Titulación de la relatoría 18.009 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONTRATO DE OBRA / PRÓRROGA DEL CONTRATO / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / FALTA DE PRUEBA / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La demandante no estaba facultada para solicitar la declaratoria de incumplimiento del IDU, ni la nulidad por falsa motivación de la Resolución 4690 de 2017, en tanto no acreditó el cumplimiento de sus propias obligaciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
Examinado el acervo probatorio aportado en el asunto de la referencia, no se encuentra que los incumplimientos que se le endilgaron a la contratista en la Resolución 4690 se justificaran con causas atribuibles al IDU o factores externos a ambas partes (...) Dado que el incumplimiento que se atribuyó a la contratista en la Resolución No. 4690 recayó sobre el atraso en que incurrió en el cronograma de obra establecido para la prórroga –específicamente, para el período comprendido entre el 13 de julio y el 27 de septiembre de 2015–, mas no por incumplimientos previos a ello, no es posible justificar dicha inobservancia en las mismas causas que motivaron la adición de plazo, pues, más allá de determinar a quién le eran imputables, lo cierto es que tal acuerdo fue el mecanismo que las partes adoptaron en aras de superarlas y, con pleno conocimiento de ello y de su impacto en la ejecución de las labores, fue la propia sociedad la que propuso el tiempo que se requería para completar el objeto pactado; de manera que resulta desacertado que pretenda continuar excusando su inobservancia en esos mismos aspectos. 91. La Sala no encuentra razones que conduzcan a una conclusión diferente. No está demostrado que, durante el plazo de la prórroga, y sin que fuera posible preverlas al momento de su celebración, se presentaran circunstancias distintas a las que motivaron ese acuerdo, y que le impidieran a la contratista cumplir con el cronograma propuesto para dicha ampliación. En relación con el desplazamiento de la fecha de inicio de la etapa de ejecución por la espera de aprobación del 60% de los diagnósticos, se encuentra que fue una de las causas en las que la demandante fundó su solicitud de prórroga, por lo cual queda claro que la consideró al proponer que el plazo de ejecución se ampliara por cuatro (4) meses más y, por lo mismo, no es posible que la contratista pretenda justificar en este mismo aspecto los incumplimientos en que incurrió respecto del cronograma de obra establecido para la ampliación del plazo. (...) Bajo ese panorama, ni antes ni después de celebrada la prórroga, la contratista podía justificar su incumplimiento en la falta de aprobación de los PMT por la existencia de otros con los que se presentaran interferencias, porque, según el referido anexo técnico, le correspondía coordinar sus labores con los demás contratistas, de manera que si los planes que presentaba no reflejaban tal coordinación y por ello no eran aprobados, no podía alegar que se tratara de una causa que le fuera externa. De todos modos, la demandante no probó que pese a haber cumplido con ese deber de coordinación, los planes no le fueron aprobados, o que las circunstancias fácticas de los que presentaron dificultad le impidieron cumplir con esa obligación. Lo que se encuentra probado, como ya se dijo, es que los tramos que no pudieron intervenirse por las mencionadas interferencias fueron cambiados por otros. (...) Dado que ninguna de las causas hasta ahora analizadas permite justificar el incumplimiento de la contratista respecto del cronograma de obra entre el 13 de julio y el 27 de septiembre de 2015, se concluye que no es posible con base en éstas tener por acreditado el cargo de falsa motivación. (...) En este orden de ideas, no se encuentra acreditado que la Resolución 4690 de 2017 estuviere incursa en el defecto de falsa motivación, por cuanto la evidencia probatoria no muestra justificación a los incumplimientos de CON & CON de cara a las supuestas inobservancias que atribuye a la contratante ni a factores externos, por lo cual, no es posible declarar la prosperidad de este cargo.
CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / ABUSO DEL DERECHO POR POSICIÓN DOMINANTE / PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / FALTA DE PRUEBA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Se trasgredió el debido proceso de la sociedad en el marco del procedimiento administrativo que culminó con la Resolución 4690 de 2017?
