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Consejo de Estado
Providencia
No procede la condena en costas cuando el accionante persigue un interés público.
Sentencia — Sentencia
2023-03-31
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 52001233300020150024101
LEY 1437 REPETICION
¿Procede la condena en costas cuando el accionante persigue un interés público? No
Cuando el proceso de repetición persigue la protección del patrimonio público, no procede la condena en costas, pues el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 excluye de esa condena los procesos en los que se ventile un interés público. La regla se apoya en tres razones. Primera, la norma dispone que la sentencia se pronuncia sobre costas salvo en los procesos en que se ventile un interés público, y su liquidación se rige por el Código de Procedimiento Civil. Segunda, la Subsección ha considerado que la repetición es un proceso de interés público porque busca proteger el patrimonio público. Tercera, en el caso el ente territorial, al resultar vencido, perseguía ese interés público, de modo que no debía condenarse en costas. Por ello se revoca la condena en costas de primera instancia y se niega en segunda instancia. El documento reitera la línea de la Subsección sobre la materia.síntesis automática
También resuelve:
¿El asunto objeto de la censura se circunscribe a analizar la procedencia de la condena en costas impuesta a la demandante?
¿La sentencia dispondrá sobre la condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se acreditó una conducta gravemente culposa del ex alcalde demandado al expedir los decretos
Sentencia — Sentencia
2024-05-31
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 68001233100020120001301
ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa del ex alcalde demandado al expedir los decretos de reestructuración administrativa del municipio que dieron lugar a la condena judicial por supresión del cargo de la demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento? No
El servidor público o agente estatal responde patrimonialmente bajo los parámetros de la Ley 678 de 2001 cuando la respectiva entidad territorial demuestra plenamente la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa generadora de una condena judicial, sin que resulten oponibles las consideraciones jurídicas de providencias dictadas en procesos ajenos en los que no participó como parte procesal, y sin que las presunciones legales de culpa grave puedan admitirse judicialmente si no fueron oportunamente planteadas desde la demanda inicial con el fin de garantizar plenamente su derecho fundamental de defensa, debiendo evaluarse con rigor probatorio la realidad de los estudios técnicos previos realizados para la reestructuración administrativa y la supresión de cargos dentro de la respectiva entidad estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿El término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el pago de la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?
¿Al presente caso le son aplicables las presunciones legales de culpa grave o dolo invocadas en el escrito de apelación a pesar de no haber sido alegadas en la demanda?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Procede suspender cautelarmente un contrato estatal bajo el CPACA, dado que las medidas cautelares no son taxativas y que la alegada irregularidad en el manejo de vigencias futuras constituye un fundamento jurídico razonable para ordenar su suspensión.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-12-01
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 47001233300020240027901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede suspender cautelarmente un contrato estatal bajo el CPACA, dado que las medidas cautelares no son taxativas y que la alegada irregularidad en el manejo de vigencias futuras constituye un fundamento jurídico razonable para ordenar su suspensión? Sí
El contratista puede solicitar la suspensión cautelar de un contrato estatal bajo el CPACA, dado que las medidas cautelares no son taxativas y que la alegada irregularidad en el manejo de vigencias futuras constituye un fundamento jurídico razonable para ordenar su suspensión, siempre y cuando la medida cautelar permita proteger intereses superiores como el medio ambiente o el patrimonio público. La Sala reitera que la medida cautelar de suspensión guarda relación directa con la pretensión de la demanda que busca la nulidad del contrato y que la afectación de vigencias futuras sin cumplir los requisitos legales puede generar serias dudas sobre su ejecución, lo que convierte en relevante la suspensión del contrato en este momento. Esta decisión matiza la interpretación de la medida cautelar de suspensión, permitiendo su aplicación en casos que involucran la protección de intereses públicos superiores y la regularidad presupuestal.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe decretarse la suspensión del Contrato de Concesión para proteger la legalidad y el patrimonio público, cuando existen serios indicios de ilegalidad por comprometer ingresos corrientes del…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2023-02-03
