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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el primero punto de la apelación no prospera

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Fecha
2026-05-28
Radicado
52001233300020190030201
Número interno
74080
Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MINISTERIO DEL INTERIOR
Demandado
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – PUTUMAYO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el primero punto de la apelación no prospera

Lo que dijo la Sala

Consta en el proceso que el 16 de junio de 2015, el Ministerio y el municipio celebraron el convenio interadministrativo 326, cuyo objeto consistió en aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de San Francisco – Putumayo… El a quo reprochó al municipio la omisión en el cumplimiento de un deber de conducta específico: no haber remitido al Ministerio la información que en varias oportunidades le fue requerida para que se procediera a la liquidación del convenio interadministrativo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El municipio no cumple con la obligación de información establecida en un convenio interadministrativo, incluso si ejecuta otras prestaciones acordadas, ya que la ley exige que se realice específicamente la conducta a la que se comprometió. En este caso, el municipio se obligó a entregar la información necesaria para la liquidación del convenio, pero no cumplió con este deber específico, a pesar de suscribir las prórrogas y constituir las pólizas acordadas. La Sala modificó la decisión del a quo, estableciendo que la obligación de información es independiente de otras prestaciones y debe ser cumplida en su totalidad para considerar el convenio ejecutado conforme a la ley. Esto implica que la entidad estatal debe cumplir rigurosamente con todas las obligaciones específicas estipuladas en el convenio, independientemente de otras acciones realizadas, para evitar incumplimientos que puedan dar lugar a cláusulas penales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El municipio cumplió lo establecido en el numeral 17 de la cláusula segunda del convenio interadministrativo dado que suscribió las prórrogas y constituyó las pólizas acordadas?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 57 de 1887, art. 1626

También resuelve

  • ¿el fallo incurrió en contradicción porque, a pesar de que se logró el objeto del convenio, ordenó hacer efectiva la cláusula penal?
  • ¿Era procedente hacer efectiva la cláusula penal aun cuando no se causaron daños al Ministerio?
  • ¿La liquidación judicial de un convenio interadministrativo incluye la actualización del monto de la cláusula penal declarada en primera instancia cuando el apelante omitió impugnar ese aspecto?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Contratos y convenios interadministrativos Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 20.824 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN / ENTREGA DE INFORMACIÓN / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / FALTA AL DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / MUNICIPIO / MINISTERIO DEL INTERIOR Problema jurídico: ¿El municipio cumplió lo establecido en el numeral 17 de la cláusula segunda del convenio interadministrativo dado que suscribió las prórrogas y constituyó las pólizas acordadas? Respuesta al problema jurídico: No Consta en el proceso que el 16 de junio de 2015, el Ministerio y el municipio celebraron el convenio interadministrativo 326, cuyo objeto consistió en “[a]unar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana — CIC, en el municipio de San Francisco – Putumayo" (...) El a quo reprochó al municipio la omisión en el cumplimiento de un deber de conducta específico: no haber remitido al Ministerio la información que en varias oportunidades le fue requerida para que se procediera a la liquidación del convenio interadministrativo. Esta conclusión no fue refutada por el recurrente quien pretende que se entienda cumplida esa obligación porque ejecutó otras que estaban a su cargo, argumento que no resulta de recibo en la medida que lo que la ley exige para que se entienda solucionado el débito es que se ejecute específicamente la conducta a la que se comprometió el deudor. (...) El artículo 1626 del Código Civil señala expresamente que “el pago es la prestación de lo que se debe”. (...) Como la prestación es el objeto de la obligación, en tanto consiste en el deber de conducta que asume el deudor en beneficio del acreedor ―dar, hacer o no hacer algo―, tales disposiciones