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Concepto

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Se muestran documentos cuyos descriptores contienen todos los términos de «CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS».

Colombia Compra Eficiente Concepto

Contrato de obra pública: C-878 de 2022

C-878 de 2022 2022-12-12
¿En los contratos de obra que celebre una Empresa de Servicios Públicos Industrial y Comercial del Estado descentralizada de un Municipio, se debe facturar el IVA en contratos de construcción de que trata el artículo 1.3.1.7.9 del Decreto 1025 de 2016, siendo que el artículo 100 de la Ley 21 de 1992 excluye a los Contratos de Obra Pública?
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, EGCAP, «son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago», de manera que este tipo de contrato no aplica a los trabajos materiales realizados sobre bienes muebles.
También resuelve: Empresas de servicios públicos: naturaleza especial, naturaleza especial / servicios públicos domiciliarios, operadores autorizados / servicios públicos domiciliarios, régimen contractual Servicios públicos domiciliarios: operadores autorizados, régimen contractual, derecho privado Contrato de obra pública: tipología, confección de obra material –arrendamiento, definición, bienes inmuebles
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La determinación de cuáles son los requisitos legales esenciales exige remitirse, según la naturaleza de la entidad y régimen del contrato.

C-1879 de 2026 2026-03-02
¿Una empresa de servicios públicos domiciliarios está obligada a publicar los documentos del proceso en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II?
El contratista no está obligado a publicar los documentos del proceso en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) si se rige por el régimen especial de los servicios públicos domiciliarios, ya que este régimen se basa en el derecho privado y no en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP). Esto se debe a que la Ley 142 de 1994 establece que las empresas de servicios públicos domiciliarios operan bajo un régimen contractual distinto, y aunque estas entidades deben garantizar el derecho de acceso a la información y publicar documentos relacionados con su gestión contractual, no están sujetas a las obligaciones específicas del SECOP II. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente, permitiendo a las empresas de servicios públicos domiciliarios cumplir con sus obligaciones de transparencia sin necesidad de utilizar el SECOP II, lo que implica una flexibilidad en la aplicación de las normas de contratación pública para este tipo de entidades.síntesis automática
También resuelve: Empresas de servicios públicos: naturaleza jurídica, régimen especial Publicidad secop: entidades exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, modificación del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 Secop ii: entidades estatales exceptuadas del egcap
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Lo determinante es su origen legal, su régimen jurídico y su vinculación con el Estado.

C-1368 de 2025 2025-11-06
¿Puede una empresa de servicios públicos domiciliarios de capital 100% privado ejecutar actividades conjuntas con una entidad estatal mediante convenio interadministrativo conforme al artículo 95 de la Ley 489 de 1998?
En cuanto al problema jurídico, objeto de consulta, se señala que es importante tener en cuenta lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-736 de 2007, siendo pertinente precisar que las empresas de servicios públicos mixtas y empresas privadas de servicios públicos con participación pública son consideradas entidades descentralizadas por servicios. Sin embargo, dentro del pronunciamiento de la Corte Constitucional no se establece claramente el mismo efecto para las empresas con capital 100% privadas que son prestadoras de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de la respuesta.
También resuelve: Contrato estatal: régimen jurídico Régimen excepcional: justificación, criterios de clasificación Empresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especial, mixtas, privadas con participación estatal
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Contrato estatal: C-1004 de 2025

C-1004 de 2025 2025-08-29
¿Cuáles son los preceptos normativos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que le aplica a una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios?
El contratista debe aplicar el derecho privado a los contratos celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, salvo en las materias particularmente reguladas en la Ley 80 de 1993, debido a que estas entidades son consideradas como descentralizadas por servicios y están exceptuadas del régimen general del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta excepción se justifica por la necesidad de facilitar la competencia económica, lo que implica que estas empresas deben cumplir con ciertas limitaciones del derecho público, como los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como el deber de publicar sus contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II– o la plataforma transaccional que haga sus veces, según lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022. Esto implica que las empresas de servicios públicos domiciliarios deben seguir un régimen mixto que combina el derecho privado con ciertas reglas del derecho público, lo que modifica la interpretación previa de la aplicación exclusiva del derecho privado a estas entidades.síntesis automática
También resuelve: Contrato estatal: régimen jurídico Régimen excepcional: justificación, criterios de clasificación Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios: naturaleza jurídica
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La entidad deberá acudir a una modalidad competitiva, siendo la licitación pública la regla general.

