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¿Se demostró que la liquidación unilateral del contrato afectó patrimonialmente a la contratista demandante? No
El acta de liquidación unilateral que la entidad expide sin que el contratista acredite un daño patrimonial derivado de ella no puede ser anulada, pues sin perjuicio no se examina si el acto adolece de algún vicio. La regla se apoya en que el contrato condicionaba la liquidación unilateral a una previa declaratoria de caducidad, potestad que la entidad no ejerció, y en que el contratista no probó que hubiera efectuado pago alguno derivado del balance de cuentas. Por ello, el incumplimiento de las condiciones pactadas para la liquidación unilateral no se traduce, por sí solo, en un perjuicio indemnizable ni en la nulidad del acta. En el asunto, la Sala concluyó que el acta no afectó patrimonialmente a la contratista y revocó la sentencia en cuanto había anulado el acta de liquidación. En la práctica, la contratista que impugna el acta de liquidación debe demostrar el daño patrimonial que le causó para obtener su nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿El que los pantalones azules no se ajustaran a los requerimientos técnicos constituyó un incumplimiento contractual?¿No existe mérito para acoger las pretensiones porque de la liquidación hecha por Electranta no se derivaron perjuicios patrimoniales para la demandante?¿Habiendo sido el contrato de suministro de una sola prestación, resultó incumplido cuando al vencimiento de su plazo no se entregó la totalidad de los ítems contratados?
Auto interlocutorio — Auto que impone sanción en ejercicio de poderes correccionales del juez2022-05-27Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000232600020040164201ACCION CONTRACTUAL
¿Procede la imposición de multa cuando un funcionario judicial incumple las órdenes de su superior jerárquico? Sí
Procede imponer multa al funcionario judicial que no atiende las órdenes de su superior jerárquico cuando guarda silencio frente a reiterados requerimientos de remisión de piezas procesales, en aplicación del numeral 3 del artículo 44 del Código General del Proceso. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que los reiterados requerimientos sin respuesta justifican la multa de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes al titular del despacho. La segunda es que la conducta puede configurar una falta disciplinaria por desatender las órdenes del superior, por lo que procede compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En el caso concreto, las piezas procesales son necesarias para fallar, por lo que el auto ordena requerir nuevamente al juzgado para que las remita o informe dónde se encuentran. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es la multa, la compulsa de copias y un nuevo requerimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Las piezas procesales solicitadas se requieren para emitir fallo en el proceso?¿Se requirió al despacho judicial para que allegara las piezas procesales faltantes y sin embargo, a la fecha, este no se ha pronunciado al respecto?
¿Hay lugar a declarar la caducidad de la acción? Sí
El contratista no puede interponer una acción de repetición después de que caduque, lo que ocurre dos años después del día siguiente en que la entidad estatal debió haber pagado la condena, ya sea cuando efectúa el pago o cuando vence el plazo de 18 meses para hacerlo, según el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, la acción de repetición caducó el 28 de enero de 2009, dos años después del vencimiento del plazo de 18 meses para el pago de la condena, que expiró el 27 de enero de 2007. La solicitud de conciliación presentada por el contratista el 8 de septiembre de 2009 no suspendió el plazo de caducidad, ya que la acción ya estaba vencida en ese momento. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, lo que implica que los contratistas deben ser cuidadosos con los plazos para interponer acciones legales.síntesis automática
También resuelve:¿El plazo de 18 meses que tenía la entidad demandada para el pago de la condena, se cumplió el 27 de enero de 2007?¿El término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago?
