Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: Seguros Colpatria S.A. demandó la nulidad de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2024-04-08
Radicado
68001233300020130044901
Número interno
54133
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A, SEGUROS COLPATRIA
Demandado
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: Seguros Colpatria S.A. demandó la nulidad de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012

Lo que dijo la Sala

Seguros Colpatria S.A. demandó la nulidad de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012, proferidas por el Instituto Nacional de Vías, mediante las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento definitivo del contrato de obra 0745 de 2008 -suscrito entre esta última entidad y el Consorcio Sogamoso-, y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿No se debió aplicar el principio de proporcionalidad porque, además de que desconfigura la finalidad de la cláusula penal, desconoce que el incumplimiento del consorcio fue total o definitivo, por lo tanto, en ese sentido, a pesar del avance de la obra, pues su no culminación se tradujo en una frustración absoluta de los intereses del ente contratante, ya que el puente no pudo ponerse en funcionamiento, ni siquiera parcialmente?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 410 de 1971, art. 867
  • Ley 84 de 1873, art. 1596

También resuelve

  • ¿La inaplicación de la cláusula de proporcionalidad en la garantía única, de ningún modo, impide que la cláusula penal pueda calcularse de forma proporcional al incumplimiento del contratista…
  • ¿Es válido que, ante el cumplimiento parcial de las obligaciones del contrato, el juez gradúe la cláusula penal, rebajándola proporcionalmente o reduciéndola equitativamente?
  • ¿Es procedente condenar en costas en segunda instancia, fijar agencias en derecho y confirmar la condena en costas de primera instancia?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO PROPORCIONALIDAD APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TEST DE PROPORCIONALIDAD INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE OBRA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO ATRIBUCIONES DEL JUEZ COMPETENCIA DEL JUEZ CONDENA EN COSTAS APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA COSTAS PROCESALES CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN EFECTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA REMISIÓN DE COPIA DE LA SENTENCIA

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Garantía única y efectividad de la póliza Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-05-20 Sección Tercera (Subsección B)
Dentro de las excepciones que se pueden formular en el proceso coactivo, en los términos del artículo 831 del Estatuto Tributario no existe ninguna relacionada con el cuestionamiento de la legalidad del acto base del cobro.
Consejo de Estado 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B)
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Consejo de Estado 2023-10-17 Sección Tercera (Subsección A)
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Consejo de Estado 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C)
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para juzgar los actos administrativos contractuales expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Consejo de Estado 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C)
No se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista
Consejo de Estado 2022-09-23 Sección Tercera (Subsección A)
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
Titulación de la relatoría 26.710 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PROPORCIONALIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / TEST DE PROPORCIONALIDAD / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA CIVIL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿No se debió aplicar el principio de proporcionalidad porque, además de que desconfigura la finalidad de la cláusula penal, desconoce que el incumplimiento del consorcio fue total o definitivo, por lo tanto, en ese sentido, a pesar del avance de la obra, pues su no culminación se tradujo en una frustración absoluta de los intereses del ente contratante, ya que el puente no pudo ponerse en funcionamiento, ni siquiera parcialmente? Respuesta al problema jurídico: No Seguros Colpatria S.A. demandó la nulidad de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012, proferidas por el Instituto Nacional de Vías, mediante las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento definitivo del contrato de obra 0745 de 2008 -suscrito entre esta última entidad y el Consorcio Sogamoso-, y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria. La actora consideró que, en la tasación de la cláusula penal, el demandado debió valorar el principio de proporcionalidad, pues así se lo mandaba la ley, el contrato y las condiciones de la garantía, al tiempo que no podía hacer efectiva la póliza de cumplimiento, en consideración a que el contrato no fue liquidado. (...) A partir de los planteamientos de la impugnación, la Sala entiende que el INVÍAS está cuestionando que el tribunal aplicara el principio de proporcionalidad, dado