---
clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020090107601-51741-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: es pues, sobre el cual debe determinarse el monto de la cláusula penal"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-11-21"
radicado: "25000232600020090107601"
numero: "51741"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020090107601-51741-sentencia"
---

# Consejo de Estado: es pues, sobre el cual debe determinarse el monto de la cláusula penal

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-11-21
- **Radicado:** 25000232600020090107601
- **Número interno:** 51741
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** CICON S.A-KMA II
- **Demandado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020090107601-51741-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020090107601/0AA6E9E0A6CD1AD87CB1952DE6DFFC03E66C564B5B03A6BA5E343B69CDBA312F/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200901076011100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Regla de decisión

Es pues, sobre el cual debe determinarse el monto de la cláusula penal.

## Problema jurídico

¿La pena pecuniaria por incumplimiento de las obligaciones de entrega de documentos fue proporcional, por basarse en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante con dicho incumplimiento?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

SIN DECISION

## Puntos clave

- ¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro de la oportunidad prevista en la ley?
- ¿Tienen valor probatorio las copias simples?
- ¿El funcionario que profirió los actos impugnados era competente para imponer multas o penas de apremio en el contrato Estatal?

## Extracto

En el Contrato 194 de 2005 se estipuló que el monto de la pena pecuniaria ascendía al 30% de “valor del contrato” y no al precio de las obras programadas. Es pues, el precio estipulado en el contrato, sobre el cual debe determinarse el monto de la cláusula penal… . Por ende, el monto máximo de la pena pecuniaria, como estimación anticipada que es del daño irrogado por el incumplimiento total del contratista-, era de… , sin perjuicio de que, por vía judicial, el ente contratante deprecara indemnización de perjuicios, por el monto que superara la pena-. Al liquidar el monto de la pena pecuniaria en los actos demandados, el IDU sumó las obras ejecutadas en las redes de ETB y la EAAB, que debían ser incluidas en los cruces de cuenta con dichas ESPs.

## Síntesis temática

El contratista no puede reducir la pena pecuniaria impuesta por incumplimiento de entrega de documentos si esta se basa en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante, ya que la proporcionalidad de la sanción se mantiene siempre que se ajuste al daño efectivamente causado, como lo establece el Contrato 194 de 2005 y la Ley 80 de 1993. La Sala reitera la jurisprudencia que permite a la entidad estatal liquidar el monto de la cláusula penal pecuniaria en función del daño real, sin necesidad de que este sea inferior al estipulado contractualmente, lo que implica que la proporcionalidad de la pena pecuniaria se mantiene siempre que se ajuste a la cuantificación razonada del perjuicio.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO, SANCIÓN PECUNIARIA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, MONTO DE LA SANCIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN, GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, PROPORCIONALIDAD DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, DELEGACIÓN DE FUNCIONES, DELEGANTE, COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO DELEGADO, DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL, RESPONSABILIDAD DEL DELEGANTE, RESPONSABILIDAD DEL DELEGATARIO, LÍMITES A LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, IMPOSICIÓN DE LA MULTA, COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE, MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL, FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, DELEGACIÓN DE FUNCIONES GENÉRICAS, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL, DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO, AFECTACIÓN SUSTANCIAL DEL DEBIDO PROCESO, DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, NEGACIÓN DE LA PRÁCTICA DE PRUEBA, VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA, DESVIACIÓN DE PODER, DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER, INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER, NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, HECHO DEL TERCERO, CAUSA EXTRAÑA, PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

## Guías prácticas relacionadas

- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
- [Multas y cláusula penal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/multas-clausula-penal.md): Cómo distinguir una multa de una cláusula penal y cuándo puede imponerse cada una.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.
- [Nulidad del contrato estatal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato.md): Cuándo el contrato es nulo, quién puede pedirlo y qué pasa con lo ya ejecutado.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Debe declararse el incumplimiento de las obligaciones del contratista, al no presentar todos los documentos requeridos para adelantar el cierre ambiental del contrato de obra.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020190007601-67430-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: el consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020130051101-55476-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: Seguros Colpatria S.A. demandó la nulidad de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233300020130044901-54133-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: el IDU incumplió el pago de unas facturas](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020150263002-67095-sentencia.md)

## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / SANCIÓN PECUNIARIA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / MONTO DE LA SANCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PROPORCIONALIDAD DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿La pena pecuniaria por incumplimiento de las obligaciones de entrega de documentos fue proporcional, por basarse en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante con dicho incumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el Contrato 194 de 2005 se estipuló que el monto de la pena pecuniaria ascendía al 30% de “valor del contrato” y no al precio de las obras programadas. Es pues, el precio estipulado en el contrato, sobre el cual debe determinarse el monto de la cláusula penal […]. Por ende, el monto máximo de la pena pecuniaria, como estimación anticipada que es del daño irrogado por el incumplimiento total del contratista-, era de […], sin perjuicio de que, por vía judicial, el ente contratante deprecara indemnización de perjuicios, por el monto que superara la pena-. Al liquidar el monto de la pena pecuniaria en los actos demandados, el IDU sumó las obras ejecutadas en las redes de ETB y la EAAB, que debían ser incluidas en los cruces de cuenta con dichas ESPs. No pasa por alto la Sala que, si bien, el detrimento económico ocasionado al IDU podría ser inferior al cuantificado en los actos demandados, debido a que el IDU, en todo caso, corría con los costos de las obras en redes de servicios que hubieran sido necesarias por las interferencias que se presentaran en la ejecución del Contrato 194 de 2005; la actora no consiguió desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos demandados, con pruebas que demostraran que las obras incluidas en la cuantificación de la pena pecuniaria debieran ser asumidos por el IDU. […] Resulta válido concluir, por tanto, que la pena pecuniaria por incumplimiento de las obligaciones de entrega de documentos fue proporcional, por basarse en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante con dicho incumplimiento, por lo que, en definitiva, los cargos de la apelante con los que cuestionaba la imposición de la pena y su proporcionalidad no están llamados a prosperar.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro de la oportunidad prevista en la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conforme al inciso segundo del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, los actos administrativos proferidos con ocasión de la actividad contractual de las entidades regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) son enjuiciados a través de la acción de controversias contractuales, de manera que el término para formular oportunamente la demanda es el de dos años, tomados a partir del motivo de hecho o de derecho que motiva la reclamación judicial. En este caso, motivaron la demanda las decisiones administrativas plasmadas en las Resoluciones 196 del 2 de febrero de 2009, y 1204 del 24 de abril de 2009, confirmatoria de la inicial. Esta última fue notificada por edicto17, desfijado el 25 de junio de 2009. A partir del día siguiente a esta última fecha, la parte actora tenía hasta el 26 de junio de 2011 para formular su reclamación judicial. Con estas fechas, resulta evidente que la demanda se presentó en tiempo […].
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Tienen valor probatorio las copias simples?
Respuesta al problema jurídico: Si
En vista de que hay elementos de prueba documentales aportados en copia simple, la Sala las tendrá en cuenta para decidir conforme lo han establecido, de forma unificada, la Sección Tercera en pleno y la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 30 de septiembre de 2014, rad. 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV), C. P. Alberto Yepes Barreiro.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES / DELEGANTE / COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO DELEGADO / DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL DELEGANTE / RESPONSABILIDAD DEL DELEGATARIO / LÍMITES A LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
OBITER DICTUM
La delegación es reconocida en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, como una figura mediante la cual una autoridad, a través de un acto administrativo, transfiere el ejercicio de determinadas funciones o actuaciones específicas a sus colaboradores o a otras autoridades que tengan funciones afines o complementarias, siempre que esté legalmente facultada para ello, en procura del mejor cumplimiento de las funciones administrativas y el logro de los fines del Estado. De esta forma, como presupuesto lógico y necesario de la delegación de funciones —que en materia contractual fue regulada en la Ley 80 de 1993, el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 489 de 1998— el funcionario delegante debe tener la competencia que delega.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, 211, DECRETO 2150 DE 1995, LEY 489 DE 1998, LEY 80 DE 1993
IMPOSICIÓN DE LA MULTA / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
