Titulación de la relatoría 14.868 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL / ALCANCE DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado tiene la competencia funcional para conocer del medio de control de repetición en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, (i) reguló de manera expresa la competencia funcional del medio de control de repetición; (ii) derogó el criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001; y (iii) reiteró el factor subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad del demandado -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- e introdujo el factor objetivo debido a la cuantía para los asuntos de doble instancia. De tal manera, la competencia para conocer en segunda instancia de este proceso se efectuará con base en la Ley 1437 de 2011, pues se inició en su vigencia. El artículo 150 ibidem, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, entre otros, “de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos”. A la par, el numeral 11 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de “repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de 500 SMLMV y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia”. En este caso, la pretensión del medio de control de repetición superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa, por tal razón, la Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 155, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La condena objeto del sub lite se emitió en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite con la Ley 1437 de 2011, por consiguiente, el Distrito Capital de Bogotá debía cumplirla en los términos del artículo 192 de ese cuerpo normativo. Así pues, la parte demandante tenía un plazo de 10 meses para efectuar el pago, contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria del fallo del 8 agosto de 2019, dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, lo que sucedió el 5 de septiembre de 2019, por lo que el plazo para pagar fenecía el 6 de julio de 2020. Ahora, el numeral 2, literal i), del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 señala que lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero. En este asunto, el pago total de la condena se realizó el 9 de diciembre de 2019, antes de que se completaran los 10 meses previstos en el artículo 192 ibidem. Entonces, la demanda se presentó oportunamente el 2 de octubre de 2020, pues la entidad estatal tenía hasta el 10 de diciembre de 2021 para proceder de conformidad.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192
CONCEPTO DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / NEXO CON EL SERVICIO / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Las presunciones legales de culpa grave y dolo en la conducta del agente del Estado exigen que se demuestre el supuesto de hecho en que se apoya dicha presunción?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as presunciones del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 son legales, por lo que admiten prueba en contrario, para garantizar el ejercicio del derecho de defensa, por manera que, en caso de invocarse alguna de ellas, debe demostrarse el supuesto de hecho en que se apoya dicha presunción y así, en principio, se deducirá que la conducta del demandado fue gravemente culposa, a menos que, en ejercicio de su derecho de defensa, desvirtúe las mismas. Ahora, el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o exfuncionarios solo surge en la medida en que el daño antijurídico, por cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse, entre otros, a la conducta culposa de los mismos, ello debe entenderse como una garantía a los servidores públicos, en razón de que no cualquier equivocación en la que puedan incurrir, tiene la vocación de derivar en responsabilidad patrimonial. En línea con lo anterior, la parte demandante, para la prosperidad de la repetición, debe aportar pruebas que demuestren, por ejemplo, la culpa grave del funcionario vinculado al proceso y que por dicha conducta se causó un daño por el cual la entidad pública debió reconocer una indemnización impuesta en una sentencia judicial condenatoria o en una conciliación, entre otras. (…) [L]a Sala, en jurisprudencia reiterada, ha evidenciado tres posibles eventos en los cuales la parte demandante puede imputar una conducta de tal carácter al agente estatal, con la finalidad de comprometer su responsabilidad patrimonial: El primer evento, y el más común, se presenta cuando en la demanda, el Estado estructura la responsabilidad del demandado en uno de los supuestos consagrados en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, en los cuales se presume el actuar gravemente culposo que le es imputable al agente público en nexo con el servicio, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. (…) El segundo supuesto gira en torno a que, si bien en la demanda no se identifica expresamente uno de los supuestos que hace presumir la culpa grave de la parte demandada, los argumentos esbozados por el extremo activo de la litis resultan suficientes para que el juez pueda enmarcar su motivación en uno de los mencionados supuestos. De este modo, el Estado, al formular la correspondiente demanda, deberá razonar con suficiencia los móviles y fundamentos en los que se basa la presunción que alega, para que el juez pueda encuadrarla en uno de los supuestos del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. (…) Por último, pueden presentarse muchos más casos en los cuales, pese a que no se encuentran consagrados en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, dan lugar a que el Estado repita contra el agente, dado que las denominadas presunciones son solo algunas de las hipótesis o eventos de responsabilidad del agente público que pueden invocarse y, por tanto, demostrar en las demandas de repetición. En eventos diferentes a los contenidos en las mencionadas normas no opera la presunción de culpa grave y, como consecuencia, se deberán describir las conductas constitutivas y, desde luego, acreditarse adecuadamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2021, rad. 56622, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 4 de marzo de 2022, rad. 64853, C. P. María Adriana Marín y sentencia del 8 de mayo de 2023, rad. 68250, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Acerca de las presunciones legales de culpa grave y dolo, cita: Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002, M. P. Clara Inés Vargas Hernández y C-455 de 2002. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ALCANCE DE LA SENTENCIA JUDICIAL / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SENTENCIA DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / FALLO JUDICIAL / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Las sentencias dictadas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho constituyen por si solas prueba de la conducta con culpa grave de la demandada?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a condena de una entidad estatal, a través de un juicio previo y totalmente ajeno al de la referencia -por razón de su objeto, de las partes que intervienen, de las pretensiones que se examinan e incluso de los medios de prueba que se allegan y se valoran para la expedición del respectivo fallo- no implica automáticamente la responsabilidad de la persona que eventualmente hubiere ocasionado el daño que condujo a la condena del Estado, por cuanto el error en la conducta que se le endilga debe quedar establecido en el respectivo proceso de repetición. (...) Así las cosas, tomando en consideración que las sentencias dictadas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 23.028 no constituyen prueba de la irregularidad de la conducta de la demandada, en tanto que lo único que se desprende de esas providencias es que el juez de la causa anuló las resoluciones por medio de las cuales se negó la devolución del pago de lo no debido por impuesto de industria y comercio y, como consecuencia, ordenó al Distrito Capital de Bogotá el pago reclamado, junto con los intereses, por tanto, no tiene asidero lo asegurado por la actora. (…) En todo caso, atribuir responsabilidad a un ex funcionario, sin atender distribución de funciones y jerarquías en un contexto determinado, resulta desproporcionado, según lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia SU-259 de 2021. En el sub júdice se desconocen las circunstancias que rodearon la expedición de la citación, si la demandada dio instrucciones sobre la forma cómo debía proyectarse, porque lo único que evidencian las pruebas es que su actuación se limitó a suscribir el documento que se le presentó, pero no se puede ignorar que hubo otras dos personas más involucradas -la que la elaboró y quien revisó-. Bajo ese contexto, es palmario que la entidad estatal demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, sino que se limitó a pedir la declaratoria de responsabilidad de la (...) [demandada], en mayor medida a partir de los razonamientos de los fallos de nulidad y restablecimiento del derecho, los cuales, como arriba se explicó, no constituyen plena prueba del actuar irregular del agente del Estado. Se recuerda que con la figura de la repetición el legislador no pretendió imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, por tal motivo, su procedencia está condicionada a que, además de los requisitos objetivos, se acredite con suficiencia la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos, además de que su comportamiento fue “premeditado, negligente o manifiestamente imprudente”. Como corolario, el Distrito Capital de Bogotá no realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la inexcusabilidad de la conducta de la demandada, por lo que es claro que no demostró el supuesto de hecho que le da sustento a la presunción de culpa grave establecida en el numeral primero del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 y, en esa medida, se confirmará la sentencia apelada.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la conducta del agente estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de julio de 1997, rad. 9894, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 28 de enero de 2015, rad. 38094, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 18 de febrero de 2022, rad. 48022, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 20 de junio de 2023, rad. 58198, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 11 de febrero de 2009, rad. 33450, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 22 de julio de 2009, rad. 22779, C. P. Mauricio Fajardo Gómez y de la Corte Constitucional, sentencias SU-259 de 2021, M.P. José Fernando Reyes Cuartas y SU-254 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Acerca de la apreciación de las sentencias que discuten la legalidad de un acto administrativo como prueba de la conducta del agente en el medio de control de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de octubre de 2021, rad. 62571; C. P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia de 8 de junio de 2022, rad. 61777, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INTERÉS PÚBLICO / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿En el proceso del medio de control de repetición por su finalidad procede la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
En armonía con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila un asunto de “interés público”. Ahora, de conformidad con la sentencia C-832 de 2001, el proceso de repetición, al estar encaminado a la protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos que ventila un interés público. Por consiguiente, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la finalidad del medio de control de repetición, cita: Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001.