C-1116 de 2026 2026-08-28
¿Cuáles son los límites que debe considerar una Entidad Estatal sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública al celebrar un contrato con un particular para la operación de un bien fiscal de su propiedad afecto a la prestación de un servicio público?
El contratista no puede sustraer materialmente un bien fiscal afecto a la prestación de un servicio público a la actividad económica privada, ni configurar una contravención del artículo 355 de la Constitución Política, ni comprometer la selección objetiva ni alterar la finalidad para la cual fueron apropiados los recursos destinados a la adquisición del bien, al celebrar un contrato con la entidad estatal para su operación, ya que estos límites garantizan la licitud del objeto del contrato y su conformidad con el ordenamiento jurídico. La entidad estatal, en ejercicio de su autonomía de voluntad, puede celebrar contratos típicos o atípicos siempre que no contraríen el orden público ni tengan objeto o causa ilícitos, y cumplan las formalidades legales, lo que implica que debe considerar cuidadosamente la naturaleza del bien y el esquema contractual para evitar nulidades absolutas por objeto ilícito o por contravención de la Constitución.síntesis automática
También resuelve: Bienes públicos: tipos, bienes fiscales, bienes de uso público Bienes fiscales afectos a servicios públicos: contratos estatales para su operación, límites Nulidad del contrato estatal: nulidad absoluta, causales
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Contrato de prestación de servicios: el contrato de prestación de servicios es uno de los tipos contractuales

C-457 de 2026 2026-05-08
El contrato de prestación de servicios solo puede celebrarse para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, esto es, actividades que hacen parte de su giro ordinario. Con personas naturales únicamente procede cuando esas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, justificación que debe quedar en los estudios previos. La postura parte de que este contratista no es servidor público en los términos del artículo 123 de la Constitución. La distinción se considera esencial para delimitar responsabilidades, derechos y deberes, y evitar confusiones entre quienes ejercen autoridad estatal y quienes prestan servicios de apoyo o especializados bajo una relación contractual temporal. Por ello, el contratista no ejerce autoridad pública y su actuación se limita al objeto pactado. Como consecuencia práctica, los contratistas de prestación de servicios pueden apoyar la supervisión de los contratos estatales, pero no fungen como supervisores, rol que corresponde a los servidores públicos designados.síntesis automática
También resuelve: Contrato de prestación de servicios: definición, características Servidores públicos: empleados públicos, trabajadores oficiales, miembros de corporaciones públicas Supervisión: apoyo de la supervisión, contratista de prestación de servicios, rol
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Contrato Y/O convenio interadministrativo: las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios no son sociedades de economía mixta

4201913000007240 2019-12-05
¿Las Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuya naturaleza es economía mixta, se encuentran inmersas dentro del marco normativo de la ley de garantías?
Las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios no son sociedades de economía mixta, en los términos de la sentencia C-736 de 2007 de la Corte Constitucional. La naturaleza jurídica de estas empresas es especial y su clasificación, según su composición accionaria, es la contenida en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994, esto es, empresas oficiales -capital público del 100%-, mixtas -capital público superior al 50%- y privadas -capital público inferior al 50%-. Estas empresas, por ser parte de la Rama Ejecutiva del sector descentralizado por servicios, cuando sean del orden municipal o departamental, deben observar tanto lo dispuesto en el artículo 33 como en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005.
También resuelve: Ley de garantías electorales: prohibición, servidores públicos, parágrafo del articulo 38 Contrato y/o convenio interadministrativo: naturaleza, definición Empresas de servicios públicos: naturaleza jurídica, sociedades de economía mixta, diferencias
Colombia Compra Eficiente Concepto

Solicito un concepto sobre un proceso que está llevando la Armada Nacional de Colombia, para el Servicio de Conectividad (Canal datos e internet) terrestre, satelital marítimo y fluvial, por valor de $15.079.367.296.00 que comprende servicios desde el 01 de septiembre de 2019 hasta el 30 de junio de 2022.

4201912000005350 2019-08-27
Solicito un concepto sobre un proceso que está llevando la Armada Nacional de Colombia, para el Servicio de Conectividad (Canal datos e internet) terrestre, satelital marítimo y fluvial, por valor de $15.079.367.296.00 que comprende servicios desde el 01 de septiembre de 2019 hasta el 30 de junio de 2022.
La prohibición de ley de garantías es aplicable a SkyNet de Colombia SAS, toda vez que es una empresa de servicios públicos mixta del orden territorial, filial de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB, por lo tanto, durante la vigencia de la Ley de garantías no podrá celebrar convenios o contratos interadministrativos.
También resuelve: Ley de garantías electorales: suscripción, convenios interadministrativos, prohibición, ejecución de recursos públicos Sociedades de economía mixta: definición, clasificación Empresas de servicios públicos: sociedades de economía mixta, diferencias, aplicación ley de garantías
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No existe una norma en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que establezca un porcentaje, valor mínimo o máximo con el que deba cumplir la interventoría con respecto al valor del contrato objeto de seguimiento.

