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¿Cuál es la pauta del conteo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales relacionadas con contrato de concesión? Sí
El contratista no pierde la acción de controversias contractuales por caducidad si la demanda se presenta conforme al criterio de conteo del término que ha acogido la Sala, incluso si la norma aplicable al momento de celebrar el contrato ha sido derogada o modificada posteriormente. La entidad estatal no puede negar la acción de controversias contractuales basándose en normas posteriores a la celebración del contrato que restrinjan o prohíban la actividad objeto del contrato, siempre y cuando al momento de la celebración no se contravinieran las normas vigentes. Además, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte vencida cuando en el proceso se ventile un interés público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del CPACA. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, proporcionando mayor claridad sobre el cómputo del término de caducidad y la condena en costas en procesos de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la normativa que debe regir para un contrato estatal cuando con posterioridad a su celebración se expide una que restringe o prohíbe la actividad?¿Cuál es el criterio de procedencia de la condena en costas en asunto regido por el CPACA cuando se ventila interés público?
¿La ausencia de salvedades en las convenciones que las partes suscribieron para suspender o prorrogar el plazo del contrato, releva al juez del estudio de fondo de la reclamación? No
La ausencia de salvedades en los acuerdos que suspenden o prorrogan el plazo del contrato no releva al juez del estudio de fondo de la reclamación, ni implica que el contratista la haya aceptado. La regla se apoya en tres razones. Primera, el juez debe analizar el motivo que llevó a suscribir el acuerdo modificatorio, como el incumplimiento de obligaciones o la materialización de riesgos asumidos por una parte. Segunda, debe contrastar el contenido de los arreglos con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y con el objeto de estas, en atención a la unidad económica y financiera del contrato. Tercera, no es exigible al contratista expresar reparos sobre un asunto que el pacto modificatorio no regulaba ni que fue objeto de negociación previa. En el caso, las adiciones previas no trataron los descuentos del acta, por lo que no era exigible la manifestación de reparo al suscribir la adición posterior. El documento reitera el criterio de la sentencia citada en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿Le era exigible a Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. la expresión de manifestación alguna al suscribir la adición 3 sobre los descuentos incluidos en el acta 7?¿Es contrario al principio de buena fe que las partes procedan a realizar reclamaciones económicas con posterioridad a la firma del pacto modificatorio…¿La pretensión formulada por la actora en torno al reconocimiento de los ítems 2.20, 3.10 y 3.80, resulta improcedente porque desconoce el contenido del acuerdo que suscribió?
¿Cuál es el régimen normativo aplicable a los contratos celebrados por Ecopetrol? Sí
El contratista no está sujeto al régimen normativo de contratación estatal cuando celebra contratos con Ecopetrol, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que las actuaciones de Ecopetrol se rigen exclusivamente por el derecho privado, descartando la posibilidad de pactar cláusulas excepcionales y la competencia para expedir actos administrativos. Por ende, las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidos por Ecopetrol no son considerados actos administrativos, por lo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tiene competencia para pronunciarse sobre su validez. Además, en contratos regidos por el derecho privado celebrados por Ecopetrol, la entidad debe acreditar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato unilateralmente, lo cual no se cumplió en el caso analizado. Asimismo, la carga probatoria de demostrar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato recae sobre Ecopetrol, evidencia que no fue aportada en el proceso. Este precedente reitera y matiza la aplicación del régimen contractual de Ecopetrol, limitando la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y estableciendo las cargas probatorias en contratos privados celebrados por la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidas por Ecopetrol SA llamados a producir efectos jurídicos, son actos administrativos?¿En el contrato que se rige por el derecho privado celebrado por Ecopetrol, quién tiene la carga procesal de demostrar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato…¿A quién le corresponde probar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato?