que dicha situación, además de que desconfigura la finalidad de la cláusula penal, desconoce que el incumplimiento del consorcio fue total o definitivo. En ese sentido, a pesar del avance de la obra, su no culminación se tradujo en una frustración absoluta de los intereses del ente contratante, ya que el puente no pudo ponerse en funcionamiento, ni siquiera parcialmente. Para entrar a resolver este cargo, es necesario analizar la figura de la cláusula penal pecuniaria y el alcance del principio de proporcionalidad, al tiempo que deberá estudiarse lo acordado expresamente por las partes en la cláusula decimoquinta del contrato 0745 de 2008. (...) para resolver el caso concreto, se debe analizar lo estipulado expresamente por las partes en el contrato, toda vez que, en ejercicio de la autonomía contractual, aquellas podían definir los alcances de la cláusula penal. (...) Como se puso de presente en los hechos probados, la cláusula decimoquinta del contrato 0745 de 2008 dispuso: “[…] De igual manera EL INSTITUTO podrá, en caso de incumplimiento definitivo por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato, que no constituya causal de caducidad, imponer una sanción a título de penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato por el incumplimiento y de forma proporcional al avance de la obra […]” (fl. 26, c1). Bajo estos términos, y en virtud del mismo acuerdo de voluntades, es claro que la imposición de la cláusula penal debía ser proporcional al avance de la obra, lo cual era al margen de que el incumplimiento fuera total o de que se presentara una frustración absoluta del objeto. Por lo mismo, el INVÍAS no puede, en sede de apelación, entrar a desconocer los postulados del negocio jurídico, el cual fue claro en determinar que la fijación y cobro de la pena sería en proporción a lo no ejecutado por el contratista. Sumado a ello, la Sala también encuentra que en el plenario está demostrado que el Consorcio Sogamoso cumplió parcialmente con sus obligaciones, y que tales obras fueron recibidas por la entidad. (...) De acuerdo con el material probatorio referido, es indiscutible que el contratista cumplió parcialmente con sus obligaciones, las cuales fueron recibidas y pagadas por el INVÍAS, motivo por el cual era posible que el juez, en aplicación de la cláusula decimoquinta y de lo mandado por los códigos Civil y de Comercio, redujera -como en efecto lo hizo- el monto de la cláusula penal impuesta en los actos demandados. Aun cuando es cierto que los regímenes civil y comercial no son idénticos, en tanto no es igual que la pena se rebaje proporcionalmente, a que se reduzca equitativamente, en este caso era válido que el tribunal optara por hacer una disminución proporcional, porque la proporcionalidad fue la figura que, según el clausulado contractual, se aplicaría en este tipo de situaciones. En consecuencia, y como el apelante no demostró los motivos por los cuales el juez de primera instancia erró al aplicar el tenor literal de la cláusula decimoquinta, ni por qué no eran aplicables los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, este punto de la sentencia será confirmado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 16 de agosto de 2022, C.P.: María Adriana Marín. Rad.: 08001-23-31-000-2011-00506-01(60434). FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1596 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / PROPORCIONALIDAD / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO Problema jurídico: ¿La inaplicación de la cláusula de proporcionalidad en la garantía única, de ningún modo, impide que la cláusula penal pueda calcularse de forma proporcional al incumplimiento del contratista, por lo tanto, la presunta aplicación del Decreto 4828 de 2008 no tendría la virtualidad de interferir en lo plasmado frente a la cláusula penal? Respuesta al problema jurídico: Si En la impugnación también se dijo que la cláusula de proporcionalidad no era válida, en atención a lo prescrito en el Decreto 4828 de 2008. El a quo descartó esta aseveración, porque dicho decreto fue publicado el 24 de diciembre de 2008, es decir, con posterioridad a la firma del contrato -28 de julio de ese año-, lo cual hacía que no le fuera aplicable. El recurso solo se refiere de forma tangencial a este argumento, arguyendo que un examen de la normativa anterior y del texto de la póliza permitiría dejar sin sustento tal determinación. Frente a este tema, la Sala encuentra que en el recurso no se expresó cuál era esa supuesta normativa anterior, ni cuál era su alcance. Además, no se justificó por qué los Decretos 4828 de 2008, 734 de 2012 y 1510 de 2013 eran aplicables, a pesar de que entraron a regir con posterioridad al perfeccionamiento del contrato. A pesar de ello, esta Subsección se permite aclarar que la inaplicación de la cláusula de proporcionalidad en la garantía única, de ningún modo, impide que la cláusula penal pueda calcularse de forma proporcional al incumplimiento del contratista. Ciertamente, aunque ambas instituciones guardan relación -pues la penal pecuniaria se cobra con cargo a la garantía, lo cual significa que esta asegura la efectividad de aquella-, son diferentes 34 , por lo que una eventual prohibición de incluir la cláusula