¿Los actos administrativos demandados dieron por terminado unilateralmente el contrato, por lo que debe entenderse que la entidad estatal ejerció la facultad de terminación unilateral prevista en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993? No
El contratista no puede impugnar la terminación del contrato por vencimiento del plazo pactado, ya que los actos administrativos de Corpoguarjira indican que el contrato finalizó por el vencimiento del plazo de ejecución, no por una terminación unilateral, y el plazo inicial de 16 meses, prorrogado por nueve meses más, había expirado antes de la fecha de expedición de dichos actos. Además, el contrato celebrado entre Corpoguarjira y Acuavalle, a pesar de ser denominado convenio interadministrativo, es en realidad un contrato interadministrativo de obra sometido al estatuto general de contratación estatal, por lo que Corpoguarjira tiene competencia para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal mediante actos administrativos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que permite a las entidades declarar el incumplimiento del contrato luego de su terminación y hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando dicha facultad haya sido pactada en el contrato, como en este caso. Esto implica que la entidad estatal puede adoptar decisiones contractuales en conformidad con el régimen jurídico aplicable a los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato administrativo suscrito entre las partes, al ser un contrato cuyo régimen jurídico no era el derecho privado sino el contemplado en el estatuto general de la contratación estatal…
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición si presenta la demanda fuera del plazo legal, configurándose la caducidad del derecho de acción. Según la jurisprudencia, el término para instaurar la demanda de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que la administración tiene para pagar las condenas, lo que garantiza la seguridad jurídica y evita situaciones indefinidas en el tiempo. La Sala revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y declara probada, de oficio, la excepción de caducidad, reiterando la importancia de cumplir con los plazos establecidos para el ejercicio de los medios de control, lo que implica la pérdida de la facultad de accionar y la imposibilidad de decidir sobre el fondo del asunto.síntesis automática
También resuelve:¿Las demandas de repetición debían instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar…¿La ley estableció unos plazos razonables con el propósito de que las personas acudan ante la jurisdicción, término que, en caso de vencerse…¿El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público?
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, considerando que, en casos de controversias contractuales, cuando se trata de contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría, se entiende que a la entidad estatal le es imponible o exigible como deber legal proceder con la liquidación, por lo que, el término de caducidad se debe computar desde de la terminación del plazo contractual, teniendo en cuenta sus respectivas adiciones? Sí
La entidad estatal es imponible como deber legal para proceder con la liquidación en contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría. Por lo tanto, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales debe computarse desde la terminación del plazo contractual, considerando sus respectivas adiciones. En el caso en estudio, el contrato terminó el 18 de septiembre de 2004, y el término de caducidad comenzó a contarse a partir del 19 de marzo de 2005, con una duración de 2 años, lo que significa que la demanda fue presentada fuera del plazo legal.síntesis automática
También resuelve:¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?
¿El Ejército Nacional, entidad demandante, está acudiendo indebidamente al medio de control de repetición y desconociendo una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada? Sí
En el medio de control de repetición, la pretensión no procede cuando busca desconocer una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada y en la que la jurisdicción contencioso administrativa se pronunció sobre la misma controversia. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad demandante no puede acudir a la acción de repetición para reabrir un asunto ya resuelto por una sentencia ejecutoriada, porque ello desconoce la cosa juzgada. Segunda, la acción de repetición está destinada a recuperar lo pagado por la condena, y no a revisar nuevamente la responsabilidad que la sentencia ya declaró. En el caso, la sentencia anterior estableció que el Estado debía responder por las lesiones, y la entidad pretendía discutir de nuevo ese asunto mediante la repetición. La providencia rechaza las pretensiones y, en esa medida, revoca la decisión de primera instancia. En la práctica, la entidad que quiera repetir debe verificar que su pretensión no reproduzca el objeto de una sentencia previa con fuerza de cosa juzgada.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición está prevista para solicitar el reintegro de lo pagado por el Estado en una condena judicial?¿La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena?¿La condena en costas es procedente en la acción de repetición porque en esta se ventilan intereses patrimoniales de las entidades públicas?
Auto interlocutorio — Auto que rechaza reforma de la demanda2022-06-10Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020210010400LEY 1437 REPETICION
¿Se rechaza la reforma a la demanda presentada, por haber operado la caducidad respecto de los pretendidos nuevos demandados? Sí
El despacho rechaza la reforma a la demanda presentada por la Rama Judicial, por haber operado la caducidad respecto de los pretendidos nuevos demandados, quienes son los herederos determinados e indeterminados de un demandado que falleció antes de ser vinculado al proceso. La reforma pretendía incluir a estos herederos como demandados y formular una nueva pretensión de condena en su contra, pero al no haberse cumplido los plazos procesales, la caducidad impide su admisión. Además, la entidad demandante solicitó la adición de hechos y documentos relacionados con la pretensión de condena, la cual también fue rechazada. Este fallo reitera la jurisprudencia sobre la necesidad de cumplir con los plazos procesales para la inclusión de nuevos demandados y la reforma de la demanda, lo que implica que las partes deben actuar con diligencia y oportunidad en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Las demandas de repetición deben instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar…¿La posibilidad de dirigir la demanda contra los herederos procede cuando quien debió ser demandado falleció antes de ser vinculado al proceso?¿La reforma de la demanda puede referirse a las partes, las pretensiones, los hechos o las pruebas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-19Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 05001233300020230049701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala confirmará la decisión de primera instancia que rechazó el medio de control de controversias contractuales, porque operó el fenómeno jurídico de la caducidad? Sí
