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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

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Consejo de Estado Providencia

No se probaron las mayores cantidades de obra

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020130068501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probaron las mayores cantidades de obra? No
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación? ¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista? ¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia.

Sentencia — Sentencia 2026-08-10 Sección Tercera (Subsección A) ZORANNY CASTILLO OTÁLORA Rad. 52001233300020180020401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia? Sí
El contratista puede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia si este cumple con los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que permite la asociación entre entidades estatales y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actividades vinculadas a los cometidos y funciones de la entidad estatal, y si el convenio no regula aspectos específicos que requieran del derecho público. La entidad estatal debe verificar que el convenio no se desvíe de su objeto y finalidad, y que las partes cumplan con sus obligaciones contractuales de coordinación, seguimiento y control. La Sala modificó la decisión anterior, declarando el incumplimiento del convenio tanto por parte del contratista como de la entidad asociada, debido a la falta de evidencias que acrediten el ejercicio efectivo de las labores de acompañamiento y seguimiento. Además, la entidad estatal puede amparar la garantía de cumplimiento con la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza, siempre y cuando esta no amplíe la cobertura contratada ni constituya una obligación adicional a cargo del asegurador.síntesis automática
También resuelve: ¿Incumplió la ONIC los deberes contractuales de coordinación, seguimiento y control? ¿Amparó la garantía de cumplimiento la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza? ¿Procede liquidar judicialmente el convenio de asociación y fijar un saldo a favor de la entidad únicamente por concepto de cláusula penal ante la falta de acreditación de recursos no ejecutados?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

DirecTV cumplió todas las obligaciones a su cargo objeto del acuerdo de pago

Sentencia — Sentencia 2025-09-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020160122302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La obligación de devolución pactada en el acuerdo de pago suscrito entre la CNTV y Galaxy, condicionada a una eventual decisión judicial o administrativa favorable a Galaxy y/o Sky, resulta exigible ante el acaecimiento de dicha condición suspensiva? Sí
El contratista puede establecer una obligación condicional en un acuerdo de pago con la entidad estatal, siempre y cuando dicha condición no contravenga la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración. En este caso, la Sala determinó que la cláusula novena del acuerdo de pago, que establece la devolución de sumas de dinero en caso de una decisión judicial o administrativa favorable al contratista, es válida y eficaz, pues no transgrede los límites de la autonomía privada de la entidad estatal y cumple con los requisitos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta decisión reitera la posibilidad de que las entidades estatales celebren contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales, siempre y cuando se respeten los principios y finalidades del ordenamiento jurídico aplicable.síntesis automática
También resuelve: ¿La cláusula novena del acuerdo de pago celebrado entre la CNTV y DirecTV resulta válida y eficaz en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? ¿Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) responsable del cumplimiento de la obligación condicional pactada en la cláusula novena del acuerdo de pago suscrito… ¿Se entiende cumplida la condición suspensiva establecida en la cláusula novena del acuerdo de pago del 14 de diciembre de 2005…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 52001233300020150075801 ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato de interventoría de obra pública al haber sido suscrito para atender la emergencia generada por el fenómeno invernal de la Niña, estaba sujeto a las reglas del derecho privado y a las disposiciones aplicables a la contratación del Fondo Nacional de Calamidades? Sí
El contratista no puede reclamar sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en un contrato de interventoría celebrado para atender emergencias generadas por fenómenos naturales, como el fenómeno de La Niña, debido a que el contrato se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala establece que el contrato de interventoría celebrado en estas circunstancias se somete a las disposiciones del Código de Comercio y no a las del Estatuto General de Contratación, por lo que la onerosidad sobrevenida debe afectar una prestación futura, no una ya cumplida. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la aplicación del derecho privado en contratos de emergencia, limitando la posibilidad de reclamar sobrecostos basados en prestaciones ya ejecutadas.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el reconocimiento de los sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de interventoría, que tienen su origen en prestaciones ya cumplidas por las partes durante su… ¿La condena en costas procede contra la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación tramitado bajo el criterio objetivo previsto en el CPACA?
Consejo de Estado Providencia

Todas las pretensiones del contratista deben ser negadas.