de proporcionalidad en la garantía no hacía que, automáticamente, las partes no pudieran definir, en ejercicio de su autonomía, que la pena pecuniaria se tasaría con fundamento en el porcentaje de obra dejado de ejecutar (que fue lo que finalmente ocurrió). En otros términos, la prohibición del Decreto 4828 -el cual, se reitera, entró a regir luego de la suscripción del contrato- no se hacía extensiva a la cláusula penal, frente a la cual las partes podían definir los criterios para su fijación. Por lo tanto, es innegable que la presunta aplicación del Decreto 4828 de 2008 no tendría la virtualidad de interferir en lo plasmado frente a la cláusula penal, lo cual es una razón suficiente para descartar este reproche de la alzada. NOTA DE RELATORÍA: El numeral 15.3 del artículo 15 de este decreto mandaba: “15.3 Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad. // En la garantía única de cumplimiento no podrá incluirse la ‘Cláusula de Proporcionalidad’ u otra similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato garantizado y de presentarse incumplimiento parcial del mismo, la indemnización de perjuicios a cargo del asegurador no excederá de la proporción del valor asegurado equivalente al porcentaje incumplido de la obligación garantizada. // La inclusión de una cláusula de ese tenor no producirá efecto alguno”. INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / ATRIBUCIONES DEL JUEZ / COMPETENCIA DEL JUEZ / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Problema jurídico: ¿Es válido que, ante el cumplimiento parcial de las obligaciones del contrato, el juez gradúe la cláusula penal, rebajándola proporcionalmente o reduciéndola equitativamente? Respuesta al problema jurídico: Si La cláusula penal, según el artículo 1592 del Código Civil, “[…] es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal”. Según la jurisprudencia de esta Subsección, la cláusula penal constituye, por regla general, una tasación anticipada de perjuicios, la cual, por vía de excepción -en tanto medie un pacto entre las partes-, puede perder ese carácter y convertirse en una sanción convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones28 . La Corte Suprema de Justicia, por su parte, al abordar el sentido de esta institución, ha aseverado: Entendida, pues, la cláusula penal como el negocio constitutivo de una prestación penal de contenido patrimonial, fijada por los contratantes, de ordinario con la intención de indemnizar al acreedor por el incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de una obligación, por norma general se le aprecia a dicha prestación como compensatoria de los daños y perjuicios que sufre el contratante cumplido, los cuales, en virtud de la convención celebrada previamente entre las partes, no tienen que ser objeto de prueba dentro del juicio respectivo, toda vez que, como se dijo, la pena estipulada es una apreciación anticipada de los susodichos perjuicios, destinada en cuanto tal a facilitar su exigibilidad. Esa es la razón, entonces, para que la ley excluya la posibilidad de que se acumulen la cláusula penal y la indemnización de perjuicios, y solamente por vía de excepción, en tanto medie un pacto inequívoco sobre el particular, permita la acumulación de ambos conceptos, evento en el que, en consecuencia, el tratamiento jurídico deberá ser diferente tanto para la pena como para la indemnización, y donde, además, la primera dejará de ser observada como una liquidación pactada por anticipado del valor de la segunda, para adquirir la condición de una sanción convencional con caracterizada función compulsiva, ordenada a forzar al deudor a cumplir los compromisos por él adquiridos en determinado contrato29 . Ahora bien, en relación con la aplicación del principio de proporcionalidad, la jurisprudencia de esta Corporación ha expresado: Considerando que la cláusula penal pecuniaria es una tasación anticipada de perjuicios, y que la entidad está exenta -para imponerla y cobrarla- de demostrar los daños sufridos a raíz del incumplimiento del contratista; se debe tener en cuenta que el juez tiene la competencia, previo juicio de proporcionalidad, para fijar su reducción, pues los postulados de dicho principio, así como el de equidad -este último como criterio auxiliar de la actividad judicial-, así se lo exigen. No obstante, si de lo que se trata es de reclamar el valor no cubierto con la cláusula penal -es decir, un mayor perjuicio-, ya no es el principio de proporcionalidad el que actúa, sino el de la prueba debida del monto de los daños, pues es sabido que la reparación de todo daño, además de ser integral, debe ser plena. La primera potestad ha sido otorgada al juez por los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, los cuales prescriben, en su orden: […] Estas normas, que permiten graduar la cláusula penal pecuniaria, contemplan una doble naturaleza al ejercicio de dicha potestad judicial, pues, además de erigirse como un “derecho” en favor de las partes, se establece como una obligación a cargo del juez, para efectos de considerar si la sanción pecuniaria se ajusta al principio de proporcionalidad y al criterio de la equidad. […] Esta Corporación ha estudiado la problemática de la disminución de la cláusula penal