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clave: "consejo_estado:providencia:11001032600020220005900-68159-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el laudo objeto del recurso extraordinario de revisión resolvió una controversia surgida"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-09-19"
radicado: "11001032600020220005900"
numero: "68159"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: el laudo objeto del recurso extraordinario de revisión resolvió una controversia surgida

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-09-19
- **Radicado:** 11001032600020220005900
- **Número interno:** 68159
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
- **Actor:** SOCIEDAD CERTIFICACIONES S.A.
- **Demandado:** ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA -ONAC-
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020220005900-68159-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001032600020220005900/657F9FD89EA82E4D5D24F978A947BCFB726E65B2CAEF0ABD7472A2739EC47664/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000202200059001100103

## Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral en el que es parte el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y participación mixta, descentralizada e indirecta por servicios, que cumple una función pública de acreditación?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

NIEGA

## Puntos clave

- ¿El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, que no constituye una instancia más dentro del correspondiente proceso…
- ¿Las decisiones adoptadas por un árbitro sin jurisdicción o competencia, se revelan como una contravención de normas imperativas y de orden público…
- ¿Resulta procedente la causal de anulación relativa a la falta de jurisdicción o competencia, considerando que, para dicha causal…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 1074 de 2015, art. 1.1.3.20
- Decreto 1595 de 2015, art. 2
- Decreto 2269 de 1993

## Extracto

La Sección Tercera del Consejo de Estado conoce en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por las entidades públicas o por quienes desempeñen funciones administrativas o en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, tal como lo establece el artículo 149.7 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en concordancia con el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012.

## Síntesis temática

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha determinado que el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), como entidad sin ánimo de lucro y descentralizada e indirecta por servicios, cumple una función pública de acreditación. Por lo tanto, el Consejo de Estado tiene competencia para conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral en el que es parte el ONAC, en concordancia con el artículo 149.7 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

