CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00025-00 (60.963)
Actor: Universidad Popular del Cesar
Demandado: Jesualdo Hernández Mieles
Referencia: Medio de control de repetición
Temas: CADUCIDAD DE EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN –Oportunidad de la
demanda cuando el título fuente del reconocimiento in demnizatorio es producto de un
mecanismo alternativo de resolución de conflictos.
Procede la Sala a dictar sentencia en única instancia en virtud de la demanda de
repetición promovida por la Universidad Popular del Cesar contra el señor Jesualdo
Hernández Mieles.
La Universidad Popular del Cesar busca obtener el reembolso de la suma que tuvo
que pagar a favor de una de sus servidoras por razón de un acuerdo conciliatorio.
I. LA DEMANDA
1. El 16 de febrero de 2018 1, la Universidad Popular del Cesar, a través de
apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de repetición
contra el señor Jesualdo Hernández Mieles, cuyas pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho son los siguientes:
Pretensiones
2. La universidad solicitó que se declarara patrimonialmente responsable al señor
Jesualdo Hernández Mieles por su conducta gravemente culposa, al expedir el acto
administrativo por el cual se negó una petición de reconocimiento de prestaciones
sociales y emolumentos salariales a la señora María Loreta Bustos Valencia. Como
consecuencia, pidió que se le condenara a reembolsar la suma de setenta y cuatro
millones ciento setenta y seis mil sesenta y siete pesos M/cte. ($74’176.067), que
debió pagar para atender el restablecimiento del derecho de la citada funcionaria.
Hechos
1 Folio 1 c. 1.
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00025-00 (60.963)
Actor: Universidad Popular del Cesar
Demandado: Jesualdo Hernández Mieles
Referencia: Medio de control de repetición
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3. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que mediante
oficio RECT -100-03-09-336-205 del 27 de agosto de 2015, el señor Jesualdo
Hernández Mieles, en calidad de rector de la Universidad Popular del Cesar, negó
el reconocimiento de la diferencia salarial, reajustes de prestaciones sociales y
aportes al sistema de seguridad laboral de la señora María Loreta Bustos Valencia,
quien, pese a desempeñarse como profesional universitario 3020 grado 04, ejerció
como jefe del centro de admisión, registro y control académico de la universidad.
4. Como consecuencia, la señora María Loreta Bustos Valencia promovió demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue conciliada por la Universidad
el 17 de septiembre de 2015, ante la Procuraduría 47 Judicial de Valledupar,
comprometiendo un pago de setenta y cuatro millones quinientos cuarenta y ocho
mil ochocientos once pesos M/cte. ($74’548.811) a favor de la cita da señora. El
acuerdo conciliatorio fue aprobado mediante auto del 15 de diciembre de 2015,
proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar.
5. El 19 de febrero de 2016, la Universidad efectuó el pago de un total de setenta y
cuatro millones ciento setenta y seis mil sesenta y siete pesos M/cte. ($74’176.067),
previas deducciones tributarias.
Fundamentos de derecho
6. La parte actora sostuvo que el actuar del de mandado fue gravemente culposo ,
con violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho de que trata el
artículo 6º de la Ley 678 de 2001, teniendo en cuenta que fue quien negó el
reconocimiento y pago del salario que debió percibir María Loreta Bustos Valencia
al estar ejecutando funciones de un cargo mayor al que ocupaba por una asignación
que se le hiciera2.
La defensa
7. Admitida la demanda 3 y debidamente notificada, la parte demandada presentó
escrito de contestación en el cual se opuso a las pretensiones. Para ese efecto
propuso las excepciones de ausencia de culpa grave, “ inexistencia de estudio y
carencia de decisión motivada que determine la procedencia del medio de control
de repetición” y la “innominada”. Adicionalmente, manifestó que el medio de control
no podía prosperar, en razón a que la Universidad Popular del Cesar no allegó el
acta en la que constaba los razonamientos del respectivo comité para ejercer la
acción de repetición en su contra4.
