Titulación de la relatoría 37.742 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA / ENTIDAD PÚBLICA / JEFE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO / REPRESENTACIÓN LEGAL DE PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO / NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS EMPLEOS DEL ORDEN NACIONAL / COMPETENCIA SUBJETIVA / ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL
Problema jurídico:
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del medio de control de repetición, en única instancia, contra quien obró como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, representante legal de una persona jurídica pública del orden nacional y otro servidor de menor jerarquía?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, la Ley 1437 de 2011, norma vigente al momento de la presentación de la demanda, en sus artículos 149, 152 y 155 introdujo el factor subjetivo -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- y el objetivo por cuantía para los de doble instancia. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 del CPACA el Consejo de Estado conoce, en única instancia, de los procesos de repetición que el Estado ejerce contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional. En este sentido, atendiendo a la calidad de Evamaría Uribe Tobón, como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, como representante legal de una persona jurídica pública del orden nacional, como lo es la referida Superintendencia, se concluye que esta Corporación es competente para decidir de fondo el presente proceso, en única instancia. Respecto de Juan Felipe Ospina Urquijo, quien ejerció como director técnico de gestión de gas combustible de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, debe aclararse que, si bien no ejerció la representación de la misma, la Sala tiene competencia - para pronunciarse sobre él a efectos de que exista unidad de criterio en el estudio de la responsabilidad que le pueda corresponder a los demandados respecto de las condenas impuestas al ente demandante, propósito que se cumple al atender el mandato del legislador, conforme al cual “(…) si la acción se intentara en contra de varios funcionarios, será competente el juez que conocería del proceso en contra del de mayor jerarquía” .
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de junio de 2020, exp. 46047, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 26 de noviembre de 2021, exp. 64488, C.P. Nicolás Yepes Corrales; Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, exp. 49153, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; Subsección A, sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 50424, C.P. José Roberto Sáchica Mendez y Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2021, exp. 45625, C.P. Ramiro Pazos Guerrero
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 155, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1
REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en este caso?
Respuesta al problema jurídico: No
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general , estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción , ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados . No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con que contaba la entidad pública para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme. El literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA señala que el medio de control de repetición caducará en dos años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad, ver: Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002. Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998. Sobre los límites del derecho de acceso a la administración de justicia, ver: Consejo de Estado, Sentencia del 23 de febrero de 2006, exp. 6871-05, C.P. Tarcicio Caceres Toro. Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 25000-23-26-000-1997-05265-01(22867), C.P. Danilo Rojas Betancourth; sobre la aplicación del Código General del Proceso, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, exp. 49299.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308
REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / INSUBSISTENCIA EN EL NOMBRAMIENTO DE EMPLEO PÚBLICO / CALIFICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE
Problema jurídico:
¿Tiene legitimación en la causa por pasiva, en repetición, el servidor público que calificó y evaluó el desempeño de una empleada declarada insubsistente mediante resoluciones expedidas por la Superintendente de servicios públicos?
Respuesta al problema jurídico: No
[el servidor de menor jerarquía] no está legitimado en la causa por pasiva, pues no fue el servidor público que expidió ni elaboró las Resoluciones (...), que posteriormente fueron anuladas mediante sentencia del 3 de febrero de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es decir, se observa que el señor (...) no intervino en la expedición o elaboración de los referidos actos administrativos. Al respecto, en la demanda de repetición la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios señala que (...) en calidad de “director técnico de gestión de gas combustible de la superintendencia”, calificó y evaluó el desempeño laboral de (...), añadiendo que dicha calificación, posteriormente, fue la base de la declaratoria de insubsistencia de la señora (...). Con todo, sobre el particular, se advierte que respecto a la calificación de desempeño de (...) que realizó (...), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del 3 de febrero de 2012, indicó que, por ser la calificación de servicios “un acto de trámite”, no era demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que resolvió inhibirse “de resolver sobre la legalidad de la calificación de servicios realizada el 28 de febrero de 2007, efectuada a la demandante (…). Así como de la Resolución (...) que confirmó la calificación anterior”. En este orden, como la calificación de desempeño que efectuó (...) a (...) fue un mero acto de trámite que resultó incólume, aunado a que no fue el servidor público que elaboró, revisó, aprobó o suscribió las Resoluciones (...), se concluye que aquel no está legitimado en la causa por pasiva.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva de quien no intervino en la expedición de los actos administrativos declarados nulos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 29 de noviembre de 2018, exp. 61077 y 60692, C.P. Marta Nubia Velasquez Rico
REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TRÁNSITO LEGISLATIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA A LA NACIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / LEY 678 DE 2001
Problema jurídico:
¿El régimen jurídico aplicable a este caso de repetición contra servidor público, es la Ley 678 de 2001 debido a que los hechos que produjeron la condena al Estado ocurrieron en el 2007?