Sentencia — Sentencia 2022-10-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 68001233100020110009702 ACCION CONTRACTUAL
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ? ¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol? ¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
Consejo de Estado Providencia

No es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-05-07 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020150125001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las controversias contractuales cuando la entidad pública actúa en el marco del derecho privado y en desarrollo del giro ordinario de una entidad financiera estatal? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para resolver controversias contractuales cuando la entidad financiera pública actúa en el marco del derecho privado y en el desarrollo de su giro ordinario, ya que la competencia para conocer de estos asuntos corresponde a la jurisdicción ordinaria según establece el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en que las entidades financieras públicas como FONADE (hoy ENTERRITORIO) tienen una naturaleza jurídica específica que las rige bajo el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, lo que incluye funciones y actividades que se consideran parte del giro ordinario de sus negocios. La Sala reitera que la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se limita a los actos y contratos que no sean parte del giro ordinario de las entidades financieras públicas, lo que implica que las controversias relacionadas con actividades financieras ordinarias deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve: ¿Está excluido FONADE (hoy ENTERRITORIO), como empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero, de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando actúa en… ¿Debe aplicarse la excepción de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando la controversia contractual se relaciona con actividades comprendidas dentro del giro ordinario… ¿Debe excluirse de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa una controversia contractual relacionada con funciones propias del giro ordinario de una entidad financiera pública…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

Se impone denegar las pretensiones de la demanda y, confirmar la decisión del a quo.

Sentencia — Sentencia 2024-05-06 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100020100132701 ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato? ¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto? ¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados?

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020030306001 ACCION CONTRACTUAL
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos? ¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato? ¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
REVOCA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contratación directa: 25000 23 26 000 1997 03512 01_21487

25000-23-26-000-1997-03512-01_21487 2013-10-30 Sección Tercera
La entidad estatal incurre en causal de nulidad absoluta del contrato estatal cuando al escoger al contratista pretermite y pasa por alto los procedimientos administrativos de selección, vulnerando los principios de transparencia, igualdad, libre concurrencia, planeación y selección objetiva que orientan la contratación pública. El cumplimiento de dichos procedimientos exige adelantar actividades esenciales tales como la realización de estudios previos que soporten la necesidad de efectuar la contratación conforme al artículo 25 numeral 12 de la Ley 80, la consagración de reglas claras, objetivas e imparciales que permitan a los interesados participar en igualdad de condiciones junto con criterios de selección y ponderación de los ofrecimientos, la invitación a formular propuestas y la evaluación efectiva de las ofertas presentadas. Por tanto, la celebración de contratos de prestación de servicios de salud sin adelantar procedimiento administrativo de selección alguno tendiente a obtener la mejor propuesta resulta contraria al ordenamiento jurídico e impone declarar su nulidad absoluta, sin condena en costas bajo el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.síntesis automática
También resuelve: Contrato de arrendamiento: principios, selección objetiva, transparencia, igualdad Nulidad absoluta del contrato: celebración, prohibición legal, restituciones mutuas, contrato de tracto sucesivo Contrato estatal: requisitos de validez
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 13001233100020020081001 ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado dentro del contrato de compraventa, que configure una lesión enorme? No
La lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble por una entidad pública exige demostrar una desproporción real entre el valor del bien y el precio pagado, y que el juez no está obligado a decretar un nuevo dictamen ni a proferir condena en abstracto cuando no existe duda sobre el precio real ni se acreditó la responsabilidad patrimonial. Una razón es que los avalúos practicados en el proceso desconocieron las condiciones especiales del predio que fundaron el precio pactado, y se apoyaron en un hecho futuro e incierto, por lo que no justificaron su conclusión. Otra razón es que el precio se fijó con un dictamen legalmente practicado por la entidad adquirente, y las pruebas posteriores no cumplían los requisitos y protocolos legales, de modo que carecían de validez probatoria. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones y explicó que la condena en abstracto solo procede cuando se acreditan la responsabilidad y el daño, y no el monto. Su consecuencia práctica es que el demandante que alega lesión enorme debe probar el valor real del bien con un dictamen que cumpla los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las partes de un contrato pueden sufrir lesión enorme cuando el precio pagado o recibido difiere sustancialmente del justo precio? ¿La determinación del precio de adquisición en los procesos de enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o interés social… ¿El Instituto Geográfico Agustín Codazzi fijó las metodologías valuatorias admisibles para determinar el valor de bienes inmueble…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se advierte la necesidad de que se allegue al proceso el decreto expedido por el municipio de Medellín