Decisión de excepciones previas
2 Folios 40 a 42 c. 1.
3 Auto del 24 de julio de 2018, folio 48 c. 1.
4 Folios 61 a 72 c. 1.
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00025-00 (60.963)
Actor: Universidad Popular del Cesar
Demandado: Jesualdo Hernández Mieles
Referencia: Medio de control de repetición
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8. El 9 de septiembre de 2020, esta Corporación llevó a lugar la audiencia inicial y,
en ella: (i) resolvió sobre las excepciones previas, en el sentido de no hallar probada
ninguna de las que oficiosamente le corresponde advertir a la judicatura ni las que
correspondía alegar a las partes5; (ii) fijó el objeto del litigio, el cual hizo consistir en
“determinar si el demandado obró de manera dolosa o gravemente culposa al
negarle a la señora María Loreta Bustos Valencia el pago correspondiente a la
diferencia salarial y prestacional y d e los respectivos aportes al sistema de
seguridad social, derivado de una asignación de funciones en el centro de
admisiones, registro y control académico de la Universidad Popular del Cesar,
durante el período en el que ella prestó sus servicios en esa de pendencia como
profesional universitario 3020 grado 04 ”6; e (iii) integró como pruebas las
documentales allegadas por las partes 7 y, ante la ausencia de petición de
recolección probatoria, prescindió de la audiencia de pruebas, en función de los
principios de celeridad y eficiencia consagrados en los artículos 4 y 7 de la Ley 270
de 19968.
Los alegatos de conclusión
9. En el término concedido para el efecto 9, por conducto de apoderado, la parte
demandada presentó el mismo escrito radicado como contestación d e la
demanda10.
10. La Universidad Popular del Cesar sostuvo que la asignación de funciones
adicionales a la señora María Loreta Bustos Valencia, sin el correlativo pago, era
una conducta ajena al buen servicio público y debía ser calificada como grave e
inexcusablemente culposa en los términos de la Ley 678 de 2001, en razón a que
se desconocieron los derechos laborales de la citada señora a percibir un salario
correspondiente a las funciones de jefe del centro de admisión, registro y control
académico de la universidad, pese a que en el acto administrativo que se determinó
su encargo no se hubiera señalado, teniendo en cuenta la primacía de la realidad
laboral sobre las formalidades documentales11.
11. El Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Jurisdicción y competencia
12. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a conocer de las
demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten obligadas a
5 Folio 113 c. 1. Anverso.
6 Folio 114 c. 1.
7 Folio 115 c. 1.
8 Folio 115 c. 1.
9 Fijado mediante auto del 27 de junio de 2019, folio 125 c. 1.
10 Folios 127 a 137 c. 1.
11 Folios 138 a 146 c. 1.
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00025-00 (60.963)
Actor: Universidad Popular del Cesar
Demandado: Jesualdo Hernández Mieles
Referencia: Medio de control de repetición
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hacer un reconocimiento indemnizatorio por una condena u conciliación u otra forma
de terminación de un conflicto, con ocasión del comportamiento doloso o
gravemente culposo de un servidor o ex servidor público, de conformidad con el
inciso primero del artículo 7º de la Ley 678 de 2001.
13. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto en única
instancia, en atención de lo dispuesto en el artículo 149 numeral 13 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en consideración
a que la conducta enjuiciada corresponde a la desplegada por Jesualdo Hernández
Mieles, durante su ejercicio como rector de un establecimiento del orden nacional,
en este caso, de la Universidad Popular del Cesar; finamente, el medio de control
es el idóneo para analizar la responsabilidad personal de carácter patrimonial de los
funcionarios o exfuncionarios, lo cual dota de plena competencia a la Sala para
decidir sobre la responsabilidad patrimonial endilgada contra el citado señor.
La legitimación en la causa
14. En este caso, la legitimación se halla situada válidamente en cada uno de los
extremos concurrentes a juicio, en tanto, de un lado, la Universidad Popular del
Cesar afirma haber efectuado un pago, con ocasión del acuerdo conciliatorio del 17
de septiembre de 2015, aprobado judicialmente el 15 de diciembre de ese año y, de
otro, la conducta que se califica como fuente de la erogación indemnizatoria que
dice haber efectuado el ente universitario, corresponde a la desplegada por
Jesualdo Hernández Mieles, de quien se aduce fungía como servidor de la citada
universidad, en calidad de rector.
La oportunidad del medio de control
15. La Sala declarará probada de forma ofici osa la excepción de caducidad d el
medio de control de repetición, en consideración a que la demanda se presentó
luego del término legal de dos (2) años contados desde el día siguiente al
fenecimiento del plazo para pago que convino la Universidad Popular del Cesar en
el acuerdo conciliatorio.
16. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 consagra que el medio de control de
repetición caduca al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día
siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública y añade que
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