Respuesta al problema jurídico: Si
Régimen jurídico aplicable al caso (...) el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ocurrieron en el año 2007, esto es, cuando se expidieron las resoluciones (...), el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen jurídico del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, exp. 28448 C.P. Ruth Stella Correa Palacio y 23 de noviembre de 2016, exp. 46108, C.P. Marta Nubia Velasquez Rico entre muchas otras.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SERVIDOR PÚBLICO / CONDENA A LA NACIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO
Problema jurídico:
¿En el caso se cumplieron los primeros tres requisitos de procedencia de la repetición, es decir, la obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante, la calidad de servidor público del demandado y el pago de la obligación reparatoria?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación , para la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. En este sentido, en aras de resolver el cargo invocado en el libelo introductorio, la Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos para la procedencia del medio de control de repetición, ya que para la configuración de dicho instituto jurídico todos ellos deben estar acreditados. Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia de uno de estos elementos el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia, no será posible declarar la procedencia del medio de control de repetición y, por ende, declarar patrimonialmente responsable a los agentes por los hechos que dieron lugar a la condena al Estado y condenarlos a reembolsar la suma de dinero que éste pagó. (...) La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001. En el sub examine se cumple este requisito (...) La calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas del demandado El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que la demandada, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidora o ex servidora pública o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. (...) si bien no reposa copia del acta de posesión de Evamaría Uribe Tobón como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios o certificación que indique el tiempo durante el cual desempeñó dicho cargo, lo cierto es que la calidad de la demandada como servidora o ex servidora pública para el momento de los hechos está demostrada, pues se acreditó que en ejercicio del cargo de Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios suscribió las resoluciones relacionadas anteriormente. (...) El pago de la obligación reparatoria (...) Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe demostrar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (...) , en el caso sub judice se encuentra acreditado el pago de la condena impuesta a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante sentencia del 3 de febrero de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esto es, la suma de $270.743.994, toda vez que, además de los restantes documentos allegados por la actora, en el plenario obra la certificación del 3 de noviembre de 2015 (fundamento 8.3.13), la cual fue expedida y suscrita por la directora financiera y el director administrativo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en ella se discriminó el pago que esa entidad realizó en cumplimiento de la Resolución (...), con indicación del objeto, valor y beneficiarios, y dicho documento obró a lo largo del proceso sin que fuera desvirtuado o controvertido por la parte demandada, de modo que la misma acredita con suficiencia el pago de la obligación reparatoria por parte de la entidad accionante.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los requisitos para la procedencia del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, Rad.: 22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, exp. 22056; sentencia del 12 de diciembre del 2007, exp. 27006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, exp. 42183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, exp. 60423. Sobre la obligación reparatoria a cargo de la entidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016, exp. 56284.
ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / AUSENCIA DEL DOLO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / INOPERANCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / IMPROCEDENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / INEXISTENCIA DE LA CULPA PERSONAL DEL AGENTE / INFRACCIÓN MANIFIESTA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DE LA LEY / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LA LEY / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / FALTA DE PRUEBA / EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA
Problema jurídico:
¿La demandada, en su función de Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, incurrió en dolo o culpa grave, esto es, con desviación de poder y violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, al declarar la insubsistencia de una empleada en provisionalidad mediante resoluciones que fueron declaradas nulas, por lo que se condenó al Estado a reparar a dicha empleada y en este caso repetir contra la agente?