Respuesta al problema jurídico: No
El recuento realizado muestra que desde el inicio del trámite sancionatorio la entidad pública planteó con claridad el lapso de examen concreto, los hechos de incumplimiento y las obligaciones inadvertidas por la contratista, determinaciones que se mantuvieron a lo largo del procedimiento y que, finalmente, fueron las que se consideraron en la Resolución 4690 de 2017 como soporte de la decisión que en ese acto se adoptó, por lo que no es cierto que la demandante no conociera los hechos objeto de la pena que se le impuso, que no fueran claros o que en el curso del trámite se hubieren modificado o cambiado por unos nuevos. (...) como fundamento de la pena que se aplicó a la contratista a través de la Resolución No. 4690 la entidad no superó el período que señaló desde el inicio del procedimiento sancionatorio, ni agregó situaciones de inobservancia distintas a las mencionadas en esa oportunidad, lo que denota que no transgredió la garantía del debido proceso de CON & CON. (...)En relación con la supuesta violación del principio non bis in ídem, resalta la Sala que también integra las garantías que componen el derecho al debido proceso, en tanto establece la imposibilidad de sancionar dos veces a un sujeto por un mismo hecho y bajo un mismo concepto (art. 29 Constitución Política), restricción que se hace extensiva a todos los ámbitos del derecho sancionatorio. La demandante alegó que este derecho se vulneró porque el proceso sancionatorio que terminó con la Resolución 4690 de 2017 se habría sustentado en unos supuestos fácticos superados en un procedimiento sancionatorio previo en el que ya había sido absuelto. Si bien se encuentra acreditada la existencia de tal procedimiento, las pruebas indican que versó sobre hechos diferentes a los que se tuvieron en cuenta en el caso de la referida resolución (...) Esclarecido el desarrollo del procedimiento sancionatorio que culminó con la Resolución 4690 de 2017, así como los insumos probatorios en los que se respaldó la entidad al proferirla, la Sala no encuentra que se hubiere fraguado una persecución de la interventoría en contra de la contratista, ni que la entidad hubiere avalado o promovido una conducta en tal sentido. Lo que muestra el material probatorio es la sociedad contó con múltiples oportunidades para pronunciarse en punto a su defensa, se le dio la oportunidad de debatir los supuestos de incumplimiento que se le endilgaron; sumado al hecho de que la decisión emitida por la contratante se basó en un proceso de discusión entre los sujetos implicados y con base en un soporte probatorio pertinente de cara a los eventos que fueron objeto de sanción. Lo expuesto con antelación demuestra con toda claridad que no tienen vocación de prosperidad los reproches de la demandante sobre la supuesta trasgresión de su derecho al debido proceso en el marco del procedimiento sancionatorio que culminó con la expedición de la Resolución 4690 de 2017. Dado que los argumentos que la parte expresó bajo el cargo denominado abuso del derecho se subsumen en los que fueron analizados en relación con el hecho ya desvirtuado de que la entidad habría negado injustificadamente la concesión de recursos, solicitudes de nulidad y el decreto de medios probatorios, esta conclusión también lo cobija.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29
CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Con la expedición de las Resoluciones 1025 del 21 de marzo y 1399 del 18 de abril de 2018 se vulneró el principio non bis in ídem?
Respuesta al problema jurídico: No
Frente a la aludida trasgresión del principio non bis in ídem, la Sala entiende que, al indicar la actora que las Resoluciones 1025 y 1399 se basaron en el mismo informe que sirvió de soporte a la Resolución 4690, lo que refiere es que fue sancionada dos veces por los mismos hechos –los referidos en el informe–. Este cargo no está llamado a prosperar, puesto que ni los hechos ni la pena que se aplicó en las Resoluciones 4690 de 2017 y 1025 y 1399 de 2018 son los mismos. (...) Lo expuesto, ratifica no solo que los supuestos que apoyaron las determinaciones enjuiciadas son distintos, sino que corrobora la diferenciación en la naturaleza de las sanciones impuestas, toda vez que la pena de que trata la Resolución 4690 de 2014 tuvo sustento en el retardo en el cumplimiento de unas prestaciones específicas durante un lapso particular, es decir, la cláusula penal moratoria, mientras que la sanción aplicada en las Resoluciones 1025 y 1399 de 2018 se basó en el análisis definitivo de la obra pactada, de la mano con el acatamiento de los demás obligaciones circundantes y conexas al logro del objeto, escenario que imponía la cláusula penal en su carácter compensatorio, ante el incumplimiento parcial pero definitivo del negocio jurídico; por consiguiente, con base en el contenido de los aludidos procedimientos sancionatorios no se concretó una trasgresión al principio del non bis in ídem. (...) Analizados los cargos que se plantearon en contra de las Resoluciones 1025 y 1399 de 2018, se concluye que la demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad que los cobija, por lo cual se negará las pretensiones de nulidad que se enderezaron en su contra.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / COMPETENCIA TEMPORAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE COMPETENCIA / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La Resolución 2425 del 13 de junio de 2018, en la que se liquidó unilateralmente el contrato, está viciada de nulidad por falta de competencia temporal?