C-1605 de 2025 2025-12-22
¿Las entidades sometidas al EGCAP o a un régimen especial de contratación deben respetar un porcentaje mínimo o máximo para determinar el valor de contratos de seguimiento o interventoría con respecto al contrato objeto de vigilancia?
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no establece un porcentaje mínimo ni máximo que deba guardar el valor de un contrato de interventoría o de seguimiento frente al valor del contrato vigilado. El concepto precisa que, ante la ausencia de una norma que fije ese porcentaje, el interventor y la entidad cuentan con libertad negocial para determinar el valor, el cual debe responder a las obligaciones efectivamente asignadas en el objeto de la interventoría. Ese valor depende, así, de la negociación entre las partes y de las obligaciones pactadas, y no de un parámetro normativo que la entidad deba aplicar. La consecuencia práctica es que la entidad no debe aplicar un porcentaje fijo como referencia obligatoria, sino justificar en los estudios previos la relación entre el valor de la interventoría y las tareas de vigilancia asignadas, así como la extensión y complejidad del contrato vigilado y la forma en que se distribuyen las labores de seguimiento entre el interventor y la entidad.síntesis automática
También resuelve: Contrato estatal: régimen jurídico Régimen excepcional: justificación, criterios de clasificación Empresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especial
Colombia Compra Eficiente Concepto

Las demás entidades del Estado deberán aplicar la Ley 80 de 1993 o, las del régimen especial correspondiente de acuerdo con su naturaleza jurídica u objeto.

C-659 de 2024 2024-11-18
¿Qué contratos se someten al EGCAP y cuáles al régimen especial previsto en la Ley 142 de 1994?
Solo las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se someten al régimen especial de contratación de la Ley 142 de 1994; las demás entidades del Estado deben aplicar la Ley 80 de 1993 o, en su defecto, el régimen especial que corresponda según su naturaleza jurídica u objeto. El concepto parte de que el Estatuto General de Contratación rige para las entidades estatales de los literales a) y b) del numeral 1 de su artículo 2, esto es, las personas jurídicas públicas, incluidas las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades con participación pública superior al cincuenta por ciento, y los órganos sin personería a los que la ley otorga capacidad para contratar, y que sus tipologías se integran con las del derecho privado conforme al artículo 13. Explica que los regímenes exceptuados se han justificado para facilitar la competencia económica, como en los servicios públicos domiciliarios, flexibilizar la función administrativa o crear reglas especiales sin excluir del todo la Ley 80 de 1993, y que el contrato estatal se identifica por el criterio orgánico, pues lo esencial es que lo celebre una entidad estatal.síntesis automática
También resuelve: Contrato estatal: régimen jurídico, criterio orgánico Régimen excepcional: justificación, criterios de clasificación Egcap: ámbito de aplicación
Colombia Compra Eficiente Concepto

Contrato de prestación de servicios: el hecho de colaborar con la administración no implica el ejercicio de funciones públicas estricto

C-491 de 2026 2026-05-07
El contrato de prestación de servicios solo puede celebrarse para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, esto es, actividades que hacen parte de su giro ordinario. Con personas naturales únicamente procede cuando esas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, justificación que debe sustentarse en los estudios previos. La postura subraya que este contrato se distingue del contrato de trabajo porque el contratista debe mantener autonomía e independencia en la ejecución de la labor, sin subordinación ni dependencia. La razón es que la norma dispone que en ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales, lo que debe entenderse como un deber ser. Asimismo, el contratista no es servidor público en los términos del artículo 123 de la Constitución. Como consecuencia práctica, la entidad no debe pagar por su cuenta los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del contratista, ni tratar la relación como laboral.síntesis automática
También resuelve: Contrato de prestación de servicios: definición, características Servidores públicos: empleados públicos, trabajadores oficiales, miembros de corporaciones públicas Contratos de prestación de servicios: no calidad, servidores públicos
Consejo de Estado Concepto

El valor del contrato de concesión 033 de 2007 se debe determinar por el 100% del valor de las Tarifas por ingreso