Respuesta al problema jurídico: No
La conducta dolosa o gravemente culposa del agente en la causación del daño reparado por el Estado Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos , la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. Como lo ha sostenido esta Corporación, para el estudio del dolo o la culpa grave se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos que originaron la condena. En el caso en particular, aquella resulta ser la Ley 678 de 2001, en virtud de la cual hay lugar a predicar las presunciones previstas en la ley ibídem. (...) la jurisprudencia de esta Sección ha destacado que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el supuesto de hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume. Bajo esta óptica, a continuación, se establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si dentro del sub examine se encuentra acreditado el actuar doloso o gravemente culposo de Evamaría Uribe Tobón. (...) Determinados los hechos que se acreditaron en el proceso y para efectos de estudiar la responsabilidad de Evamaría Uribe Tobón, cabe recordar que la responsabilidad personal del agente por la expedición de un acto administrativo que posteriormente es declarado nulo sólo puede predicarse en la medida en que se establezca la actuación dolosa o gravemente culposa del agente (...) Bajo el anterior contexto, la Sala advierte que de los elementos de prueba no se evidencia que la conducta de Evamaría Uribe Tobón haya sido dolosa o gravemente culposa. De conformidad con el marco normativo expuesto, se tiene, entonces, que no están acreditadas las presunciones de dolo y culpa grave de que trata el numeral 1° del artículo 5° y el numeral 1° del artículo 6°de la Ley 678 de 2001, esto es, la desviación de poder y violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, en tanto que los actos administrativos por los cuales se declaró y confirmó la insubsistencia del cargo que desempeñaba (...) requerían de motivación por ser un cargo en provisionalidad, lo cual así se hizo, pues la Corte Constitucional y el Consejo de Estado de manera uniforme han sostenido que los actos de desvinculación de los empleados provisionales no son actos discrecionales sino que se rigen “por el principio de la razón suficiente”, esto es, que dependiendo del caso en particular debe motivarse la desvinculación del funcionario con fundamentos serios, por ejemplo, que el cargo que ostenta -el provisional- debe proveerse con un cargo de carrera o que debe darse cumplimiento a una decisión judicial. Aunado a que tampoco se acreditó que la desvinculación de la señora (...) obedeciera a intereses personales del nominador o que hubiere tenido lugar de manera caprichosa o arbitraria, lo cual denota que la actuación del funcionario no contravino la buena fe, ni se puede calificar de dolosa o gravemente culposa. (...) Lo expuesto anteriormente, evidencia a la Sala que Evamaría Uribe Tobón no actuó caprichosamente o con desconocimiento manifiesto e inexcusable de las normas de derecho que, en tal sentido, dé lugar a que se configure la presunción de una conducta dolosa o gravemente culposa, pues era la funcionaria competente para nombrar y remover a los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios según lo dispuesto en el numeral 35 del artículo 7° del Decreto 990 de 2002, es decir tenía la facultad nominadora. Aunado a que, según lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Ley 775 de 2005, podía dar por terminado en cualquier momento los nombramientos provisionales. Por último, y no menos importante, motivó su decisión de acuerdo a lo exigido en el artículo 10° del Decreto 1227 de 2005, que dispone que “[A]ntes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”. En suma, en el sub judice no se abre paso a presumir la actuación dolosa y/o gravemente culposa de la demandada, en tanto se observa que pese a que las decisiones que dicha funcionaria adoptó a través de las Resoluciones (...) de 2007, resultaron anuladas, lo cierto es que en este contencioso no se acreditaron los supuestos de las presunciones de dolo y/o culpa grave previstas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001 que dan lugar a endilgarle algún tipo de responsabilidad patrimonial a la parte demandada. Al respecto, si bien es cierto y la Sala no desconoce que la nulidad de las Resoluciones SSPD (...) de 2007 obedeció a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estableció que el sistema de evaluación de desempeño para funcionarios provisionales, adoptado mediante Resolución (...) de 2004, no era el adecuado por ser exclusivo para los funcionarios de carrera, lo cierto es que dicha decisión judicial per se no configura una violación manifiesta de la ley que expresa o tácitamente conlleve aplicar la presunción de dolo y/o culpa grave de Evamaría Uribe Tobón. En otras palabras, no basta acreditar que mediante sentencia judicial se decretó la nulidad del acto administrativo, sino que en el marco del medio de control de repetición es menester demostrar que se configuraran los presupuestos normativos para presumir el dolo y/o la culpa grave del servidor público demandado. (...) Es por ello, que la Sala encuentra razón en los argumentos de la defensa cuando alega que la decisión cuya nulidad generó la condena contra la entidad se adoptó bajo lo preceptuado en el ordenamiento legal vigente para el momento de los hechos, dado que la señora Uribe Tobón tenía la facultad para desvincular a cualquier empleado de libre nombramiento con motivos razonables, lo cual quedó probado así sucedió y sin que se reunieran en este proceso los presupuestos para presumir la conducta dolosa derivada de una supuesta desviación de poder. Lo anterior, en tanto que el nombramiento se efectúa en ejercicio de la facultad discrecional que le permite al nominador escoger a quien tenga las condiciones de idoneidad para el ejercicio del cargo, y el retiro se presume ejercido en aras del buen servicio público . Con todo, la Sala precisa que no se están desconociendo los efectos de cosa juzgada de la sentencia que impuso la condena a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado en su contra, pues el objeto de dicha acción es la determinación de