normativas resultan aplicables a toda clase de obligaciones; de manera que, si el municipio se obligó a entregar la información necesaria para que se llevara a cabo la liquidación del convenio, esa prestación solo podría entenderse cumplida una vez desarrollada esa específica conducta y no otra. (...) En ese orden de ideas, el hecho de que el demandado hubiese ejecutado las prestaciones que le correspondían en a punto a solicitar y suscribir las prórrogas que fueran necesarias para ejecutar el objeto del convenio y de constituir las garantías acordadas no lo liberaba de la obligación que asumió en el sentido de suministrar la información que le fuera solicitada durante todas las etapas del negocio jurídico, lo que incluía la necesaria para realizar el balance final de cuentas. En consecuencia, el primero punto de la apelación no prospera. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1626 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INFORMACIÓN / OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN / ENTREGA DE INFORMACIÓN / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / FALTA DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / INEXISTENCIA DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / OBJETO DEL CONTRATO / OBLIGACIONES / PRESTACIÓN DE LA OBLIGACIÓN Problema jurídico: ¿el fallo incurrió en contradicción porque, a pesar de que se logró el objeto del convenio, ordenó hacer efectiva la cláusula penal? Respuesta al problema jurídico: No Para resolver el segundo aspecto de la apelación, resulta necesario distinguir entre el objeto del contrato —lo que resulta predicable también respecto de los convenios interadministrativos por tratarse de acuerdos de voluntades generadores de obligaciones— y el objeto de las obligaciones que de él emanan. Si bien la legislación civil suele emplear tales nociones de manera indistinta, la jurisprudencia y la doctrina han precisado su alcance, en el sentido de que el objeto del contrato corresponde a la operación jurídica que las partes se proponen realizar, esto es, la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas. En cambio, el objeto de la obligación es la prestación debida, el comportamiento específico que el deudor se compromete a ejecutar en favor del acreedor, consistente en dar, hacer o no hacer algo. De este modo, mientras el objeto del negocio jurídico se identifica con la finalidad jurídica perseguida mediante la manifestación de voluntad, el de la obligación se concreta en el deber de conducta que de aquella se deriva. (...) Es por lo anterior que el objeto de un contrato o, en este caso, de un convenio interadministrativo, puede estar integrado por múltiples obligaciones; de ahí que para efectos de establecer su cumplimiento sea necesario también distinguir entre la obligación singular y el contrato mismo. El contrato puede cumplirse total o parcialmente. Lo primero, como en otras oportunidades lo ha precisado la Sala, no se refiere exclusivamente a la magnitud del incumplimiento en términos cuantitativos o porcentuales, sino a su carácter definitivo, esto es, a la imposibilidad de remediarlo; lo segundo, hace alusión a la inobservancia de solamente alguna (s) de sus prestaciones; por esto, el incumplimiento parcial se asocia a las obligaciones individualmente concebidas. Éstas, a su vez, pueden cumplirse también de manera total o parcial (...) En línea con todo lo anterior, es oportuno también mencionar que la cláusula penal no es accesoria al contrato, sino a las obligaciones principales que de él se derivan, por lo cual las partes pueden convenir que surta sus efectos respecto del incumplimiento total o parcial, o de ambos. La cláusula penal surge a partir de un acuerdo de voluntades, por ello, está llamada a producir los efectos que quienes la convengan dispongan, de modo que corresponde a ellos definir su funcionalidad, el sujeto en cuyo favor se pacta, así como las obligaciones cuya inobservancia darán lugar a su aplicación (...) En ese orden de ideas, por vía general y abstracta y salvo pacto diferente, cuando la cláusula penal se estipula para que cubra el incumplimiento parcial, la inobservancia de cualquiera de las obligaciones principales del negocio jurídico individualmente consideradas ―salvo que las partes excluyan algunas de ellas― dará lugar a su exigibilidad por parte del acreedor. (...) La operación jurídica que las partes pretendieron realizar a través del convenio interadministrativo 326 de 2015 estuvo dirigida a aunar esfuerzos entre el Ministerio y el municipio para promover la convivencia ciudadana