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de enero de 2001, por cuanto la cu antía fue estimada razonadamente por la demandante en $150’000.000.oo. Para la época de interposición de la demanda, eran sus ceptibles de acceder a la segunda instancia los procesos promovidos en ej ercicio de la acción contractual cuya cuantía excediera l a suma de $9’610.000.oo 2, monto que, como se puede observar, se encuentra ampliamente superado. Por otra pa rte, es de anotar q ue el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los…
También resuelve:Acción de controversias contractuales: incumplimiento contractual, caducidad, terminoNormatividad del contrato de promesa de compraventa: naturaleza jurídica del contratoElementos del contrato de compraventa: obligaciones, partes, contrato de promesa
¿Cómo se determina la normatividad aplicable para resolver la controversia contractual? Sí
El contratista debe determinar la normatividad aplicable para resolver controversias contractuales en base al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es decir, principalmente la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, y no por comportamientos antijurídicos de las partes, sino por desequilibrios financieros causados por el ius variandi del ente contratante, hechos del príncipe o hechos imprevisibles e irresistibles. La entidad estatal está sometida a esta normatividad y la administración puede valorar documentos presentados en copia simple si estos no fueron tachados ni su validez fue cuestionada durante el proceso, garantizando así el principio de buena fe y el derecho sustancial. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver controversias contractuales por incumplimiento del contrato se determina por la cuantía de las pretensiones, y el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación se contabiliza desde la firma del acta de liquidación bilateral. Este precedente reitera la jurisprudencia sobre la aplicación de la normatividad contractual y la valoración de documentos en copia simple, y establece claramente los criterios para la competencia y el cómputo del término de caducidad en controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para que se puedan valorar los documentos allegados al proceso en copia simple?¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia en segunda instancia del Consejo de Estado para resolver controversias contractuales por incumplimiento del contrato?¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato requiere liquidación?
¿La contraprestación económica proveniente de los contratos que se suscriban con el objeto de explotación de recursos naturales no renovables, se gobierna por las normas vigentes sobre la materia, consideración que atañe a los contratos para la producción de hidrocarburos? Sí
El contratista no puede establecer mediante acuerdo contractual un sistema diferente para la liquidación y pago de las regalías en contratos para la explotación de recursos naturales no renovables, incluyendo hidrocarburos, ya que la Constitución en su artículo 360 establece que las condiciones para la explotación de estos recursos deben ser fijadas por la ley. Además, la modificación del régimen de regalías por la Ley 508 de 1999, que estableció un porcentaje entre el 5% y el 25% de la producción del campo, fue reconocida por las partes en un otrosí, lo que no constituye causa de nulidad y se ajusta a la normatividad vigente. Esta regla reitera y confirma la importancia de la reserva legal en la materia, impidiendo que las partes pacten condiciones que contravengan la ley, y garantiza que las regalías se liquiden conforme a la normativa aplicable en el momento de la explotación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad de una cláusula contractual que acuerda ajustar las regalías del contrato a la normatividad vigente sobre la explotación de hidrocarburos?
¿Los actos administrativos demandados dieron por terminado unilateralmente el contrato, por lo que debe entenderse que la entidad estatal ejerció la facultad de terminación unilateral prevista en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993? No
El contratista no puede impugnar la terminación del contrato por vencimiento del plazo pactado, ya que los actos administrativos de Corpoguarjira indican que el contrato finalizó por el vencimiento del plazo de ejecución, no por una terminación unilateral, y el plazo inicial de 16 meses, prorrogado por nueve meses más, había expirado antes de la fecha de expedición de dichos actos. Además, el contrato celebrado entre Corpoguarjira y Acuavalle, a pesar de ser denominado convenio interadministrativo, es en realidad un contrato interadministrativo de obra sometido al estatuto general de contratación estatal, por lo que Corpoguarjira tiene competencia para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal mediante actos administrativos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que permite a las entidades declarar el incumplimiento del contrato luego de su terminación y hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando dicha facultad haya sido pactada en el contrato, como en este caso. Esto implica que la entidad estatal puede adoptar decisiones contractuales en conformidad con el régimen jurídico aplicable a los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato administrativo suscrito entre las partes, al ser un contrato cuyo régimen jurídico no era el derecho privado sino el contemplado en el estatuto general de la contratación estatal…
¿Los contratos celebrados por la entidad contratante, esto es, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? No
La entidad contratante –Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP– es una empresa de servicios públicos y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 los contratos celebrados por esta no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
También resuelve:¿Caducó el medio de control de controversias contractuales en el caso sub lite, considerando que, el contrato requería ser liquidado…¿En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, resulta procedente la condena en costas, considerando que ninguno de los recursos de apelación presentados prosperó?