## Descriptores temáticos

COMPETENCIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA, ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, ENTIDAD DESCENTRALIZADA INDIRECTA SIN ANIMO DE LUCRO DE PARTICIPACIÓN MIXTA, DESCENTRALIZACIÓN POR COLABORACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN POR SERVICIOS, SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD, ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD, FUNCIÓN PÚBLICA, EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, FUNCIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, CONTROL EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, PRINCIPIO DISPOSITIVO, ERROR IN IUDICANDO, ERROR IN PROCEDENDO, CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN PROCEDENDO, CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN, JURISDICCIÓN, CONCEPTO DE JURISDICCIÓN, COMPETENCIA JURISDICCIONAL, EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL, ARBITRAJE, CONCEPTO DE ARBITRAJE, OBJETO DEL ARBITRAJE, CONCEPTO DE COMPETENCIA, COMPETENCIA DEL ÁRBITRO, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, CONCEPTO DE PACTO ARBITRAL, LÍMITES DEL PACTO ARBITRAL, FALTA DE JURISDICCIÓN, FALTA DE COMPETENCIA, REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN, REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, RECURSO DE REPOSICIÓN, INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN, CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL, FALTA DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN, DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, FALLO EN CONCIENCIA, CARACTERÍSTICAS DEL FALLO EN CONCIENCIA, MATERIALIZACIÓN DEL FALLO EN CONCIENCIA, REQUISITOS DEL FALLO EN CONCIENCIA, ARBITRAJE EN CONCIENCIA, SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL, APLICACIÓN DE LA NORMA, APLICACIÓN DE LA LEY, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, INTERPRETACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL, CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN IUDICANDO, DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL, INCONGRUENCIA EN EL LAUDO ARBITRAL, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, LÍMITES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, CONGRUENCIA DEL JUEZ, EXCEPCIONES DE LA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, FALLO EXTRA PETITA, CONCEPTO DE FALLO EXTRA PETITA, DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, FACULTADES DEL ÁRBITRO, LÍMITES A LAS FACULTADES DEL ÁRBITRO, DEBERES DEL ÁRBITRO, DECISIÓN ARBITRAL, MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL, FALLO CITRA PETITA, EXCEPCIÓN DE FONDO, DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA, DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL, ALCANCE DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL, PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES, FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ, PODER OFICIOSO DEL JUEZ, INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, IMPROCEDENCIA DEL FALLO EXTRA PETITA, INEXISTENCIA DEL FALLO CITRA PETITA, JURAMENTO ESTIMATORIO, ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA, ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA DEL PROCESO, ESTIMACIÓN RAZONABLE DE LA CUANTÍA, CUANTÍA DE LA DEMANDA, CUANTÍA DEL PROCESO, PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL, DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA, OBJECIÓN, FACULTAD INFRA PETITA, DAÑO EMERGENTE, RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE, PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE, INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE, LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, IMPROCEDENCIA DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL, DECISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONSULTA OBLIGATORIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA / ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / ENTIDAD DESCENTRALIZADA INDIRECTA SIN ANIMO DE LUCRO DE PARTICIPACIÓN MIXTA / DESCENTRALIZACIÓN POR COLABORACIÓN / DESCENTRALIZACIÓN POR SERVICIOS / SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD / ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD / FUNCIÓN PÚBLICA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral en el que es parte el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y participación mixta, descentralizada e indirecta por servicios, que cumple una función pública de acreditación?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sección Tercera del Consejo de Estado conoce en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por las entidades públicas o por quienes desempeñen funciones administrativas o en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, tal como lo establece el artículo 149.7 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en concordancia con el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. El laudo objeto del recurso extraordinario de revisión resolvió una controversia surgida en el marco de la ejecución del Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. 