mediante la construcción de un centro de integración ciudadana, para lo cual cada una de las partes asumió diversas obligaciones. Entre ellas, el demandante se comprometió a aportar la suma de $720.000.000, a realizar la supervisión del convenio y a brindar la información y documentación que el demandado requiriera para su adecuado desarrollo; por su parte, el municipio se obligó a aportar un lote de su propiedad en el que se construiría el centro de integración, a adelantar todas las gestiones necesarias para la contratación de esa obra y de su interventoría, a aportar los recursos adicionales que se requirieran para completarla, a invertir los aportes del Ministerio exclusivamente en ese objeto y a entregar la información que le fuera solicitada, entre ella, la necesaria para la liquidación de convenio (...) En lo que concierne a la última de las obligaciones mencionadas, cabe precisar que su ejecución no era imprescindible para lograr el fin de aunar esfuerzos para promover la convivencia ciudadana a través de la construcción del centro de integración, al punto que, a pesar de que ese específico propósito se logró, aquella permaneció insatisfecha. No obstante, el hecho de que esa prestación no incidiera de manera directa en la materialización de tal fin, ni la circunstancia de que debiera desarrollarse en la etapa postcontractual, desdicen de que se trataba de una obligación principal cuya fuente fue el acuerdo de voluntades celebrado entre las partes y que, por ende, produjo efectos jurídicamente vinculantes para ellas, de suerte que su observancia podía ser legítimamente exigida por el acreedor. (...) En ese contexto, dado que al estipular la cláusula penal las partes convinieron que se haría efectiva en caso de incumplimiento parcial o definitivo, debe entenderse que amparaba la totalidad de las prestaciones surgidas del convenio, no solamente algunas de ellas. Por ello, los perjuicios derivados de la inobservancia de la obligación a cargo del municipio consistente en suministrar la información necesaria para la liquidación del convenio quedaron comprendidos en la cobertura de la cláusula penal. (...) La Sala no encuentra contradicción alguna en la sentencia de primera instancia. El hecho de que el municipio hubiera cumplido las obligaciones relacionadas con la inversión de los recursos destinados a la construcción del centro de integración ciudadana, así como la efectiva ejecución de dicha obra, no lo relevaban de atender las demás prestaciones derivadas del convenio, entre ellas, la consistente en suministrar al Ministerio la información necesaria para efectuar su liquidación. Dado que constituía una obligación jurídicamente vinculante surgida del acuerdo de voluntades, su inobservancia configuró un incumplimiento parcial del convenio y, comoquiera que tal supuesto se encontraba amparado por la cláusula penal pactada por las partes, resultaba procedente hacerla efectiva. En consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los convenios interadministrativos, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2257 de 26 de julio de 2016; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, sentencia 68280 de 21 de febrero de 2025, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.Sobre el objeto del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de junio de 2025, C.P. William Barrera Muñoz; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 2423 de 27 de noviembre de 1986. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 9 de diciembre de 2025, exp. 42049, C.P. William Barrera Muñoz. Sobre el cumplimiento del contrato de multiples obligaciones, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 13 de noviembre de 2018, exp. 17009, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 30 de enero de 2026, exp. 69090, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / EXISTENCIA DE PERJUICIOS / PRESUNCIÓN DE PERJUICIO MATERIAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN / REDUCCIÓN DE LA PENA / IMPROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN DE LA PENA / NEGACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA PENA Problema jurídico: ¿Era procedente hacer efectiva la cláusula penal aun cuando no se causaron daños al Ministerio? Respuesta al problema jurídico: Si Tampoco prospera el tercer argumento de la apelación, consistente en que la cláusula penal no podía hacerse efectiva porque la falta de entrega de la información necesaria para liquidar el convenio no ocasionó perjuicio alguno al Ministerio. A esta conclusión se arriba con base en lo dispuesto