en los contratos del Estado, sosteniendo -en todas esas ocasiones- que de conformidad con los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, el juez tiene la posibilidad de reducir la suma impuesta por tal concepto, evaluando -para ello- el porcentaje de obra efectivamente ejecutado por el contratista y su aceptación por parte de la entidad contratante30 . Como se observa, por mandato legal y a partir de la jurisprudencia de la Sala, es válido que, ante el cumplimiento parcial de las obligaciones, el juez gradúe la cláusula penal, rebajándola proporcionalmente (en los términos del artículo 1596 del Código Civil) o reduciéndola equitativamente (bajo el criterio del artículo 867 del Código de Comercio). (...) El INVÍAS ratificó que el 10% de lo dejado de ejecutar no cubría los perjuicios generados por el incumplimiento; además, insistió en que el valor de la pena fue definido desde un comienzo, por lo que no era necesario que se probara el monto de los perjuicios. Al respecto, la Sala comparte los argumentos del a quo, pues si el demandado consideraba que la pena pactada era insuficiente, debió emprender la respectiva reclamación judicial, lo cual no aconteció en esta oportunidad. Si bien en los alegatos de segunda instancia el INVÍAS retomó lo señalado por el salvamento de voto de la sentencia apelada, dicho análisis no es de recibo, porque no fue planteado desde la apelación, que es la que define la competencia de la Sala. Adicionalmente, y como ya se sostuvo en párrafos precedentes, aunque las partes fijaron el porcentaje de la cláusula penal en un 10% del precio, la misma se haría efectiva de manera proporcional al avance de la obra. Entonces, aun cuando es cierto que la pena convencional exoneraba a la entidad de la obligación de probar el monto de los perjuicios, tal situación no hacía que el cobro de la sanción pudiera desatender los precisos términos del contrato, o que la entidad estuviera relevada del deber de demandar, en caso de que el supuesto daño causado desbordara el valor de la cláusula penal. En consecuencia, este punto de la apelación se valorará de forma desfavorable. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 16 de agosto de 2022, C.P.: María Adriana Marín. Rad.: 08001-23-31-000-2011-00506-01(60434); Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, C.P.: Enrique Gil Botero. Rad.: 68001-23-31-000-1996-02081-01(17009) y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de mayo de 1996, M.P.: Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Exp.: 4.607. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que, cuando el objeto del contrato sea indivisible, no aplicará la proporcionalidad de la cláusula penal, salvo que la entidad pública haya recibido los trabajos realizados: “Finalmente, cabe agregar que si el objeto del contrato es indivisible, de modo que sólo sirve al contratante su ejecución completa, el valor de la cláusula penal se debe pagar íntegramente; salvo que la administración acepte del contratista la parte ejecutada” (Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, C.P.: Enrique Gil Botero. Rad.: 68001-23-31-000-1996-02081-01 (17.009)). Así, e independientemente de la naturaleza de la prestación, cuando la entidad acepte y pague los porcentajes de obra ejecutados, será procedente una graduación de la pena. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1592 CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente condenar en costas en segunda instancia, fijar agencias en derecho y confirmar la condena en costas de primera instancia? Respuesta al problema jurídico: Si En lo relativo a la condena en costas, el INVÍAS se refirió al artículo 392 del CPC, el cual disponía que: “6. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”. Esta norma, que también está prevista en el artículo 365 del CGP, estipula que, ante la prosperidad parcial de la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o emitirá una condena parcial. En la sentencia de primer grado, el tribunal refirió, frente a la condena en costas, lo siguiente: “De conformidad con el Art. 188 del CPACA, se condena en costas a la entidad demandada INVÍAS por ser la parte vencida en el proceso, las cuales se liquidarán de acuerdo a lo establecido en el Art. 366 del Código General del Proceso” (fl. 766, c. ppl.). Con base en lo anterior, es claro que el a quo no incurrió en ningún yerro al condenar en costas al INVÍAS, en tanto la normativa procesal civil prescribe que el juez “podrá” -es decir, es un asunto subjetivo- abstenerse de condenar en costas, sin que esto sea un imperativo en cada caso en que la demanda prospere parcialmente. En esta oportunidad, es claro que el tribunal consideró que la condena en costas era válida, en atención al resultado del proceso, en el cual se concedió la pretensión principal de Colpatria, esto es, la declaratoria de nulidad parcial de los actos impugnados y la reducción del monto de la cláusula penal. Así, el cargo del demandado no está llamado a prosperar, porque no está demostrado que el tribunal, al imponer las costas, desatendió algún postulado legal. En vista de que el recurrente no logró refutar o controvertir lo indicado en el fallo de primera instancia, el mismo será confirmado. Por