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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: a esta jurisdicción están adscritos este tipo de debates en sede judicial

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Fecha
2022-03-04
Radicado
11001032600020160008600
Número interno
57179
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
Demandado
ABDO ENRIQUE BARRERA MEJIA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: a esta jurisdicción están adscritos este tipo de debates en sede judicial

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a conocer de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas por una actuación administrativa originada en dolo o culpa grave de un servidor o ex servidor público. En efecto, a esta jurisdicción están adscritos este tipo de debates en sede judicial, conforme a lo prescrito por el artículo 7º de la Ley 678 de 2001.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia los procesos de repetición cuando la entidad pública resulta condenada por una actuación administrativa originada en dolo o culpa grave de un servidor o ex servidor público, conforme al artículo 149 numeral 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y al artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza de la repetición como medio de control que permite al Estado recuperar los daños causados por sus agentes, y en la presunción legal de dolo o culpa grave que incumbe al demandante probar para activar los efectos de la presunción. La Sala reitera la importancia de que la entidad demandante exprese claramente la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave para garantizar el derecho de defensa del demandado.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuáles son los presupuestos de competencia del Consejo de Estado para conocer en única instancia los procesos de repetición?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 149 núm. 13
  • Ley 678 de 2001, art. 7

También resuelve

  • ¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición?
  • ¿Cuáles son los presupuestos del medio de control de repetición?
  • ¿Está configurado el dolo o la culpa grave del rector de la Universidad Popular del Cesar por la expedición de un acto administrativo de insubsistencia que fue declarado nulo?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

PRESUPUESTO PROCESAL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUNCIÓN DE DOLO PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE PRESUNCIÓN LEGAL REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA ERROR INEXCUSABLE ACTO ADMINISTRATIVO POR ERROR INEXCUSABLE PRUEBA DEL DOLO PRUEBA DE LA CULPA GRAVE INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE AUSENCIA DEL DOLO FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA OMISIÓN DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DESVIACIÓN DE PODER ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA DESVIACIÓN DE PODER DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS INTERÉS PÚBLICO PATRIMONIO PÚBLICO DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las demandas que promuevan las entidades públicas
Titulación de la relatoría 19.485 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

PRESUPUESTO PROCESAL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos de competencia del Consejo de Estado para conocer en única instancia los procesos de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a conocer de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas por una actuación administrativa originada en dolo o culpa grave de un servidor o ex servidor público. En efecto, a esta jurisdicción están adscritos este tipo de debates en sede judicial, conforme a lo prescrito por el artículo 7º de la Ley 678 de 2001. Ahora, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en única instancia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 numeral 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en tanto se repite contra quien para la época de los hechos descritos en la demanda se desempeñaba como rector encargado y, por ende, representante legal de un establecimiento universitario del orden nacional como lo es la Universidad Popular del Cesar; asimismo, el medio de control de repetición es el medio de control idóneo para estudiar la responsabilidad de los funcionarios o exfuncionarios por las condenas impuestas contra el Estado. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con el término de caducidad para demandar en repetición, la Ley 678 de 2001, norma vigente para la época en que acontecieron los hechos que precedieron a la demanda –año 2009-, dispone en su artículo 11 que “La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública”. Esta Corporación ha señalado -como regla general- que el término de caducidad de dos años empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realizó el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del C.C.A., normativa aplicable a este asunto, porque el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la condena que pagó la entidad demandante, se tramitó durante la vigencia del C.C.A. En el caso concreto, la sentencia de segunda instancia que condenó a la Universidad Popular del Cesar y por la cual se pretende repetir contra el demandado, fue proferida el 9 de agosto de 2013 y cobró ejecutoria el 23 de agosto de 2013, por lo cual el plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del C.C.A. corrió hasta el 24 de febrero de 2015. Por su parte, se tiene que el último pago de la condena se efectuó el 8 de julio de 2015, según se desprende de certificación del 24 de julio del mismo año. Así las cosas, como el pago se hizo por fuera del lapso de los 18 meses, es desde la fecha en que se cumplió el plazo establecido en el C.C.A. que debe computarse el término de caducidad, por lo que el plazo máximo para interponer la demanda fue el 25 de febrero de 2017, y como aquella fue interpuesta el 17 de mayo de 2016, se impone concluir que se presentó oportunamente. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN LEGAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos del medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente, cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la actuación cuestionada del demandado, en su calidad de rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, ocurrió en vigencia de la Ley 678 de 2001. El artículo 2 de la referida norma legal, al definir la acción de repetición como una acción civil de carácter patrimonial, explicita los presupuestos legales para su prosperidad. (...) Con el citado referente, la Ley 678 de 2001 se ocupó de regular los aspectos sustanciales de la repetición16 y al efecto no sólo previó lo relativo al objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio de esta acción, sino que, al tratar el presupuesto del dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, consagró en sus artículos 5 y 6 una serie de definiciones y de “presunciones legales”, con incidencia en la carga de la prueba17, que resultan aplicables a las conductas ocurridas en vigencia de dicha norma sustantiva. Se precisa de esta manera, que tales presunciones no constituyen un juicio anticipado sobre la responsabilidad patrimonial del demandado, pues solo son herramientas estatuidas por el legislador que permiten facilitar la actividad probatoria e involucran al demandado en la carga demostrativa, con la finalidad de que sea posible establecer la verdad material. Como recurrentemente se ha recordado, sobre la normativa indicada la Corte Constitucional tuvo oportunidad de discurrir en su análisis, precisando que si bien las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso a la prueba, ello no puede comprometer el debido proceso o implicar una atribución de culpabilidad en cabeza del demandado. Derivado de la precisión anotada, se impone como deber de apertura de la entidad demandante, expresar la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave, en orden a permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción. Igualmente, y con el mismo derrotero garantista, a su cargo está probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción con el fin de activar sus efectos jurídicos. Sobre la situación anotada, esta Subsección ha destacado que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-354 de 202020 fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta por los funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición. Entre ellos, advirtió que la entidad demandante debía probar plenamente, y al margen del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave”. Además, la referida corporación judicial indicó que, para efectos de garantizar el derecho al debido proceso del demandado, “está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la administración”, pues la determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos de juicio allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su derecho de defensa. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-354 de 2020. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / ERROR INEXCUSABLE / ACTO ADMINISTRATIVO POR ERROR INEXCUSABLE / PRUEBA DEL DOLO / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / AUSENCIA DEL DOLO Problema jurídico: ¿Está configurado el dolo o la culpa grave del rector de la Universidad Popular del Cesar por la expedición de un acto administrativo de insubsistencia que fue declarado nulo? Respuesta al problema jurídico: Si La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de una condena judicial, o de un acuerdo conciliatorio o de otra forma de terminación de conflictos en el que se imponga a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; ii) el pago efectivo de la condena o valor convenido; iii) la calidad de la demandada como agente o exagente del Estado o del particular que cumple funciones públicas; y, iv) la culpa grave o el dolo. 33. Esta Subsección encuentra reunidos los primeros tres presupuestos antes indicados en tanto y cuanto, al proceso se allegó copia de la sentencia del 12 de marzo de 2012, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar 22, a través de la cual se declaró la nulidad de la Resolución 0545 y se condenó a la Universidad Popular del Cesar a pagar a favor del señor Leonardo Enrique Guzmán Salcedo, todos los salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento del retiro hasta que se hiciera efectivo el reintegro a su cargo o a uno equivalente. Dicha providencia fue confirmada mediante sentencia del 9 de agosto de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. En lo que refiere al pago de la condena, su efectiva ocurrencia está acreditada, (...) Por otro lado, sobre la condición de agente o ex agente del Estado del demandado, en el expediente obra la certificación expedida por la Coordinadora del Grupo de Gestión y Desarrollo Humano, a través de la cual hizo constar que, al momento en que se profirió el acto que declaró la insubsistencia del señor Leonardo Enrique Guzmán Salcedo, el cargo de Rector (E) lo ostentaba el señor Abdo Enrique Barrera Mejía35. Asimismo, en