14-OIN-050 de fecha 23 de junio de 2015, acuerdo negocial suscrito, de una parte, por la sociedad (…) y, de otra parte, por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, (…) persona jurídica debidamente constituida con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., en la modalidad de corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y participación mixta por comparecer a su creación personas públicas y particulares, constituida (…) en el marco del Código Civil y las normas sobre ciencia y tecnología del Decreto Ley 393 de 1991, y con fundamento en las facultades establecidas artículo 96 de la Ley 489 de 1998 -que regula la constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con participación de particulares- y las normas técnicas internacionales aplicables, de manera tal que se trata de una entidad oficial de segundo orden descentralizada e indirecta por servicios. Además, el ONAC, en los términos del artículo 1º del Decreto 865 de 2013, funge como “único organismo nacional de acreditación que de manera exclusiva ejercerá y coordinará las funciones previstas en el Decreto 2269 de 1993 y en el Decreto 4738 de 2008”, al tanto que el artículo 2º del Decreto 1595 de 2015, que adicionó el artículo 1.1.3.20 al Decreto 1074 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria- determina que el “Organismo Nacional de Acreditación-ONAC – será la entidad encargada de acreditar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad”. Sobre el particular, conviene recordar que la Corte Constitucional en la sentencia C-219 de 2015, analizó la constitucionalidad del Decreto 019 de 2012 y se refirió a la existencia de personas jurídicas sin ánimo de lucro, creadas a la luz del Decreto 393 de 1991, cuyas funciones se enmarcan en una forma de descentralización por colaboración o por servicios al amparo de los artículos 123, 210 y 267 de la Constitución Política, entre otras disposiciones. (…) Con fundamento en este criterio, la jurisprudencia de la Corporación ha considerado de tiempo atrás que el ONAC cumple una función pública de acreditación, “para los efectos del artículo 6º de la Ley 393 de 1997”. (…) En ese orden de cosas y, atendiendo la naturaleza jurídica de la convocada, la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente controversia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza jurídica de la ONAC, consulta providencias de 6 de abril de 2017, Exp. 25000-23-41-000-2016-00533-01(ACU), C.P. Rocío Araújo Oñate; de 15 de junio de 2017, Exp. 25000-23-41-000-2017-00589-01(ACU), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y de la Corte Constitucional, C-219 del 22 de abril de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123, 210, 267, DECRETO 1074 DE 2015 - ARTÍCULO 1.1.3.20 , DECRETO 1595 DE 2015 - ARTÍCULO 2, DECRETO 2269 DE 1993, DECRETO 3130 DE 1968 - ARTÍCULO 4, DECRETO 4738 DE 2008, DECRETO 865 DE 2013 - ARTÍCULO 1, DECRETO LEY 393 DE 1991, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 7, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 46 INCISO 3, LEY 363 DE 1997 - ARTÍCULO 6, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FUNCIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CONTROL EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / PRINCIPIO DISPOSITIVO / ERROR IN IUDICANDO / ERROR IN PROCEDENDO / CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN PROCEDENDO / CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, que no constituye una instancia más dentro del correspondiente proceso, que tiene como finalidad cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo, y cuya procedencia está condicionada a que se determinen y sustenten, debidamente, las causales que de manera taxativa se encuentran previstas por la ley para ese efecto?
Respuesta al problema jurídico: Si
En reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha precisado la naturaleza y alcance del recurso de anulación, aspectos sobre los que ha destacado lo siguiente: (i) El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente proceso; (ii) la finalidad del recurso se orienta a cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo (por violación de leyes procesales), que comprometen la ritualidad de las actuaciones, por quebrantar normas reguladoras de la actividad procesal, desviar el juicio o vulnerar las garantías del derecho de defensa y del debido proceso; (iii) mediante el recurso extraordinario de anulación no es posible atacar el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, errores in iudicando (por violación de leyes sustantivas), es decir, si el Tribunal obró o no conforme al derecho sustancial (falta de aplicación de la ley sustantiva, indebida aplicación o interpretación errónea), ni plantear o revivir un nuevo debate probatorio o considerar si hubo o no un yerro en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el correspondiente Tribunal, puesto que el juez de anulación no es superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento y, en consecuencia, no podrá intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar sus decisiones, por no compartir sus razonamientos o criterios; (iv) de manera excepcional, el juez de anulación podrá corregir o adicionar el laudo si prospera la causal de incongruencia, al no haberse decidido sobre cuestiones sometidas al conocimiento de los árbitros o por haberse pronunciado sobre aspectos no sujetos a la decisión de los mismos o por