en el art. 1599 del Código Civil (...) Lo consagrado en esta norma constituye una presunción de derecho respecto de la existencia del perjuicio derivado del incumplimiento de la obligación amparada por la cláusula penal, puesto que, por expresa disposición legal, no admite prueba en contrario (...) Dicha presunción de derecho encuentra justificación en el origen y en la finalidad que está llamada a cumplir la cláusula penal. En cuanto a lo primero, se destaca que la fuente obligacional de esta cláusula la constituye el acuerdo de voluntades de las partes y, por tanto, genera efectos vinculantes entre ellas, los cuales no pueden ser desconocidos (inmutabilidad de la cláusula penal). Respecto de lo segundo, es pertinente mencionar que una de sus finalidades más sobresalientes consiste en que el acreedor quede liberado de probar que el incumplimiento le ha causado un perjuicio; de manera que ante la tasación anticipada que se ha realizado de manera convencional, la ley lo releva de acreditarlo, a lo que se aúna que la cláusula penal cumple también una función de aseguramiento del cumplimiento contractual (...) En esas condiciones, acreditados los supuestos de hecho previstos por las partes y por la ley —la existencia de la cláusula penal y el incumplimiento de la obligación a la que le es accesoria— surge para el acreedor el derecho a exigir la pena convencional, sin que resulte jurídicamente admisible que el deudor pretenda exonerarse demostrando que el incumplimiento no produjo daño. (...) Se debe advertir que en la legislación colombiana no opera de manera absoluta la teoría de inmutabilidad de la cláusula penal, puesto que la ley admite de manera excepcional eventos en los que es posible modular el monto de la tasación realizada por las partes, mas no desvirtuar la presunción de existencia de los perjuicios. El art. 1586 del Código Civil establece la rebaja de la pena en caso de cumplimiento parcial de la obligación principal y su aceptación por parte del acreedor, criterio reiterado en el art. 867 del Código de Comercio; el art. 1601 del Código Civil dispone además la reducción de la cláusula penal enorme. Asimismo, la jurisprudencia ha admitido que, en virtud del principio de reparación integral, es posible reclamar en juicio el valor de perjuicio no cubierto por la cláusula penal pactada, caso en el cual el acreedor deberá acreditar el exceso (...) En el caso de autos, el Tribunal señaló expresamente que no resultaba procedente reducir la cláusula penal, por cuanto la obligación inobservada por el municipio no podía ser cumplida de manera parcial, aspecto que no fue objeto de cuestionamiento en la impugnación, puesto que en contra de esa conclusión no se presentó ningún reparo. La censura que se planteó en el recurso de apelación se dirigió a señalar que dicho incumplimiento no causó ningún daño al Ministerio, argumento que no se encamina a lograr que se reduzca el monto de la pena, sino a que se niegue en su totalidad su reconocimiento. (...) Con todo, no habría lugar a reducir la cláusula penal pactada por las partes, puesto que convinieron expresamente que operaría en caso de incumplimiento parcial. En esas condiciones, admitir una reducción de la pena por el solo hecho de que otras obligaciones del convenio fueron ejecutadas implicaría privar de efectos esa estipulación. (...) La posibilidad de reducir proporcionalmente la pena cuando se ha cumplido parcialmente la obligación encuentra fundamento en criterios de equidad y proporcionalidad. Su rebaja supone que el incumplimiento fue de menor entidad que aquel previsto por las partes al tasar la pena de manera anticipada, de allí que la reducción encuentre justificación cuando la cláusula penal fue pactada para un incumplimiento total o de mayor gravedad y, pese a ello, el deudor ejecutó parcialmente la prestación a su cargo y esta fue aceptada por el acreedor, pues en tales eventos resulta necesario preservar la proporcionalidad entre el grado de inejecución y la intensidad de la sanción. (...) . Distinta es la situación en la que las partes convienen expresamente que la cláusula penal se hará exigible incluso en caso de incumplimiento parcial. En tal hipótesis, la inobservancia parcial de la obligación corresponde al supuesto de hecho previsto convencionalmente para la operancia íntegra de la pena, razón por la cual no habría lugar a su reducción con fundamento en el cumplimiento parcial de la prestación, pues ello implicaría desatender el alcance que los propios contratantes atribuyeron a la estipulación penal (...) Tampoco se está ante el