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CONFLICTO DE INTERESES

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Consejo de Estado Providencia

La jurisdicción contenciosa administrativa es competente para adelantar el proceso de pérdida de investidura y restringir derechos políticos de servidores públicos.

Sentencia — Sentencia 2026-10-08 Sección Primera CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Rad. 85001233300020240006301 LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve: ¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso… ¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El medio de control de pérdida de investidura se encuentra acorde con el artículo 23

Sentencia — Sentencia 2026-02-05 Sección Primera GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Rad. 85001233300020240010501 LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos. No
El contratista no puede apelar la decisión de un juez contencioso administrativo que declara la pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses, argumentando que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos. La Sala establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los jueces, independientemente de su especialidad, limitar los derechos políticos siempre que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. La pérdida de investidura es un medio de control autónomo que no debe adecuarse al régimen penal, ya que tiene características propias y se basa en causales establecidas en la ley. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los concejales, sin necesidad de adecuar el juicio a un hecho punible.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado

Sentencia — Sentencia 2026-08-24 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020160077002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Pueden las entidades estatales sometidas a un régimen contractual de derecho privado, como Ecopetrol S.A., pactar cláusulas de terminación y liquidación unilateral de los contratos, sin que su ejercicio constituya el uso de potestades excepcionales de la administración ni dé lugar a la expedición de actos administrativos? Sí
Una entidad estatal sometida por ley especial a un régimen exclusivamente privado puede pactar en el contrato cláusulas de terminación y liquidación unilaterales a su favor, pero el ejercicio de esas cláusulas no constituye el uso de potestades excepcionales de la administración y no da lugar a la expedición de actos administrativos. La regla se sostiene en tres razones: la ley especial regula en forma exclusiva el régimen jurídico de la entidad y descarta la aplicación de las potestades exorbitantes del Estatuto General de Contratación; la autonomía de la voluntad permite a las partes acordar esas decisiones unilaterales como estipulaciones contractuales; y la decisión unilateral genera actos contractuales y no actos administrativos, sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que impone los principios de la función administrativa. En consecuencia, la terminación y la liquidación unilaterales se producen por la vía contractual. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal sometido al derecho privado cuando se acredita, mediante prueba indiciaria… ¿Procede condenar en costas a la parte demandante cuando se revoca integralmente la sentencia de primera instancia y aquella resulta vencida en el proceso?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020140047601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es el régimen normativo aplicable a los contratos celebrados por Ecopetrol? Sí
El contratista no está sujeto al régimen normativo de contratación estatal cuando celebra contratos con Ecopetrol, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que las actuaciones de Ecopetrol se rigen exclusivamente por el derecho privado, descartando la posibilidad de pactar cláusulas excepcionales y la competencia para expedir actos administrativos. Por ende, las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidos por Ecopetrol no son considerados actos administrativos, por lo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tiene competencia para pronunciarse sobre su validez. Además, en contratos regidos por el derecho privado celebrados por Ecopetrol, la entidad debe acreditar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato unilateralmente, lo cual no se cumplió en el caso analizado. Asimismo, la carga probatoria de demostrar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato recae sobre Ecopetrol, evidencia que no fue aportada en el proceso. Este precedente reitera y matiza la aplicación del régimen contractual de Ecopetrol, limitando la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y estableciendo las cargas probatorias en contratos privados celebrados por la entidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidas por Ecopetrol SA llamados a producir efectos jurídicos, son actos administrativos? ¿En el contrato que se rige por el derecho privado celebrado por Ecopetrol, quién tiene la carga procesal de demostrar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato… ¿A quién le corresponde probar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato?
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Inhabilidades e incompatibilidades: no existe restricción de orden legal o reglamentario

