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Consejo de Estado Providencia

Se revoca la sentencia apelada para declarar la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la demanda se presenta fuera de plazo.

Sentencia — Sentencia 2026-07-15 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 68001233300020200066501 Controversias contractuales
¿Se modifica la sentencia apelada para declarar la caducidad del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales? Sí
El cesionario promotor de un convenio asociativo pretende el restablecimiento del equilibrio económico del negocio, alterado por el no pago de la contribución a cargo de los beneficiarios del proyecto, la tardanza en la realización de desembolsos y las mayores cantidades de obra requeridas por las entidades demandadas. La parte demandante apeló para insistir en el derecho al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato y en el análisis del impacto de la suspensión de la ejecución contractual. No obstante, al examinar la oportunidad de la acción interpuesta, la corporación judicial advierte que operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de controversias contractuales, lo que impone revocar el fallo de primera instancia y decretar la respectiva caducidad conforme a las normas del estatuto procesal administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad inició a contabilizarse desde la finalización del convenio, que según acuerdo, expiraba al vencimiento de la vigencia de los subsidios? ¿Los subsidios otorgados por el municipio para la culminación de las obras no impactaban la terminación del convenio, porque el plazo se sujetó al vencimiento de los subsidios del orden nacional? ¿Se condenará en costas de esta instancia a la parte apelante en favor de las entidades demandadas?
REVOCA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Proyectos de vivienda de interés social: la liquidación de los contratos consiste en un corte de cuentas en la relación contractual

85001233300020150006402 de 2025 2025-10-20 Rad. 85001233300020150006402
El contratista puede participar en la ejecución de proyectos de vivienda de interés social mediante convenios de asociación, que se rigen por el derecho privado y no son considerados relaciones conmutativas, lo que permite la excepción al régimen de contratación estatal previsto en la Ley 80 de 1993. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que la aplicación de estos convenios debe establecerse con precisión en cuanto a su objeto, duración y obligaciones de las partes, lo que implica que las entidades estatales y los particulares pueden colaborar en la ejecución de estos proyectos sin sujetarse a las limitaciones de la ley mencionada, siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales y constitucionales establecidos.síntesis automática
También resuelve: Proyectos de vivienda de interés social: régimen jurídico, contratación, Ley 388 de 1997, Ley 80 de 1993 Convenios de asociación: Ley 489 de 1998 artículo 96, no es una relación conmutativa, Resolución 610 de 2004, Constitución por parte de entidades territoriales de uniones temporales o consorcios para celebrar convenios de asociación Plan de vivienda: conformación de uniones temporales o consorcios, convenios de asociación, régimen jurídico privado, negocio conmutativo
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-04-20 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100019990224501 ACCION CONTRACTUAL
¿El contratista acreditó la configuración de la lesión enorme? No
El contratista no acredita la configuración de la lesión enorme al no probar el justo precio del inmueble al momento de la celebración del contrato de promesa de compraventa, según lo establece la carga de la prueba que le corresponde al accionante para fundamentar sus pretensiones. En este caso, la entidad estatal vendió un inmueble para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social por un valor de $4.282.164.000, pero no se presentó prueba alguna que permita conocer el justo precio del bien en el momento del contrato, lo que implica que no se cumplió con la exigencia legal de acreditar que el valor del contrato era inferior a la mitad del justo precio. La Sala revocará la sentencia apelada por no haberse cumplido con la carga probatoria requerida, lo que implica que en casos similares, el contratista debe presentar pruebas periciales que demuestren el justo precio para configurar la lesión enorme.síntesis automática
También resuelve: ¿Obra prueba que permita conocer el justo precio del bien al momento de la celebración del contrato de promesa? ¿El comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella? ¿La Ley 80 de 1993 prescribe que los contratos que celebren las entidades se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Permite el marco constitucional y legal vigente en Colombia que las entidades del Estado, adelanten proyectos de vivienda

Sentencia — Sentencia 2025-03-07 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 15001233300020140066901 ACCION CONTRACTUAL
¿Permite el marco constitucional y legal vigente en Colombia que las entidades del Estado, en conjunto con actores del sector privado, adelanten proyectos de vivienda de interés social como mecanismo para garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, en cumplimiento de los principios de colaboración público-privada y de la función social de la propiedad? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden celebrar convenios de asociación para desarrollar proyectos de vivienda de interés social, garantizando el derecho fundamental a una vivienda digna, en cumplimiento de los principios de colaboración público-privada y la función social de la propiedad, siempre que se establezcan con precisión el objeto, término de duración, obligaciones de las partes, aportes y forma de coordinación de esfuerzos, sin relación conmutativa ni remuneración directa. Esta regla reitera y matiza precedentes, permitiendo que entidades estatales y particulares aúnen esfuerzos mediante uniones temporales o consorcios para formular y ejecutar planes de vivienda, aplicando la normativa vigente sobre convenios de asociación, y facilitando la ejecución de proyectos en contextos de emergencia pública.síntesis automática
También resuelve: ¿Permite el ordenamiento jurídico colombiano que las entidades estatales y los particulares celebren convenios de asociación con el fin de formular y ejecutar planes de vivienda… ¿Resulta aplicable el Decreto 777 de 1992 a un convenio de asociación celebrado el 19 de agosto de 2011? ¿Resulta procedente aplicar la regla general del cómputo de la caducidad en un convenio regido por el derecho privado, aun cuando no se haya pactado expresamente la posibilidad de liquidación…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 68001233300020130110802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix? No
El contratista no puede celebrar múltiples contratos independientes con los beneficiarios de vivienda cuando ya existe un contrato único entre la entidad estatal y el constructor principal, ya que la suscripción de documentos individuales responde a necesidades operativas y no a la creación de contratos separados. La entidad estatal y el constructor principal son las partes del contrato, mientras que los beneficiarios son considerados terceros, ya que no han expresado su consentimiento directo ni han sido representados adecuadamente. Además, el contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas en respuesta a una situación de desastre se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que permite la aplicación de excepciones y facultades especiales previstas en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de… ¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones? ¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía

Sentencia — Sentencia 2025-09-01 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 85001233300020150006402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación en segunda instancia en contratos estatales por razón de su cuantía, conforme al artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y su legitimación en la causa se acredita tanto para la entidad pública como para el contratista. La competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos del recurso de apelación, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, y no puede reformar puntos íntimamente relacionados con la modificación salvo que sea indispensable, garantizando la non reformatio in pejus. Además, el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social es improcedente cuando no se pactó precio y el vínculo negocial es no conmutativo, ya que la Ley 388 de 1997 permite la celebración de contratos de fiducia sin las limitaciones del régimen de contratación estatal, pero no establece una regulación especial para proyectos de vivienda de interés social. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la actuación del juez en apelaciones, mientras que matiza la posibilidad de reconocer AIU en convenios de asociación para vivienda de interés social.síntesis automática
También resuelve: ¿El contratista y la entidad pública contratante como partes del negocio jurídico que sirve como fuente de la controversia, se encuentran legitimados para acudir al proceso? ¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra delimitada por los argumentos del recurso de apelación? ¿Es improcedente el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social…
CONFIRMA