Titulación de la relatoría 11.587 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La entidad demandante logró demostrar la conducta culposa del demandado, como uno de los presupuestos para que prospere el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
[A] la Sala no le cabe duda de que el demandado suscribió el acto de insubsistencia que decayó por anularse la calificación de servicios de la señora […] y que firmó el contrato de prestación de servicios con el jefe de personal para que la evaluara; no obstante, del material probatorio que se allegó al proceso, no puede concluirse que su conducta estuvo precedida de culpa grave y el análisis de legalidad no permite individualizar la conducta atribuida al agente. Debe dejarse claro que no quiere decir la Sala que en el proceso de nulidad y restablecimiento el operador judicial hubiere errado, sino, en cambio, que ese aspecto teleológico que identificó como transgredido objetivamente no es posible imputarlo al demandado. A todo lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, deber que no cumplió la parte actora. Por las razones expuestas, la Sala estima que en el proceso de repetición no se probó la conducta culposa que se les atribuyó al [demandado], razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la acreditación de la conducta dolosa del demandado, como presupuesto de procedencia del medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, rad. 29222, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 14 de junio de 2019, rad. 45647, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA FUNCIONAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
OBITER DICTUM
La Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, (i) reguló de manera expresa la competencia funcional del medio de control de repetición, (ii) derogó el criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y (iii) reiteró el factor subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad del demandado -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- e introdujo el factor objetivo debido a la cuantía para los asuntos de doble instancia. De tal manera que, en este caso, el análisis de la competencia de la Sala para conocer en segunda instancia de este proceso se efectuará con base en la Ley 1437 de 2011, pues se inició en vigencia de ese cuerpo normativo. El artículo 150 ibídem, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, “de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”. Por su parte, el numeral 11 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de “repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de 500 SMLMV y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia”. En el caso bajo estudio, la pretensión del medio de control de repetición superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa, razón por la cual se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 155, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Cómo se computa el término de caducidad del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala estima conveniente precisar que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, como la condena objeto del sub lite se profirió dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984, la entidad demandante debía cumplirla en los términos del artículo 177 de ese cuerpo normativo […]. Así pues, la E.S.E. Hospital […] tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del fallo de segunda instancia, lo cual ocurrió el 29 de junio de 2011 […]. Pues bien, en relación con la oportunidad para interponer la demanda de repetición, el numeral 2, literal l), del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 […]. De la lectura de la norma se desprende que lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero. En este caso, el pago total de la condena se realizó el 2 de julio de 2013 […], esto es, después de que se completaran los 18 meses previstos en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, razón por lo cual el término de caducidad de dos años empezó a correr desde el 31 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014. Ahora, como la demanda se presentó el 18 de diciembre de 2014 […], fuerza concluir que fue oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la contabilización del término de caducidad del medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 5 de abril de 2017, rad. 58762, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 6 de diciembre de 2017, rad. 50192, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
OBITER DICTUM
[L]a competencia para pronunciarse en este asunto no es plena, sino que está sujeta a los argumentos de inconformidad invocados en el recurso de apelación formulado, motivo por el cual esta Subsección debe pronunciarse únicamente respecto de los puntos que el apelante cuestionó.
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
OBITER DICTUM
Se valorarán las copias simples aportadas por las partes, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, en aplicación del principio constitucional de buena fe, toda vez que no fueron tachadas de falsas y porque frente a ellas se surtió y garantizó el principio de contradicción.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero; y Corte Constitucional, sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M. P. Mauricio González Cuervo.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE
OBITER DICTUM
La Sala advierte que los supuestos fácticos debatidos en este proceso ocurrieron el 15 de marzo, 25 y 28 de abril de 2000, fechas en la que se expidieron los actos administrativos que dieron origen a la condena patrimonial a cargo de la accionante, esto es, antes de la expedición de la Ley 678 de 2001, razón por la cual la Sala ha sostenido que esa norma no es aplicable para calificar la conducta de los demandados, sino el artículo 63 del Código Civil […]. Esta Corporación ha señalado que los conceptos de culpa grave y dolo previstos en el Código Civil deben armonizarse con lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, así como también con la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros postulados constitucionales como el de la buena fe (artículo 83), al cual deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas. Es clara, entonces, la determinación de que, en materia de responsabilidad subjetiva, el análisis de la conducta del agente juega un papel decisivo. De ahí que, como lo ha dicho esta Sección, no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. […] Así las cosas, en aquellos eventos regidos por la normativa anterior a la Ley 678 de 2001, la calificación de si una conducta es “dolosa o gravemente culposa” le impone al actor una carga probatoria, de modo que es a este a quien le corresponde demostrar, con suficiencia, tal circunstancia y, solo en ese caso, habrá lugar a endilgarle responsabilidad patrimonial al demandado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de culpa y culpa grave, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de julio de 1997, rad. 9894, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 9 de septiembre de 2016, rad. 49764, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (e).