C-056 de 2026 2026-02-27
¿Existe alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para que una persona natural de forma simultánea pueda suscribir un contrato de prestación de servicios con una entidad y con una Entidad Sin Ánimo de Lucro – en adelante ESAL cuando esta última ha suscrito un convenio de asociación con la entidad estatal?
La postura es que no existe inhabilidad, incompatibilidad ni impedimento para que una persona natural suscriba simultáneamente un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal y con una entidad sin ánimo de lucro que haya celebrado un convenio de asociación con esa misma entidad. El concepto sostiene que las inhabilidades son restricciones que deben interpretarse de forma restrictiva porque solo pueden tipificarse en la ley o en la Constitución, y que las causales previstas en la Constitución y en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 no prohíben que una misma persona preste servicios profesionales en dos entidades mediante contratos distintos y concomitantes. Esta conclusión se mantiene incluso cuando una de esas entidades ejerce funciones de vigilancia y control sobre la otra o existe entre ellas una relación legal o contractual. El texto aclara, sin embargo, que la verificación de posibles conflictos de interés es un asunto distinto que debe analizarse aparte. La consecuencia práctica es que la entidad no puede rechazar la contratación de la persona natural por la sola simultaneidad, aunque debe evaluar en cada caso el posible conflicto de interés.síntesis automática
También resuelve: Inhabilidades e incompatibilidades: concepto, régimen, interpretación restrictiva Contrato de prestacion de servicios: simultaneidad, ausencia de inhabilidad e incompatibilidad Conclicto de interés: verificación, tipicidad
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Inhabilidades e incompatibilidades: en este evento no hay lugar a la aplicación de la inhabilidad de 2011

C-1030 de 2024 2025-01-20
¿Se configura inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de interés para celebrar un contrato de interventoría para una obra pública, en el cual el representante legal del contratista a vigilar tiene vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad con el posible interventor, o cuando el posible interventor tiene como socio a una persona que tiene vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad con el representante legal del contratista a vigilar?
De acuerdo con el criterio de interpretación restrictiva aplicable a las disposiciones del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, no se advierte que se configure inhabilidad o incompatibilidad para celebrar un contrato de interventoría para una obra pública, en el cual el representante legal del contratista a vigilar tenga vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad con el posible interventor, debido a que en dicho régimen existen inhabilidades por consanguinidad entre quienes presenten oferta a un mismo proceso o entre quien presente oferta y los funcionarios públicos de la entidad contratante en los niveles señalados en la norma.
También resuelve: Inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidad, interpretación restrictiva Incompatibilidad: Ley 1474 de 2011, Artículo 5 Conflicto de interés: definición
Colombia Compra Eficiente Concepto

El régimen de inhabilidades para contratar con el Estado es un conjunto de restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador que afectan directamente la capacidad de las personas para establecer relaciones contractuales con el Estado, que pueden resultar de condenas, sanciones o situaciones previamente establecidas por el ordenamiento jurídico.

C-920 de 2025 2025-08-20
¿Existe alguna inhabilidad para contratar mediante un contrato de prestación de servicios a un representante legal de un acueducto veredal al cual la administración municipal le realiza pagos?
No existe una inhabilidad por el solo hecho de contratar mediante prestación de servicios con el representante legal de un acueducto veredal al que la administración municipal realiza pagos, pues las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones a la capacidad contractual que solo pueden tipificarse en la ley y se interpretan de manera restrictiva. Según el concepto, el supuesto planteado no constituye una inhabilidad per se. Sin embargo, la situación debe valorarse caso por caso para descartar conflictos de intereses, es decir, situaciones en las que los intereses personales de quien contrata se opongan a sus deberes frente a la función administrativa. El régimen de conflictos de interés busca la prevalencia del bien común sobre el particular y se configura cuando los servidores públicos actúan influidos por consideraciones personales que colisionan con su independencia e imparcialidad. Por ello, aunque no se advierta una inhabilidad o incompatibilidad específica, la entidad debe examinar si la relación contractual puede generar un conflicto de intereses que afecte el cumplimiento de los deberes.síntesis automática
También resuelve: Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidad Inhabilidades: taxatividad, principio de legalidad, interpretación restrictiva Conflicto de intereses: función administrativa, objetivo
Colombia Compra Eficiente Concepto

Su deducción y aplicación debe ajustarse a los presupuestos establecidos por el constituyente o el legislador y por la entidad contratante, razón por la cual no es posible una aplicación extensiva o analógica.

