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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 2 de marzo de 2022
Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635)
Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno
Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor
Riveros Serrato
Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984-
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN –Sin presunciones de la Ley 678 de 2001 – no se configura el
dolo
Síntesis del caso: Se condenó en nulidad y restablecimiento a la demandada porque en la
declaratoria de insubsistencia de una funcionaria se obró con desviación de poder. Se
demanda a quienes participaron en esa decisión porque obraron con dolo con el fin de
que sean declarados patrimonialmente responsables y se recupere lo pagado con ocasión
de la condena.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante,
contra la Sentencia de 23 de junio de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un
recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un
Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la
Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de
la Ley 446 de 1998.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera
instancia; 1.4. Recurso de apelación.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 23 de junio de 2011, el Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno
interpuso acción de repetición1 contra la señora Blanca Doris Useche
Buitrago y, los señores Alonso Vera Jaimes y Héctor Riveros Serrato. Fueron
sus pretensiones (se trascribe):
“PRIMERA: Que previo los trámites correspondientes a la presente acción, se declare
responsables patrimonialmente a los doctores BLANCA DORIS USECHE BUITRAGO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 41691407, RODRIGO ALONSO VERA
JAIMES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79148880 y HECTOR RIVEROS
SERRATO identificado con la cédula de ciudadanía No. 19445020, por los perjuicios
ocasionados a Bogotá Distrito Capital Secretaría Distrital de Gobierno al haber sido
condenado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 1999-4557 instaurado por
1 Folios 2 a 17 del cuaderno 1.
Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635)
Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno
Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor
Riveros Serrato
Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984-
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MARTHA YOLANDA QUINTERO RODRÍGUEZ a través de apoderado, fallo confirmado
por el Consejo de Estado el día 2 de octubre de 2008.
SEGUNDA: Que se condene a los doctores BLANCA DORIS USECHE BUITRAGO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 41691407, RODRIGO ALONSO VERA
JAIMES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79148880 y HECTOR RIVEROS
SERRATO identificado con la cédula de ciudadanía No. 19445020 a cancelar la suma
de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
NOVENA Y CUATRO PESOS ($ 756.864.094), a favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, dinero que la entidad canceló a la doctora
MARTHA YOLANDA QUINTERO RODRÍGUEZ a través de su apoderada doctora LIGIA
PERDOMO FRANCO identificada con cédula de ciudadanía No. 26517315 en
cumplimiento de los dispuesto por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en el fallo proferido el 18 de abril de
2001 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento No. 1999-4557, confirmado por
el Consejo de Estado el día 2 de octubre de 2008”
2. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así:
3. 1) Tras un reintegro previo por vía de condena judicial, para el año de
1996, la señora Martha Yolanda Quintero Rodríguez desempeñaba el cargo
de Inspectora de Policía que, de acuerdo con la Sentencia C-306 de 3 de
julio de 1995, era un cargo de carrera administrativa.
4. 2) Dado que el artículo 22 de la Ley 27 de 1992 permitía la inscripción
automática en carrera para aquellos empleados que ocuparan cargos de
carrera con el lleno de requisitos2, la señora Quintero Rodríguez solicitó el 13
de diciembre de 1996, que fuera inscrita en carrera.
5. 3) Sin que se le diera trámite a la solicitud de la señora Quintero Rodríguez,
la Corte Constitucional, el 30 de enero de 1997, mediante Sentencia C-30,
declaró inexequible el artículo 22 de la Ley 27 de 1992 porque permitió el
acceso a carrera sin agotar un proceso de selección adecuado. Sin
embargo, señaló que, quienes lograron obtener su inscripción en carrera,
mantendrían esa situación a pesar de la declaratoria de inexequibilidad.
6. 4) A través de un oficio de 15 de septiembre de 1997, la Jefe de la División
de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, señora
Blanca Doris Useche Buitrado, le solicitó a la Comisión Nacional del Servicio
Civil darle trámite al requerimiento de la señora Quintero Rodríguez.