haberse concedido más de lo pedido; (v) los poderes del juez del recurso de anulación están limitados por el llamado “principio dispositivo”, según el cual, es el recurrente quien delimita, con la formulación y sustentación del recurso, el objeto que con él se persigue y ello, obviamente, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley consagra; por tanto, no le es permitido interpretar lo expresado por el recurrente para entender o deducir la causal invocada y, menos aún, pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y sustentación del correspondiente recurso extraordinario de anulación y, (vi) dado el carácter restrictivo que caracteriza el recurso, su procedencia está condicionada a que se determinen y sustenten, debidamente, las causales que de manera taxativa se encuentran previstas por la ley para ese efecto; consecuentemente, el juez de la anulación debe rechazar de plano el recurso cuando las causales que se invoquen o propongan no correspondan a alguna de las señaladas en la ley.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a las generalidades y alcances del arbitramento y del recurso extraordinario de anulación de laudos, consultar providencias de 15 de mayo de 1992, Exp. 5326, C.P. Daniel Suárez Hernández; de 12 de noviembre de 1993, Exp. 7809, C.P. Daniel Suárez Hernández; de 16 de junio de 1994, Exp. 6751, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; de 24 de octubre de 1996, Exp. 11632, C.P. Daniel Suárez Hernández; de 18 de mayo de 2000, Exp. 17797, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 23 de agosto de 2001, Exp. 19090, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 10 de junio de 2002, Exp. 19488, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 4 de julio de 2002, Exp. 21217, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 4 de julio de 2002, Exp. 22012, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 1 de agosto de 2002, Exp. 21041, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; de 26 de febrero de 2004, Exp. 25094, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; de 25 de noviembre de 2004, Exp. 25560, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; de 28 de abril de 2005, Exp. 25811, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 8 de junio de 2006, Exp. 32398, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 4 de diciembre de 2006, Exp. 32871, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 26 de marzo de 2008, Exp. 34071, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; de 21 de mayo de 2008, Exp. 33643, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 13 mayo de 2009, Exp. 34525, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; de 24 de abril de 2017, Exp. 58527, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / JURISDICCIÓN / CONCEPTO DE JURISDICCIÓN / COMPETENCIA JURISDICCIONAL / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL / ARBITRAJE / CONCEPTO DE ARBITRAJE / OBJETO DEL ARBITRAJE / COMPETENCIA / CONCEPTO DE COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CONCEPTO DE PACTO ARBITRAL / LÍMITES DEL PACTO ARBITRAL / FALTA DE JURISDICCIÓN / FALTA DE COMPETENCIA / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN / REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE REPOSICIÓN / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
Problema jurídico:
¿Las decisiones adoptadas por un árbitro sin jurisdicción o competencia, se revelan como una contravención de normas imperativas y de orden público, a la vez que exponen la materialización de conductas prohibidas, no solo por quienes voluntariamente delegaron en la justicia arbitral la solución de un conflicto, sino que se presentan como contrarias al propio orden constitucional?
Respuesta al problema jurídico: Si
El numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2011 establece la causal de anulación por “falta de jurisdicción o de competencia”. En el asunto sub lite es objeto de análisis la competencia. Como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corporación, la jurisdicción tiene que ver con un atributo de la soberanía del Estado en el que se manifiesta la función pública de administrar justicia bajo criterios de especialidad de los órganos jurisdiccionales a los que se les ha asignado tal cometido. A su turno, la competencia, corresponde al poder o facultad que tiene un sujeto u órgano perteneciente a la jurisdicción, para adoptar una decisión en un asunto o materia especifica. De esta forma, el artículo 116 de la Constitución Política dispone que la función jurisdiccional será ejercida por las Cortes, los jueces y demás autoridades que, a través de jurisdicciones especiales o por facultad reconocida a los particulares de forma transitoria, están investidos del poder de administrar justicia. En este orden, el arbitraje quedó inscrito como un mecanismo procesal, aunque transitorio, de administración de justicia por particulares, cuya competencia se fija en función de los asuntos que, de manera precisa y expresa, le asignen las partes del conflicto bajo el respectivo pacto arbitral (“principio” de habilitación). Por su lado, el artículo 3 la Ley 1563 de 2012 establece que el pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. Esta disposición reconoce expresamente qu