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 63
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila un asunto de “interés público”. Ahora bien, de conformidad con la sentencia C-832 de 2001, el proceso de repetición, al estar encaminado a la protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos que ventila un interés público. Por esta razón, en esta instancia, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso, pese a que se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la condena en costas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de agosto de 2019, rad. 63519, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 3 de octubre de 2019, rad. 49865, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 10 de septiembre de 2020, rad. 64790, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
Texto extraído del PDF oficial 62.050 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 76001-23-33-000-2014-01466-01 (67.609)
Actor: E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTACRUZ DE TRUJILLO – VALLE
Demandado: JESÚS HERNÁN ESCOBAR JIMÉNEZ
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)
Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN - régimen jurídico aplicable CPACA /
COMPETENCIA FUNCIONAL – factor cuantía en procesos con vocación de doble
instancia / CADUCIDAD – condena proferida en un proceso de CCA – término de
caducidad – fecha en la que se realiza el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del
plazo para proceder de conformidad / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA
INSTANCIA – se ciñe a los cargos formulados por el apelante contra el fallo del a quo /
RESPONSABILIDAD DEL DEMANDADO – análisis a la luz de lo previsto en el Código
Civil – CULPA GRAVE – no se probó / CONDENA EN COSTAS – Improcedente, según
el artículo 188 del CPACA.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 28 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
En sentencia del 10 de junio de 2010, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado revocó el fallo 24 de febrero de 2009, dictado por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y, como consecuencia, anuló la evaluación del
desempeño de la señora Gennis María Villalba Granados del 15 de marzo de
2000, y dispuso “el decaimiento de las resoluciones del 25 y 28 de abril de ese
año”, por medio de las cuales la E.S.E. Hospital Local Santacruz de Trujillo declaró
insubsistente su nombramiento del cargo de enfermera jefe y, además, ordenó
reconocer y pagar los emolumentos dejados de percibir por aquella desde su
Radicación número: 76001-23-33-000-2014-01466-01 (67.609)
Actor: E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTACRUZ DE TRUJILLO – VALLE
Demandado: JESÚS HERNÁN ESCOBAR JIMÉNEZ
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)
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retiro. La mencionada entidad afirmó haber realizado el pago respectivo, por lo
que demandó en repetición al ex agente estatal involucrado en los hechos que
dieron origen a la condena, con fundamento en que incurrió en “culpa grave o
dolo”.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 18 de diciembre de 2014 (fl. 27 del c.1), la E.S.E. Hospital Local Santacruz de
Trujillo, por conducto de apoderado judicial (fl. 1 del c.1), radicó demanda de
repetición contra el señor Jesús Hernán Escobar Jiménez, exgerente de la
entidad, con el fin de que se le condene a reintegrar $369’114.786, suma que tuvo
que pagar en cumplimiento de la condena impuesta el 10 de junio de 2010, por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2000-2493-01.
En concreto, la entidad demandante solicitó que se efectuaran las siguientes
declaraciones y condenas (fls. 10 – 11 del c.1):
Primero. Que se declare la responsabilidad por culpa grave o dolo, al doctor
Jesús Hernán Escobar Jiménez (…), en calidad de gerente del Hospital Local
Santacruz en el tiempo de los hechos, por ser quién firmó los actos
administrativos resolución 65 de 25 abril de 2000 (resuelve recurso contra
calificación de evaluación de desempeño), resolución 066 de 28 de abril de
2000 (que declaró la insubsistencia de nombramiento de la funcionaria
enfermera Gennis María Villalba Granados) y resolución 073 de 17 de mayo
de 2000 (que resolvió recurso de reposición) y como consecuencia de la
misma se condenó al Hospital Local Santacruz de Trujillo Valle del Cauca al
pago de los sueldos y demás prestaciones sociales dejadas de percibir en
sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 10 de
junio de 2010, revocando la sentencia del 24 de febrero de 2009, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y declaró la nulidad de los
actos demandados.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior, se condene al doctor Jesús
Hernán Escobar Jiménez a pagar al Hospital Local Santacruz de Trujillo la
suma que canceló a la enfermera Gennis María Villalba Granados (…).
Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró que, el 15 de marzo
de 2000, la E.S.E. Hospital Local Santacruz de Trujillo calificó el servicio de la
señora Gennis María Villalba Granados, jefe de enfermería, y le otorgó un puntaje
de 474, el cual se tradujo en una calificación insatisfactoria.