La Sala se permite manifestar que contrario a lo manifestado por la recurrente, y según lo declaró el Tribunal Administrativo de Antioquia, no era viable analizar la caducidad del medio de control bajo la regla general consagrada en el literal j) del artículo 164 del CPACA, sino por el supuesto v) de la norma por las siguientes razones:… Al respecto, la Sala observa que a lo largo de la demanda que ahora nos ocupa se manifestó que los contratos CN 2013 – 0015 y CN 2011-0214 finalizaron por el cumplimiento de plazo pero que, ante los incumplimientos al débito contractual de las dos entidades contratistas, la parte actora demandó previamente a la Empresa Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A. con el fin de que i) se declarara el incumplimiento de los dos contratos y ii) el reconocimiento y pago de los perjuicios, entre los cuales, se encuentra la reparación de los drenajes – cárcamos-.… Al respecto…
También resuelve:¿El recurso de apelación es procedente contra el auto que rechaza la demanda?¿El rechazo de la demanda procede, únicamente, en los precisos eventos establecidos en el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo?¿Las partes tienen la carga procesal de promover el litigio en el plazo fijado por la ley?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-03-26Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 68001233300020190087901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se modificará parcialmente la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, que rechazó la demanda? Sí
El contratista debe presentar la demanda dentro del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que se calcula a partir de la fecha de entrega de la obra o de la suscripción del acta de entrega, según lo estipulado en el contrato y la ley. En este caso, el Tribunal Administrativo de Santander rechazó la demanda por considerar que la presentación fue extemporánea para todos los tramos de la obra, pero la Sala modificó parcialmente dicha decisión al determinar que la demanda fue oportuna para 14 tramos de la vía sustitutiva, cuyo término de caducidad corrió entre el 24 de junio de 2018 y el 24 de junio de 2020, mientras que para los 4 tramos restantes la caducidad debía contarse a partir de la suscripción del Acta de entrega, es decir, entre el 1 de mayo de 2015 y 1 de mayo de 2017, por lo que la demanda no fue oportuna. Esta decisión implica que el cómputo del término de caducidad debe hacerse de manera distinta según las circunstancias específicas del contrato y la obra en cuestión.síntesis automática
También resuelve:¿Subsistieron obligaciones exigibles con posterioridad a la entrega material de la obra?¿INVIAS tuvo conocimiento de los problemas presentados en los túneles previo a la fecha alegada en el recurso de apelación?¿El contratista sigue siendo responsable por los defectos que puedan manifestarse durante el período de garantía o por los vicios ocultos?
¿El porcentaje de cumplimiento del contrato de obra coincide con el porcentaje de costos variables reconocidos al consorcio interventor? Sí
El contratista no puede reclamar el reconocimiento de costos variables adicionales al porcentaje de cumplimiento del contrato de obra, ya que estos costos dependen directamente del avance de la obra verificado por la interventoría. La Sala establece que el consorcio interventor reconoció un 25,51% de avance en el contrato de obra, por lo que ese mismo porcentaje es el que corresponde a los costos variables, coincidiendo con el informe final y la acta de liquidación del contrato. La regla reitera que el pago de costos variables en contratos de interventoría está vinculado al avance efectivo de la obra, y no puede ser reclamado por el contratista si no se demuestra un incumplimiento por parte de la entidad estatal en la verificación del avance de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El reconocimiento de los costos variables dependía de la verificación del avance de obra de un tercero, circunstancia conocida por el consorcio interventor desde el inicio del proceso de selección…¿La parte actora no logró acreditar que el Distrito Capital de Bogotá con ocasión de la ejecución del contrato de consultoría hubiera incurrido en una errónea lectura del porcentaje ejecutado por…¿Dado que la propia interventoría determinó en el informe final del contrato de obra que el contratista solo había logrado el cumplimiento de un 25,51%…
¿Se demostró que hubo errores durante la atención al paciente, atribuibles al médico tratante a título de dolo o culpa grave? No
No basta cualquier error médico para que el agente responda en repetición: debe demostrarse que su conducta fue dolosa o gravemente culposa, es decir, extremadamente negligente, descuidada o arbitraria. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución limita la responsabilidad del agente a esas conductas y no a cualquier actuación desviada del curso normal. Segunda, la historia clínica de ingreso era incompleta y poco clara, no registraba los antecedentes gineco-obstétricos de la paciente ni su cesárea previa, circunstancias que pudieron explicar el manejo inadecuado. Tercera, la entidad demandante, especializada en atención médica, no explicó por qué, con la información disponible, era absolutamente equivocado realizar el parto instrumentado. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones. Además, la entidad demandante no explicó las circunstancias concretas en que actuó el demandado ni la información que tenía disponible al decidir el procedimiento, lo que impide calificar su conducta como gravemente culposa. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Los medios de prueba permiten calificar la conducta del demandado como gravemente culposa?¿La entidad demandante probó que el demandado obrara con culpa grave al causar el daño que dio lugar a la condena?¿La entidad demandante precisó cuál fue la conducta del demandado que configuró el grado de culpabilidad?