C-1752 de 2025 2025-12-31
¿La vinculación de familiares del representante legal y/o de otro trabajador por parte del contratista en ejecución de dicho contrato genera inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses?
La vinculación de familiares del representante legal o de otros trabajadores del contratista, durante la ejecución del contrato, no configura por sí sola una inhabilidad para contratar con el Estado. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades debe interpretarse con sujeción estricta al principio de legalidad, de modo que sus causales son taxativas y de aplicación restrictiva, y no admiten extender por analogía supuestos que la ley no contempla. Lo que sí puede presentarse es un conflicto de interés, cuya configuración depende de la naturaleza de las funciones asignadas al contratista en la ejecución del contrato y de la vinculación de sus familiares, en la medida en que se encuadre en las definiciones previstas en los propios instrumentos contractuales, como el pliego de condiciones o el contrato. Por tanto, corresponde a cada entidad estatal verificar en el caso concreto si se configura alguno de esos conflictos, sin presumir una inhabilidad que el texto no reconoce. La consecuencia práctica es que la entidad debe analizar la situación con base en sus instrumentos contractuales y en las funciones del contratista, no en una aplicación extensiva del régimen de inhabilidades.síntesis automática
También resuelve: Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidad
Colombia Compra Eficiente Concepto

Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta.

C-823 de 2026 2026-07-01
¿Existe alguna inhabilidad o incompatibilidad legal que impida a una exfuncionaria de una Contraloría Departamental ser vinculada mediante contrato en una alcaldía, Gobernación o en una entidad descentralizada del orden departamental o municipal?
El contratista no está inhabilitado ni incompatibilizado para vincularse mediante contrato en una alcaldía, Gobernación o en una entidad descentralizada del orden departamental o municipal, simplemente por haber sido exfuncionaria de una Contraloría Departamental, siempre y cuando no existan causales específicas de inhabilidad o incompatibilidad legalmente establecidas, ya que estas deben ser tipificadas en la ley y su interpretación debe ser restrictiva para no poner en riesgo principios constitucionales como la igualdad y el debido proceso. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo que la autonomía de las entidades territoriales para definir su estructura administrativa debe armonizarse con el carácter unitario del Estado y la potestad de configuración legislativa, lo que implica que la vinculación del exfuncionario solo será incompatibilidad si la entidad con la que pretende contratar integra el mismo sector administrativo en el que desempeñó funciones directivas, durante los dos años siguientes a la terminación de su vínculo con la entidad pública.síntesis automática
También resuelve: Inhabilidades e incompatibilidades: límites a la capacidad, régimen, concepto, inhabilidades e incompatibilidades Contrato de prestación de servicios: simultaneidad, ausencia de inhabilidad e incompatibilidad, conflicto de intereses, verificación
Colombia Compra Eficiente Concepto

Inhabilidades e incompatibilidades: C-560 de 2024

C-560 de 2024 2024-10-17
¿Una EICE que desarrolló la prefactibilidad de un proyecto, al fungir como interventor del contrato que desarrollará la factibilidad del mismo proyecto, se encuentra inmersa bajo alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o, en su defecto, un conflicto de intereses?
Corresponde a cada entidad pública, en ejercicio de su competencia y previa valoración de los elementos fácticos y jurídicos, determinar si quien desarrolló la prefactibilidad de un proyecto y pretende ser interventor del contrato de factibilidad está incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad o en un conflicto de intereses. Las inhabilidades son restricciones establecidas por el constituyente o el legislador que limitan la capacidad para contratar con el Estado y desarrollan los principios del artículo 209 de la Constitución, en especial el de moralidad; por restringir derechos, se interpretan conforme al principio pro libertate, sin extensión analógica. El EGCAP no establece una noción ni causales de conflicto de intereses aplicables a proponentes o contratistas, y el régimen de los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 se dirige a los servidores públicos que adelantan la actuación, no a los particulares. No obstante, en virtud de su autonomía, las entidades estatales pueden establecer causales de rechazo y prever conflictos de interés en sus pliegos de condiciones o contratos, siempre que satisfagan, entre otros, los criterios de tipicidad y objetividad, según lo admitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve: Inhabilidades e incompatibilidades: límites a la capacidad, régimen, concepto, interpretación restrictiva Conflicto de intereses: concepto, consagración legal Causales de rechazo: autonomía
Colombia Compra Eficiente Concepto

Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.

