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Consejo de Estado Providencia

Acción de repetición: Sentencia

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Fecha
2022-03-02
Radicado
25000232600020110062801
Número interno
56635
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA- SECRETARIA DE GOBIERNO
Demandado
BLANCA DORIS USECHE BUITRAGO, RODRIGO ALONSO VERA JAIMES, HECTOR RIVEROS SERRATO

Síntesis de la providencia

Acción de repetición: Sentencia

Lo que dijo la Sala

La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado tiene competencia en segunda instancia para conocer los procesos de repetición cuando el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de un Tribunal Administrativo cumple con los requisitos establecidos en el artículo 7 inciso 2 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. La Sala determina que el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición debe iniciarse el día siguiente al pago realizado por la entidad estatal, suspendiéndose temporalmente durante el periodo de conciliación prejudicial. La normatividad aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la condena, no siendo aplicables las presunciones legales de la Ley 678 de 2001 si ocurrieron con anterioridad a su vigencia. La Sala confirma que no se acredita el dolo como elemento subjetivo de la acción de repetición, ya que no se demuestra la intención de los demandados de actuar con desviación de poder o con un fin distinto al respeto de la carrera administrativa. Finalmente, la Sala no impone condena en costas en segunda instancia al no observar temeridad o mala fe en el actuar de la parte demandante.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuáles son los presupuestos de competencia en segunda instancia del Consejo de Estado para conocer los procesos de repecitición?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 129
  • Ley 678 de 2001, arts. 37 y 7 inc. 2