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2022-02-24 Sala Consulta y Servicio Civil OSCAR DARIO AMAYA NAVAS Rad. 11001030600020210016700 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿El valor del contrato de concesión 033 de 2007 se debe determinar por el 100% del valor de las Tarifas por ingreso de datos al RUNT y por la expedición de certificados de información durante la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento del Contrato? Sí
La interpretación de las cláusulas segunda, octava, novena del contrato de concesión 033 de 2007, en armonía con las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006, permite concluir que el valor del contrato se determina por el 100% del valor de las Tarifas por ingreso de datos al RUNT y por expedición de certificados de información durante la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento del Contrato. Dado que la cláusula novena del contrato de concesión fue modificada por los otrosíes 1 y 6, corresponde a la Sala determinar si la conclusión a la que arribó en precedencia se mantiene o se altera.
También resuelve: ¿El valor inicial del contrato de concesión 033 de 2007 se calcula a partir del valor total del contrato más la oferta económica aceptada por el Ministerio de Transporte con los ajustes de valor… ¿Los contratos de concesión de servicios públicos deben observar la restricción contenida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993… ¿La obligación de observar y garantizar la continuidad del RUNT recae tanto en el Ministerio de Transporte, como titular del servicio, así como en el contratista Concesión RUNT S.A.?
Colombia Compra Eficiente Concepto

A la par deben cumplir con las obligaciones propias de su régimen especial, como la sujeción a la vigilancia de organismos de control y la aplicación de las normas de contratación pública.

C-1606 de 2025 2025-12-16
¿Es procedente que un municipio celebre convenios o contratos interadministrativos con empresas de servicios públicos domiciliarios de naturaleza privada con participación pública o pública?
El contratista puede celebrar convenios o contratos interadministrativos con empresas de servicios públicos domiciliarios de naturaleza privada con participación pública o pública, ya que estas entidades, independientemente de su naturaleza jurídica, se consideran parte de la Rama Ejecutiva del Estado y están sujetas a un régimen especial que les permite operar con flexibilidad para facilitar la competencia económica y el ejercicio de la función administrativa. Esta flexibilidad se justifica en virtud del principio de organización de la administración nacional consagrado en la Constitución y en la Ley 1712 de 2014, que establece principios de máxima publicidad y transparencia para estos sujetos obligados. Esta regla reitera y matiza precedentes que han reconocido la naturaleza especial de estas empresas, permitiendo una mayor adaptabilidad en la celebración de contratos interadministrativos.síntesis automática
También resuelve: Contrato estatal: régimen jurídico Régimen excepcional: justificación, criterios de clasificación Empresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especial, mixtas, privadas con participación estatal
Colombia Compra Eficiente Concepto

En cuanto al problema jurídico es importante precisar que la incorporación de visitas obligatorias en las condiciones de referencia de un contrato de obra por parte de una empresa de servicios públicos mixta de energía con régimen especial es procedente, siempre de que se fundamente en criterios técnicos y operativos que justifiquen su necesidad.

C-1519 de 2025 2025-11-20
¿Es procedente que una empresa de servicios públicos mixta de energía incorpore en las condiciones de referencia para un contrato de obra la obligatoriedad de asistir a visitas programadas por la entidad, ya sea como requisito habilitante, causal de rechazo o criterio de evaluación, sin que ello implique prácticas restrictivas de la libre competencia?
Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, sean oficiales, mixtas o privadas con participación estatal, son entidades descentralizadas por servicios, independientemente de la naturaleza y porcentaje de su capital, y hacen parte de la Rama Ejecutiva del Orden Público. La Corte Constitucional, en las sentencias C-736 y C-637 de 2007, precisó que las mixtas y privadas con aportes estatales constituyen tipos especiales de entidades descentralizadas por servicios, que no se pueden encuadrar en las demás especies del artículo 38 de la Ley 489 de 1998. Esta categoría permite al legislador incorporar estas empresas en la estructura de la Rama Ejecutiva, con fundamento en la competencia del Congreso para organizar la administración nacional. El concepto recuerda, además, que las entidades exceptuadas del Estatuto General de Contratación se justifican en la facilitación de la competencia económica, en la flexibilización de la función administrativa o en un régimen especial que no excluye por completo la Ley 80 de 1993. Para la entidad, la clasificación determina el marco general dentro del cual debe analizar sus condiciones de participación en la contratación.síntesis automática
También resuelve: Contrato estatal: régimen jurídico Régimen excepcional: justificación, criterios de clasificación Empresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especial, mixtas, privadas con participación estatal
Colombia Compra Eficiente Concepto

Con respecto a la segunda variable, derivada del ejercicio de la autonomía de la voluntad es importante tener en cuenta que no hay una regla preestablecida de quién debe declarar el incumplimiento, a diferencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que dispone que es el representante legal o su delegado.