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100019950042501 ACCION CONTRACTUAL
¿Se advierte la necesidad de que se allegue al proceso el decreto expedido por el municipio de Medellín? Sí
Cuando el juez advierte que para resolver el litigio contractual es necesaria una norma de alcance local, como un decreto municipal que podría regular la validez del contrato, puede decretarla de oficio, porque la carga de aportar la norma de alcance no nacional solo es exigible cuando la parte la invocó como violada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil autoriza al juez a decretar pruebas oficiosas cuando advierte su necesidad; los entes territoriales tienen autonomía para regular la formación y adjudicación de sus contratos mediante normas locales, de modo que esas normas pueden ser aplicables además del estatuto nacional; y la norma local no fue invocada en la demanda, por lo que la carga del demandante no se activó. En el caso, la sala decretó como prueba de oficio la copia del decreto municipal, dado que no se encontraba publicado en medios electrónicos oficiales. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el juez puede incorporar la norma local cuando la advierta necesaria, aunque no haya sido aportada con la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿Serían aplicables también normas locales, pues por disposición legal los entes territoriales contaban con autonomía para autorregularse en materia de formación y adjudicación de los contratos…
DECRETA
Consejo de Estado Concepto

Resultan aplicables las normas civiles y comerciales por parte de las entidades públicas para la explotación

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2022-03-15 Sala Consulta y Servicio Civil ÁLVARO NAMÉN VARGAS Rad. 11001030600020200021200 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Resultan aplicables las normas civiles y comerciales por parte de las entidades públicas para la explotación de bienes intangibles o derechos de propiedad intelectual de los cuales sean titulares, en atención a lo previsto en el artículo 167 de la Ley 1955 de 2019? Sí
El régimen jurídico de los contratos estatales se encuentra establecido en las normas civiles y comerciales en ausencia de norma especial en la Ley 80 de 1993 y las disposiciones que la modifiquen o adicionen conforme a los artículos 13, 32 y 40, coexistiendo el derecho público y el derecho privado como herramientas para el desempeño de la labor administrativa y la gestión pública bajo los límites y fronteras previstos en el ordenamiento jurídico y en la Constitución Política, demostrándose que en la actividad contractual del Estado el régimen aplicable no resulta unitario y puro sino variable y mixto al aparecer siempre mezclados en distintas proporciones el Derecho administrativo y el Derecho privado, permitiendo paralelamente que algunas entidades utilicen normas especiales o del derecho privado para garantizar la ejecución de sus actividades con competitividad y agilidad empresarial.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994.

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020200029801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve: ¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su… ¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras… ¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Procede negar la indemnización de los perjuicios solicitados por Ecopetrol

Sentencia — Sentencia 2024-06-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100019990238802 ACCION CONTRACTUAL
¿Procede negar la indemnización de los perjuicios solicitados por Ecopetrol, al acreditarse que los hechos alegados como incumplimiento del contratista se consolidaron antes de la firma del acta de liquidación y no fueron objeto de salvedad en el corte final de cuentas del contrato? Sí
El contratista no puede reclamar indemnización por perjuicios en un juicio posterior a la liquidación del contrato si los hechos alegados como incumplimiento se consolidaron antes de la firma del acta de liquidación y no fueron objeto de salvedad en el corte final de cuentas. En este caso, los eventos que dieron lugar a los perjuicios ya estaban consolidados antes de la fecha de liquidación y no fueron mencionados en el acta, por lo que no se consideraron desconocidos o posteriores a la firma del acta. La entidad estatal no está obligada a indemnizar por perjuicios que no fueron incluidos en el acta de liquidación bilateral, lo que implica que el contratista debe estarse al contenido de la acta y no puede reclamar indemnización por perjuicios no contemplados en ella.síntesis automática
También resuelve: ¿Los contratos celebrados por Ecopetrol para el cumplimiento de su objeto social, comercial e industrial, deben regirse por las normas de derecho privado? ¿Los contratos estatales regidos por el derecho privado son pasibles de liquidación conforme a lo que convengan las partes? ¿Las partes le dieron al acto de liquidación del contrato un alcance más amplio al incluir en el cruce de cuentas, el análisis de todas las demás obligaciones surgidas dentro del negocio jurídico?
CONFIRMA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contrato estatal: se ha indicado que la entidad contratante no puede dejar de lado lo de 2007