Radicación número: 76001-23-33-000-2014-01466-01 (67.609)
Actor: E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTACRUZ DE TRUJILLO – VALLE
Demandado: JESÚS HERNÁN ESCOBAR JIMÉNEZ
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)
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Con fundamento en lo anterior, mediante las Resoluciones 66 y 73 del 28 de abril
y del 17 de mayo de ese año, respectivamente, la entidad declaró y confirmó la
insubsistencia del nombramiento del cargo que ocupaba la mencionada persona.
La señora Villalba Granados promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el hospital, a fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos referidos y, por ende, que se le reconocieran y pagaran los salarios
y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación, así como
que se ordenara su reintegro al cargo que ocupaba o a uno de igual o superior
categoría.
Por medio de fallo del 24 de febrero de 2009, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las súplicas de la demanda, decisión contra la cual la parte actora
de ese proceso interpuso recurso de apelación.
En sentencia del 10 de junio de 2010, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar,
condenó a la E.S.E. Hospital Local Santacruz de Trujillo; por consiguiente, dicho
ente estatal expidió la Resolución 181 del 31 de diciembre de 2012, en la que
ordenó el pago de $369’114.786 a favor de la señora Villalba Granados.
Se dijo en la demanda que la conducta «gravemente culposa o dolosa»
desplegada por el señor Jesús Hernán Escobar Jiménez, comprometió la
responsabilidad patrimonial de la institución médica, por cuanto los actos
administrativos se declararon nulos, dado que “la calificación insatisfactoria se
expidió por un contratista que no tenía competencia ”, situación que permitía
sostener que “ante este evento” el gerente desconoció las normas de la carrera
administrativa.
2. Trámite en primera instancia
En auto del 29 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
admitió la demanda de la referencia y ordenó su notificación al demandado y al
Ministerio Público (fls. 223 – 224 del c.1).
Radicación número: 76001-23-33-000-2014-01466-01 (67.609)
Actor: E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTACRUZ DE TRUJILLO – VALLE
Demandado: JESÚS HERNÁN ESCOBAR JIMÉNEZ
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)
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El señor Jesús Hernán Escobar Jiménez manifestó qu e se oponía a las
pretensiones del escrito inicial y se atenía a lo que resultara probado en el
proceso.
Explicó que no actuó con culpa grave o dolo; por el contrario, aseguró que siempre
había pretendido el buen servicio de la entidad y que, en todo caso, el desempeño
de la enfermera jefe dio lugar a ser calificada con un puntaje insatisfactorio, de
manera que, por su condición de gerente, debía expedir el acto de insubsistencia
de su nombramiento. Al respecto, complementó (fls. 235 – 240 del c.1):
(…) una razón más que demuestra el actuar del empleado fue el ejecutar un
contrato de prestación de servicios con el señor Behnan Karim, con el fin de
desempeñar el cargo de jefe de personal del hospital que aquel dirigía, para
poder desarrollar las funciones inherentes a la entidad, que adolecía del
personal para llevarlos a cabo (…). Era fácil advertir que la señora Gennis
María dio lugar a distintos llamados de atención cuando era enfermera lo que
conllevó a que se declarara insubsistente su nombramiento.
2.1. Audiencia inicial
El 17 de mayo de 2016 se realizó la audiencia inicial, oportunidad en la cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca puso de presente que no se
configuraba causal de nulidad que invalidara el proceso y que no se propusieron
excepciones ni había lugar a declarar alguna de manera oficiosa.
A continuación, procedió a fijar el litigio en los siguientes términos:
Establecer en primer lugar, si en el presente asunto se cumplen los
presupuestos sustanciales y procesales para la procedencia de la acción de
repetición.
Consecuencialmente, si a la Empresa Social del Estado Hospital Santacruz
de Trujillo le asiste o no el derecho a que el señor Jesús Hernán Escobar
Jiménez en calidad de ex servidor público, le pague la suma de $369’114.786,
por concepto de perjuicios ocasionados como consecuencia de la condena
impuesta contra la Empresa Social del Estado Hospital Santacruz de Trujillo
mediante sentencia del 10 de junio de 2010, proferida por el Honorable
Consejo de Estado. Lo anterior, en acción de repetición.
La fijación del litigio fue puesta a consideración de las partes, quienes
manifestaron expresamente su aceptación.
Acto seguido, el magistrado conductor tuvo como pruebas las allegadas por las
partes (fls. 263 – 270 del c.1).
Radicación número: 76001-23-33-000-2014-01466-01 (67.609)
Actor: E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTACRUZ DE TRUJILLO – VALLE
Demandado: JESÚS HERNÁN ESCOBAR JIMÉNEZ
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)
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2.3. Audiencia de pruebas
El 29 de junio de 2016 se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la cual se
incorporaron los documentos aportados tanto por la E.S.E. Hospital Local
Santacruz de Trujillo como por el señor Jesús Hernán Escobar Jiménez y
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.