Titulación de la relatoría 17.475 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿El medio de control de repetición se constituye como mecanismo legal para que la entidad condenada por razón de una conducta realizada por un funcionario o ex funcionario suyo, pueda solicitar el reintegro de lo que pagó?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de repetición, como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado tiene como propósito el reintegro de los dineros que por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público e incluso del particular investido de una función pública, hayan salido del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización. (...) Esta acción, entendida como una modalidad calificada de acción de regreso que tiene como uno de sus elementos axiales en la determinación de la responsabilidad de los accionados la vinculación subjetiva del funcionario o exfuncionario con la causación del daño -a título de dolo o culpa grave-, tiene como finalidad la protección del patrimonio estatal, como medio necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al medio de control de repetición, consultar sentencia de 24 de febrero de 2016, Exp. 36310, C.P. Hernán Andrade Rincón.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONTRATISTA / DAÑO CAUSADO POR CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / DAÑO A TERCEROS / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
Problema jurídico:
¿Procede la adecuación de las pretensiones al medio de control de controversias contractuales en tanto lo que se pretende es que se declare la responsabilidad del contratista que, al no cumplir con lo pactado en el contrato de obra No. 462 de 1997 sobre la ejecución de tareas de recuperación y mantenimiento de la malla vial, ocasionó daños a terceros en hechos ocurridos el 14 de abril de 1999?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a jurisprudencia de la Corporación ha admitido la procedencia del medio de control de repetición contra los contratistas del Estado que sean personas jurídicas, bajo la idea de que la regla contenida en el citado parágrafo 1° el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, es de carácter procesal y, por ende, de aplicación inmediata, en tanto se refiere a la legitimación en la causa por pasiva para el trámite de dicha acción. Sin embargo, esta consideración se ha efectuado sin reparar en que, más que una norma procedimental sobre legitimación, con el parágrafo 1° del artículo 2 de la Ley 678 de 2001 en realidad se estableció para contratistas, interventores, consultores y asesores un nuevo juicio de responsabilidad por culpa grave y dolo -propio de la acción de repetición para los eventos en que su incumplimiento contractual tenga implicaciones frente a terceros y den lugar a una condena contra el Estado. De acuerdo con las reglas del Estatuto General de la Contratación Estatal previas a la expedición de la Ley 678 de 2001, la responsabilidad de los contratistas por daños causados a terceros no se restringe a los eventos en los que estos hayan obrado con dolo o culpa grave, puesto que la relación con la entidad contratante y su consecuente régimen de responsabilidad se encuentra íntegramente regulada por las respectivas estipulaciones contractuales y las normas que conforman el referido Estatuto. (...) La responsabilidad del contratista por daños infligidos a terceros tiene como su fuente las conductas desplegadas en el marco del contrato, de ahí que la administración pueda pretender las declaraciones y condenas correspondientes por la vía del llamamiento en garantía -en el juicio de responsabilidad extracontractual que promuevan los afectados o de la acción contractual de regreso por las indemnizaciones que haya pagado como consecuencia de la actividad contractual. Al tratarse de una responsabilidad contractual, en el juicio que se promueva contra contratistas debe tenerse en consideración lo consignado en la liquidación del contrato, de modo que si al momento de nacer a la vida jurídica dicho acto -bilateral o unilateral se tenía conocimiento del proceso judicial promovido por los terceros dañados con la conducta del contratista, esta contingencia debía incluirse explícitamente en las consideraciones de la liquidación, con el fin de que el paz y salvo otorgado al contratista no surta efectos transaccionales en relación con la acción contractual resarcitoria que posteriormente formule la entidad. Pero si la contingencia -proceso judicial- no había tenido lugar al momento de la liquidación, queda a salvo la posibilidad para la administración de formular la acción de regreso en comento. En ese contexto, la regulación sobre la responsabilidad del contratista que cause daños a terceros consagrada en la Ley 678 de 2001 comporta un cambio frente al régimen de responsabilidad previsto en los artículos 4.7 y 52 de la Ley 80 de 1993, 1604 del Código Civil y las normas correspondientes del Código de Comercio, pues en esas normas se establece la posibilidad de ejercer una acción de regreso frente a los contratistas, pero sin que el fundamento de su responsabilidad se restrinja al dolo o la culpa grave, sino que se refiere