⚠
Atención: tienes 1 filtro marcado
Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Consejo de Estado
Providencia
Los impedimentos se encuentran instituidos en nuestra legislación como garantía de la imparcialidad
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento
2025-03-10
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 08001233300020200012402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los impedimentos se encuentran instituidos en nuestra legislación como garantía de la imparcialidad que deben tener los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor, garantizándose de esta forma la objetividad y legitimidad de sus decisiones, mediante causales que son de carácter excepcional y taxativa? Sí
Las causales de impedimento y recusación son taxativas y de interpretación restrictiva, pues no pueden extenderse a motivos distintos de los que la ley expresamente señala. Estas causales, previstas en el artículo 141 del Código General del Proceso y en el artículo 130 del CPACA, buscan garantizar la imparcialidad y objetividad de las decisiones. El juez debe apartarse del conocimiento del proceso cuando su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, sea servidor público de nivel directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurren al proceso como parte o como tercero interesado, según el numeral 3 del artículo 130 del CPACA. En el caso concreto, la cónyuge del juez ejercía el cargo de procuradora judicial y actuaba como agente del Ministerio Público, cuyo nivel funcional se equipara al directivo de la entidad que concurría al proceso, y el impedimento fue declarado fundado. Como consecuencia práctica, el juez debe examinar si el vínculo de su familiar encuadra en una causal taxativa antes de conocer del asunto.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe separarse del conocimiento del proceso al consejero cuya cónyuge ejerce el
FUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
Luego no puede pasar por alto, en esas condiciones, la ausencia de este agente especial.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 44001234000020220001801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Dados los antecedes que rodean el caso concreto, debe revocarse el auto mediante el cual el Tribunal Administrativo de la Guajira no aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes, con el ánimo de lograr la participación de la Procuraduría General de la Nación a través de su delegado para el Despacho que conoció la primera instancia y revestir el asunto de legalidad, legitimidad y garantías para el ejercicio de la revisión de la conciliación judicial que se somete a estudio y, con ello, de la protección del erario y la preservación del ordenamiento jurídico? Sí
El contratista debe solicitar la intervención del Ministerio Público en la conciliación judicial para garantizar la legalidad, legitimidad y protección del erario, ya que este órgano es crucial para determinar si la conciliación cumple con los requisitos legales y constitucionales y no resulta lesiva para el patrimonio público. En este caso, la Procuraduría General de la Nación no tuvo la oportunidad de conocer el acuerdo final de conciliación, lo que implica una falta de garantías para el ejercicio de la revisión de la conciliación judicial. La Sala revoca el auto que no aprobó el acuerdo conciliatorio, devolviendo el asunto al Tribunal Administrativo de la Guajira para que comunique al Procurador 154 Judicial II para Asuntos Administrativos la fórmula conciliatoria lograda y este, a partir de los antecedentes del caso y la fórmula lograda, conceptúe y defina si el asunto es conciliable y cumple con los requisitos legales. Esta decisión implica que en casos similares, la participación del Ministerio Público es esencial para garantizar la legalidad y la protección del patrimonio público en la conciliación judicial.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El Despacho revocará el auto dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2022-09-06
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 85001233300020190012301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentran satisfechos los requisitos para que proceda el decreto de la medida cautelar solicitada? No
El contratista no cumple con los requisitos para obtener una medida cautelar de suspensión provisional, ya que no acredita un perjuicio irremediable ni la existencia de un menoscabo material que justifique la cautela, según el concepto del Ministerio Público. La entidad estatal, por su parte, puede efectuar pagos al contratista con recursos propios y no afecta la normativa legal o constitucional, siempre y cuando no se utilicen fondos del Sistema General de Regalías. Además, los gastos de funcionamiento quedan fuera de la destinación que los departamentos pueden dar a los recursos de las regalías, según la sentencia C-579 de 2001 de la Corte Constitucional. Por último, el Ministerio Público cumple con la carga de argumentación para interponer la demanda y solicitar la medida cautelar, en virtud de su facultad para defender el orden jurídico.síntesis automática
También resuelve:
¿El demandado Instituto Financiero de Casanare, podría efectuar el pago al contratista sin perjudicar su patrimonio o ir en contra de alguna normatividad legal o constitucional?
¿Los gastos de funcionamiento quedaron por fuera de la destinación que los departamentos podrían dar a los recursos de las regalías?
¿La parte demandante cumplió con la carga de argumentación en relación con las razones de impetrar la demanda y requerir la cautela?
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de repetición: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020140102501
LEY 1437 REPETICION
¿El médico tratante, en condición de médico de la ESE Hospital Hilario Lugo de Sasaima, incurrió en una conducta gravemente culposa por la atención que le suministró el once (11) de junio de dos mil tres (2003) a [la víctima], en la que a pesar del seguimiento y asistencia clínica brindada, falleció a causa de choque séptico y falla renal? No
La condena al Estado por falla del servicio médico no basta para atribuir al médico una conducta gravemente culposa, y que la culpa grave debe demostrarse respecto de la actuación concreta de cada profesional en la atención. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las sentencias declarativas de responsabilidad no comprometieron directamente al médico, porque situaron la falla en la fase inicial de la consulta y no en la intervención del galeno. Segunda, la historia clínica muestra que el médico actuó en la fase final de la atención, y el demandante no justificó con razones fácticas y científicas una actuación gravemente culposa en el período en que intervino. Tercera, la carga de probar el dolo o la culpa grave correspondía a la entidad demandante, que además desistió de la prueba técnica en que se fundó la condena. La providencia modifica la sentencia apelada y exonera al médico de la responsabilidad. La consecuencia práctica es que la pertenencia a un equipo médico no basta para imputar culpa grave a cada integrante sin distinguir la conducta de cada uno.síntesis automática
También resuelve:
¿El proyecto fue discutido y aprobado por Sala dual, dado que se aprobó la manifestación de impedimento del doctor Nicolás Yepes Corrales?
¿La competencia funcional del juzgador de segunda instancia se circunscribe a los argumentos expuestos por el recurrente en contra de la decisión que se hubiera adoptado en primera instancia?
¿La acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años contados a partir del día siguiente a aquel en el que el organismo hubiera pagado la condena o, a más tardar…
MODIFICA