C-558 de 2026 2026-05-27
¿Cuál es el alcance de la delegación y de los conflictos de interés de los servidores públicos en materia contractual?
Los jefes y representantes legales de las entidades estatales pueden delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y para realizar licitaciones o concursos, en servidores públicos de nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los contratos. La delegación debe constar en un acto administrativo que determine la autoridad delegataria y las funciones específicas transferidas, conforme a la Ley 489 de 1998, y no puede recaer sobre la expedición de reglamentos ni sobre funciones indelegables. El delegante conserva la facultad de informarse sobre el desarrollo de la delegación e impartir orientaciones generales, y los actos del delegatario tienen los mismos requisitos y recursos que los del delegante. En materia de conflictos de interés, el concepto parte del principio de moralidad del artículo 209 de la Constitución Política y señala que estos se configuran cuando los servidores públicos actúan influidos por consideraciones personales que colisionan con su independencia e imparcialidad, en detrimento del interés general. En consecuencia, la delegación exige un acto administrativo formal y se somete a las reglas sobre conflictos de interés de los servidores públicos.síntesis automática
También resuelve: Delegación: fundamento normativo, requisitos legales Conflicto de intereses: noción, servidores públicos, causales
Colombia Compra Eficiente Concepto

Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta.

C-109 de 2026 2026-03-07
¿Existe conflicto de interés si un contratista vincula a la ejecución del contrato de consultoría a quienes hayan intervenido directa o indirectamente en la elaboración de los estudios previos y del sector, en la estructuración en cualquiera de las etapas del proceso de contratación, o a quienes hayan trabajado como asesores o consultores para la elaboración de estos?
El numeral 1.14 del documento base de los documentos tipo de consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de transporte – versión 2, establece que: i) no podrán participar en el proceso de contratación; ii) no serán objeto de evaluación; iii) ni podrán ser adjudicatarios quienes, bajo cualquier circunstancia, se encuentren en situaciones de conflicto de interés que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratación pública, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o la ley.
También resuelve: Documentos tipo: fundamento normativo, obligatoriedad, inalterabilidad, consultoría Conflicto de intereses: noción, régimen contractual
Consejo de Estado Concepto

Contratación estatal: Concepto sin reserva

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2022-07-05 Sala Consulta y Servicio Civil ALVARO NAMEN VARGAS Rad. 11001030600020170005800 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
En el evento en que un miembro de la Junta Directiva de una empresa participante en un proceso de selección y/o celebración de contrato, previamente a dicho negocio jurídico, se encuentre incurso en una o varias de las causales de incompatibilidad señaladas en el numeral 2º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993 ¿Se genera automáticamente la inhabilidad de que trata el literal b, numeral 1º del artículo 8º ibídem? Sí
Cuando una persona o empresa participa en un proceso de licitación pública y presenta una propuesta o celebra un contrato como resultado de cualquier proceso de selección, a pesar de encontrarse incursa en una causal de inhabilidad o incompatibilidad, se hace acreedora a una nueva inhabilidad, de conformidad con lo previsto en el literal b) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.
Consejo de Estado Providencia

¿De la inasistencia del alcalde encargado a la audiencia se puede concluir que la no concesión del recurso de apelación fuera atribuible al demandando?

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 20001233300020130027601 LEY 1437 REPETICION
¿De la inasistencia del alcalde encargado a la audiencia se puede concluir que la no concesión del recurso de apelación fuera atribuible al demandando? No
De la sola inasistencia del [alcalde encargado] no se puede concluir que la no concesión del recurso fuera atribuible al demandando, máxime, cuando a la audiencia fue una apoderada como lo permitía la ley y, si bien la misma no tenía facultades para conciliar no se allegó el poder para determinar quién lo atribuyó de manera incompleta. En consecuencia, dado que no se demostró una conducta dolosa o gravemente culposa, se confirmará la Sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí expuestas.
También resuelve: ¿La omisión del demandado como alcalde encargado determinó la imposición de la condena dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? ¿Se acreditó que el demandado otorgó un poder de manera incompleta para que se declarara desierto el recurso de apelación? ¿Se determinó que la actuación del demandado motivó la imposición de la condena y que esa actuación estuvo revestida de dolo o culpa grave?
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: los recursos de los fondos parafiscales como el del sector agropecuario tienen naturaleza pública