Respuesta al problema jurídico: No
Dado que el contrato 1246 de 2014 culminó el 10 de noviembre de 2015, según consta en el acta No. 13 del 11 de ese mismo mes y año116, el término de seis (6) meses estipulados para su liquidación de mutuo acuerdo corrió a partir del 11 de noviembre de 2015 hasta el 11 de mayo de 2016 y el plazo adicional de 2 meses establecido para su finiquito unilateral transcurrió entre el 12 de mayo y el 12 de julio de 2016. Los 2 años adicionales para realizar el balance final del negocio jurídico empezaron a correr a partir del 13 de julio de 2016 y fenecieron el 13 de julio de 2018. La Resolución 2425, por medio de la cual la entidad liquidó unilateralmente el negocio jurídico se expidió el 13 de junio de 2018, es decir, cuando el IDU aún contaba con la habilitación legal para proferir una determinación en tal sentido, por lo cual se constata que no se configuró el vicio de incompetencia reseñado por la contratista.
ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se acreditó el rompimiento del equilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala no revocará en este punto la decisión del Tribunal. Es necesario precisar que la ecuación del equilibrio económico del contrato debe verificarse en consideración de las condiciones que las partes pudieron observar o anticipar al momento de la celebración del negocio jurídico, pues esa es la etapa en la que cada una de ellas evalúa la relación que debe existir entre sus prestaciones correlativas. Según esas condiciones, las partes estipulan la prestación y su remuneración, relación de equilibrio que en los términos del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, se debe mantener durante la ejecución del contrato para garantizar el cumplimiento del objeto pactado. Entendido lo anterior, resulta claro que no es posible sostener que el sinalagma del contrato se ha alterado por efecto de la cláusula penal que se hizo efectiva en contra de la contratista, en tanto se trata de un concepto que no afecta el valor estimado de las prestaciones y contraprestaciones recíprocas estipuladas entre las partes al inicio de la relación contractual, sino de una tasación anticipada de perjuicios por el incumplimiento en el que incurrió la sociedad durante su ejecución. En el mismo sentido, no es acertado aseverar que la economía del contrato pueda verse afectada en virtud de los resultados que arrojara la liquidación del negocio jurídico, pues se trata de un ejercicio destinado a establecer el balance que refleja su ejecución al momento de su finalización, que, por lo mismo, no puede impactar el costo de relación estimado entre prestaciones y contraprestaciones. De otra parte, la Sala no desconoce que la celebración de la prórroga del 30 de junio de 2015 no supone, per se, que la contratista hubiere renunciado a reclamar los mayores costos en que pudo haber incurrido en virtud de las causas que la motivaron, así como tampoco a asumir los que se hubieren podido generar por efecto del tiempo adicional pactado, los cuales, en uno y otro caso, habrían podido conducir a una alteración del equilibrio económico del contrato, siempre y cuando se estableciera que los motivos que condujeron a ello no le fueron atribuibles a la contratista. Sin embargo, se muestra innecesario abordar ese estudio, toda vez que para acceder a un reconocimiento compensatorio con origen en esas causas resultaba imprescindible que la demandante acreditara que la economía global del contrato se afectó al punto de llevarla a pérdidas, de lo cual no hay prueba, pues, como refirió el Tribunal, el dictamen que se había decretado con tales propósitos finalmente no se incorporó al plenario por desidia de la propia demandante, que no lo allegó en el término que le fue concedido para ello. (...) n virtud de todo lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en tanto, por las razones expuestas, no se procede a la declaratoria de nulidad de ninguno de los actos enjuiciados, ni a la pretensión concerniente a la alteración del equilibrio económico del contrato.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la sociedad, por haber sido vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que a este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, numeral 1, es procedente emitir una condena en costas en contra de la sociedad, comoquiera que resultó vencida en el proceso, dado que se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación. Se advierte que bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo (...) La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se rigen por el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda. Dado que el IDU contaba con un apoderado judicial para su defensa en segunda instancia de este proceso, se condenará a la demandante a pagar por este concepto el monto un (1) SMLMV a favor de aquélla, condena reducida, en atención a la prosperidad parcial de la demanda, como se explicó.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366