También resuelve

  • ¿Cuál es el presupuesto para el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición?
  • ¿Cómo se determina la normatividad aplicable a la acción de repetición?
  • ¿Está acreditado el dolo como elemento subjetivo de la acción de repetición?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Acción de repetición: Sentencia
Titulación de la relatoría 6.590 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos de competencia en segunda instancia del Consejo de Estado para conocer los procesos de repecitición? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 37, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 2 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es el presupuesto para el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para dictar sentencia. La demanda se presentó oportunamente. En este asunto, el pago se realizó a la demandante el 14 de abril de 2009 antes de los 18 meses desde la ejecutoria de la Sentencia. En consecuencia, los 2 años se deben contar a partir del día siguiente del pago, esto es, del 15 de abril de 2009. En consecuencia, en principio, la demandante tenía hasta el 15 de abril de 2011 para acudir a la jurisdicción. Sin embargo, el 13 de abril 2011 solicitó conciliación prejudicial, que suspendió los términos hasta el 23 de junio de 2011, fecha en que se expidió la constancia de agotamiento de la conciliación. Dado que la demanda se interpuso el 23 de junio de 2011, se radicó dentro del término. ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se determina la normatividad aplicable a la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si Frente al régimen jurídico aplicable se indica que, como este, se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso no se aplicarán las presunciones legales de la Ley 678 de 2001, porque ocurrieron con anterioridad a su vigencia, 4 de agosto de 2001. En consecuencia, no hay lugar a aplicar la presunción de dolo por la presunta existencia de desviación de poder como se pidió en la demanda. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / DESVIACIÓN DEL PODER POR FALSA MOTIVACIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Está acreditado el dolo como elemento subjetivo de la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si La Sentencia de primera instancia negó las pretensiones. Adujo que no se acreditó el dolo de ninguno de los ex agentes. Esta Sala, confirmará la decisión porque observa que, en efecto, no se acreditó el elemento subjetivo porque no se probó el dolo asociado a una desviación de poder que se alegó en la demanda. (...) En la demanda, después de citar el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 200117 se indicó que los ex servidores “actuaron con desviación de poder tal y como lo señalan las sentencias proferidas tanto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el Consejo de Estado (...).” Agregó que el dolo se derivaba del hecho de que “siendo conocedores que la doctora Martha Yolanda Quintero Rodríguez había solicitado en tiempo su inscripción en la carrera administrativa, la misma no se tramitó de manera inmediata y si se dejó casi nueve meses para solicitar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil dicha inscripción (…)”. Se precisó que se configuró una desviación de poder porque se presentó un interés malintencionado distante del respeto por la carrera administrativa. La Sala advierte que no se probó el dolo alegado respecto de los demandados, porque, en este caso, no se aplican las presunciones de la Ley 678 de 2001, no es posible adoptar la decisión con base en las Sentencias de nulidad y restablecimiento y no reposan otras pruebas que demuestren que ellos obraron con dolo porque buscaron un fin diferente a la protección de la carrera administrativo. (...) La Sala observa que, si bien se concluyó que haberla declarado insubsistente constituyó una desviación de poder, no se explicó cuál era ese fin particular o arbitrario que perseguía la Administración al declararla insubsistente, en otras palabras, no se mostró una intención alejada de la legalidad para haber adoptado esa decisión. En este punto, se resalta que la Sentencia de segunda instancia no explicó en qué consistió la desviación de poder. (...) Es ese orden, además de que esta decisión no puede fundamentarse en la las Sentencias de nulidad y restablecimiento, lo cierto es que ellas no revelan los fines desviados con los que actuó la Administración y menos aún los demandados y, en esa medida, no descubren la desviación de poder con la que obraron. Finalmente, con las demás pruebas del expediente18, no es posible concluir que la señora Blanca Doris Useche Buitrago y los señores Rodrigo Alonso Vera Jaimes y Héctor Riveros Serrato hubieran actuado con dolo. Para la Sala, esas pruebas no muestran que los demandados hubieran tenido una intención ajena a las finalidades del servicio del Estado y con ello que hubieran obrado con dolo. (...) En consecuencia, no se demostró el dolo con el que supuestamente obraron lo demandados. Para terminar el análisis la Sala indica que no es de recibo el argumento de la demandante, según el cual, el anterior retiro de la señora Quintero Rodríguez era un indicativo de la desviación de poder, porque, en primer lugar, ahora, se estudia la responsabilidad patrimonial de los demandados por el retiro ocurrido el 22 de enero de 1999 y, en todo caso, no se allegaron pruebas que fundamentaran esa afirmación. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1 CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los elementos de procedencia de la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala no impondrá condena en costas en esta instancia, en la medida en que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de la parte demandante.
Texto extraído del PDF oficial 39.160 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá D.C., 2 de marzo de 2022 Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635) Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor Riveros Serrato Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984- Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN –Sin presunciones de la Ley 678 de 2001 – no se configura el dolo Síntesis del caso: Se condenó en nulidad y restablecimiento a la demandada porque en la declaratoria de insubsistencia de una funcionaria se obró con desviación de poder. Se demanda a quienes participaron en esa decisión porque obraron con dolo con el fin de que sean declarados patrimonialmente responsables y se recupere lo pagado con ocasión de la condena. Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la Sentencia de 23 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión. 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación. 1.1 Posición de la parte demandante 1. El 23 de junio de 2011, el Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno interpuso acción de repetición1 contra la señora Blanca Doris Useche Buitrago y, los señores Alonso Vera Jaimes y Héctor Riveros Serrato. Fueron sus pretensiones (se trascribe): “PRIMERA: Que previo los trámites correspondientes a la presente acción, se declare responsables patrimonialmente a los doctores BLANCA DORIS USECHE BUITRAGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41691407, RODRIGO ALONSO VERA JAIMES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79148880 y HECTOR RIVEROS SERRATO identificado con la cédula de ciudadanía No. 19445020, por los perjuicios ocasionados a Bogotá Distrito Capital Secretaría Distrital de Gobierno al haber sido condenado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 1999-4557 instaurado por 1 Folios 2 a 17 del cuaderno 1. Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635) Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor Riveros Serrato Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984- ______________________________________________________________________________________________________________ 2 de 12 MARTHA YOLANDA QUINTERO RODRÍGUEZ a través de apoderado, fallo confirmado por el Consejo de Estado el día 2 de octubre de 2008. SEGUNDA: Que se condene a los doctores BLANCA DORIS USECHE BUITRAGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41691407, RODRIGO ALONSO VERA JAIMES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79148880 y HECTOR RIVEROS SERRATO identificado con la cédula de ciudadanía No. 19445020 a cancelar la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENA Y CUATRO PESOS ($ 756.864.094), a favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, dinero que la entidad canceló a la doctora MARTHA YOLANDA QUINTERO RODRÍGUEZ a través de su apoderada doctora LIGIA PERDOMO FRANCO identificada con cédula de ciudadanía No. 26517315 en cumplimiento de los dispuesto por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en el fallo proferido el 18 de abril de 2001 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento No. 1999-4557, confirmado por el Consejo de Estado el día 2 de octubre de 2008” 2. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así: 3. 1) Tras un reintegro previo por vía de condena judicial, para el año de 1996, la señora Martha Yolanda Quintero Rodríguez desempeñaba el cargo de Inspectora de Policía que, de acuerdo con la Sentencia C-306 de 3 de julio de 1995, era un cargo de carrera administrativa. 4. 2) Dado que el artículo 22 de la Ley 27 de 1992 permitía la inscripción automática en carrera para aquellos empleados que ocuparan cargos de carrera con el lleno de requisitos2, la señora Quintero Rodríguez solicitó el 13 de diciembre de 1996, que fuera inscrita en carrera. 5. 3) Sin que se le diera trámite a la solicitud de la señora Quintero Rodríguez, la Corte Constitucional, el 30 de enero de 1997, mediante Sentencia C-30, declaró inexequible el artículo 22 de la Ley 27 de 1992 porque permitió el acceso a carrera sin agotar un proceso de selección adecuado. Sin embargo, señaló que, quienes lograron obtener su inscripción en carrera, mantendrían esa situación a pesar de la declaratoria de inexequibilidad. 6. 4) A través de un oficio de 15 de septiembre de 1997, la Jefe de la División de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, señora Blanca Doris Useche Buitrado, le solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil darle trámite al requerimiento de la señora Quintero Rodríguez. 7. 5) Mediante oficio de 24 de octubre de 1997, la Comisión Nacional del Servicio Civil le respondió a la Secretaría de Gobierno de Bogotá “Así las cosas y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la circular 5000-029 de 1997, podrán ser tramitadas 2 Artículo 22. De los requisitos para los empleos del nivel territorial. Al entrar en vigencia esta Ley, los empleados del nivel territorial que por virtud de ella llegaren a desempeñar cargos de carrera administrativa de conformidad con las normas vigentes, deberán acreditar dentro del año siguiente, el cumplimiento de los requisitos señalados en los manuales para los respectivos cargos o en las equivalencias establecidas en el decreto 583 de 1984, Ley 61 de 1987 y Decreto Reglamentario 573 de 1988. Quienes no acrediten los requisitos dentro del término señalado, quedarán de libre nombramiento y remoción. No obstante, si tales empleados continúan al servicio de la Entidad u organismo, podrán solicitar su inscripción cuando lleguen a poseer los requisitos del cargo y los acrediten en debida forma. Parágrafo. Las Entidades a q ue se refiere esta Ley, deberán organizar programas de capacitación y perfeccionamiento, susceptibles de ser considerados como compensación de requisitos, de conformidad con los reglamentos que expida el Gobierno Nacional, salvo los cargos que requieran título profesional. Para este efecto se podrá contar con la asesoría de la Escuela Superior de Administración Pública. Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635) Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor Riveros Serrato Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984- ______________________________________________________________________________________________________________ 3 de 12 únicamente las solicitudes de inscripción extraordinaria que hayan sido radicadas en el Departamento Administrativo de la Función Pública antes del 14 de febrero, fecha de notificación de la referida sentencia. Como en este caso, la solicitud de la señora Martha Yolanda Quintero Rodríguez, si bien fue presentada ante la Jefatura del personal el 12 de diciembre de 1996, solamente fue radicada en este Departamento el 15 de septiembre de 1997, razón por la cual no puede dársele el trámite. En consecuencia, el trámite para ingresar a la Carrera Administrativa será mediante proceso de selección o concurso (…)”. 8. 6) El 4 de mayo de 1998, a través del Jefe de la División de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Distrito de Bogotá de ese momento, señor Alonso Vera Jaimes, le respondió la solicitud a la señora Quintero. Se le explicó que, de conformidad con la Sentencia C-30 de 1997, los Acuerdos 11 de 1995 y 12 de 1996, debía negarse la solicitud para ser inscrita en carrera administrativa. 9. 7) El 22 de enero de 1999, a través de la Resolución No. 16, el Secretario Distrital de Gobierno, señor Héctor Riveros Serrato, la declaró insubsistente en el cargo de profesional universitario, código 110 de la planta global de la entidad. 10. 8) La señora Quintero Rodríguez demandó ese acto administrativo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que, mediante Sentencia de 18 de abril de 2001, confirmada por la Sentencia de 2 de octubre de 2008, declaró nulo el acto por haberse configurado una desviación de poder. Se aseguró que, no obstante, la demandante presentó la solicitud de inscripción en carrera el 13 de diciembre de 1996, antes de que se declarara la inexequibilidad de la disposición, la Secretaría demandada procedió a expedir el acto de insubsistencia de manera discrecional, lo cual no resultaba procedente porque la demandante había presentado solicitud de inscripción en carrera. 11. 9)En consecuencia, la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Resolución No. 82 de 26 de febrero de 2009, dispuso ordenar el reconocimiento y pago de $ 620.013.245. Finalmente se expidió la orden de pago No. 2191 por valor de $ 756.864.094. 12. Frente al elemento subjetivo, después de citar el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, numeral 1, según el cual se presume que existe dolo del agente público cuando obre co

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201100628011100103