Titulación de la relatoría 29.092 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ENTIDAD PÚBLICA / ICBF
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición incoadas por una entidad pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 150 CPACA, modificado por el artículo 615 CGP.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 2
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 CN, art. 142 CPACA, inciso 1º del art. 2 de la Ley 678 de 2001 y arts. 1668.3 y 1670 CC).
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1437 DE 2012 - ARTÍCULO 142, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 INCISO 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1668 NUMERAL 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1670
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El término para formular el medio de control de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses para pagar la condena respectiva?
Respuesta al problema jurídico: Si
El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el artículo 164.l CPACA o a más tardar desde el vencimiento del plazo de diez meses de que trata el inciso 2º del artículo 192 CPACA, régimen jurídico del proceso en el que se impuso la condena. La demanda se interpuso en tiempo –18 de diciembre de 2020– porque el ICBF pagó la condena el 8 de abril de 2020, según da cuenta certificación de tesorería (…).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 LITERAL I, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 INCISO 2
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TITULARIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ICBF / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / SUBROGACIÓN DEL PAGO / PAGO CON SUBROGACIÓN / SUBROGACIÓN DE LAS OBLIGACIONES
Problema jurídico:
¿El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está legitimado en la causa por activa se encuentra legitimado en la causa por activa en el presente proceso de repetición, al ser la entidad pública que pagó una reparación patrimonial derivada de una sentencia judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga la obligación, en nombre del deudor, la cual puede tener origen en la ley o en el acuerdo de voluntades (arts. 1630, 1666, 1667 y 1668 CC). Por virtud de la ley o el contrato, quien pagó la obligación se subroga en todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas que tenía el antiguo acreedor contra el deudor principal, como contra terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda (art. 1670 CC). De modo que, por transmisión o traspaso de los derechos del acreedor viene a ocupar su lugar (subrogación legal o convencional), pues la deuda no se extingue y solo cambia al acreedor. El artículo 90 CN, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, establece que la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público, estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición. Se trata, pues, de un evento de subrogación legal, en virtud del cual la entidad tiene derecho a repetir lo pagado –por ministerio de la ley– contra el servidor público que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio origen a la condena contra el Estado. (…) El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está legitimado en la causa por activa, pues fue la entidad pública que pagó una reparación patrimonial derivada de una sentencia judicial. Con ocasión de este pago se subrogó en los derechos y privilegios del tercero afectado con la conducta que califica como dolosa o gravemente culposa (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la subrogación de los derechos del acreedor a un tercero que paga la obligación, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 26 de noviembre de 1935, Gaceta Judicial, Tomo XLIII, nº. 1904, p. 393.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1630, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1666, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1667, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1668, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1670
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FUNDACIÓN / FUNDACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO / CONTRATO DE ENTIDAD ESTATAL CON PARTICULARES / CONTRATISTA / CONTRATO DE APORTES DEL ICBF / CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE APORTE / FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTICULARES / PRINCIPIO DEL CONTRATISTA COLABORADOR DE LA ADMINISTRACIÓN
Problema jurídico:
¿La Fundación demandada, como particular que cumple funciones públicas, en virtud del contrato de aportes que celebró con el ICBF para administrar un programa de protección de menores, está legitimada en la causa por pasiva en el presente proceso de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conforme al artículo 2 de la Ley 678 de 2001, el medio de control de repetición también se ejercitará contra el particular que –investido de una función pública– haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. Para efectos de la acción de repetición, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas, en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales (parágrafo 1°). La Sala ha sostenido que los particulares, cuando celebran un contrato, son colaboradores del Estado. Ese criterio jurisprudencial lo hizo suyo la Ley 80 de 1993, al disponer que mediante la contratación estatal los contratistas «colaboran con las entidades estatales en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones» (art. 3). Por este motivo, la acción de repetición se ha hecho extensiva a dichos particulares para que estos respondan civilmente por las condenas impuestas en contra del Estado como consecuencia de su actuar doloso o gravemente culposo. Por su parte, una persona jurídica es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente (art. 633 CC). La Fundación Hogares Claret está legitimada en la causa por pasiva, porque celebró un contrato de aportes con el ICBF para administrar un programa de protección de menores, y los hechos que originaron la condena en contra del ICBF ocurrieron durante la ejecución de ese contrato (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los particulares que celebran un contrato como colaboradores del Estado, consultar providencia de 4 de septiembre de 1986, Exp. 1677
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 633, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3
MEDIOS DE PRUEBA / DOCUMENTO / PRUEBA DOCUMENTAL / SENTENCIA / SENTENCIA CONDENATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL
Problema jurídico:
¿Cuenta con valor probatorio la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío del 13 de febrero de 2020, que condenó a la entidad demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales. La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío del 13 de febrero de 2020, que condenó a la entidad demandante, será valorada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las providencias judiciales, consultar sentencia de 3 de octubre de 2007, Exp. 24844, C.P. Ruth Stella Corre Palacio.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEY 678 DE 2001 / PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE CULPA / PRESUNCIÓN DE DOLO
Problema jurídico:
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 22 de enero de 2014, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es la Ley 678 de 2001 que entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial nº. 44.509, el 4 de agosto de 2001. La Ley 678 de 2001, al desarrollar el inciso segundo del artículo 90 CN, reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen enteramente por ella. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y finalidades de este medio de control, sino que, al calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público, estableció unas «presunciones legales» (artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001) que admiten prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 CC. La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º encontró que estaban ajustados a la CN, pues esas «presunciones» no implican atribución inmediata de responsabilidad del demandado, al ser mecanismos procesales que buscan que la entidad pruebe el supuesto de hecho de la presunción alegada y el demandado, mediante prueba en contrario, lo desvirtúe para eximirse de responsabilidad. Para la Corte, de esta forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el debate probatorio. El artículo 243 CN dispone que los fallos que la Corte Constitucional dicte, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Una vez en firme y ejecutoriada la decisión, esta tiene fuerza vinculante, obligatoria para todos, incluidos, por supuesto, los jueces de la República.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación de los fundamentos del medio de control de repetición contenidos en la Ley 678 de 2001, consultar providencia de 12 de diciembre del 2007, Exp. 27006, C.P. Ruth Stella Corre Palacio. Acerca de las presunciones de culpa y dolo en procesos de repetición, consultar providencias de 28 de febrero de 2011, Exp. 34816, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de la Corte Constitucional, C-374 del 14 de mayo de 2002 y C-778 del 11 de septiembre de 2003.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 243, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 6
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Para la procedencia del medio de control de repetición se debe acreditar que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; la obligación reparatoria a cargo del Estado; el pago de la obligación reparatoria y; que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La procedencia de la acción de repetición requiere, a más de la condición de servidor o exservidor público, que ya fue analizada [núm. 4]: (i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los elementos de procedencia de la acción de repetición, consultar providencias de 12 de diciembre del 2007, Exp. 27006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 29 de mayo del 2014, Exp. 42183, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEY 678 DE 2001 / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUNCIÓN LEGAL / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿En casos de repetición regidos por la Ley 678 de 2001 la carga de la prueba corresponde al demandado, quien tiene el deber de atacar la presunción prevista en la Ley y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura dicha presunción?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como el régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, se aplican las «presunciones legales» previstas en los artículos 5° y 6° de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas «presunciones» inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al demandante demostrar los supuestos de hecho en los que se fundamentaba y, por tanto, acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado. Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba, una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que «presumen» el dolo o la culpa grave, el demandado tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la «presunción». De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar, si no obstante configurarse alguna de las «presunciones», el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. El juez evaluará todos los eventos que no se subsumen en los supuestos de «presunciones» previstos por el legislador.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la carga de la prueba en procesos de repetición adelantados en vigencia de la Ley 678 de 2001, consultar providencia de 29 de mayo del 2014, Exp. 40755, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
INFORME ADMINISTRATIVO POR MUERTE / INFORMES DEL CONTRATISTA / DOCUMENTO PÚBLICO / CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO / CONTENIDO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / APRECIACIÓN DEL DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Cuentan con valor probatorio los informes allegados al expediente, los cuales son documentos públicos, porque fue suscrito por el director de la fundación demandada?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 243 CGP, documento público es el otorgado por el funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Así mismo, el público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad o el desconocimiento, de conformidad con el artículo 269 CGP. El mérito probatorio de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 176 CGP. (…) Obra en el expediente copia auténtica del informe de salud rendido el 27 de enero de 2014 por el director del Centro de Atención «La Primavera» ante la Dirección del ICBF Regional Quindío. (…) Obra en el expediente copia auténtica de los informes rendidos el 29 de enero de 2014 por el director del Centro de Atención «La Primavera» ante la Defensoría del Pueblo Regional del Quindío y ante la Procuraduría Judicial II de Armenia. (…) Estos informes son documentos públicos, pues lo suscribió el director de la fundación demandada, que era contratista del Estado y, para efectos de la acción de repetición, ejercía funciones públicas (…). Se presumen auténticos porque no se tacharon de falsos ni se desconocieron. Su contenido da cuenta del estado de salud del menor y del servicio médico prestado, y es coincidente con la historia (…).
