del aludido
Acuerdo. Se advierte que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 ibídem, la
gestión procesal del apoderado de la parte actora en esta instancia fue continuada,
coherente y consistente, al interponer recurso de apelación y al alegar de
conclusión. En tal virtud, se fijan las agencias en derecho también en la suma de
(...), en favor de la demandante, con fundamento en la relación
porcentual del 1% del valor de las pretensiones económicas que serán concedidas
a favor de la demandante en esta sentencia.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003
Texto extraído del PDF oficial 96.809 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 250002336000201500519 01 (56.399)
Demandante: Unión Temporal Interurbanos
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte
actora en contra de la sentencia mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
La controversia está relacionada con los supuestos incumplimientos en que incurrió
el Instituto de Desarrollo Urbano (en adelante, IDU) al dejar de pagar el valor total
pactado en el contrato de interventoría No. 081 del 7 de diciembre de 2009 en la
modalidad de precio global fijo, el cual terminó anticipadamente mediante acta
suscrita el 24 de febrero de 2012. La demandante alega que no era procedente que
le fuera descontado en la liquidación bilateral el monto de las actas mensuales que
debió pagarle por el periodo transcurrido entre la fecha de terminación anticipada y
el 15 de septiembre de 2012, día en que debió terminar el contrato por expiración
de su plazo.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 29 de octubre de 2015,
por medio de la cual la Subsec ción A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca resolvió:
“PRIMERO: Se NIEGAN las pretensiones de la demanda, de acuerdo con la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Se fijan como agencias en derecho a favor del INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO la suma de SIETE MILLONES PESOS [sic] MCTE
($7.000.000.oo), las cuales se deberá pagar una vez ejecutoriada esta
sentencia.
TERCERO: LA PRESENTE SENTENCIA SE NOTIFICA EN ESTRADO S DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 202 DEL CPACA
CUARTO: CONTRA LA PRESENTE SENTENCIA PROCEDE RECURSO DE
APELACIÓN DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN
POR ESTRADOS.”1
1 Folio 82 (reverso), cuaderno del Consejo de Estado.
Expediente 250002336000201500519 01 (56.399)
Demandante: Unión Temporal Interurbanos
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversias contractuales
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2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 12 de febrero de 20152
por la Unión Temporal Interurbanos (en adelante, la UT, la UT Interurbanos o la
demandante), cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se
enuncian a continuación.
Pretensiones
3. La UT Interurbanos formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: QUE SE DECLARE que entre [sic] INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO -IDU- y la UNIÓN TEMPORAL INTERURBANOS , se celebró el
contrato IDU-081 de 2009 y ADICIONAL No. 1, el cual fue pactado su precio y
objeto a PRECIO GLOBAL.
SEGUNDO: QUE COMO CONSECUENCIA DE LA ANTERIOR
DECLARACIÓN, se ordene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-
reconocer y pagar a la UNIÓN TEMPORAL INTERURBANOS la suma de
SETECIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 708’676.152,00) MONEDA
CORRIENTE, a título de PRECIO GLOBAL, restantes del pactado del contrato
081 de 2009, suma que no fue cumplida y no pagada [sic] por el instituto; ello
en virtud de que la UNIÓN TEMPORAL INTERURBANOS dio efectivo
cumplimiento al obje to contractual pactado conforme a lo estipulado en las
respectivas cláusulas del mismo, luego no hay justificación legal para que el
contrato se haya liquidado desconociendo la modalidad del contrato pactado,
esto es, a precio global, y donde se evidencia en la liquidación del mismo.
TERCERO: Que la anterior suma adeudada a la UNIÓN TEMPORAL
INTERURBANOS, sea indexada.
CUARTO: Los intereses moratorios sobre las cantidades que resulten a favor
del citado, desde la fecha en que deba hacerse el pago hasta aquella en que
efectivamente se realice (Sent. C -188/99 de la Corte Constitucional). En lo
demás deberá darse cumplimiento a lo que se señala el art. 187 y sig. De la Ley
1437 de 2011.
QUINTO: Que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-, sea
condenado en costas y agencias en derecho, de conformidad con el artículo
182 de la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso.
SEXTO: Que la entidad pública demandada, de cumplimiento a la sentencia
que haga transito [sic] a cosa Juzgada, conforme lo establecido en los artículos
187, 189, 193 y 195 de la Ley 1437 de 2011.”3
Hechos de la demanda
4. En apoyo de sus pretensiones, la demandante enunció, en síntesis, los
siguientes hechos:
4.1. Relató que, previo agotamiento del procedimiento de concurso de méritos, el
7 de diciembre de 2009, la UT Interurbanos celebró con el IDU el contrato de
interventoría No. 081-2009 cuyo objeto consistió en realizar la interventoría técnica,
administrativa, financiera, legal, ambiental y social de las obras de mantenimiento
2 La fecha de presentación de la demanda consta en el sello impuesto por la Secretaría de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que está visible a folio 8 del cuaderno 1.