7. 5) Mediante oficio de 24 de octubre de 1997, la Comisión Nacional del
Servicio Civil le respondió a la Secretaría de Gobierno de Bogotá “Así las
cosas y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, a través de la circular 5000-029 de 1997, podrán ser tramitadas
2 Artículo 22. De los requisitos para los empleos del nivel territorial. Al entrar en vigencia esta Ley, los empleados
del nivel territorial que por virtud de ella llegaren a desempeñar cargos de carrera administrativa de conformidad
con las normas vigentes, deberán acreditar dentro del año siguiente, el cumplimiento de los requisitos señalados
en los manuales para los respectivos cargos o en las equivalencias establecidas en el decreto 583 de 1984, Ley 61
de 1987 y Decreto Reglamentario 573 de 1988.
Quienes no acrediten los requisitos dentro del término señalado, quedarán de libre nombramiento y remoción. No
obstante, si tales empleados continúan al servicio de la Entidad u organismo, podrán solicitar su inscripción cuando
lleguen a poseer los requisitos del cargo y los acrediten en debida forma.
Parágrafo. Las Entidades a q ue se refiere esta Ley, deberán organizar programas de capacitación y
perfeccionamiento, susceptibles de ser considerados como compensación de requisitos, de conformidad con los
reglamentos que expida el Gobierno Nacional, salvo los cargos que requieran título profesional. Para este efecto
se podrá contar con la asesoría de la Escuela Superior de Administración Pública.
Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635)
Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno
Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor
Riveros Serrato
Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984-
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únicamente las solicitudes de inscripción extraordinaria que hayan sido
radicadas en el Departamento Administrativo de la Función Pública antes
del 14 de febrero, fecha de notificación de la referida sentencia. Como en
este caso, la solicitud de la señora Martha Yolanda Quintero Rodríguez, si
bien fue presentada ante la Jefatura del personal el 12 de diciembre de
1996, solamente fue radicada en este Departamento el 15 de septiembre
de 1997, razón por la cual no puede dársele el trámite. En consecuencia, el
trámite para ingresar a la Carrera Administrativa será mediante proceso de
selección o concurso (…)”.
8. 6) El 4 de mayo de 1998, a través del Jefe de la División de Recursos
Humanos de la Secretaría de Gobierno del Distrito de Bogotá de ese
momento, señor Alonso Vera Jaimes, le respondió la solicitud a la señora
Quintero. Se le explicó que, de conformidad con la Sentencia C-30 de 1997,
los Acuerdos 11 de 1995 y 12 de 1996, debía negarse la solicitud para ser
inscrita en carrera administrativa.
9. 7) El 22 de enero de 1999, a través de la Resolución No. 16, el Secretario
Distrital de Gobierno, señor Héctor Riveros Serrato, la declaró insubsistente en
el cargo de profesional universitario, código 110 de la planta global de la
entidad.
10. 8) La señora Quintero Rodríguez demandó ese acto administrativo ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo que, mediante Sentencia de
18 de abril de 2001, confirmada por la Sentencia de 2 de octubre de 2008,
declaró nulo el acto por haberse configurado una desviación de poder. Se
aseguró que, no obstante, la demandante presentó la solicitud de
inscripción en carrera el 13 de diciembre de 1996, antes de que se declarara
la inexequibilidad de la disposición, la Secretaría demandada procedió a
expedir el acto de insubsistencia de manera discrecional, lo cual no
resultaba procedente porque la demandante había presentado solicitud de
inscripción en carrera.
11. 9)En consecuencia, la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la
Resolución No. 82 de 26 de febrero de 2009, dispuso ordenar el
reconocimiento y pago de $ 620.013.245. Finalmente se expidió la orden de
pago No. 2191 por valor de $ 756.864.094.
12. Frente al elemento subjetivo, después de citar el artículo 5 de la Ley 678
de 2001, numeral 1, según el cual se presume que existe dolo del agente
público cuando obre co
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.