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 176, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 243, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 269
TESTIMONIO / PRUEBA TESTIMONIAL / TESTIGO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO
Problema jurídico:
¿Aunque los testimonios que provienen de personas que tenían un vínculo de cercanía o contractual con las partes resultan sospechosos, no pueden desecharse de plano por el juez, sino que deben ser valorados con especial severidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada caso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como (…) [el testigo] atendió al paciente y fue dependiente de la demandada, es un testigo cuya imparcialidad o credibilidad puede verse afectada, en los términos del artículo 211 CGP. Esta norma prevé que el juez analizará estos testimonios de acuerdo con las circunstancias de cada caso. El relato del testigo sobre los síntomas (…) [del menor] fue claro, preciso y detallado. No se aprecian inconsistencias, ni lagunas en su versión que, además, es coincidente con la historia (…). Como (…) [el testigo] era el coordinador operativo del centro en el que estaba interno el menor y trabajaba para la demandada, también es un testigo cuya imparcialidad o credibilidad puede verse afectada, en los términos del artículo 211 CGP. Aunque tiene una relación de dependencia con una de las partes, su relato es responsivo, preciso y detallado. No se aprecian inconsistencias y su versión sobre el estado de salud (…) [del menor] es verosímil y coincidente con la historia clínica (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de los testimonios sospechosos, consultar providencias de 28 de febrero de 2011, Exp. 20262, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 211
SENTENCIA / SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SENTENCIA CONDENATORIA / SENTENCIA ADMINISTRATIVA / ALCANCE DE LA SENTENCIA / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / VALOR VINCULANTE DE LA SENTENCIA / FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD POR FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / PRESUNCIÓN LEGAL / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / COSA JUZGADA / INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EFECTOS DE LA SENTENCIA / EFECTOS DEL FALLO / AUTONOMÍA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Problema jurídico:
¿La condena en contra de la entidad demandante basada en la falla del servicio es, por sí misma, suficiente para la procedencia del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
Las sentencias del proceso contencioso administrativo se convierten, por mandato de la ley, en piezas procesales determinantes para establecer la responsabilidad patrimonial del exservidor público, sin perjuicio de que el agente aporte medios de prueba tendientes a desvirtuar la «presunción legal». En efecto, la condena en contra de la entidad basada en la falla del servicio [culpa de la Administración], título subjetivo de imputación por excelencia, no es, por sí misma, suficiente para la procedencia de la acción de repetición. No basta con insistir en el incumplimiento del deber legal, cuya desatención fue el motivo de la condena. En cada caso, el exfuncionario demandado puede desvirtuar la presunción de culpa, lo que involucra un juicio de valor de su conducta. Y el juez de la acción de repetición deberá valorar si la desatención de los deberes funcionales del servidor público fue de tal magnitud –culpa grave– que lo obligue a restituir al Estado la condena en su contra. Ello no desconoce los efectos de cosa juzgada de la sentencia condenatoria, pues la cosa juzgada exige identidad entre las partes. Este elemento no se reúne pues en el proceso repetición son partes el servidor público y el Estado, en tanto que, en la reparación directa –en que se pretende la indemnización de los perjuicios causados por falla del servicio [culpa de la Administración]– son partes el Estado y la víctima del daño.