escenario de la cláusula penal enorme, pues aquella tiene cabida en el caso de contratos conmutativos, característica de la cual no participan los convenios interadministrativos. (...) Dado que ninguno de los cargos propuestos en la apelación prospera, la Sala confirmará la decisión del Tribunal de declarar el incumplimiento del municipio respecto del numeral 17 de la cláusula segunda y de hacer efectiva la cláusula penal contenida en los numerales 2. ° y 3. ° de la parte resolutiva del fallo de primera instancia. (...) Esta decisión conduce a modificar parcialmente el numeral 1. ° de la parte resolutiva del fallo apelado, exclusivamente en lo relacionado con la declaración según la cual las partes quedaban a paz y salvo por todo concepto. Lo anterior, por cuanto dentro del balance final de cuentas del convenio debía incorporarse la obligación a cargo del municipio de pagar la cláusula penal pecuniaria, dado que surgió precisamente del incumplimiento de una de las prestaciones asumidas en ese negocio jurídico y de la consecuencia patrimonial que las partes convinieron en caso de incumplimiento parcial. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la reducción del monto de la cláusula penal, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 13 de noviembre de 2018, exp. 17009, C.P. Enrique Gil Botero. Sobre los convenios interadministrativos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de febrero de 2025, exp. 68280, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1586, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1599, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1601 LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / IMPUGNACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / NEGACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Problema jurídico: ¿La liquidación judicial de un convenio interadministrativo incluye la actualización del monto de la cláusula penal declarada en primera instancia cuando el apelante omitió impugnar ese aspecto? Respuesta al problema jurídico: No En punto al alcance de la liquidación judicial del convenio interadministrativo, se estima pertinente precisar que ni las partes definieron específicamente el contenido y efectos de dicho ejercicio, ni existe una regulación especial aplicable a los convenios interadministrativos que establezca de manera autónoma el alcance de su liquidación. (...) Se advierte que, si bien el recurso de apelación se dirigió únicamente contra los numerales 2. ° y 3. ° de la sentencia de primera instancia, lo cierto es que el aspecto relativo a la cláusula penal se encuentra inescindiblemente vinculado con el contenido y alcance de la liquidación judicial del convenio, la cual debe ajustarse en armonía con lo decidido respecto de aquella. Esta precisión no vulnera el principio de la no reformatio in pejus, puesto que no impone al apelante una obligación distinta ni más gravosa que la establecida en la providencia recurrida, sino que se limita a adecuar el alcance de la liquidación al reconocimiento de una obligación que ya había sido declarada por el Tribunal. (...) La Sala no actualizará el monto de la cláusula penal. Al respecto, es pertinente mencionar que el Tribunal accedió a declarar el incumplimiento del municipio y a hacer efectiva la cláusula penal, pero sin actualizar su valor, pues no solo no realizó ese ejercicio y tampoco ordenó que se hiciera, sino que, también, negó expresamente las demás pretensiones de la demanda, aspecto que no fue recurrido por el demandante y que, en atención a los límites de la competencia del ad quem, no puede ser abordado oficiosamente en la segunda instancia. CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO / RECURSOS PÚBLICOS / GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Problema jurídico: ¿Procede condena en costas al demandado en proceso con interés público dirigido a la recuperación de recursos públicos sin relación conmutativa? Respuesta al problema jurídico: No Costas (...) Con base en lo establecido en el inciso 1. ° del artículo 188 del CPACA, no se emitirá condena en costas en contra del demandado, dado que en este proceso se ventiló un interés público, en el que se persiguió la devolución de dinero al Tesoro Nacional de los aportes realizados por el Ministerio del Interior en el convenio F-326 de 2015, sin que hubiera existido una relación de conmutatividad, en la que una de las partes pretendiera obtener una remuneración como beneficio económico de la ejecución del acuerdo FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000201900302011100103