3 Folios 8 y 9, cuaderno 1.
Expediente 250002336000201500519 01 (56.399)
Demandante: Unión Temporal Interurbanos
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversias contractuales
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correctivo, rutinario y preventivo de las troncales Autopista Norte entre los sectores
de Los Héroes y la Calle 183; entre la Calle 183 y la Avenida Caracas; entre la Calle
80 y el Portal Usme y su ramal del Tunal que se extendía hasta el Portal del Tunal,
en la ciudad de Bogotá D.C.
4.2. Apuntó que el plazo del contrato fue de 33 meses que comenzaron a correr
a partir de la suscripción del acta de inicio el 6 de diciembre de 2009. Agregó que el
valor pactado fue de $4.424’301.552, en la modalidad de precio global fijo sin
reajustes.
4.3. Señaló que el 8 de julio de 2010, las partes suscribieron el contrato adicional
No. 1 por valor de $771’221.360 con el objeto de que la UT realizara la interventoría
de las obras de ampliación de la Autopista Norte entre Calles 180 y 192 y de
construcción de las obras complementarias en la Calle 183 entre Autopista Norte y
Carrera 36 A y 47, las cuales tenían una conexión con el objeto del contrato inicial
en la medida en que estaban comprendidas en el mismo sector de la Autopista Norte
y de sus carriles de Transmilenio; para la realización de esos trabajos adicionales
se estableció un plazo de 7 meses contados desde la suscripción del adicional.
4.4. Indicó que el 24 de febrero de 2 012, se suscribió el acta No. 25 de
terminación anticipada del contrato de interventoría No. 081 de 2009. Sin embargo,
las actas mensuales de interventoría elaboradas por la UT con cargo a las cuales
se debía pagar el saldo restante del 50% del valor del contrato por el periodo
comprendido entre el 25 de febrero y el 15 de septiembre de 2012 —fecha en la que
debió terminarse el contrato por expi ración de su plazo —, que ascienden a
$708’676.152, quedaron insolutas.
4.5. Narró que, el 25 de septiembre de 2013, la UT Interurbanos presentó una
reclamación ante el IDU con el objeto de que se le reconociera la referida suma, con
fundamento en que el contrato de interventoría No. 081 -2009 se firmó en la
modalidad de precio global fijo de lo que se seguía que, teniéndose certeza sobre
el alcance del contrato y sus prestaciones, el IDU no podía dejar de pagarle el precio
completo del contrato so pretexto de su terminación anticipada, máxime cuando la
UT cumplió con la totalidad del objeto pactado.
4.6. Afirmó que el 25 de octubre de 2013, el IDU respondió a dicha reclamación
mediante memorando No. DTGC20134350226343 en el que sostuvo que el contrato
de interv entoría terminó anticipadamente por circunstancias imprevistas para las
partes, razón por la cual, en aras de salvaguardar el derecho del contratista, le
solicitaba allegar los soportes de los costos directos e indirectos que se causarían
con ocasión de dicha terminación. En el memorando se agregó que, si el contratista
no allegaba los soportes de los referidos costos, no se tendrían en cuenta para la
liquidación del contrato.
4.7. Aseveró que el 27 de noviembre de 2013, las partes suscribieron el acta de
liquidación bilateral, en la que la UT Interurbanos dejó expresa constancia de una
salvedad en la que señaló: (i) que el contrato se pactó en la modalidad de precio
global, motivo por el cual, como el contratista ejecutó cabalmente el objeto pactado,
la entidad contratante tenía la obligación de reconocérselo, con prescindencia de
que terminara anticipadamente; (ii) que la UT tenía el derecho a obtener la utilidad
Expediente 250002336000201500519 01 (56.399)
Demandante: Unión Temporal Interurbanos
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-
Acción: Controversias contractuales
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esperada con la ejecución del contrato, y (iii) que se reservaba el derecho a acudir
a la jurisdicción para reclamar los conceptos por los cuales no estaba de acuerdo
con los términos de la liquidación bilateral planteada por el IDU.
Los fundamentos de derecho de la demanda
5. En el acápite de fundamentos de derecho, la UT Interurbanos desarrolló los
siguientes argumentos jurídicos en que se soportan sus pretensiones:
5.1. Afirmó que el IDU vulneró su derecho al equilibrio económico consagrado en
los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993 porque no le reconoció el valor total del
contrato de interventoría. Afirmó que la vulneración a dichos derechos se concreta
en la privación de la utilidad que debía recibir por la ejecución del contrato.
5.2. Señaló que cuando se pacta un contrato en la modalidad de precio global fijo
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