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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la calidad del demandado como ex servidor público está demostrada

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2021-12-15
Radicado
54001233300020180023601
Número interno
65917
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ SAN JOSE DE CUCUTA
Demandado
HERNANDO YEPES HOYOS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la calidad del demandado como ex servidor público está demostrada

Lo que dijo la Sala

La Ley 678 de 2001 reglamentó los aspectos sustanciales y los procesales de la acción de repetición y el llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando, sobre los primeros, generalidades como el objeto, noción, finalidades, deber de ejercicio, y especificidades, como las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente y el establecimiento de presunciones legales en las que estaría incurso el funcionario; y bajo la egida de los segundos, asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución; así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso.… No obstante lo anterior…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe acreditar la existencia de cuatro elementos para que proceda la acción de repetición contra un servidor público: la obligación reparatoria a cargo del Estado, la calidad del demandado como servidor o ex servidor público, el pago de la obligación reparatoria y la conducta dolosa o gravemente culposa del agente que haya determinado el daño. La Sala establece que el pago efectivo de la obligación reparatoria por parte de la entidad demandante debe acreditarse mediante cualquier medio de prueba que permita concluir que la obligación ha sido efectivamente satisfecha. En el caso en cuestión, la entidad no logró demostrar que hubo un pago efectivo de la condena impuesta, por lo que la acción de repetición es improcedente. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre los requisitos para la procedencia de la acción de repetición y subraya la importancia de la prueba del pago en el proceso.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los requisitos de procedencia de la acción de repetición se encuentran acreditados en el presente asunto.

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 77 y 78
  • Ley 1437 de 2011, art. 142
  • Ley 1564 de 2012, art. 167

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: Corresponde a la Sala determinar si los requisitos de procedencia de la acción de repetición se encuentran acreditados en el presente asunto. Respuesta al problema jurídico: Si La Ley 678 de 2001 reglamentó los aspectos sustanciales y los procesales de la acción de repetición y el llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando, sobre los primeros, generalidades como el objeto, noción, finalidades, deber de ejercicio, y especificidades, como las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente y el establecimiento de presunciones legales en las que estaría incurso el funcionario; y bajo la egida de los segundos, asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución; así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. (…) No obstante lo anterior, los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico anterior a la promulgación de la Ley 678 de 2001, constitutivos de la acción de repetición contra funcionarios o exfuncionarios o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales, que aunque dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado en los términos consagrados en el inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política, v.gr. artículos 63 y 2341 del Código Civil; Artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo; Artículos 6, 90, 95, 121, 122, 124 de la Constitución Política; Artículos 65 a 70 de la Ley 270 de 1996; Artículos 31 y 44 numeral 9, 40 y 42 de la Ley 446 de 1998. (…) En este sentido, por regla general, la nueva norma rige hacia el futuro, de tal suerte que los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público acaecidos con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continúan sometidos en lo sustancial a la norma anterior, mientras que en lo procesal lo hacen frente a la nueva ley. (…) Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta ocurrieron en el año 2002, esto es, cuando falleció L.G.A.R., el régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001. (…) Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia del medio de control de repetición deben estar presentes en el proceso los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. [Así], ante la ausencia de uno de estos elementos el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aún ante su existencia, no será posible declarar la procedencia del medio de control de repetición (…). El primer presupuesto para que proceda la acción de repetición (…) se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, o por virtud de un resultado adverso a la entidad estatal, derivado de cualquiera de los mecanismos de terminación de conflictos, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001. (…) En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que mediante sentencia del 30 de junio de 2015, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró patrimonialmente responsable a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta por la muerte de L.G.A.R., y la condenó a pagar perjuicios morales y materiales a favor de los familiares de la víctima (…). El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. (…) En el caso sub judice [se] certificó que H.Y.H. se desempeñó en dicha entidad como especialista en cirugía general (…) durante las fechas en las que L.G.A.R. ingresó a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta (…). Según lo expuesto, la calidad del demandado como ex servidor público está demostrada. (…) El tercer presupuesto (…) es que la demandante haya realizado el pago de la obligación reparatoria. (…) A propósito, es menester poner de presente que el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, dispone que “(…) cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”. (…) [No obstante], en los procesos de repetición el pago efectivo de la obligación reparatoria por parte de la entidad demandante puede acreditarse a través de cualquier medio de prueba, en tanto permita concluir que la obligación ha sido efectivamente satisfecha. (…) Sin embargo, se tiene que las pruebas aportadas al presente proceso no dan cuenta que la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta pagó la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 30 de junio de 2015, pues solo acreditan pagos que habrían de realizarse en el futuro. (…) De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le era exigible, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” (…). En suma, se evidencia que se deberá confirmar la sentencia del 28 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia, esto es, al evidenciar que la parte demandante no probó uno de los elementos para la procedencia del medio de control de repetición, como lo es el pago de la condena. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 95, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 70, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 31, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 40, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 42, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 9, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2341, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012333000201800236011100103