Titulación de la relatoría 13.995 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIDA CAUTELAR / ALCANCE DE LA MEDIDA CAUTELAR / CLASES DE MEDIDA CAUTELAR / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR / INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL / INTERÉS PÚBLICO / MEDIO AMBIENTE / PATRIMONIO PÚBLICO / VIGENCIA FUTURA / REGULACIÓN DE LA VIGENCIA FUTURA / FUNDAMENTO DE LA VIGENCIA FUTURA / PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL / CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / REGISTRO PRESUPUESTAL / JURISPRUDENCIA / NULIDAD DEL CONTRATO / OBJETO ILÍCITO / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / AFECTACIÓN DE VIGENCIA FUTURA / NORMA PRESUPUESTAL / NULIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿Procede suspender cautelarmente un contrato estatal bajo el CPACA, dado que las medidas cautelares no son taxativas y que la alegada irregularidad en el manejo de vigencias futuras constituye un fundamento jurídico razonable para ordenar su suspensión?
Respuesta al problema jurídico: Si
Procedencia de la medida cautelar. La Sala considera que es posible, en vigencia del CPACA, solicitar como medida cautelar la suspensión de un contrato porque: las medidas cautelares previstas en el artículo 230 del CPACA no son taxativas, entender lo contrario significaría efectuar una interpretación regresiva y, finalmente, existen antecedentes de esta Corporación que muestran que esta medida cautelar resulta posible. (...) Las medidas cautelares del artículo 230 del CPACA no son taxativas. Una interpretación que incluya la revisión de los artículos 103, 229 y 230 del CPACA, permite entender que las medidas cautelares con las que cuenta el juez de lo contencioso administrativo no se limitan al listado taxativo que propone el artículo 230 del CPACA. Incluso, debe tenerse en cuenta: a) que así lo han entendido diferentes decisiones de esta Corporación que han señalado que las medidas cautelares en el CPACA no son taxativas; b) que esa interpretación se acompasa con el querer del legislador que buscaba darle herramientas al juez de lo contencioso administrativo para lograr la efectividad de los derechos; c) Que la medida cautelar de suspensión de un contrato guarda relación directa y necesaria con la pretensión de la demanda que busca la nulidad de un contrato como lo exige el artículo 231 del CPACA. (...) Finalmente, existen antecedentes de esta Corporación que muestran que la medida cautelar de suspensión de un contrato estatal es posible. En ese punto, se quiere destacar que, tanto la Subsección A como la Subsección C, recientemente, han estudiado de fondo la medida cautelar de suspensión del contrato. Se destaca que la Subsección A indicó que, si la medida cautelar de suspensión del contrato permitía proteger el objeto de la sentencia y, con ello, “intereses superiores, entre otros, el del medio ambiente, o el del patrimonio público”, debía estudiarse de fondo y revisar el cumplimiento de requisitos. (...) El primer y quizá más importante argumento es que existió una irregularidad por no haber cumplido con los requisitos presupuestales para comprometer las vigencias futuras previstos en la Ley 1483 de 2011, tales como incluir ese compromiso en el plan de desarrollo territorial o tramitar la solicitud del CONFIS. Al respecto, la Sala encuentra que existen dos posturas al interior de la Sección Tercera del Consejo de Estado. La primera, que coincide con la tesis del demandante, esto es, que la afectación de vigencias futuras sin el lleno de requisitos de ley puede viciar el contrato. La Segunda, según la cual “el desconocimiento de las normas del presupuesto en materia contractual, es decir, no constatar la disponibilidad presupuestal, omitir el registro presupuestal o no contar con la autorización para afectar vigencias futuras, no genera la nulidad del negocio jurídico.” (...) Para la Sala, dado que existe un respaldo jurisprudencial que soporta la tesis de la parte demandante, su alegación puede catalogarse como razonablemente fundada en derecho. No podría considerarse de otra forma si se tiene en cuenta que existen decisiones judiciales proferidas por esta Corporación que señalan que el hecho de que el alcalde de turno comprometa los recursos de su municipio más allá de su mandato, en este caso, por 20 años, sin sujetarse a los requisitos de ley, resulta actuar en contravía de las normas que rigen la ejecución del presupuesto público y con ello utilizar la contratación pública con un fin contrario a la Constitución y la ley. En esa medida, al margen de si ello constituye o no un vicio que comprometa la nulidad del contrato, sí genera serias dudas sobre su ejecución y se convierte en un argumento relevante para suspenderlo en este momento.