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Consejo de Estado
Providencia
Se debe revocar la decisión de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2023-03-01
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 15001233300020160032501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque el contratista demandante, no cumplió oportunamente con el trámite y soportes, exigidos en el procedimiento previsto para el recobro de los gastos, preestablecido contractualmente? Sí
Cuando el contratista no presenta oportunamente los soportes de un recobro dentro del procedimiento preestablecido en el contrato, pierde el derecho al reembolso, pues las partes están obligadas a cumplir los plazos y requisitos pactados. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el procedimiento contractual exige iniciar el recobro al terminar los diagnósticos o las reparaciones, sustentar los gastos con soportes ante la entidad contratante y presentar los documentos dentro del plazo máximo, so pena de rechazo. Segunda, el contratista no justificó oportunamente los gastos ante la entidad contratante, y solicitó plazos adicionales que fueron concedidos hasta una fecha determinada. Tercera, los soportes se entregaron después de esa fecha, cuando la solicitud ya era extemporánea, sin que la intervención del ente territorial a favor del contratista subsanara el incumplimiento. En consecuencia, la providencia revoca la decisión de primera instancia, porque el demandante no acreditó la entrega oportuna y completa de los soportes. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿La parte demandante resultó vencida –se revocó totalmente la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones, por lo tanto, asumirá las costas procesales de ambas instancias…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-08-16
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 52001233300020150075801
ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato de interventoría de obra pública al haber sido suscrito para atender la emergencia generada por el fenómeno invernal de la Niña, estaba sujeto a las reglas del derecho privado y a las disposiciones aplicables a la contratación del Fondo Nacional de Calamidades? Sí
El contratista no puede reclamar sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en un contrato de interventoría celebrado para atender emergencias generadas por fenómenos naturales, como el fenómeno de La Niña, debido a que el contrato se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala establece que el contrato de interventoría celebrado en estas circunstancias se somete a las disposiciones del Código de Comercio y no a las del Estatuto General de Contratación, por lo que la onerosidad sobrevenida debe afectar una prestación futura, no una ya cumplida. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la aplicación del derecho privado en contratos de emergencia, limitando la posibilidad de reclamar sobrecostos basados en prestaciones ya ejecutadas.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el reconocimiento de los sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de interventoría, que tienen su origen en prestaciones ya cumplidas por las partes durante su…
¿La condena en costas procede contra la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación tramitado bajo el criterio objetivo previsto en el CPACA?
Consejo de Estado
Providencia
Invías: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 23001233300020120001302
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuándo en el contrato no se pacta un plazo perentorio para la orden de inicio de la obra por parte de la entidad estatal, en este caso INVIAS, puede considerarse como incumplimiento de la entidad que lo hiciera en marzo, lo que evito que el contratista adelantara la obra en la época seca del año y fuera afectado por el fenómeno de la niña, lo cual conllevo a mayores costos? No
El contratista no puede alegar incumplimiento por parte de la entidad estatal cuando no se pacta un plazo perentorio para la orden de inicio de la obra, ya que la falta de esta no implica que la entidad haya incumplido su obligación contractual, especialmente si no se demuestran mayores costos o afectaciones por fenómenos climáticos. Además, la entidad no está obligada a suscribir una prórroga del contrato basándose únicamente en el visto bueno de la interventoría, ya que la entidad puede evaluar la viabilidad de la prórroga considerando los incumplimientos del contratista. Asimismo, el valor del anticipo no amortizado debe ser devuelto a la entidad contratante, no como indemnización por incumplimiento, sino como consecuencia de la falta de amortización pactada en el contrato. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre la interpretación de plazos y prórrogas en contratos estatales, y establecen claramente que la devolución del anticipo no es una indemnización por incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿La existencia de un visto bueno de la interventoría implica el deber de la entidad de suscribir una prórroga de un contrato de obra?
¿El valor del anticipo que fue dejado de amortizar por el contratista debe ser restituido a la entidad contratante y no corresponde a una indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual ?
¿El uso de las potestades excepcionales, que le permiten a la entidad ejercerlas sin acudir al juez del contrato no es obligatorio…
Consejo de Estado
Providencia
Los instrumentos expedidos por la contratante en ese marco no tienen la connotación de actos administrativos
Sentencia — Sentencia
2025-12-03
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 08001233300020200061901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El negocio jurídico estuvo gobernado por el derecho privado y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos? Sí
El contratista no puede emplear la vía contenciosa para sustituir a la administración en el cumplimiento de sus deberes, ya que el negocio jurídico celebrado para la vigilancia de las obras afectadas por el fenómeno de La Niña está gobernado por el derecho privado, y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos. La entidad contratante puede perseguir por vía judicial el cierre financiero del contrato si el balance definitivo no se ha producido pese al interés reiterado de la contratante y el plazo convencional ha expirado, siempre que no pueda practicar la liquidación de forma unilateral. Además, las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo límites claros para el uso de la jurisdicción contenciosa en casos de liquidación de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿Existe causa suficiente para que la entidad hiciera uso de la pretensión de perseguir por vía judicial el cierre financiero del negocio…
¿Son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia…
¿La sociedad contratista detenta la condición de extremo pasivo de la relación jurídico procesal, por lo cual no se encuentra habilitada para formular pretensiones que introduzcan cuestiones…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Permite el marco constitucional y legal vigente en Colombia que las entidades del Estado, adelanten proyectos de vivienda
Sentencia — Sentencia
2025-03-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 15001233300020140066901
ACCION CONTRACTUAL
¿Permite el marco constitucional y legal vigente en Colombia que las entidades del Estado, en conjunto con actores del sector privado, adelanten proyectos de vivienda de interés social como mecanismo para garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, en cumplimiento de los principios de colaboración público-privada y de la función social de la propiedad? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden celebrar convenios de asociación para desarrollar proyectos de vivienda de interés social, garantizando el derecho fundamental a una vivienda digna, en cumplimiento de los principios de colaboración público-privada y la función social de la propiedad, siempre que se establezcan con precisión el objeto, término de duración, obligaciones de las partes, aportes y forma de coordinación de esfuerzos, sin relación conmutativa ni remuneración directa. Esta regla reitera y matiza precedentes, permitiendo que entidades estatales y particulares aúnen esfuerzos mediante uniones temporales o consorcios para formular y ejecutar planes de vivienda, aplicando la normativa vigente sobre convenios de asociación, y facilitando la ejecución de proyectos en contextos de emergencia pública.síntesis automática
También resuelve:
¿Permite el ordenamiento jurídico colombiano que las entidades estatales y los particulares celebren convenios de asociación con el fin de formular y ejecutar planes de vivienda…
¿Resulta aplicable el Decreto 777 de 1992 a un convenio de asociación celebrado el 19 de agosto de 2011?
¿Resulta procedente aplicar la regla general del cómputo de la caducidad en un convenio regido por el derecho privado, aun cuando no se haya pactado expresamente la posibilidad de liquidación…
REVOCA