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 68001233100020130074801
ACCION DE REPETICION
¿El acto administrativo fue expedido contando con estudios técnicos que lo soportaran? Sí
Cuando el acto administrativo de reestructuración de la planta de personal se expide con estudios técnicos que lo soportan, no existe falta de diligencia del agente que configure culpa grave y la repetición no prospera. La regla se apoya en tres razones. Primera, el acto se expidió contando con los estudios técnicos, elaborados en virtud de un convenio interadministrativo suscrito para tal fin. Segunda, el proyecto final fue sometido a discusión de los comités designados y no sufrió modificaciones adicionales por parte del exalcalde demandado. Tercera, la finalidad de la reestructuración fue optimizar el recurso financiero y humano para cumplir las funciones que demandaba el municipio. Además, la presunción invocada no guarda coherencia con lo decidido en la sentencia de nulidad y restablecimiento, por lo que no puede tenerse por acreditada. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones. Además, la parte actora circunscribió su imputación a otra causal y no a la falta de competencia por error inexcusable, por lo que esa vía no se analiza. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿La presunción invocada guarda coherencia con lo expuesto en la sentencia que le puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?
¿Quien alegue a su favor una presunción deberá probar plenamente los hechos que le dan su origen?
¿El agente estatal contra el cual se dirija la acción de repetición siempre podrá presentar pruebas que lo liberen de responsabilidad civil?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis
Sentencia — Sentencia
2022-02-28
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 50001233100020090019601
ACCION DE REPETICION
¿En la acción de repetición, cuál es el inicio del conteo del término de caducidad? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición a partir del día siguiente al último pago efectuado por la entidad estatal, conforme a la jurisprudencia que reitera la necesidad de cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo. Estos requisitos incluyen la existencia de una condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación dineraria a cargo de una entidad estatal, la realización efectiva del pago por parte de la entidad pública, la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado, y la calificación de su conducta a título de dolo o culpa grave. Esta regla implica que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse una vez se ha cumplido con todos estos requisitos, garantizando así el adecuado ejercicio de la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:
¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción?
¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad de la acción de repetición?
¿En el presente caso son aplicables las presunciones legales de la Ley 678 de 2001?
Consejo de Estado
Providencia
Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas
Sentencia — Sentencia
2021-12-14
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 08001233300020120020901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:
¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado
Providencia
Forzoso resulta concluir que los hoy demandados no sabían ni tenían cómo prever el atentado del 29 de enero de 1997
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 05001233300020150249001
LEY 1437 REPETICION
¿Los demandados incurrieron en una conducta dolosa o gravemente culposa que provocara el daño? No
Cuando la entidad pública repite contra sus servidores por una condena derivada de un atentado terrorista, la responsabilidad personal exige probar que el agente actuó con dolo o culpa grave, lo que no ocurre si el daño no era previsible y no se acredita que la conducta funcional lo causara. La regla se sostiene en tres razones: no se probó que los funcionarios conocieran denuncias sobre actividades ilegales en el sector, no se estableció si la asociación de vigilancia privada tenía sede en el lugar del ataque ni si estaba realizando actividades ilegales al momento de la explosión, y no existen pruebas directas que demuestren que los funcionarios conocían la situación y omitieron medidas para evitarla. En el caso, el alcalde y el secretario de gobierno demandados no fueron declarados responsables, y se confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la entidad que pretende la repetición debe aportar pruebas directas del conocimiento previo y de la omisión del funcionario.síntesis automática
También resuelve:
¿Se probó que los hoy demandados en sus calidades de alcalde y secretario de gobierno tuvieran conocimiento de denuncias de actividades ilegales y no hubieran tomado las medidas pertinentes para…
¿Se probó alguna conducta de los demandados a título de dolo o culpa grave que diera lugar al daño por el cual fue condenada la demandante?
¿Culpa grave es aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, en tanto que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su…
CONFIRMA