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la sentencia condenatoria como presunción legal de culpa en proceso de repetición, consultar providencia de 29 de mayo del 2014, Exp. 40755, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Acerca de la excepción de cosa juzgada, consultar providencia de 19 de agosto de 2009, Exp. 34606, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / FUNDACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO / CONTRATO DE APORTES DEL ICBF / MUERTE DE MENOR DE EDAD / CENTRO DE REHABILITACIÓN / REHABILITACIÓN DEL MENOR DE EDAD / FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD POR FALLA DEL SERVICIO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / FALTA DE CULPA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿La fundación demandada desvirtuó la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, en un centro de rehabilitación de menores?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda imputó culpa grave a la Fundación Hogares Claret, porque los médicos de esa institución no adoptaron las medidas necesarias para diagnosticar y tratar oportunamente la enfermedad del [menor] (…), que tenía síntomas de dengue y murió por esa enfermedad. Según la demanda, los médicos no tuvieron en cuenta los síntomas, ni hicieron seguimiento a la enfermedad para observar cambios o signos diferenciales. (…) Según las pruebas, el menor (…) estaba internado en un centro de atención especializada de la Fundación Hogares Claret y el 22 de enero de 2014 solicitó atención médica, tenía fiebre de 38 grados y síntomas en la faringe, amígdalas y ganglios cervicales. El médico diagnosticó faringo amigdalitis aguda y ordenó tratamiento. Los días siguientes, su estado de salud no cambió, el personal del centro no informó novedades y (…) [el menor] participó en las actividades con los demás menores del centro. El 26 de enero de 2014, el educador a cargo del pabellón en el que estaba (…) reportó una novedad en su estado de salud, pues lo encontraron débil y activaron la ruta de salud para atenderlo. Lo trasladaron a la ESE San Vicente de Montenegro y de ahí lo remitieron al Hospital San Juan de Dios. En el segundo hospital murió por choque hipovolémico con «sospecha de dengue grave». Según las pruebas, (…) no tenía síntomas característicos del dengue, ni había «criterios epidemiológicos» que permitieran a los médicos diagnosticar esa enfermedad desde el 22 de enero; y cuando sus síntomas empeoraron, fue remitido a una unidad de cuidados intensivos. Aunque la sentencia de reparación directa del Tribunal condenó a la entidad demandante por falla del servicio, en este proceso, la demandada desvirtuó la presunción de culpa grave (art. 6.1 Ley 678 de 2001), pues acreditó, según las pruebas, que el daño no fue consecuencia de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En efecto, el Tribunal estimó –en la sentencia de reparación directa– que los médicos no le hicieron seguimiento a la «faringo amigdalitis aguda» diagnosticada (…) el 22 de enero de 2014, y trataron su enfermedad como infección respiratoria, aunque tenía «síntomas sugestivos de fiebre del dengue». Sin embargo, conforme a las pruebas de este proceso, no se acreditó que los médicos y cuidadores de la fundación demandada desconocieron la práctica médica al no diagnosticar dengue clásico. Según las pruebas, no existían criterios clínicos –síntomas– ni epidemiológicos –casos previos en la fundación– que permitieran identificar la presencia del dengue desde el 22 de enero de 2014. Tampoco se probó que entre 22 y el 26 de enero de 2014, el paciente desmejoró su estado de salud o tuvo cambios en sus síntomas que permitieran ese diagnóstico, o que requirieran atención médica. Después del 22 de enero de 2014, el menor participó de sus actividades cotidianas y solo hasta el 26 de enero de 2014 –en la madrugada– se observaron y reportaron los cambios en su estado general y se activó la ruta de salud, de acuerdo con las pruebas. Como la parte demandada desvirtuó la presunción de culpa grave por inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la Sala confirmará la sentencia apelada.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. El artículo 365.1 CGP, norma vigente para la época en que se interpuso la demanda, ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. De conformidad con el artículo 366.4 CGP y en los términos del Acuerdo nº. 10554 de 2016, las agencias en derecho se tasarán en un SMLMV a favor de la parte demandada, en atención a la naturaleza del proceso y la calidad y duración de la gestión ejecutada por el apoderado.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366