ello, se mantendrá la decisión de declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012, la de disminuir el valor de la cláusula penal y la de condenar en costas al INVÍAS. (...) Con el sistema procesal actual, la condena en costas adoptó un régimen objetivo, en el que se condena a la parte vencida, con independencia de su conducta. Teniendo esto de presente, y para efectos de la condena en costas en segunda instancia, se tiene que, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Así, el artículo 365 del Código General del Proceso señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso; adicionalmente, el artículo 361 ibidem establece que las costas “[…] están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, defina el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de esa misma disposición. Bajo estos términos, se condenará en costas a la parte demandada, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del CGP. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, y de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso, y otras circunstancias especiales, si las hubiere. En ese sentido, se aprecia que: Se trata de un proceso de controversias contractuales, en el cual el actor resultó favorecido, ya que deberá cancelar, como cláusula penal, la suma de $157’513.744, en lugar de $1.015’079.012. La diferencia entre ambos montos es de $857’565.268, es decir, este fue el dinero que la aseguradora no deberá pagar a raíz de la providencia confirmada en esta instancia, lo cual significa que este es el valor de la pretensión reconocida y sobre el cual se calculará la condena en costas. Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de la fijación de las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia, acerca de la duración y la complejidad de la gestión procesal, se observa que, además del seguimiento propio que amerita un caso como el presente, Seguros Colpatria presentó, oportunamente, los alegatos de conclusión. (...) Por tanto, se fijarán las agencias en derecho de la segunda instancia en el 1% de las pretensiones reconocidas, es decir, la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($8’575.652,68). La anterior condena deberá incluirse en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso, la demandada. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 392, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / EFECTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿El recurso de apelación determina la competencia del juez de segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si En este punto, se resalta que, por mandato del artículo 320 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a los reparos concretos formulados por el apelante, lo cual le impone a este último la carga de exponer adecuadamente los motivos de disenso con la decisión del juez de primer grado, sin que sea suficiente enunciar, de manera genérica, su descontento con la determinación objeto del recurso. Sumado a ello, los fundamentos de la impugnación deben relacionarse o conectarse con las consideraciones del a quo, por cuanto está proscrito, bajo la excusa de presentar una apelación, traer a colación razonamientos que no guardan coherencia con la providencia controvertida. NOTA DE RELATORÍA: Sobre este tema, revisar: (i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de noviembre de 2021, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. Rad.: 25000-23-26-000-2011-00924-01 (54.282); (ii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de marzo de 2022, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. Rad.: 19001-23-33-000-2012-00652-01 (53.376), y (iii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 29 de septiembre de 2023, C.P.: María Adriana Marín. Rad.: 25000-23-36-000-2012-00034-02 (57.788). FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320 REMISIÓN DE COPIA DE LA SENTENCIA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente remitir copia de la sentencia a otros procesos que aún no se resuelven dado que lo decidido en esta oportunidad podría influir en aquellos procesos? Respuesta al problema jurídico: Si Revisado el sistema de la rama judicial, se advierte que existen dos procesos en los que se están discutiendo asuntos relacionados con el objeto de la controversia: (i) en el despacho del consejero Jaime Enrique Rodríguez Navas se está conociendo del proceso 68001-23-33-000-2013-01118-01 (59.622), en el cual el Consorcio Sogamoso demandó al INVÍAS, con la pretensión, entre otras, de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012. (ii) En el Tribunal Administrativo de Santander se está tramitando el proceso 68001-33-33-011-2016-00207-0236, que es un ejecutivo adelantado por el INVÍAS en contra de los integrantes del Consorcio Sogamoso y de Colpatria (la primera instancia de este expediente se surtió ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Bucaramanga, bajo el radicado 68001-33-33-002-2016-00207- 00). Como lo decidido en esta oportunidad podría influir en aquellos procesos, una vez quede en firme esta sentencia, se deberá enviar una copia de la misma para que sea anexada en los expedientes respectivos.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201300449011100103