a la intervención que estos colaboradores de la administración tienen en la causación del daño a los terceros afectados. (...) el medio de control de repetición consagrado en la Ley 678 de 2001 para contratistas, interventores, consultores y asesores no resulta aplicable a las situaciones de incumplimiento de obligaciones contractuales en que estos hayan incurrido, y que hubieren acaecido antes del 4 de agosto de 2001, fecha de entrada en vigor de la citada Ley. Esto es así, porque con esa nueva regulación, más que establecer una regla procesal sobre legitimación en la causa para contratistas, en realidad se instituyó un juicio y régimen de responsabilidad por culpa grave y dolo para quienes durante la ejecución contractual causen daños a terceros, de manera que su aplicación a los contratos previamente celebrados comporta una transgresión de lo previsto en los artículos 38 numeral 2 de la Ley 153 de 1887 y 29 Constitucional, al juzgarse la conducta del contratista con base en un baremo de responsabilidad que no existía al momento en que ocurrió el hecho en virtud del cual se pretende estructurar el incumplimiento, esto es, bajo un régimen distinto al que las partes estipularon, con base en las normas del Estatuto General de la Contratación Estatal. (...) aplicar a este contrato y hechos acaecidos antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001 el régimen y juicio de responsabilidad por culpa grave o dolo del contratista por ella consagrado, comportaría un desconocimiento del régimen de responsabilidad estipulado por las partes, así como de las normas del Estatuto General de la Contratación Estatal que regulan esta materia. Bajo este entendido, el medio de control de repetición instaurado por el IDU contra ICA S.A., se torna en improcedente, en tanto lo que se pretende es que se declare la responsabilidad del contratista que, al no cumplir con lo pactado en el contrato de obra No. 462 de 1997 sobre la ejecución de tareas de recuperación y mantenimiento de la malla vial, ocasionó daños a terceros en hechos ocurridos el 14 de abril de 1999. (...) En ese contexto, como las partes en conflicto explícitamente discuten sobre los alcances e incumplimiento del contrato de obra No. 462 de 1997, en punto de la determinación de las obras que debían ejecutarse en el tramo vial en el que ocurrió el siniestro del 14 de abril de 1999, la Sala considera que las pretensiones que ahora se resuelven son propias del medio de control de controversias contractuales previsto en el artículo 141 del CPACA.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la procedencia del medio de control de repetición contra contratistas, consultar sentencia de 22 de octubre de 2021, Exp. 56668, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 18 de noviembre de 2021, Exp. 61515, C.P. Fredy Ibarra Martínez; sentencia de 11 de octubre de 2021, Exp. 54670, C.P. Fredy Ibarra Martínez; sentencia de 29 de noviembre de 2019, Exp. 56925, C.P. Guillermo Sánchez Luque y sentencia de 10 de diciembre de 2018, Exp. 60423, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38 NUMERAL 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 PARÁGRAFO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 52, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDENA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / DAÑO CAUSADO POR CONTRATISTA / DAÑO A TERCEROS / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la imposición de la condena contra el IDU?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala precisa que, en aplicación de lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 -modificado por el art. 624 del CGP - el cómputo de la caducidad en el presente asunto debe hacerse con sujeción a lo previsto en el artículo 136 numeral 10 del Decreto 01 de 1984 (...) Aunque en el presente asunto se juzgará la conducta contractual desplegada por ICA S.A. durante la ejecución del contrato de obra No. 462 de 1997, lo cierto es que por tratarse de una acción de regreso en la que el IDU pretende que su contratista responda por las indemnizaciones que esa entidad ha debido pagar como consecuencia de la actividad contractual -art. 4.7 Ley 80 de 1993-, el cómputo de la caducidad no puede iniciarse desde el 14 de abril de 1999 -fecha del siniestro vial-, pues en ese momento la conducta del contratista no había tenido efectos nocivos frente a la entidad, sino desde la fecha en que esa conducta contractual causó efectivamente una afectación al patrimonio del IDU, al imponerse una condena patrimonial en concreto a la entidad accionada. La condena impuesta al IDU en el proceso de reparación directa con radicado 2000- 01927 quedó en firme el 21 de enero de 2011 -fecha en que quedó ejecutoriado el auto que aprobó la conciliación judicial-. De este modo, el plazo máximo para ejercer el derecho de acción fenecía el 22 de enero de 2013. Y como la demanda fue presentada el 11 de octubre de 2012, se concluye que el derecho de acción fue ejercido oportunamente.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 7
RENUNCIA DEL PACTO ARBITRAL / RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL / RENUNCIA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA
Problema jurídico:
¿En la medida en que no se propuso la excepción de compromiso al contestar la demanda, se estima que las partes renunciaron de forma tácita al pacto arbitral?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala precisa que, de acuerdo con lo previsto en la cláusula trigésima segunda del contrato de obra No. 462 de 1997, las partes pactaron someter los conflictos derivados de su ejecución, al conocimiento de la justicia arbitral. Al respecto, la Sala precisa que, en la medida en que no se propuso la excepción de compromiso al contestar la demanda, se estima que las partes renunciaron tácitamente al pacto arbitral. Esto es así porque la jurisprudencia en la que se concluyó que la renuncia al pacto arbitral debe ser expresa no es aplicable a este caso porque la demanda y su contestación se presentaron con anterioridad. (...) De este modo, la presente controversia debe resolverse de fondo, dada la renuncia tácita a la cláusula compromisoria inicialmente pactada por las partes.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a renuncia tácita al pacto arbitral, consultar sentencia de 18 de abril de 2013, Exp. 17859, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
CONTRATO DE OBRA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDENA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / PAGO DE LA CONDENA / DAÑO A TERCEROS / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA DE PARTICULARES / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REQUISITOS DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿ICA S.A. debe responder patrimonialmente ante el IDU, por incumplir con la obligación de ejecutar las labores de recuperación y mantenimiento de la malla vial pactada en el contrato de obra No. 462 de 1997, lo que presuntamente ocasionó el accidente de tránsito en el que resultó lesionado el señor J. F. M. V.?
Respuesta al problema jurídico: No
Para el caso específico del contrato de obra No. 462 de 1997, la cláusula décima novena estableció que la condena patrimonial impuesta al IDU por la conducta contractual de ICA S.A., era una acreencia inherente a la ejecución de ese contrato, en tanto en esa cláusula se establecieron los parámetros para determinar la responsabilidad del contratista frente a las afectaciones causadas a terceros -19.1-, se señaló el deber de información de la existencia de procesos judiciales a cargo de la administración, así como el mecanismo que debía emplear para incluir al contratista en el respectivo juicio de responsabilidad civil -19.3 a 19.5- y se estipuló la obligación de pago de las condenas patrimoniales que en ese contexto se causaran por el contratista -19.6-Por virtud de lo pactado por las partes en la cláusula décima novena, el contratista estaba obligado a responder por los daños causados en desarrollo del contrato de obra No. 462 de 1997, de manera que al conocerse el proceso de reparación directa con radicado 2000-01927 que fue promovido contra el IDU, correspondía a esta entidad activar el mecanismo de reclamación pactado en el contrato, a efectos de incluir esta contingencia en los valores a incluirse en el cruce final de cuentas pretendido en la demanda de reconvención formulada en el proceso de controversias contractuales 2002-01985 -previa acumulación-, y en la liquidación efectuada voluntariamente por las partes en la conciliación judicial a la que se impartió aprobación. Pese a lo anterior, el IDU no solo faltó al deber de información de la existencia del proceso judicial en su contra al omitir la activación de los mecanismos procesales de llamamiento en garantía o denuncia del pleito, sino que luego de impuesta la condena en su contra el 9 de diciembre de 2010 -exp. 2000-01927-, concurrió con el contratista a dejarlo a paz y salvo por esta circunstancia, en la medida en que la liquidación pactada en la conciliación judicial no se incluyeron los valores relacionados con la condena patrimonial impuesta en ese proceso, lo que sin duda excluyó la posibilidad de reclamar judicialmente por la eventual responsabilidad que pudiera tener ICA S.A. al tenor de lo estipulado en la cláusula décima novena del contrato . En ese contexto, como el contrato de obra No. 462 de 1997 se liquidó sin salvedad alguna en relación con la condena patrimonial impuesta al IDU en el proceso de reparación directa con radicado 2000-01927, la Sala concluye que no resulta procedente efectuar la reclamación judicial del pago efectuado por la entidad, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda.
IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PATRIMONIO PÚBLICO / INTERÉS PÚBLICO / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / ESTADO SOCIAL DE DERECHO / FINALIDAD DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en contra de la parte vencida en el proceso, en los procesos en los que se ventile un interés público?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila un asunto de “interés público”. Al estar encaminado este proceso a la protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos en que se ventila un interés público. Por esta razón, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188