68001233300020150119301 de 2025 2025-07-14 Rad. 68001233300020150119301
El contratista no puede participar en el proceso de selección si suministra información que no concuerda con la realidad, lo que comporta el desarrollo del principio de buena fe y lealtad contractual. La entidad estatal, conforme al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, puede rechazar la propuesta del proponente si esta omite aspectos o documentos necesarios para la evaluación de los ofrecimientos, pero no puede hacerlo si la información no es esencial para obtener puntaje, en cuyo caso debe otorgar al proponente la oportunidad de subsanar la omisión. La Sala de lo Contencioso Administrativo revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, declarando la nulidad de la Resolución 000366 de 2015 por la cual la Policía Nacional adjudicó el proceso de selección PN MEBUC LI 003-2015, sin condenar en costas, lo que implica que las entidades deben cumplir rigurosamente con los procedimientos establecidos para la selección objetiva de contratistas.síntesis automática
También resuelve: Contrato estatal: proceso de selección del contratista, reglas de la licitación pública, régimen de contratación administrativa, estatuto general de contratación de la administración pública Principio de selección objetiva: procedimiento de la selección objetiva del contratista, evaluación de propuestas, factores de evaluación, valoración de la propuesta del proponente Aplicación del precedente judicial: causales de rechazo de la oferta, ineficacia de la oferta, aplicación de la buena fe contractual, obligaciones del contratante
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 68001233100020030116901 ACCION CONTRACTUAL
¿La sentencia proferida el 27 de julio de 2023 en el expediente 39.121 por la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció un criterio unificado en cuanto a la exoneración de las partes de consignar salvedades en el acta de liquidación bilateral de los contratos estatales? No
El contratista no está exonerado de consignar salvedades expresas en el acta de liquidación bilateral del contrato estatal, pues la sentencia de unificación del 27 de julio de 2023 no estableció que no sea necesario hacerlo para poder reclamar posteriormente; esta decisión se centró en la necesidad de manifestar objeciones en documentos modificatorios, suspensiones o adiciones contractuales. La liquidación bilateral es un acuerdo de voluntades con fuerza vinculante que define el balance final del contrato, y su contenido es obligatorio para las partes salvo cuando se alegan vicios del consentimiento o se consignan salvedades expresas que identifiquen aspectos no acordados. La inclusión de reservas genéricas en el acta de liquidación no faculta al contratista para reclamar reconocimientos económicos por desequilibrio financiero, ya que estas no permiten identificar de manera precisa y plena los aspectos excluidos del acuerdo.síntesis automática
También resuelve: ¿El acta de liquidación bilateral de un contrato estatal tiene fuerza vinculante y únicamente puede ser controvertida en caso de salvedades expresas o vicios del consentimiento? ¿La inclusión de una reserva genérica en el acta de liquidación bilateral de un contrato estatal faculta al contratista para reclamar un reconocimiento económico por desequilibrio financiero?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No puede considerarse válida una confesión judicial emitida por una persona que no ostenta representación legal ni poder dispositivo sobre los derechos de la entidad involucrada.

Sentencia — Sentencia 2025-03-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020160214302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede considerarse válida una confesión judicial emitida por una persona que no ostenta representación legal ni poder dispositivo sobre los derechos de la entidad involucrada? No
La confesión judicial solo es válida cuando el confesante tiene capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulta de lo confesado, según el artículo 191 del Código General del Proceso, de modo que quien comparece al proceso sin ser representante legal de la entidad no puede obligarla con su declaración. Además, el incumplimiento de un pliego de condiciones no puede deducirse de pruebas técnicas practicadas bajo condiciones distintas de las previstas en el pliego, porque esos resultados no son comparables entre sí. Una prueba realizada bajo parámetros diferentes no basta para probar un incumplimiento contractual, aun cuando la diferencia que se alega, como el voltaje de carga de una batería, corresponda a la realidad. En el caso concreto, la declaración de un integrante de un equipo profesional no configuró confesión, y la prueba de reemplazo se hizo en condiciones distintas de las del pliego, de modo que la providencia confirmó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, la parte que quiera demostrar un incumplimiento técnico debe practicar la prueba bajo los parámetros exigidos en el pliego de condiciones.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede afirmarse que se incurrió en un incumplimiento de los pliegos de condiciones cuando las pruebas técnicas practicadas no son equiparables por haberse realizado bajo condiciones diferentes? ¿Puede considerarse suficiente una prueba técnica realizada bajo parámetros distintos para probar un incumplimiento contractual? ¿Debe desestimarse un cargo de apelación cuando no se controvierte la prueba documental que acredita la idoneidad de una entidad participante en un proceso de selección?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Son auténticos contratos de comodato en los términos de los artículos 2200 y siguientes del Código Civil