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ?¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol?¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
¿En el marco de un contrato de concesión minera, cuándo procede la imposición de multa por incumplimiento contractual en la etapa de explotación? Sí
Se concluye que, en tanto la decisión impositiva de la multa, como aquella que al resolver el recurso de reposición la confirmó, se expidieron el 20 de junio de 2016 y el 23 de diciembre de 2016, respectivamente, se colige que fueron expedidas en el transcurso de la etapa de explotación.
También resuelve:¿Cuáles son los parámetros para la imposición y tasación de la multa por incumplimiento contractual en el contrato de concesión minera?¿Cuál es la competencia para la resolver los conflictos por la nulidad del acto administrativo contractual de imposición de multa por incumplimiento contractual de contrato de concesión minera?¿Cómo es el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se discuta la nulidad del acto administrativo contractual de imposición de multa por…
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato?¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
¿Aunque las prórrogas automáticas en los contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por regla general son invalidas, en algunas ocasiones el ordenamiento jurídico permite incluirlas, por lo que, para la declaratoria de nulidad debe realizarse un análisis del caso y, en particular, del contrato? Sí
El contratista no puede incluir cláusulas de prórroga automática en contratos estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya que estas violan principios fundamentales como la libre competencia económica, la transparencia y la selección objetiva. Sin embargo, la nulidad de estas cláusulas debe evaluarse en función del caso específico y del contrato en cuestión, permitiendo excepciones en circunstancias particulares. La regla general es que las prórrogas automáticas son nulas, pero la jurisprudencia ha matizado esta posición para permitir un análisis contextual que pueda justificar su validez en casos puntuales, lo que implica que los jueces deben considerar cuidadosamente cada situación antes de declarar la nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la declaratoria de nulidad parcial por objeto ilícito, de la cláusula del contrato de prestación de servicio que incluye la prórroga automática del mismo…¿Dada la nulidad de la cláusula del contrato de prestación de servicios en lo relativo a la prórroga automática, resulta procedente el decreto de la caducidad del medio de control…¿Resulta improcedente el decreto de las restituciones mutuas a favor del demandante, teniendo en cuenta que el contrato fue válido y solamente se declaró la nulidad de una de sus cláusulas?
¿El contrato de consultoría suscrito por FONADE se encuentra exceptuado de la aplicación del estatuto de contratación estatal, por corresponder al giro ordinario de su objeto social, y en consecuencia, no son aplicables al caso los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 sobre el mantenimiento del equilibrio financiero del contrato ni los artículos 3, 4, 24, 25 y 28 de ese mismo ordenamiento invocado por la parte apelante en su recurso? Sí
El contratista no tiene derecho a reclamar sobrecostos ni a considerar que la entidad estatal incumplió el contrato cuando existen diferencias entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, dado que el contrato se pactó a precio global y abarcaba todos los costos directos e indirectos relacionados con la realización de los diseños. La entidad contaba con anteproyectos que estimaban una posible área a diseñar, pero el resultado preciso solo se determinaría con los diseños definitivos, por lo que no se acreditó que la parte contratante desconociera la extensión y alcance de lo pactado. Además, aunque se realizaron modificaciones en la acomodación de la población carcelaria dentro del grupo 1, la ocupación estimada de cada centro penitenciario se mantuvo inalterada, lo que implica que el contrato no se pactó a precios unitarios por metro cuadrado de diseño. Esta regla reitera la jurisprudencia sobre la interpretación de contratos a precio global en proyectos de infraestructura, limitando las reclamaciones de sobrecostos basadas en diferencias de área en diseños finales.síntesis automática
También resuelve:¿El solo hecho de existir diferencia entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, otorga derecho al contratista a reclamar sobrecostos y constituye incumplimiento de la demandada…¿Procede el reconocimiento de sobrecostos derivados de la variación de la fuente hídrica para el Centro Carcelario y Penitenciario de Puerto Triunfo…¿Procede el reconocimiento al contratista de sobrecostos derivados de la supuesta exigencia de FONADE de ejecutar trabajos no previstos en el contrato?
¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales para reclamar sobre un desequilibrio económico en un contrato estatal terminado y liquidado, ya que la excesiva onerosidad sobrevenida solo aplica a prestaciones futuras y no a situaciones pasadas, y el principio de no ir contra los actos propios prohíbe que las partes reviertan acuerdos ya cumplidos. La Sala reitera que la caducidad del medio de control inicia el día siguiente a la firma del acta de liquidación bilateral, lo que permite que la demanda sea presentada oportunamente si se ajusta a este plazo. En contratos financiados por entidades internacionales, como el Banco Mundial, las disposiciones sobre equilibrio económico no son aplicables debido al régimen especial del contrato, por lo que reclamaciones basadas en desequilibrio financiero deben ser rechazadas.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable la figura del desequilibrio económico dado el régimen especial del contrato al haber sido celebrado por una empresa de servicios públicos y financiado por el Banco Mundial?¿La excesiva onerosidad sobrevenida pretende remover a futuro las dificultades que se le presenten a una de las partes de un contrato durante su ejecución…¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…
¿El contrato para la introducción y comercialización de licores, celebrado entre el departamento de Valle del Cauca y la sociedad demandante, estaba regido por la Ley 80 de 1993 y debió haber estado precedido de un procedimiento licitatorio para la selección del contratista? Sí
Cuando el departamento celebra contratos para la introducción y comercialización de licores en desarrollo del monopolio de arbitrio rentístico, esos contratos están regidos por la Ley 80 de 1993 y la selección del contratista debe hacerse por un procedimiento competitivo, como la licitación pública. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 63 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 123 del Decreto 1222 de 1986 permiten celebrar esos negocios dentro de las normas de contratación vigentes. Segunda, el Consejo de Estado ha concluido que, desde la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, el departamento debe ceñirse a esa ley, al no existir un régimen especial para la selección de los contratistas. Tercera, a falta de una regla específica, la modalidad de selección de contratistas particulares por parte del departamento era la licitación. En consecuencia, la providencia revoca la decisión que había considerado el contrato regido por el derecho privado. El documento reitera esa línea sobre el régimen de estos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos demandados mediante los cuales se declaró la terminación unilateral del contrato, al haberse celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional por la pretermisión…¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato para la introducción y¿En vigencia del C.P.A.C.A. y del Código General del Proceso, resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte a quien se le resuelve parcialmente favorable el recurso de…
¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera? Sí
La Subsección observa que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera, especialmente, si este se superpone con áreas de especial protección ambiental ubicadas en el área de su competencia territorial.
También resuelve:¿En virtud del deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica, el Estado se encuentra facultado para excluir las actividades de exploración y explotación minera en las áreas de…¿Las disposiciones generales sobre contratos estatales son aplicables a la formulación y trámite de las propuestas de concesión minera, su suscripción, perfeccionamiento, validez…¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone con la reservas forestales de la Laguna…
¿El asunto a resolver por el juez de segunda instancia recae sobre la procedencia de la suspensión o terminación del contrato de prestación de servicios de datos sin la autorización de la Comisión de Regulación de Comunicaciones? Sí
El contratista no puede suspender o terminar unilateralmente un contrato de prestación de servicios de datos sin la autorización previa de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ya que dicha entidad tiene la facultad de regular y autorizar las desconexiones de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, conforme a la Resolución CRC 3101 de 2011. En este caso, la entidad estatal y el contratista interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, argumentando que el contrato de prestación de servicios de datos no constituía una relación de acceso regulada por la CRC y que la Resolución no prohíbe la terminación del contrato por vencimiento del plazo. Sin embargo, la Sala estableció que el contrato en cuestión estaba sujeto a la Resolución CRC 3101 de 2011, lo que implica que la desconexión o terminación del contrato requería la autorización de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, reforzando la necesidad de que las partes consulten a la CRC antes de tomar decisiones que afecten la prestación de servicios de telecomunicaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Dentro de las competencias asignadas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones está la de autorizar la desconexión de los proveedores de redes y servicios y dictar las medidas previas que se…¿Al contrato de prestación de servicios de datos suscrito entre Avantel y Colombia Móvil le eran aplicables las disposiciones contenidas en la Resolución CRC 3101 de 2011?¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de Colombia Móvil al proceder con la desconexión del acceso a la red cuando el plazo del contrato se encontraba vigente y sin esperar que Avantel…