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la medida cautelar, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 15 de junio de 2022, Exp. 52804, C.P. Roberto Sáchica; Sección Tercera, Subsección C, auto del 3 de junio de 2022, Exp. 67258, C.P. Jaime Rodríguez; Sección Segunda, Subsección A, providencia del 30 de julio de 2021, Exp. 0740 15, C.P. Gabriel Valbuena; Sección Segunda, Subsección A, auto de 10 de noviembre de 2016, Exp. 2016-01029, C.P. Gabriel Valbuena; Sección Segunda, Subsección B, providencia del 11 de mayo de 2017, Exp. 2017-00212, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Sección Tercera, Subsección B, auto de 03 de noviembre de 2020, Exp. 65979, C.P. Alberto Montaña Plata; Sección Tercera, Subsección B, Auto del 26 de enero de 2023, Exp. 67986, C.P. Alberto Montaña Plata; Sección Tercera, Subsección B, auto del 19 de octubre de 2022, Exp. 67512, C.P. Fredy Ibarra. Sobre si la afectación de vigencias futuras sin cumplir los requisitos legales puede generar la nulidad del contrato, en la Sección Tercera del Consejo de Estado existen dos posturas jurisprudenciales: Primera postura: Sí puede generar nulidad del contrato, ver decisiones de diferentes Subsecciones de la Sección Tercera, ver: Consejo de Estado, Subsección B, sentencia de 10 de febrero de 2021, Exp. 45397, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Subsección A, sentencia de 13 de abril de 2016, Exp. 42565, C.P. Marta Nubia Velasquez Rico; Subsección C, Sentencia de 12 de julio de 2023, Exp. 60817, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Segunda postura: No genera nulidad del negocio jurídico la irregularidad presupuestal, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 8 de mayo de 2019, Exp. 23001-23-31-000-2010-00035-01(41759), C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30 de julio de 2008, Exp. 23003, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 103, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231, LEY 1483 DE 2011
MEDIDA CAUTELAR / ALCANCE DE LA MEDIDA CAUTELAR / CARÁCTER DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / EFECTOS DE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / CONSECUENCIAS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / CONTRATO DE CONCESIÓN / PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL INGRESO CORRIENTE DE LA NACIÓN / PATRIMONIO PÚBLICO / AFECTACIÓN A PATRIMONIO PÚBLICO / ALCANCE DEL PATRIMONIO PÚBLICO / PERJUICIO IRREMEDIABLE / RIESGO / ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTRACTUAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PRINCIPIO DE PONDERACIÓN / INTERÉS PÚBLICO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO / EFICACIA DE LA SENTENCIA / NULIDAD DEL CONTRATO / CONCESIONARIO / MUNICIPIO / IRREGULARIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO / REVOCATORIA DEL AUTO / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR
Problema jurídico:
¿Debe decretarse la suspensión del Contrato de Concesión para proteger la legalidad y el patrimonio público, cuando existen serios indicios de ilegalidad por comprometer ingresos corrientes del municipio y no prever riesgos a cargo del concesionario, y cuando su ejecución podría causar un perjuicio irremediable y afectar la eficacia de la eventual sentencia de nulidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
Frente a los otros dos argumentos de la demanda, esto es, que el contrato es irregular porque no se podía pactar como parte de pago, los impuestos del municipio, esto es, en un principio, 1) 100% del impuesto de avisos y tableros y 2) 25% del Impuesto de Industria y Comercio y que el contratista no asumió los riesgos propios de la concesión, la Sala considera que los mismos no resultan absurdos o irracionales, porque de un lado, cuestionan que se hubiera destinado los ingresos corrientes del municipio por 20 años y, adicionalmente, alegan que no existe un elemento esencial del contrato de concesión en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 porque el contratista no asumió un riesgo. (...) Lo expuesto, permite concluir