11001030600020250046900 de 2025 2026-03-12 Rad. 11001030600020250046900
El contratista debe observar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 al gestionar recursos públicos, incluso cuando estos se administran por entidades privadas como los fondos parafiscales del sector agropecuario, ya que estos recursos mantienen su naturaleza pública y deben ser manejados con transparencia y ética. Este régimen se aplica a particulares que ejercen funciones públicas en juntas directivas de fondos parafiscales, quienes, aunque no son empleados públicos, están sujetos a los mismos controles y limitaciones que los servidores públicos para preservar la integridad y confianza en la gestión de recursos estatales. Esta regla reitera y refuerza la jurisprudencia existente sobre la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en contextos de contratación estatal, incluso en aquellos donde la administración es llevada a cabo por entidades privadas, asegurando así que la contratación pública se realice con apego a los principios constitucionales y legales establecidos.síntesis automática
También resuelve: Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: egcap, protección del interés público, moralidad administrativa, alcance Fondos paraficales agropecuarios: Constitución Política artículo 150 numeral 12, concepto de contribuciones parafiscales, régimen de gestión de los recursos parafiscales del sector agropecuario, Constitución Recursos de fondo de parafiscales del sector agropecuario: administrado por entidades gremiales, carácter privado, ausencia de calidad de entidad estatal, entidades exceptuadas del régimen de contratación estatal
Consejo de Estado Providencia

El numeral 12 del artículo 25 dispone que antes de abrir el proceso de selección o de celebrar el contrato deben elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos.

Sentencia — Sentencia 2026-08-10 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020220012201 Controversias contractuales
¿Las circunstancias relacionadas con el esquema de remuneración pactado y con las condiciones técnicas anunciadas por la entidad estatal durante el proceso de selección, no verificadas o alteradas durante la ejecución del contrato, constituyen una infracción del principio de planeación que exonera al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales? No
El contratista no puede eximirse de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales basándose en infracciones del principio de planeación por parte de la entidad estatal, ya que este principio no exonera al contratista de cumplir con las obligaciones específicas del contrato, salvo que se demuestre que la entidad estatal dejó de ejecutar una obligación contractual o que la alteración del equilibrio económico del contrato impidió efectivamente el cumplimiento de las obligaciones del contratista. La Sala establece que las condiciones técnicas anunciadas durante el proceso de selección no constituyen obligaciones contractuales propiamente dichas, sino supuestos o hipótesis para la ejecución, por lo que su alteración no exime al contratista de responsabilidad. Esta decisión reitera y matiza la interpretación del principio de planeación y sus implicaciones en la responsabilidad contractual, lo que implica que el contratista debe cumplir con las obligaciones específicas del contrato, independientemente de las circunstancias externas no controlables por él.síntesis automática
También resuelve: ¿Es vinculante para el contratista la metodología de muestreo y el umbral de error empleados para evaluar la calidad de los paquetes auditados… ¿Configura un vicio de nulidad del acto administrativo sancionatorio la irregularidad alegada en la valoración de un dictamen pericial rendido en el procedimiento administrativo… ¿Exonera al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales la entrega tardía, por parte de la entidad estatal, de la metodología de evaluación del contrato…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Tiene competencia la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de extraordinarios

Sentencia — Sentencia 2023-08-02 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020230002300 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Tiene competencia la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de extraordinarios de anulación contra el laudo arbitral? Sí
Le corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, de conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y el artículo 104 numeral 7º de la Ley 1437 de 2011. En este caso se observa que se está en presencia de un laudo arbitral proferido por un Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir controversias suscitadas con ocasión del Convenio de Asociación No. 0133 de 2016 celebrado entre la Unión Temporal Dadle Vosotros de Comer y el municipio de San José de Cúcuta , ente territorial que intervino en el proceso.
También resuelve: ¿La justicia arbitral se caracteriza por ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos, regirse por el principio de voluntariedad, ser temporal y excepcional? ¿El recurso extraordinario de anulación no es una instancia para debatir el fondo del litigio, protege el debido proceso de las partes por lo que debe tratarse de errores in procedendo… ¿Para que se configure la causal de anulación de laudo arbitral, sobre la indebida integración del tribunal, debe tratarse de las condiciones personales del árbitro o del procedimiento para su…
INFUNDADO