¿Desde cuándo se contabiliza el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando ya hay liquidación bilateral y no hay discusión sobre esta, sino, discusión por incumplimiento en la ejecución del contrato? Sí
El contratista debe calcular el término de caducidad de la acción de controversias contractuales a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, no desde la firma de la liquidación bilateral del contrato, siempre y cuando en la liquidación no se hayan configurado ya los motivos de inconformidad que motivan la formulación de la demanda. En este caso, la Sala determinó que el incumplimiento que dio lugar a la controversia no se originó desde la firma de la liquidación del contrato, sino desde cuando se incumplieron las obligaciones sujetas a las condiciones o plazos pactados en la cláusula novena del acta de terminación y liquidación del contrato. Esto implica que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse desde la fecha en que se configuraron los incumplimientos, no desde la fecha de la liquidación, a menos que en la liquidación se hayan establecido claramus específicas sobre el cómputo del término de caducidad que no vulneren normas legales.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la normatividad aplicable para dirimir el conflicto por incumplimiento contractual en un contrato firmado por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, que por su naturaleza el pública?¿Cuál es la norma aplicable al contrato realizado por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, que ejerce una actividad que constituye un monopolio estatal…¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos de tracto sucesivo que requiere liquidación?
¿Los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista no incluye la cláusula de reversión en contratos de concesión de servicios públicos, ya que estos no implican la explotación de bienes del Estado, sino la prestación de un servicio en un área de servicio exclusivo. Según el artículo 32 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, la cláusula de reversión se aplica a la concesión de bienes, no a servicios públicos. En este caso, el contrato celebrado por la entidad territorial con Atesa para la prestación del servicio público de aseo no contempla la reversión, ya que la prestación del servicio no es monopolística y puede ser realizada por cualquier operador en un sistema de libre mercado. La entidad contratante debe evaluar la conveniencia de incluir la cláusula de reversión en función del valor presente neto del contrato, considerando que la prestación del servicio no implica la explotación de bienes estatales. La Sala reitera que la cláusula de reversión no es aplicable en contratos de concesión de servicios públicos, lo que implica que el contratista no está obligado a incluirla en dichos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato de concesión del servicio público de aseo se debe tener por incluida la cláusula de reversión?¿La amortización de sumas de dinero en el contrato debe ser expresamente pactada?¿La cláusula de reversión es de la esencia de todos los contratos de concesión?
¿El recurso de apelación determina el marco de competencia del juez de segunda instancia cuando hay apelante único? Sí
El juez de segunda instancia debe limitar su competencia al marco establecido por el recurso de apelación presentado por el apelante único, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, que reitera la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado. En el caso de controversias contractuales, la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para resolver disputas sobre la legalidad de actos administrativos contractuales que imponen multas en contratos de concesión, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. El cómputo del término de caducidad para acciones de controversias contractuales se inicia desde la fecha en que el acto administrativo demandado cobró firmeza, como lo establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. Para contratos de concesión celebrados por entidades del Estado, la normativa aplicable es la del Estatuto General de Contratación y la normatividad específica del servicio público de transporte masivo de pasajeros, según la naturaleza y composición accionaria de la entidad concesionaria.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente la jurisdicción contenciosa administrativa para resolver la controversia por la declaración de nulidad del acto administrativo contractual que impone multa en el marco de un contrato…¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando en la demanda se solicita la declaración de nulidad del acto administrativo contractual que…¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al contrato de concesión suscrito por una Empresa Industrial y Comercial del Estado (“EICE”) que tiene por objeto el transporte público masivo de pasajeros?