Sobre la imposición de cláusulas penales de apremio o multas en contratos regidos por Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, han coexistido dos posiciones en la jurisprudencia administrativa colombiana. En el 2005, consideró esta Sección que la competencia para hacer efectivas tales multas y sanciones recaía en la jurisdicción, y no en la autoridad administrativa. Pero, a su vez, en sentencias de 1998, 2000 y 2008, esta Sección manifestó que, de acuerdo con los artículos 64 del CCA y 3º de la Ley 80 de 1993, la Administración tenía la facultad de imponer y cobrar multas contractuales por sí y ante sí, en atención al carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos, y la autotutela declarativa de la administración, que le permití modificar unilateralmente las situaciones jurídicas en las que actúa. Luego, en el año 2014, la Subsección A consideró que antes de la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales no estaban autorizadas “para expedir actos administrativos mediante los cuales impusieran unilateralmente multas o declararan el incumplimiento del contrato, en caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista particular, esto es sin necesidad de acudir al juez del contrato”, pero habían recobrado esa facultad con la expedición de la Ley 1150 de 2007. Finalmente, esta Subsección, en línea con la Corte Suprema de Justicia, ha precisado que el pacto de estas cláusulas en el derecho privado colombiano es válido y eficaz, razón por la que podían ser impuestas en todos los contratos estatales, pero no por los medios del derecho público, es decir, por medio de actos con fuerza ejecutiva y ejecutoria. Si bien, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 reguló el debido proceso para declarar el incumplimiento del contrato estatal con el fin de imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal, ni dicha norma ni la Ley 80 de 1993 regularon expresamente la figura de la pena pecuniaria, que ya era prevista y regulada, desde mucho antes, en los artículos 1592 y siguientes del Código Civil.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la imposición de cláusulas penales de apremio o multas en contratos regidos por Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de octubre de 2005, rad. 14579, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; auto de 6 de agosto de 1998, rad. 14558, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 29 de junio de 2000, rad. 16756, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 13 de noviembre de 2008, rad. 17009, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 30 de abril de 2014, rad. 27096, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 30 de julio de 2008, rad. 21574, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 5 de agosto de 2020, rad. 45183, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de junio de 2000, rad. C-4823, M. P. José Fernando Ramírez Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 64, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1592, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3
DELEGACIÓN DE FUNCIONES / COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO DELEGADO / DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL / LÍMITES A LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DELEGACIÓN DE FUNCIONES GENÉRICAS / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El funcionario que profirió los actos impugnados era competente para imponer multas o penas de apremio en el contrato Estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]ara el momento en que fueron expedidos los actos demandados, la Administración estaba facultada para su imposición, incluso en los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007, y la Sala entiende que la faculta de imponer multas o penas de apremio quedó comprendida, sin duda, dentro de las facultades generales delegadas al director técnico de Malla Vial mediante la Resolución 1705 de 2006. En consecuencia, este cargo no prospera.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007
DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / AFECTACIÓN SUSTANCIAL DEL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿Para que la vulneración al derecho de contradicción probatoria sea relevante en el juicio de nulidad del acto, no basta con la comprobación formal del vicio, el actor debe acreditar la trascendencia de este en la formación o en el sentido de la decisión adoptada, de suerte que el yerro sea sustancial?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, antes citado, reconoce expresamente el derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas contractuales de naturaleza sancionatoria, como un desarrollo del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que fija dicha garantía a nivel superior y fundamental en todas las actuaciones administrativas. Dentro de sus múltiples expresiones, se encuentra el derecho a solicitar, aportar y controvertir pruebas dentro de cualquier procedimiento administrativo, incluyendo, claro está, el destinado a imponer multas y declarar la efectividad de la cláusula penal pecuniaria. […] [P]ara que la vulneración al derecho de contradicción probatoria sea relevante en el juicio de nulidad del acto no basta con la comprobación formal del vicio. El actor debe acreditar la trascendencia de este en la formación o en el sentido de la decisión adoptada, de suerte que el yerro sea sustancial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas contractuales de naturaleza sancionatoria, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, rad. 16367, C. P. Enrique Gil Botero; Sección Segunda, sentencia de 26 de septiembre de 2012, rad. 1087-09, C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sección Tercera, sentencia de 23 de noviembre de 2003, rad. 14431, C. P. María Elena Giraldo Gómez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17
DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / AFECTACIÓN SUSTANCIAL DEL DEBIDO PROCESO / NEGACIÓN DE LA PRÁCTICA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA
Problema jurídico:
¿Los actos demandados fueron expedidos con vulneración del debido proceso, al negarse la práctica de pruebas durante el procedimiento administrativo?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]o que esta Colegiatura echa de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