que las pretensiones y argumentos de la demanda no solo son coherentes, sino que se encuentran respaldados por algunas decisiones de esta Corporación y por el ordenamiento jurídico vigente, de manera que cumplen con el estándar de razonable fundamentación en derecho exigido. (...) El segundo requisito es que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho invocado. Este requisito se cumplió comoquiera que, con la demanda, el municipio del Plato Magdalena allegó el Contrato de Concesión NO. CCAMU-MP-001-2014, según el cual la concedente fue la señora (...), quien actúo en nombre y representación del municipio del plato “en su calidad de Alcaldesa Municipal Encargada” (...) El tercer requisito, es que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. En este caso, se considera que en el expediente existen razones suficientes para concluir que resultaría más grave negar la suspensión del contrato estatal que suspenderlo. (...) En el presente asunto, los intereses en tensión son, de un lado, la protección del patrimonio público y la sujeción al Estatuto de Contratación Estatal y con ello a la ley, y del otro, la continuidad del servicio público que se presta con ocasión del contrato de concesión de “modernización, instalación, operación, mantenimiento, administración, reposición y expansión del sistema de mobiliario urbano, incluidos los sistemas de detección electrónica y la explotación de la publicidad exterior visual en el municipio de Plato, Magdalena”. Para la Sala, la suspensión del contrato garantiza de manera inmediata la prevención de un daño al erario, protege la legalidad de la contratación estatal y ampara el interés general al evitar que continúe la ejecución de un negocio jurídico respecto del cual existen serios y fundados cuestionamientos. (...) No se desconoce que la suspensión puede generar un retraso temporal en las actividades previstas en el contrato, sin embargo, esta afectación no es de intensa gravedad: se trata de un servicio que no compromete necesidades básicas como salud o infraestructura esencial y, además, la suspensión no implica la paralización definitiva, pues el contrato puede reanudarse si en la sentencia se determina conformidad al ordenamiento jurídico. (...) En esas condiciones, el beneficio para el interés público es mayor al decretar la suspensión que al permitir que el contrato continúe en medio de dudas significativas sobre su legalidad. Por ello, la ponderación conduce a concluir que la medida cautelar es necesaria y razonable. (...) Finalmente, el cuarto requisito es que se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios. (...) Frente a ello, la Sala considera que, en efecto, de no suspenderse el contrato se puede configurar un perjuicio irremediable porque el municipio se mantendría obligado a destinar recursos provenientes de los impuestos corrientes al pago de un contrato seriamente cuestionado. En esa medida, la continuidad de la ejecución contractual genera un deterioro irreversible en la capacidad financiera del municipio. Por ello, la suspensión se erige como una medida indispensable para evitar un perjuicio irremediable y de muy difícil, sino imposible, reparación posterior. En este punto, no se debe desconocer que, si los ingresos corrientes se transfieren al contratista y se utilizan en la operación de la concesión, no existe un mecanismo efectivo, rápido, ni garantizado para que el municipio recupere tales valores, incluso si más adelante se declara la nulidad del contrato. No debe olvidarse que la restitución de prestaciones mutuas en sede contractual no resulta pacífica ni expedita e incluso dependerá de que el contratista aún tenga capacidad económica para devolver los recursos o de que no hayan sido ya consumidos en gastos operativos. (...) Lo señalado permite concluir que se cumple con los requisitos para decretar la medida cautelar. En virtud de lo dispuesto en el artículo 232 del CPACA, según el cual no se requerirá de caución cuando (…) la solicitante de la medida cautelar sea una entidad pública, la Sala decretará, sin previa constitución de caución, la medida cautelar consistente en la suspensión del contrato de Concesión CCAMU-MP-001 de 2014. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 235 del CPACA (...).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 232, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 235, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32