C-1012 de 2025 2025-09-04
¿Cuándo procede el incumplimiento contractual por parte de empresas de servicios públicos domiciliarios?
El contratista puede proceder al incumplimiento contractual por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios cuando estas no cumplen con las obligaciones específicas establecidas en sus contratos, siempre y cuando dicha acción esté prevista en las normas que regulan a estas entidades y en sus manuales de contratación, que pueden diferir del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta regla se fundamenta en la naturaleza especial de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que operan bajo un régimen excepcional que les permite aplicar reglas específicas para su contratación y sanciones, garantizando así la flexibilidad necesaria para facilitar la competencia económica y el cumplimiento efectivo de los servicios. Esta sentencia reitera y matiza la jurisprudencia existente, enfatizando la importancia de la autonomía de la voluntad en la regulación interna de estas entidades, lo que implica que las decisiones sobre incumplimiento deben ajustarse estrictamente a las normas y manuales específicos de cada empresa.síntesis automática
También resuelve: Contrato estatal: régimen jurídico Régimen excepcional: justificación, criterios de clasificación Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios: naturaleza, régimen especial
Colombia Compra Eficiente Concepto

Dentro del Manual de Contratación pueden regularse modalidades no competitivas que no es abierta a los proponentes para que los interesados presenten sus ofertas.

C-1226 de 2025 2025-10-09
¿Está habilitada una E.S.P. oficial para celebrar contratos bajo el esquema DBFO ii) ¿ qué modalidades de selección puede aplicar para un contrato bajo la modalidad DBFO?
En torno a la modalidad de selección aplicable hay que tener en cuenta varios escenarios: en primer lugar, las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios como entidades de régimen especial, deben revisar en su manual de contratación la modalidad o procedimiento de selección aplicable a este tipo de contratos. La naturaleza del DBFO implica que sea un contrato atípico con unas características y particularidades que son: i) una modalidad de contratos atípicos, pues no están contemplados en el ordenamiento colombiano por ninguna ley específica, es decir, no está regulado dentro las leyes civiles o comerciales, Ley 1508 de 2012 y Ley 80 de 1993; ii) el contratista privado se obliga, de cara a una obra de interés público, a: a) diseñarla; b) construirla; c) financiarla y d) operarla y iii) la obra es propiedad de la Administración pública, mientras que el particular sólo la administra, extrayendo de esta administración sus ingresos.
También resuelve: Contrato estatal: régimen jurídico Régimen excepcional: justificación, criterios de clasificación Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios: naturaleza jurídica
Consejo de Estado Concepto

¿Ecopetrol S.A. es una entidad estatal descentralizada, vinculada a la Rama Ejecutiva, que no ejerce funciones públicas ni administrativas, toda vez que tiene por objeto social desarrollar actividades industriales y comerciales en un marco de competencia que se rige por el derecho privado?

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2026-10-22 Sala Consulta y Servicio Civil MARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLA Rad. 11001030600020220010700 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Ecopetrol S.A. es una entidad estatal descentralizada, vinculada a la Rama Ejecutiva, que no ejerce funciones públicas ni administrativas, toda vez que tiene por objeto social desarrollar actividades industriales y comerciales en un marco de competencia que se rige por el derecho privado? Sí
Las sociedades de economía mixta, ha dicho esta Sala, pese a estar constituidas bajo la forma de sociedades comerciales, «no son particulares… son organismos que hacen parte de la estructura de la Administración Pública, pertenecen al nivel descentralizado y son organismos vinculados».… En consecuencia, la creación por parte del Estado, de asociaciones, empresas o sociedades y su sujeción en ciertos aspectos a las normas de derecho privado, no comporta, que dejen de ser parte de la organización estatal, ni que se conviertan o puedan ser consideradas, per se, entidades particulares o privadas.
También resuelve: ¿La Ley 1821 de 2016 aumentó a 70 años la edad de retiro forzoso y la extendió a los servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas no sometidos con anterioridad a esa causal? ¿La edad de retiro forzoso es una causal objetiva de retiro del servicio, cuya aplicación debe atender criterios de razonabilidad? ¿El parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, faculta al empleador para solicitar el reconocimiento de la pensión en nombre del trabajador…