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

problema jurídico: No
Esta colegiatura recuerda que la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido que, al listado de causales en las que puede fundarse el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales previsto en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, debe incluirse la consistente en omitir durante el desarrollo del trámite arbitral la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables al caso, criterio que ha sido acogido por la jurisprudencia de esta Sala de Subsección. (…) Pues bien, el ONAC afirma, en su recurso, que a la controversia eran aplicables la Decisiones Andinas 376 de 1995 y 850 de 2019, aserto que no comparte esta Sala. En efecto, según el contenido de la Decisión Andina 376 de 1995, esta crea el Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología (art. 1), el cual, tiene como propósito, facilitar el comercio intra-subregional a través de la mejora en la calidad de los productos y servicios, y de la eliminación de las restricciones técnicas al comercio (art. 2). Además, en apoyo de este Sistema se crea el Comité Subregional de normalización, acreditación, ensayo, certificación, reglamentos técnicos y metrología, que, para todos los efectos, se denomina “el Comité” (art. 5). A diferencia de lo sostenido por el ONAC, la Decisión 376 de 1995 no establece un trámite específico que deban adelantar los Organismos Nacionales de Acreditación en relación con los Organismos Evaluadores de la Conformidad -como lo es (…) [la sociedad]-, sino que determina que aquellos deberán cumplir con los procedimientos establecidos por el Comité para garantizar su propia competencia técnica. (…) Como puede apreciarse, la normativa en cuestión no guarda relación con los procedimientos que debe seguir el ONAC para evaluar, otorgar en concesión y/o retirar las acreditaciones a los organismos evaluadores de la conformidad, sino con los procedimientos que este debe cumplir para garantizar su competencia técnica como Organismo Nacional de Acreditación. En ese orden, resulta claro que no era necesario solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia. Un análisis similar puede hacerse frente a la Decisión Andina 850 de 2019 -que derogó la Decisión 376 de 1995-, con la advertencia adicional de que esta normativa -desde el punto de vista temporal- no era aplicable a la controversia, pues, el contrato de otorgamiento y uso del certificado de acreditación No. 14-OIN-050, fue celebrado entre las partes el 23 de junio de 2015 y la demanda arbitral se formuló el 12 de septiembre de 2019 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, al tanto que la Decisión en comento fue publicada en la Gaceta Oficial del Organismo el día 25 de noviembre de esa anualidad. Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión de la Decisión Andina 850 de 2019 se advierte, sin dificultad, que esta tiene como propósito simplificar, actualizar y hacer más transparente y coherente el Sistema Andino de normalización, acreditación, ensayos, certificación, reglamentos técnicos y metrología que creó la Decisión Andina 376 de 1995, al tanto que busca asegurar que las medidas que adopten los países miembros en desarrollo de sus sistemas nacionales de calidad, se apliquen de forma tal que no constituyan un medio de discriminación o una restricción encubierta al comercio. En ese orden, en el artículo 1º ejusdem se crea el Sistema Andino de la Calidad (SAC), entendido este como el conjunto de actividades conformado por la normalización técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, reglamentación técnica y metrología; además, en el artículo 18º se destaca que, los organismo nacionales de acreditación, serán los encargados de evaluar y acreditar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad, para lo cual deberán cumplir con los requisitos de la versión vigente de la norma internacional ISO/IEC 17011 (art.18). Así las cosas, para esta colegiatura resulta claro que las disposiciones anotadas - Decisiones Andinas 376 de 1995 y 850 de 2019- contienen parámetros y obligaciones para los países miembros de la comunidad andina en materia de normalización, acreditación, ensayos, certificación, reglamentos técnicos y metrología; empero, no contemplan preceptos relacionados con la existencia, la validez, el perfeccionamiento, la ejecución, el alcance de las obligaciones del acuerdo negocial y el incumplimiento que se atribuya a alguna de las partes en la ejecución del contrato de otorgamiento y uso de certificados de acreditación, asunto que está regulado por el orden jurídico interno y así fue tratado en el marco del proceso arbitral, por lo que no era necesario solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia. (…) Con fundamento en las razones expuestas la causal no prospera.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la causal de anulación por falta de agotamiento del trámite de solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), consultar providencias de 9 de agosto de 2012, Exp. 43281, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 9 de agosto de 2012, Exp. 43195, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; y de 26 de noviembre de 2018, Exp. 58705, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECISIÓN ANDINA 376 DE 1995 - ARTÍCULO 2, 5, 15, DECISIÓN ANDINA 850 DE 2019
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la condena en costas en el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral, cuando se declaran infundados los recursos formulados por ambas partes en contienda?
Respuesta al problema jurídico: No
El párrafo final del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”, establece lo siguiente: “Artículo 43. Efectos de la sentencia de anulación. Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1 a 7 del artículo 41, se declarará la nulidad del laudo. En los demás casos, este se corregirá o adicionará. (…) Si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya sido presentado por el Ministerio Público.” En las anteriores condiciones se impone concluir que, como no prosperaron las casuales invocadas en los recursos extraordinarios de anulación formulados por las partes en contienda, la Sala no emitirá condena en costas de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 ejusdem.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-09-19. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 11001032600020220005900. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020220005900-68159-sentencia).