¿La sociedad contratista acreditó la inversión del anticipo, cumplió con el objeto contractual y probó los eximentes de responsabilidad alegados? No
El contratista no acredita la inversión del anticipo ni el cumplimiento del objeto contractual, y no demuestra la configuración de eximentes de responsabilidad como fuerza mayor o hecho de un tercero. En este caso, el contratista no entregó las fotografías requeridas por el contrato y no presentó pruebas que evidenciaran la ocurrencia del fenómeno de El Niño durante el plazo y en las zonas de ejecución del contrato. Además, la demora de la Aerocivil en la expedición de los permisos no constituyó una eximente de responsabilidad, ya que el contratista debía contar con las aeronaves disponibles y los permisos para operar según su oferta. La Sala también determinó que el contratista no acreditó la inversión del anticipo en el objeto contractual, y que la acción derivada del contrato de seguro no prescribió, ya que la demanda fue presentada antes de que se configurara la prescripción. Finalmente, la entidad aseguradora debe reintegrar el valor del anticipo en virtud de la póliza de cumplimiento del contrato, ya que el anticipo fue entregado a título de inversión en la ejecución del contrato y no como pago anticipado.síntesis automática
También resuelve:¿Respecto a la acción derivada del contrato de seguro operó la prescripción?¿En virtud de la póliza de cumplimiento del contrato corresponde a la entidad aseguradora reintegrar el valor del anticipo?¿Procede la condena por la cláusula penal pactada en el contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020220001101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad de la acción por presentación extemporánea de la demanda? Sí
Como la suspensión de términos operó hasta el 30 de junio de 2020, toda vez que el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA-11567 [de 2020] ordenó la reanudación de los términos judiciales a partir del 1º de julio del mismo año,… entre el 2 de marzo de 2019 y el 15 de marzo de 2020 trascurrieron 12 meses y 13 días, es decir, que una vez reanudado el término al actor le quedaban 11 meses y 17 días para promover el medio de control jurisdiccional de controversias contractuales, plazo que contado desde el 1º de julio de 2020 (día después de la suspensión) vencía el 17 de junio de 2021, empero, como la parte actora presentó la demanda el 19 de enero de 2022 operó el fenómeno procesal de la caducidad, en consecuencia, se confirmará el auto apelado que rechazó la demanda.
También resuelve:¿Se confirmará la decisión de primera instancia que rechazó la demanda por caducidad del medio de control de controversias contractuales?¿Las partes acordaron en cláusula del contrato que este sería liquidado dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo señalado para su ejecución?¿La contratación con la sociedad demandada se rige por las reglas del derecho privado en atención a su régimen jurídico?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso de controversias contractuales en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista no acredita el incumplimiento del contrato estatal ni el derecho a cobrar los honorarios pactados, por lo que la entidad estatal no está obligada a pagarlos. El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso de controversias contractuales en segunda instancia por su cuantía, y la demanda fue presentada oportunamente dentro del plazo de caducidad. Sin embargo, el contratista no cumplió con la carga probatoria necesaria para demostrar el recaudo efectivo y las gestiones realizadas para cobrar la cartera corriente, condiciones pactadas para el pago de los honorarios. Además, no se acredita el perjuicio derivado de la pérdida de oportunidad por no tramitar procesos de jurisdicción coactiva, ya que no se presentaron elementos que demuestren la utilidad proyectada para el contratista. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos contractuales y la carga probatoria en controversias contractuales, lo que implica que los contratistas deben presentar pruebas efectivas y completas para reclamar pagos adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes a la terminación del contrato?¿Las facturas allegadas como prueba y que se pretenden cobrar acreditan la gestión realizada y el recaudo efectivo de los cuales se causaba el pago de honorarios pactado en el contrato?¿Se acreditó el perjuicio derivado de los honorarios que se debían pagar por el acompañamiento en los procesos de jurisdicción coactiva dejados de tramitar?