Sentencia — Sentencia 2024-06-28 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233300020150245301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los contratos 70 del 30 de septiembre de 1991 y 54 del 20 de octubre de 1992, son auténticos contratos de comodato? Sí
El contratista no es parte de contratos administrativos cuando se trata de un contrato de comodato celebrado con una entidad estatal, ya que estos se rigen por el derecho privado y no por la legislación específica de contratos estatales, según el artículo 16 inciso segundo del Decreto Ley 222 de 1983. Esta regla se reitera al señalar que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no abarca todos los contratos estatales, sino solo aquellos específicamente regulados por la ley, lo que implica que controversias derivadas de contratos de comodato celebrados con entidades públicas deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria, a menos que la ley posteriormente cambie esta competencia. Con la entrada en vigor de la Ley 80 de 1993, la jurisdicción de lo contencioso administrativo asumió la competencia sobre todos los contratos estatales, incluyendo los de derecho privado, salvo que la controversia se presente con las leyes procesales vigentes al momento del reclamo, en este caso la Ley 1437 de 2011 o el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esto implica que las partes deben conocer la vigencia de las leyes procesales al momento de presentar sus reclamos para determinar la competencia del juez.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo se extiende a todos los contratos estatales, al margen de que se trate de contratos regidos por el derecho privado? ¿Se entienden integradas a los contratos las leyes vigentes al momento de su surgimiento, salvo las que reglamentan la ritualidad del acceso a la administración de justicia… ¿La prescripción de la responsabilidad contractual aplica para las acciones de carácter civil, penal y disciplinario impetradas contra los intervinientes en la actividad contractual del Estado…
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Consejo de Estado Providencia

Hay lugar a anular parcialmente los actos administrativos demandados

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233100020030281501 ACCION CONTRACTUAL
¿Procede la nulidad parcial del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato y lo liquidó unilateralmente, en cuanto ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo a cargo de la aseguradora sin que se hubiera acreditado un uso o apropiación indebida? Sí
La garantía de anticipo cubre el uso o la apropiación indebida del anticipo, pero no la no amortización de este, de modo que la entidad no puede hacer efectivo el amparo de anticipo por ese último concepto. La regla se apoya en el alcance del amparo que el reglamento vigente para la época de los hechos exigía en las garantías únicas de cumplimiento, según el Decreto 679 de 1994. Por ello, la devolución de la parte no amortizada del anticipo, ordenada en la liquidación unilateral, no permite cobrar el amparo a la aseguradora si no se acreditó un uso indebido. En el asunto, la entidad ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo al declarar la caducidad, sin acreditar uso o apropiación indebida, por lo que la Sala anuló parcialmente los actos demandados en esa parte. En la práctica, el amparo de anticipo exige probar el uso indebido y no basta con el saldo no amortizado del anticipo.síntesis automática
También resuelve: ¿En el pliego de condiciones se previó la inclusión de cláusulas excepcionales, por ser obligatorias en contratos suscritos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de… ¿EPM estaba facultado para declarar la caducidad del contrato, debido a que en el pliego de condiciones se reguló la inclusión de cláusulas excepcionales en los que se otorgaba esa potestad a la… ¿La declaratoria de caducidad del contrato administrativo estuvo motivada en el incumplimiento por parte del contratista que dio lugar a la suspensión de la ejecución de las obras?
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Consejo de Estado Providencia

El magistrado ponente es competente para resolver en segunda instancia los recursos de apelación contra autos que niegan el decreto de pruebas.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-09-08 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 52001233300020240023701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La providencia interlocutoria que decide el recurso de apelación contra el auto que negó el decreto de una prueba, es competencia del Magistrado ponente? Sí
El magistrado ponente asume la competencia funcional para resolver los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos que niegan el decreto de pruebas, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 y el artículo 125 numeral 3 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021. En el presente caso, la providencia confirmó la decisión de primer grado que negó la prueba testimonial solicitada por estimar suficientes las pruebas documentales aportadas y decretadas para establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el convenio interadministrativo cuestionado entre las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de apelación es procedente, dado que se cuestionó el auto que negó el decreto de una prueba solicitada por la parte demandante? ¿El tribunal negó el testimonio porque la parte demandada no cumplió lo establecido en el artículo 212 del CGP, y ya obraban en el expediente elementos de convicción que daban cuenta del… ¿Obran en el proceso otros medios de convicción que dan cuenta de los hechos que se pretenden demostrar con el testimonio, resultando inútil?
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