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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las demandas que promuevan las entidades públicas

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Fecha
2022-08-16
Radicado
11001032600020160011200
Número interno
57501
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
Demandado
RAUL ENRIQUE MAYA PABON

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las demandas que promuevan las entidades públicas

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a conocer de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas por una actuación administrativa originada en dolo o culpa grave de un servidor o ex servidor público. En efecto, a esta jurisdicción están adscritos este tipo de debates en sede judicial, conforme a lo prescrito por el artículo 7º de la Ley 678 de 2001.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista es competente para promover una demanda de repetición ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando la entidad pública resulta condenada por una actuación administrativa originada en dolo o culpa grave de un servidor o ex servidor público, conforme a lo dispuesto por la Ley 678 de 2001 y el artículo 149 numeral 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta jurisdicción es competente para conocer de estos casos en única instancia, y la entidad pública y el servidor público involucrado tienen legítimo interés para acudir como extremos del proceso. Además, el plazo para ejercer la acción de repetición comienza a correr desde el día siguiente al pago efectivo de la condena, siempre que este ocurra dentro del plazo legal establecido. La ley no considera que las presunciones de dolo o culpa grave constituyan un juicio anticipado sobre la responsabilidad patrimonial del demandado, sino que son herramientas que facilitan la actividad probatoria y que implican al demandado en la carga demostrativa para establecer la verdad material.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas por una actuación administrativa originada en dolo o culpa grave de un servidor o ex servidor público?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001, art. 7

También resuelve

  • ¿Es competente el Consejo de Estado para conocer en única instancia de medio de control de repetición?
  • ¿Se acreditó la legitimación en la causa de cada uno de los extremos del proceso?
  • ¿El medio de control de repetición fue presentado dentro del término legal?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 13.250 caracteres