¿El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdo en virtud del principio de buena fe contractual? Sí
El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdos en virtud del principio de buena fe contractual, ya que este principio impone a las partes el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y corrección recíproca durante toda la ejecución del contrato, y prohíbe ir contra los propios actos, lo que significa que las partes deben mantener un comportamiento coherente con sus propias acciones anteriores. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la importancia de la interpretación objetiva de la buena fe en la contratación estatal, lo que implica que el juez debe valorar lo pactado por las partes y determinar las responsabilidades que recaen sobre cada una en función de la ejecución de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La suspensión del contrato opera de forma temporal?¿La declaratoria de caducidad del contrato procede únicamente durante el término de ejecución?¿La factura o su equivalente es la prueba idónea del pago de honorarios de quienes ejercen profesiones liberales?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-07-06Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 17001233300020180029101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La imposibilidad de ejecución de los convenios sobrevino por la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos pactados en ellos? Sí
El contratista no puede interponer una demanda contra la entidad estatal por la terminación de los convenios de asociación para la construcción de urbanizaciones, ya que la imposibilidad de ejecución de los convenios se debió a la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos, lo que implicó la terminación de los contratos y el inicio del término de caducidad del medio de control. La liquidación bilateral del contrato debía efectuarse a más tardar dos meses después de la restitución de los subsidios, y en defecto de esta, la liquidación unilateral debía tener lugar dos meses después de la liquidación bilateral. El término de caducidad de dos años para presentar la demanda expiró antes de que el contratista la interpusiera, lo que conduce a la caducidad del medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos establecidos para la liquidación de contratos y la presentación de demandas, evitando así la pérdida del derecho a la acción por caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que respecta a la vinculación de Fonade como parte pasiva, la demanda también fue extemporánea?¿Frente a las pretensiones correspondientes a la nulidad y restablecimiento del derecho, también operó la caducidad?¿El término de caducidad transcurrió de forma completa desde que se tuvo la certeza sobre la imposibilidad de que los contratos continuaran?
¿El soldado profesional, al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote las extremidades inferiores de la fatal víctima, desplegó una conducta gravemente culposa? No
El ente actor no logra demostrar la culpa grave del soldado profesional al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote a la víctima, ya que las pruebas practicadas no evidencian un actuar grosero, negligente o temerario del demandado. La Sala confirma que el uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro, siempre que los miembros de la fuerza pública se identifiquen y adviertan la intención de usarlas con tiempo suficiente, haciendo un uso moderado y proporcional a la amenaza. Además, la Sala establece que el ente actor incumple la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor público, lo que implica que no puede aplicarse la presunción de dolo prevista en la Ley 678 de 2001. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la necesidad de especificar claramente la presunción legal en la que se basa la atribución de responsabilidad al servidor público.síntesis automática
También resuelve:¿El uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro?¿La víctima salió corriendo de la vivienda y el soldado le dio la voz de alto, tras lo cual, al ver que el sujeto seguía corriendo, le disparó?¿El ente actor incumplió la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuyó responsabilidad al servidor o ex servidor público?
¿El acto de declaratoria de incumplimiento y efectividad de la póliza de cumplimiento se fundamentó en una estipulación contractual que en realidad contenía una cláusula penal? Sí
El contratista puede impugnar la declaratoria de incumplimiento y la efectividad de la póliza de cumplimiento si la entidad estatal fundamentó su decisión en una cláusula contractual que, a pesar de denominarse de "multas", en realidad establecía una sanción por incumplimiento contractual, conforme a la interpretación del contenido del pacto y no a su denominación. La entidad no puede exonerarse del pago de los perjuicios causados por la mora en el pago de las facturas, incluso si estas fueron presentadas tardíamente o fuera del plazo del contrato, ya que el contrato no establece reglas que permitan tal exoneración ni que el pago tardío no genere intereses de mora. Esta decisión reitera la importancia de interpretar las cláusulas contractuales según su contenido y no según su denominación, y subraya que la mora del contratante no exonera al contratista de sus obligaciones de pago dentro del plazo estipulado, con las consecuencias legales correspondientes.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado y, condenar a la entidad demandada al pago de los perjuicios causados por la mora en el pago de las…¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado y, condenar a la entidad demandada al pago de los perjuicios causados por la falta de pago de los…¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de suministro de medicamentos por parte del Estado, por el no pago de las facturas presentadas con posterioridad a la firmeza de la liquidación…