dante, lo que afecta su imparcialidad y credibilidad, por lo que se impone una valoración más rigurosa de sus declaraciones, de acuerdo con las circunstancias del caso, sin que en este se hayan practicado o allegado otras pruebas que soporten sus afirmaciones.
DESVIACIÓN DE PODER / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER
Problema jurídico:
¿Se acreditó, siquiera de modo indirecto, que el Director Técnico de Malla Vial del IDU hubiera tenido la voluntad de declarar el incumplimiento y hacer eficaz la cláusula penal del contrato atendiendo a fines distintos, contrarios o desconocedores de los que corresponden la potestad legal ejercida?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala descarta el éxito de este cargo, ya que la desviación de poder sindica al funcionario que tomó la decisión de ejercer su competencia soslayando los fines que la informan, y no atiende a los hechos —en este caso, al grado del incumplimiento contractual— que motivaron la decisión, como lo expresó la apelante. En el asunto no fue probado, siquiera de modo indirecto, que el Director Técnico de Malla Vial del IDU hubiera tenido la voluntad de declarar el incumplimiento y hacer eficaz la cláusula penal del contrato atendiendo a fines distintos, contrarios o desconocedores de los que corresponden la potestad legal ejercida. Aunque los testigos […] afirmaron que los actos fueron producto de supuestas molestias ocasionadas en la entidad por reclamaciones contractuales iniciadas por la actora, lo cierto es que estas versiones no encuentran respaldo alguno en los demás medios de prueba que permitan la corroboración de las versiones vertidas que reproducen la postura procesal del Consorcio con el que estos deponentes laboraron. Así las cosas, tal como fue estructurado este cargo no prospera.
NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Se acreditó que la entidad demandada incurrió en falsa motivación en la expedición de los actos administrativos demandados?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]l no estar satisfecha la carga probatoria del demandante a través de los medios de convicción que este indicó, el cargo de nulidad de los actos sub judice por falsa motivación, en los términos desarrollados por el promotor del proceso, tampoco es de recibo.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / HECHO DEL TERCERO / CAUSA EXTRAÑA / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El Consorcio demandante incumplió la obligación de entregar los planos récord y las constancias de recibo de las obras ejecutadas para las ESPs, de acuerdo con lo pactado en el Contrato 194 de 2005, del cual forma parte el pliego de condiciones, con sus apéndices?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s claro que el Consorcio CICON – KMA II incumplió la obligación de entregar los planos récord y las constancias de recibo de las obras ejecutadas para las ESPs, de acuerdo con lo pactado en el Contrato 194 de 2005, del cual forma parte el pliego de condiciones, con sus apéndices. Por otra parte, el demandante ha argumentado en esta instancia que el anterior incumplimiento no puede atribuírsele, porque la honra de tal obligación dependía de terceros cuya renuencia le había hecho imposible la entrega de los documentos requeridos. Esta justificación, sin embargo, no puede tener recibo, puesto que el consorcio actor no dio cuenta de las acciones que hubiera realizado para honrar los compromisos pactados, y tampoco acreditó una causa extraña que haya tornado imposible su cumplimiento. Por el contrario, en la Resolución 1204 de 2009 consta, sin que se hubiera acreditado lo contrario, que la interventoría y el IDU fueron las únicas que adelantaron gestiones ante ETB, EAAB y Gas Natural, para obtener las constancias de recibo de las obras ejecutadas. Una cosa es, pues, que estas constancias sean extendidas por las ESPs, y otra muy diferente es que no le correspondiera al actor la observancia de una debida diligencia para obtenerlas. En consecuencia, así planteado el cargo, no puede quebrar la legalidad de las decisiones impugnadas.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / SANCIÓN PECUNIARIA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / MONTO DE LA SANCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PROPORCIONALIDAD DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿La liquidación de la pena pecuniaria resulta válida de acuerdo con un cómputo aproximado del perjuicio irrogado con el incumplimiento, sin que sea necesario acreditar que dichos perjuicios fueron realmente ocasionados?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]e acuerdo con los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, la Sala ha considerado que, de la misma forma en que el monto de la pena puede ser inferior a los perjuicios irrogados con el incumplimiento, también puede ocurrir que la entidad imponga el monto total de la pena y este resulte ser excesivo, en atención al cumplimiento parcial del contratista; situación ésta en la que puede el juez rebajar la pena en proporción al cumplimiento de la obligación principal y de los perjuicios ocasionados, sin que ello suponga la obligación de probar tales perjuicios, conforme al artículo 1599 del Código Civil. De esta forma, como lo ha considerado esta Subsección, no se desconfigura la finalidad y la naturaleza indemnizatoria de la pena pecuniaria, sino que, por el contrario, se atiende justamente la naturaleza resarcitoria de la responsabilidad patrimonial en el ordenamiento colombiano, por la que esta no puede constituirse como fuente de enriquecimiento de quien sufra un daño. En este orden de ideas, la liquidación de la pena pecuniaria de acuerdo con un cómputo aproximado del perjuicio irrogados con el incumplimiento resulta válida, sin que sea necesario acreditar que dichos perjuicios fueron realmente ocasionados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el monto de la pena por los perjuicios ante el incumplimiento del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de noviembre de 2008, rad.17009, C. P. Enrique Gil Botero; sentencias de 26 de noviembre de 2015, rad. 48892, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 8 de octubre de 2021, rad. 53195, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 14 de octubre de 2021, rad. 50623, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1596, 1599

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-11-21. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 25000232600020090107601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020090107601-51741-sentencia).