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COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA Problema jurídico: ¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas por una actuación administrativa originada en dolo o culpa grave de un servidor o ex servidor público? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a conocer de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas por una actuación administrativa originada en dolo o culpa grave de un servidor o ex servidor público. En efecto, a esta jurisdicción están adscritos este tipo de debates en sede judicial, conforme a lo prescrito por el artículo 7º de la Ley 678 de 2001. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA EN PROCESO LABORAL / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado para conocer en única instancia de medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en única instancia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 numeral 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en tanto se repite contra quien para la época de los hechos descritos en la demanda se desempeñaba como rector y, por ende, representante legal de un establecimiento universitario del orden nacional como lo es la Universidad Popular del Cesar; asimismo, el medio de control de repetición es el idóneo para estudiar la responsabilidad de los funcionarios o exfuncionarios por las condenas impuestas contra el Estado. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / INTERÉS LEGÍTIMO / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Se acreditó la legitimación en la causa de cada uno de los extremos del proceso? Respuesta al problema jurídico: Si La entidad pública demandante, quien se afirma perjudicada con el pago de la condena patrimonial impuesta en su contra, y la demandada, a cuya conducta se le atribuye la condena, tienen legítimo interés para acudir como extremos de la relación jurídica procesal. En este caso, tal legitimación se ubica en cada uno de los extremos del proceso y en tanto la primera obra legitimada como entidad a cuyo cargo estuvo el pago de una condena judicial y, la segunda, como autoridad que expidió el acto administrativo por cuya virtud se emitió tal condena. PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿El medio de control de repetición fue presentado dentro del término legal? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l plazo para ejercer la acción de repetición comienza a correr desde el día siguiente al pago efectivo, en los términos de ley, siempre que ello ocurra dentro del plazo dispuesto para tal efecto, toda vez que en el evento en que el desembolso se realice con posterioridad a tal tiempo, el pago pierde relevancia para el cómputo de la oportunidad de la acción y, en su lugar, el término de caducidad antes indicado comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado en la ley para efectuar el pago; en el presente caso, los 18 meses previstos en el inciso cuarto del artículo 177 del C.C.A., normativa aplicable a este asunto, porque el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la condena que pagó la entidad demandante, se tramitó durante la vigencia del C.C.A. En el sub judice, se observa que la sentencia de segunda instancia que condenó a la Universidad Popular del Cesar y por la cual se pretende repetir contra el demandado, fue proferida el 12 de septiembre de 2013; sin embargo, no obra en el expediente la constancia de ejecutoria del proveído del Tribunal, ni ninguna otra prueba que acredite la fecha en que se notificó, por manera que no es posible determinar la fecha de ejecutoria de la misma con base en las disposiciones contempladas en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil. A pesar de lo anterior, si se cuenta desde el mes de septiembre –fecha en que se profirió la condena-, el plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del C.C.A. corrió hasta marzo de 2015. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 331 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEY 678 DE 2001 / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA / PRESUNCIÓN LEGAL / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE Problema jurídico: ¿Las presunciones de dolo o culpa grave constituyen un juicio anticipado sobre la responsabilidad patrimonial del demandado? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Ley 678 de 2001 se ocupó de regular los aspectos sustanciales de la repetición y al efecto no sólo previó lo relativo al objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio de esta acción, sino que, al tratar el presupuesto del dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, consagró en sus artículos 5 y 6 una serie de definiciones y de “presunciones legales”, con incidencia en la carga de la prueba , que resultan aplicables a las conductas ocurridas en vigencia de dicha norma sustantiva. Tales presunciones no constituyen un juicio anticipado sobre la responsabilidad patrimonial del demandado, pues solo son herramientas estatuidas por el legislador que permiten facilitar la actividad probatoria e involucran al demandado en la carga demostrativa, con la finalidad de que sea posible establecer la verdad material. Como recurrentemente se ha recordado, sobre la normativa indicada la Corte Constitucional tuvo oportunidad de discurrir en su análisis, precisando que si bien las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso a la prueba, ello no puede comprometer el debido proceso o implicar una atribución de culpabilidad en cabeza del demandado . NOTA DE RELATORÍA: Referente a las presunciones de dolo y culpa grave, consultar sentencia de la Corte Constitucional, Exp. C-374 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA Problema jurídico: ¿Se acreditó la existencia de una condena judicial, el pago de la misma y la calidad del demandado como agente del Estado? Respuesta al problema jurídico: Si La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de una condena judicial, o de un acuerdo conciliatorio o de otra forma de terminación de conflictos en el que se imponga a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; ii) el pago efectivo de la condena o valor convenido; iii) la calidad del demandado como agente o exagente del Estado o del particular que cumple funciones públicas; y, iv) la culpa grave o el dolo. Esta Subsección encuentra reunidos los primeros tres presupuestos antes indicados en tanto y cuanto, al proceso se allegó copia de la sentencia del 12 de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho seguido por el docente R. M. P. , a través de la cual se modificó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar –que negó las súplicas de la demanda- y, en su lugar, ordenó a la Universidad Popular del Cesar que cotizara a favor del señor R. E. M. P., los valores correspondientes a los aportes a pensión durante el periodo en que se acreditó la prestación de sus servicios. En lo que refiere al pago de la condena, su efectiva ocurrencia está acreditada. Los documentos antes relacionados, no fueron desconocidos por el demandado y en tal virtud está acreditado que la Universidad Popular del Cesar pagó la suma de $8’612.253 a favor del señor Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza. Es así como, teniendo en cuenta el alcance que, de manera reiterada por esta Subsección, se le ha dado al inciso 3º del artículo 142 del C.P.A.C.A., se encuentra acreditado este requisito. Por otro lado, sobre la condición de agente o ex agente del Estado del demandado, en el expediente obra la certificación expedida por la Coordinadora del Grupo de Gestión y Desarrollo Humano, a través de la cual hizo constar que, al momento en que se negó el pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos laborales al señor R. M. P., el cargo de Rector lo ostentaba el señor R. E. M. P. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142 INCISO 3 CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / AUSENCIA DEL DOLO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se acreditó la existencia del dolo o culpa grave del ex rector de la Universidad Popular del Cesar? Respuesta al problema jurídico: Si Ab initio, la Sala encuentra que los argumentos desarrollados por la parte demandante se limitan, en cuanto a la imputación bajo el título de culpa grave, a la mención de la causal relacionada con la “violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho” y a la transcripción del artículo 6 de la Ley 678, sin realizar ningún análisis sobre dicha calificación y la razón por la cual la alegan en el caso concreto. La Sala estima que no es suficiente la mención genérica que hizo la Universidad Popular del Cesar sobre la culpa grave del señor R. E. M. P. en la demanda, porque debía consignar argumentos que al menos le permitieran a esta Corporación encuadrar la conducta del demandando en alguno de los supuestos consagrados en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, carga argumentativa que no se suplía limitándose a resaltar en negrillas, en una transcripción literal de esa norma, el relativo a la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. (...) la Sala observa que del material probatorio obrante en el proceso, no es posible considerar que se haya acreditado una conducta dolosa de parte del demandado, como lo pretende hacer ver la parte demandante. De hecho, como se ha dicho insistentemente, la parte actora pretende fundamentar la atribución al demandado de la expedición del acto administrativo con ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración, únicamente en la decisión de segunda instancia adoptada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin allegar en este caso, ningún otro medio de prueba que pudiera ser valorado por esta Subsección, más allá de los aportados y practicados en el proceso primigenio. (...) con fundamento en el exiguo material probatorio allegado, la Sala concluye que no se probó que la conducta del aquí demandado comportara una actuación dolosa para efectos de la configuración de la presunción prevista en el citado artículo 5, numeral 3, de la Ley 678 de 2001 invocada en la demanda, pues los elementos probatorios allegados a este proceso no dan cuenta de que su comportamiento se produjo con ocultamiento de los hechos que servían de sustento a la decisión, incluso ni siquiera se refirió cuál habría sido el fundamento del acto administrativo que se encubrió y las imputaciones a título de dolo, se realizaron indistintamente con argumentos, además, de la causal de desviación de poder. (...) Con base en las razones expuestas, se negarán las pretensiones de la demanda. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 3, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INTERÉS PÚBLICO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: No Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. y en razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, en este caso no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la improcedencia de la condena en costas en aquellos procesos en los que se ventile un interés público, consultar sentencia de la Corte Constitucional de 01 de 8 de agosto de 2001, Exp. C-832-01, M.P. Rodrigo Escobar Gil. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
Texto extraído del PDF oficial 51.358 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022) Radicación: 11001-03-26-000-2016-00112-00 (57.501) Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón Referencia: Medio de control de repetición Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos de procedencia bajo la Ley 678 de 2001 / PRESUNCIONES DE CULPA GRAVE O DOLO –Estudio genérico sobre las presunciones de dolo y culpa grave – acreditación del hecho que le da base a la presunción y su contradicción / DOLO Y CULPA GRAVE - no se probó. Procede la Sala a dictar sentencia en única instancia en virtud de la demanda de repetición promovida por la Universidad Popular del Cesar contra el señor Raúl Enrique Maya Pabón. La Universidad Popular del Cesar fue condenada con ocasión de la declaración de nulidad de un acto administrativo que negó el reconocimiento de las prestaciones sociales y demás emolumentos laborales a un docente. Estima la demandante que tal declaración obedeció a una conducta dolosa y gravemente culposa del entonces Rector de tal Universidad; como consecuencia, solicita que se le declare patrimonialmente responsable y se le ordene reembolsar el valor total pagado por la condena impuesta. I. LA DEMANDA 1. El 1 de julio de 2016 1 la Universidad Popular del Cesar, a través de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de repetición en contra del señor Raúl Enrique Maya Pabón, cuyas pretensiones, hechos y fundamentos de Derecho son los siguientes: 1 Folios 2-11 c. ppal. Radicación: 11001-03-26-000-2016-00112-00 (57.501) Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón Referencia: Medio de control de repetición 2 Pretensiones 2. Solicitó que se declarara patrimonialmente responsable al señor Raúl Enrique Maya Pabón por su conducta dolosa y gravemente culposa al expedir el acto administrativo por el cual se negó el reconocimiento de las prestaciones sociales y demás emolumentos al docente Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se le condenara a reembolsar la suma de ocho millones seiscientos cuarenta y seis mil setecientos dos pesos m/cte. ($8’646.702), que debió pag ar para atender el restablecimiento del derecho del citado funcionario. Hechos 3. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que el señor Raúl Enrique Maya Pabón, en su calidad de Rector de la Universidad Popular del Cesar, expidió el Oficio de fecha del 26 de agosto de 2010, mediante el cual negó el pago de prestaciones sociales y demás emolumentos laborales al señor Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza, quien se desempeñaba como docente catedrático en el área de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la universidad, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. 4. Por este hecho, el señor Mejía Peñaloza promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue decidida mediante providencia del 6 de diciembre de 2012 por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Valledupar, en la que se negaron las súplicas de la demanda. Dicho fallo fue “modificado” el 12 de septiembre de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia en la que se ordenó a la Universidad Popular del Cesar computarle al señor Mejía Peñaloza el tiempo que laboró como docente catedrático en la universidad bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios para efectos pensionales, y cotizar los valores correspon dientes a pensión en el fondo respectivo. 5. Como consecuencia de la citada decisión, la Universidad Popular del Cesar debió pagar los valores correspondientes a los aportes a pensión a favor del señor Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza, equivalentes a la suma de ocho millones seiscientos cuarenta y seis mil setecientos dos pesos m/cte. ($8’646.702). Fundamentos de derecho 6. La parte actora sostuvo que el actuar del demandado fue doloso y gravemente culposo, en tanto profirió el acto administrativo que fue poste riormente declarado nulo, con ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración y con violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. En este sentido, indicó que la expedición del acto administrativo no obede ció a Radicación: 11001-03-26-000-2016-00112-00 (57.501) Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón Referencia: Medio de control de repetición 3 razones de buen servicio público y citó los argumentos plasmados en la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar. Indica la demandante que se configuró la presunción del dolo, ya que el fin utilizado por el hoy demandado no se compadeció de lo establecido por la Ley para la competencia de la cual era titular al momento de la expedición del acto administrativo. Igualmente, señaló que el entonces Rector de la universidad, conocía los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre la desvinculación de los empleados y a pesar de ese conocimiento, procedió sin justificación alguna, de manera que su actuación fue dolosa. Así las cosas, señaló que la conducta del señor Maya Pabón se circunscribe en la presunción legal contemplada en el numeral 3 del artículo 52 de la Ley 678 de 2001 y citó el artículo 6 de la misma Ley, del cual resaltó el numeral 13. La defensa 7. La demanda fue admitida por esta Corporación 4 y el demandado fue representado mediante un Curador Ad Litem a quien se le notificó debidamente la demanda5. 8. En la contestación de la demanda, se adujo que no se probó el dolo del demandado y se propusieron las siguientes excepciones: (i) caducidad del medio de control, debido a que la notificación se realizó por fuera de término; (ii) “ no procedencia de la acción al no tratarse de una acción dolosa o gravemente culposa del demandado ” y, (iii) “ no justificación de diligencia de conciliación con el demandado en este proceso ni debido juicio de culpabilidad por parte del Comité de Conciliación de la entidad demandante”6. Decisión de excepciones previas y sentencia anticipada 9. El 9 de septiembre de 2020 se profirió auto por el cual se resolvieron las excepciones propuestas por la parte demandada y se declararon no probadas la s excepciones de caducidad del medio de control de repetición y de falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad7. 10. Mediante proveído del 5 de febrero de 2021, el despacho resolvió (i) prescindir de la audiencia inicial -con base en lo dispuesto en el literal c del artículo 42 de la Ley 2080 de 2021-, (ii) incorporar al expediente las pruebas documentales allegadas con la demanda, las cuales fueron admitidas como tales 8 y (iii) fijar el objeto del litigio en los siguientes términos (se transcribe de manera literal): 2 “Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración”. 3 “Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”. 4 Auto del 22 de marzo de 2017 (folios 96-98 c. ppal.). 5 Folio 163 c. ppal. 6 Folios 164-167 c. ppal. 7 Folios 172-178 c. ppal. 8 En el citado proveído se decidió lo siguiente sobre las pruebas documentales: “La parte actora allegó con la demanda las siguientes pruebas: i) copia del oficio del 26 de agosto de 2010, por medio del cual se negó al señor Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza, el pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos, ii) copia de Radicación: 11001-03-26-000-2016-00112-00 (57.501) Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón Referencia: Medio de control de repetición 4 “(...) se contrae a establecer si la obligación impuesta a la Universidad Popular del Cesar, mediante sentencia del 12 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar fue consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo del ex rector Raúl Enrique Maya Pabón al expedir el oficio del 26 de agosto de 2010 y, en consecuencia, si se configuran todos los presupuestos necesarios para que prospere la demanda de repetición instaurada en su contra”9. 11. Surtido lo anterior y en aplicación a lo dispuesto en el artículo 181 del C.P.A.C.A. se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se ordenó la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y del concepto del Ministerio Público10. Los alegatos de conclusión 12. Surtidas las etapas del proceso, la Universidad Popular del Cesar sostuvo que en el proceso se acreditó que el oficio suscrito por el señor Maya Pabón fue expedido con dolo y culpa grave, pues el demandado conocía antecedentes jurisprudenciales sobre la desvinculación de los empleados de la Universidad Popular del Cesar, y a pesar de conocer dicha información, procedió de la misma manera sin justificación alguna, causándole un perjuicio a la entidad pública . Para estos efectos, la demandante citó en su integridad los artículos 5 y 6 de la Ley 67811. 13. El Ministerio Público consideró que no se cumplió la carga probatoria por parte de la demandante respecto de la calificación de la conducta del demandado como dolosa o gravemente culposa. Sobre este punto, señaló que para la fecha en que la Universidad Popular del Cesar incumplió con su obligación de realizar los la sentencia de primera instancia, proferida el 6 de diciembre de 2012, por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Valledupar, iii) copia de la senten

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201600112001100103