Radicado: 54001-23-31-000-2003-00610-01 (58708)
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de repetición
Radicación: 54001-23-31-000-2003-00610-01 (58708)
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Demandado: Arfilio Vera Carrero
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos antes de la vigencia de
la Ley 678 de 2001. Se confirma la decisión de negar las
pretensiones porque no se probó el pago de la conciliación.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, en la que se negaron las pretensiones de
la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia a la luz de lo dispuesto en
el artículo 7º de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo ( CCA).
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 2 de marzo de 2017 y
se corrió traslado para alegar el 10 de agosto de 2017. L a entidad demandante
alegó de conclusión en segunda instancia y el demandado guardó silencio . El
Ministerio Público rindió concepto.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 9 de mayo de 2003
por el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. Se dirigió contra Arfilio
Vera Carrero para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad el 29 de mayo
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de 2001, como consecuencia de la conciliación aprobada por la Sección Tercera
del Consejo de Estado mediante providencia del 25 de noviembre de 1999.
2.- A partir de lo afirmado en la de manda y de las piezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:
2.1.- El demandado Arfilio Vera Carrero era el comandante de la subestación de
Policía del barrio Ospina Pérez en la ciudad de Cúcuta.
2.2.- El 27 de junio de 1992 la subestación fue atacada por un grupo subversivo.
En el ataque fallecieron los agentes Luis Enrique García Meza y Ruperto Bonilla
González.
2.3.- En ejercicio de la acción de reparación directa, los familiares de las víctimas
demandaron a la Policía Nacional para obtener la reparación del daño causado
por la muerte de los agentes.
2.4.- El 9 de noviembre de 1998 el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander condenó a la Policía Nacional a indemnizar los perjuicios sufridos por
los familiares de la s víctimas directas. Señaló que la muerte de los agentes era
imputable a la entidad porque , aunque sus <<superiores>> sabían que la
subestación tenía antecedentes de hostigamiento, para el momento de los
hechos solo había dos (2) agentes cuidando el puesto.
2.5.- En audiencia de conciliación celebrada el 25 de noviembre de 1999 la
Policía Nacional acordó pagar el ochenta y cinco por ciento (85%) de los
perjuicios reconocidos en la sentencia de primera instancia del proceso de
reparación directa. El acuerdo fue aprobado por la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la misma audiencia.
2.6.- Por medio de la Resolución No. 3853 del 8 de noviembre de 2000 la entidad
demandante dispuso el pago de la condena por la suma de trescientos doce
millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos con
setenta y tres centavos ($312.448.839,73)1, por concepto de capital.
2.7.- Mediante la Resolución No. 328 del 30 de abril de 2001 la Policía Nacional
ordenó pagar la suma de veintitrés millones ciento un mil seiscientos ochenta y
cinco pesos con ochenta y cinco centavos ($23.101.685,85) a favor de los
beneficiarios de la condena, por concepto de intereses.
2.8.- La entidad demandante afirmó que pagó la condena el 29 de mayo de 2001.
1 La Resolución No. 458 del 15 de febrero de 2001 corrigió algunos de los valores ordenados en la
Resolución No. 3853, pero no modificó la obligación derivada del proceso de reparación directa al que se
ha hecho referencia.
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3.- Como fundamento de las pretensiones, la entidad demandante se limitó a
señalar que el demandado era responsable << por culpa grave>> de los hechos
por los que surgió la obligación indemnizatoria a cargo de la Policía, y transcribió
apartes de la sentencia de reparación directa en la que se atribuyó el daño a la
<<negligencia omisiva por parte de los superiores de los agentes fallecidos>>.
B.- Posición de la parte demandada
4.- El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos
de defensa expuso que: (i) para el momento de los hechos la subestación solo
contaba con trece (13) agentes , quienes estaban desempeñando diferentes
tareas; (ii) el suministro de armamento para la subestación correspondía al
comando de Policía del Departamento; (iii) por estos hechos no se adelantaron
investigaciones penales o disciplinarias contra el demandado; (iv) no son
aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001 porque los hechos ocurrieron
antes de su entrada en vigencia; y (v) con base en los anteriores argumentos
formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
C.- Sentencia recurrida
5.- En la sentencia del 31 de agosto de 2016 el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda porque no se
demostró el pago de la conciliación , ni el dolo o la culpa grave del demandado .
En relación con el pago, el tribunal afirmó que solo se aportaron las
Resoluciones No. 3853 de 2000, 458 de 2001 y 328 de 2001 que lo ordenaron,
junto con el comprobante de egreso relacionado con el pago de intereses . Sin
embargo, no se allegó una constancia de recibo por parte de los beneficiarios.
D.- Recurso de apelación
6.- En su recurso de apelación la entidad demandante solicita que se revoque la
sentencia de primera instancia y en su lugar se condene al demandado . Su
inconformidad se centra en los siguientes puntos:
6.1.- De acuerdo con la sentencia de reparación directa, los agentes fallecieron
en actos de servicio y las autoridades de Policía sabían que había antecedentes
de hostigamiento a la subestación del barrio Ospina Pérez, lo que hacía previsible
el peligro para la vida de sus integrantes.
6.2.- El pago de la conciliación se demostró con las Resoluciones No. 3853 de
2000, 458 de 2001 y 328 de 2001 que lo ordenaron.
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7.- En sus alegatos de conclusión en segunda instancia, la entidad demandante
agregó que <<con la demanda se aportó certificación firmada por el Tesorero
General de la Policía Nacional con el cual se confirma el pago realizado>>, y esta
certificación demuestra el pago porque es un documento público que se presume
auténtico según los artículos 257 y 243 del CGP.
II. CONSIDERACIONES
E.- Asuntos procesales
8.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se
explica a continuación:
8.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y
su condicionamiento por la Corte Constitucional2, la demanda de repetición debe
presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la
fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más t ardar, desde el
vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del CCA.
8.2.- La providencia que aprobó la conciliación quedó ejecutoriada el 30 de
noviembre de 19993.
8.3.- El plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA corrió hasta el 1º
de junio de 2001. Como no está demostrada la fecha de pago de la conciliación,
para el cómputo del término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del
vencimiento del plazo para pagar.
8.4.- El término de caducidad transcurrió entre el 2 de junio de 2001 y el 2 de
junio de 2003. En consecuencia, la demanda presentada el 9 de mayo de 20034
se radicó oportunamente.
F.- Régimen legal y decisión
9.- A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales del CCA porque
los hechos imputados al demandado ocurrieron antes de la entrada en vigencia
de la Ley 678 de 2001 . E sta ley aplica en los asuntos procesales porque la
2 La sentencia C-832 de 2001 declaró la exequibilidad condicionada del numeral 9 del artículo 136 del CCA.,
<<bajo el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que
efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en
el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo >>. La sentencia C -394 de 2002 dispuso
estarse a lo resuelto en la primera sentencia para el artículo 11 de la Ley 678 de 2001.
3 Fl. 50 c. 1.
4 Fl. 2 c. 1.
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demanda fue presentada con posterioridad a su promulgación. El ataque a la
subestación de Policía del barrio Ospina Pérez tuvo lugar el 27 de junio de 1992
y la demanda fue presentada el 9 de mayo de 2003.
10.- La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones porque no se probó
el pago de la obligación que se pretende repetir 5. Para demostrar este
presupuesto la entidad demandante ad
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