la responsabilidad del Estado como consecuencia del daño causado con un acto administrativo, juicio en el que se busca determinar la oposición del acto a la ley, el cual puede provenir de la conducta antijurídica o no del agente que lo expide, mientras que en la acción de repetición la antijuridicidad de la conducta del agente en tanto dolosa o gravemente culposa es el elemento fundamental de la responsabilidad de ese agente o ex agente del Estado en contra del cual se dirige la acción , elemento huérfano de prueba en estas diligencias. Además, la cosa juzgada exige identidad entre las partes, aspecto que no se presenta entre el juicio de repetición y el de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que en el de repetición son partes el servidor público y el Estado, en tanto que en el de nulidad y restablecimiento del derecho lo son el Estado y el supuesto afectado con el acto cuya nulidad se demanda. En conclusión, la anulación del acto administrativo bajo el presupuesto de la existencia del vicio de desviación de poder y violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho no lleva consigo, para casos como el sub examine, la conclusión automática de que se obró con dolo o culpa grave, toda vez que el hecho objetivo de que se haya declarado la nulidad del acto administrativo suscrito por la demandada, no da lugar per se a deducir la responsabilidad del servidor público que lo profirió. Por último, es importante destacar que al analizar el acervo probatorio tampoco se encontró acreditado que la conducta de Evamaría Uribe Tobón haya sido dolosa y/o gravemente culposa, razón por la que no está llamada a responder dentro del medio de control de repetición.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la conducta del agente en la causación del daño, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016, exp. 56284. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2018, Rad.:55661. Sentencias del 30 de agosto de 2007, exp. 29223; del 26 de febrero de 2009, exp. 30329; del 22 de julio de 2009, exp. 25659. Corte Constitucional sentencia C-374 de 2002. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2017, exp. 45203; y Subsección A, sentencia del 7 de agosto de 2017, exp. 42777. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de mayo de 2014, exp. 40755. Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 62571. Corte Constitucional SU -917 DE 2010. Consejo de Estado Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 21 de marzo de 2013, exp. 05001-23-31-000-2002-04388-01(2105-11) C.P. Bertha Lucía Ramíres de Paez, reiterada en sentencia de Sección Segunda, Subsección “B” de 22 de octubre de 2020, exp. 05001-23-31-000-2011-01750-01(0307-17) Con decisión en el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 27 de agosto de 20215, exp. 48016, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de agosto de 2020, exp. 51021. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 30 de julio de 2021, Rad.: 50424. Posición que posteriormente fue reiterada por la Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2021, Rad.: 56856
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1227 DE 2005 - ARTÍCULO 10, DECRETO 990 DE 2002 - ARTÍCULO 7 NUMERAL 34, DECRETO LEY 775 DE 2005 - ARTÍCULO 12, LEY 443 DE 1998 - ARTÍCULO 8, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La parte actora cumplió con la carga de la prueba que, implicaba probar todos los presupuestos para la procedencia de la repetición en contra de la demandada?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala encuentra, entonces, que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le era exigible, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia de uno de los elementos estructurales de la acción de repetición, sin la cual, en los términos del inciso 2o del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible la declaración de responsabilidad de la demandada. Así las cosas, se reitera que, al tratarse de un medio de control de repetición, la carga de la prueba que recaía en el demandante implicaba la comprobación de los requisitos para su procedencia, esto es, la obligación reparatoria a cargo del Estado; la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas del demandado; el pago de la obligación reparatoria; y que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado, situación que no aconteció en el sub examine. Y aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos procesales, pues al juez corresponde guardar la debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PARTE DEMANDANTE / SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas a la parte demandante, Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios debido a que fue la parte vencida en este medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas a la parte demandante, debido a que fue la parte vencida en el proceso y su liquidación se hará de manera concentrada por la secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. En relación con las agencias en derecho en procesos de única instancia, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 6, numeral 1.1. del Acuerdo 2222 del 10 de diciembre de 2003, vigente para el momento de la presentación de la demanda, tratándose de procesos ordinarios que se surten en única instancia la tarifa de agencias en derecho será de hasta el quince por ciento (15%) de las pretensiones. En este orden, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en el cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total de las pretensiones, en razón de la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también de la actuación desplegada por la parte vencedora. Como las pretensiones se estimaron en $270.743.994 la parte demandante (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) pagará la suma de doscientos setenta mil setecientos cuarenta y tres mil pesos con novecientos noventa y cuatro centavos ($270.743,994).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la fijación de las agencias en derecho, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 51034
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 2222 DE 2003 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366