la Resolución No. 0545 del 15 de abril de 2009 por la cual se declaró la insubsistencia del referido nombramiento, consta que fue suscrita por el señor Barrera Mejía en su calidad de “Rector (E)”. Bajo este escenario, se cumple el tercer presupuesto, en tanto se acreditó la condición de rector encargado de la Universidad Popular del Cesar del señor Abdo Enrique Barrera Mejía. En el caso concreto se observa que en la demanda presentada por la Universidad Popular del Cesar se hizo referencia en ocasiones a “la conducta dolosa y/o gravemente culposa” del demandado y que en el apartado “concepto de violación” se aludió a los presupuestos para la prosperidad de la acción reversiva, entre los que, cuando se hizo referencia a la acreditación del elemento subjetivo, de modo general y explicativo se transcribió el artículo 6 de la Ley 678 de 2001 y se resaltó en negrillas el numeral tercero de dicho artículo, correspondiente a la omisión inexcusable de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos. (...) la Sala estima que no es suficiente la mención genérica que hizo la Universidad Popular del Cesar sobre la culpa grave del señor Abdo Enrique Barrera Mejía en la demanda, porque debía consignar argumentos que al menos le permitieran a esta Corporación encuadrar la conducta del demandando en alguno de los supuestos consagrados en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, carga argumentativa que no se suplía limitándose a resaltar en negrillas, en una transcripción literal de esa norma, el relativo a la omisión inexcusable de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos. De hecho, en los mismos términos decidió recientemente esta Subsección otro proceso en el que la Universidad Popular del Cesar también demandó al señor Abdo Enrique Barrera Mejía por hechos similares. En el sub examine, la mención a la culpa grave del demandado sólo se realizó en el apartado de las consideraciones generales acerca de los requisitos para acceder a la pretensión de repetición y se limitó a la transcripción de una norma; además, cuando se realizaron referencias al caso concreto, la argumentación estuvo únicamente dirigida a sustentar que la conducta del demandado fue dolosa. Incluso, se advierte que tal como se vio en el acápite respectivo, en sus alegatos de conclusión, la Universidad Popular del Cesar, insistió en la configuración de una conducta dolosa por parte del señor Barrera Mejía por desbordar sus funciones y obrar con desviación de poder. (...) Para el presente caso, con fundamento en el exiguo material probatorio allegado, la Sala concluye que no se probó que la conducta del aquí demandado comportara una actuación dolosa para efectos de la configuración de la presunción prevista en el citado artículo 5, numeral 1, de la Ley 678 de 2001 invocada en la demanda, pues los elementos probatorios allegados a este proceso no dan cuenta de que su comportamiento se produjo con la intención o la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. En este caso, en contravía del régimen legal ya explicado, la Universidad Popular del Cesar se limitó a consignar afirmaciones en torno a una supuesta conducta dolosa del señor Abdo Enrique Barrera Mejía, con base en las mismas consideraciones expuestas por el Juzgado Administrativo en la sentencia que condenó a esa entidad, dejando de argumentar, y más aún, de probar, la presunción de dolo con base en la cual soportó la demanda repetición. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / OMISIÓN DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es el efecto jurídico que tiene la omisión de contestación de la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s importante poner de presente que la parte demandada no contestó la demanda, lo que en principio implicaría una consecuencia adversa para el accionado, consistente en tener por ciertos los hechos susceptibles de confesión. Con todo, para la Sala es necesario precisar que, si bien la confesión constituye un medio de prueba en este tipo de procesos, lo cierto es que deberá ser valorada de conformidad con los criterios generales de la apreciación de todas las pruebas allegadas al proceso. Así, oportuno es recordar que toda confesión puede ser infirmada a partir de la valoración de otras pruebas, en la medida que el juez de conocimiento está prevalido del principio de libertad probatoria y no está sometido a una tarifa legal de pruebas, de manera tal que puede otorgarles mayor valor a unas en perjuicio de otras y, por tanto, la prueba de confesión ficta no impide, de forma definitiva, llegar a otras conclusiones fácticas. Por manera que, este solo hecho por sí mismo no implica dar por ciertos los hechos narrados en el escrito inicial, ni que deba presumirse en este caso la responsabilidad del demandado. En este sentido, esta Subsección ya ha dicho que en ningún caso, la inactividad del demandado podría facultar al demandante para desatender el deber procesal que le asiste o, en otras palabras, para relevar automática e injustificadamente la carga de la prueba que le corresponde46 y, lo cierto es que, en el sub examine, la Universidad Popular del Cesar no allegó ningún otro medio de prueba distinto a los dirigidos a demostrar el pago efectivo y a las sentencias de primera y segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; por manera que, la demandante, pese a ser la interesada en sacar avante sus pretensiones, omitió su carga de acreditar las afirmaciones que hizo en el libelo demandatorio sobre la configuración de una conducta dolosa por parte del demandado. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DESVIACIÓN DE PODER / ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA DESVIACIÓN DE PODER / DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para la configuración de una desviación de poder? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a configuración de una desviación de poder exige del juzgador alcanzar un alto grado de convicción de que el elemento volitivo de quien profirió el acto no estuvo regido por la finalidad del buen servicio, sino que se usó con fines distintos a los previstos por la norma. Sin embargo, -se itera- en el sub judice, no se aportó medio de prueba alguno dirigido a demostrar tal fin, más allá de las decisiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyas conclusiones sobre la responsabilidad del Estado y lo probado en ese proceso, como se ha dicho, no pueden extrapolarse a esta acción reversiva. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO / PATRIMONIO PÚBLICO / DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en procesos donde se ventile un interés público como en el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 del C.P.A.C.A. establece lo siguiente: “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil” (negrilla por fuera del texto). De la lectura de la norma, se desprende que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos. Claramente, el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha señalado que “la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política”. Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. y en razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, en este caso no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
Texto extraído del PDF oficial 57.046 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022) Radicación: 11001-03-26-000-2016-00086-00 (57.179) Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Abdo Enrique Barrera Mejía Referencia: Medio de control de repetición Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos de procedencia bajo la Ley 678 de 2001 / PRESUNCIONES DE CULPA GRAVE O DOLO –Estudio genérico sobre las presunciones de dolo y culpa grave – acreditación del hecho que le da base a la presunción y su contradicción / DOLO – Obrar con desviación de poder - no se probó. Procede la Sala a dictar sentencia en única instancia en virtud de la demanda de repetición promovida por la Universidad Popular del Cesar contra el señor Abdo Enrique Barrera Mejía. Según la demanda, la Universidad Popular del Cesar fue condenada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con ocasión de la expedición de un acto administrativo que declaró insubsistente un nombramiento. Estima la demandante que tal declaración obedeció a una conducta dolosa o gravemente culposa del entonces Rector de tal Universidad; como consecuencia, solicita que se le declare patrimonialmente responsable y se le ordene reembolsar el valor total pagado por la condena impuesta. I. LA DEMANDA 1. El 17 de mayo de 20161 la Universidad Popular del Cesar, a través de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de repetición, en contra 1 Folios 2-13 c. ppal. Radicación: 11001-03-26-000-2016-00086-00 (57.179) Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Abdo Enrique Barrera Mejía Referencia: Medio de control de repetición 2 del señor Abdo Enrique Barrera Mejía, cuyas pretensiones, hechos y fundamentos son, los siguientes: Pretensiones 2. Se solicitó que se declarara patrimonialmente responsable al señor Abdo Enrique Barrera Mejía por su conducta dolosa o gravemente culposa al expedir el acto administrativo por el cual se declaró insubsistente el nombramiento del funcionario Leonardo Enrique Guzmán Salcedo. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se le condenara a reembolsar la suma de doscientos veintiún millones setecientos noventa y tres mil ochocientos ochenta y tres pesos m/cte. ($221’793.883), que debió pagar la de mandante para atender el restablecimiento del derecho del citado funcionario. Hechos 3. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que el señor Abdo Enrique Barrera Mejía, en su calidad de Rector de la Universidad Popular del Cesar, expidió la Resolución No. 0545 del 15 de abril de 2009, mediante la cual declaró insubsistente el nombramiento del funcionario Leonardo Enrique Guzmán Salcedo en el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 06 del Nivel Profesional dependiente de la Vicerrectoría General Seccional Aguachica de la Universidad Popular del Cesar. 4. Por este hecho, el señor Guzmán Salcedo promovió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue decidida mediante providencia proferida el 12 de marzo de 2012 por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar en la que se declaró la nulidad del acto administrativo y se ordenó el reintegro del actor y el pago a su favor de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento de su desvinculación hasta cuando fuera efectivamente reintegrado. Dicho fallo fue confirmado el 9 de agosto de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cesar. 5. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo, la Universidad Popular del Cesar debió pagar en dos desembolsos, al señor Guzmán Salcedo, la suma de doscientos veintiún millones setecientos noventa y tres mil ochocientos ochenta y tres pesos m/cte. ($221’793.883). Fundamentos de Derecho 6. La parte actora sostuvo que el actuar del demandado fue doloso, dado que expidió el acto administrativo de insubsistencia sin motivación y obrando con desviación y abuso de poder, tal como concluyó la sentencia que declaró la nulidad de la Resolución No. 0545. En ese sentido, sostuvo que la expedición de la resolución que declaró insubsistente el nombramiento del funcionario, no obedeció Radicación: 11001-03-26-000-2016-00086-00 (57.179) Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Abdo Enrique Barrera Mejía Referencia: Medio de control de repetición 3 a razones de buen servicio público, pues no se probó una mejor a del servicio, ni que se hubiera vinculado a un mejor funcionario, además de que el demandado conocía de antemano los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la imperiosa necesidad de motivación de los actos que declaran la insubsistencia del nombramiento de un funcionario de carrera y aun así profirió la resolución sin justificación alguna, con la intención de producir un cambio netamente burocrático. Así las cosas, señaló que la conducta del señor Barrera Mejía se circunscribe en la presunción legal contemplada en el numeral 1 del artículo 52 de la Ley 678 de 2001 y posteriormente citó el artículo 6 de la misma Ley, del cual resaltó el numeral 33. La defensa 7. La demanda fue admitida por esta Corporación 4 y notificada personalmente al apoderado de la parte demandada5, quien guardó silencio6. Audiencia inicial y de pruebas 8. El 1 de marzo de 2018 se realizó la audiencia inicial. 9. El litigio se fijó en los siguientes términos (se transcribe de manera literal con eventuales errores): “De conformidad con lo anterior, se considera que el objeto del litigio se contrae a determinar si el demandado obró de manera dolosa o gravemente culposa al expedir el acto administrativo declarado nulo y si, por consiguiente, es responsable de los perjuicios causados a la dema ndante con la condena proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dada la nulidad de la resolución 0545 del 15 de abril de 2009, por medio de la cual se desvinculó al señor Leonardo Enrique Guzmán Salcedo como profesional universitario, código 204 4, grado 06, dependiente de la Vicerrectoría General Seccional Aguachica de la Universidad Popular del Cesar y si, en consecuencia, se le debe ordenar que reintegre a la demandante la suma que ésta pagó en favor del mencionado señor, en cumplimiento de dicha condena”7. 10. El 11 de abril de 2018 se celebró audiencia con el fin de practicar las pruebas decretadas en la audiencia inicial8. 11. Surtido lo anterior y en aplicación a lo dispuesto en el artículo 181 del C.P.A.C.A. se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se ordenó la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y del concepto del Ministerio Público9. 2 “Obrar con desviación de poder”. 3 “Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable”. 4 Auto del 8 de noviembre de 2016 (folios 212-216 c. ppal.). 5 Folio 245 c. ppal. 6 Folio 258 c. ppal. 7 Folios 271-277 c. ppal. 8 Folios 283-285 c. ppal. 9 Folio 285 c. ppal. Radicación: 11001-03-26-000-2016-00086-00 (57.179) Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Abdo Enrique Barrera Mejía Referencia: Medio de control de repetición 4 Los alegatos de conclusión 12. Surtidas las tres primeras etapas del proceso, la Universidad Popular del Cesar sostuvo que en el proceso se acreditó que la decisión adoptada por el señor Barrera Mejía fue arbitraria y a todas luces reprochable y que no estuvo inspirada en el buen servicio público. Así las cosas, insistió en que el demandado obró de manera dolosa, pues excluyó la aplicación de las normas relacionadas con el retiro de funcionarios de la Universidad Popular del Cesar e inobservó lo establecido en el estatuto general de la Universidad- y con desviación de poder, pues desbordó sus facultades con finalidades ajenas al buen servicio. Para estos efectos, adujo que la situación se enmarca en las presunciones del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, y que se presume que existe dolo del agente público cuando hay una expedición irregular del acto acusado y sin motivación e i nfringiendo normas en que debía fundarse; presunción que no fue desvirtuada en el proceso por el demandado, quien ni siquiera contestó la demanda10. 13. El apoderado de la parte demandada sostuvo que si bien se acreditaron los elementos objetivos para la proc edencia de la acción de repetición, la Universidad Popular del Cesar no estableció con precisión a qué título le imputa la conducta al señor Barrera Mejía, pues en la demanda se refirió indistintamente a las presunciones de dolo y culpa grave contempladas en los artículos 5 (numeral 1) y 6 (numeral 3) de la Ley 678 de 2001, sin haber acreditado ninguna de las dos11. 14. El Ministerio Público consideró que se acreditó la conducta gravemente culposa del demandado, quien, en su calidad de rector de la universidad, aun con la importancia y responsabilidad del cargo que ostentaba, expidió un acto administrativo sin motivación, contrariando las disposiciones de la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto, sin haber demostrado ningún eximente d e responsabilidad, en la medida en que ni siquiera contestó la demanda ni formuló excepciones en este proceso12. II. CONSIDERACIONES Jurisdicción, competencia y acción procedente 15. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a conocer de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas por una actuación administrativa originada en dolo o culpa grave de un servidor o ex servidor público. En efecto, a esta jurisdicción están ad

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201600086001100103