Titulación de la relatoría 26.732 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / TÉRMINO DEL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Está demostrado el daño por sobre costos por mayor permanencia en obra a pesar de que el demandante aceptó la modificación del plazo del contrato sin afectación al valor del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
Asiste razón al apelante al señalar que el hecho de no haber dejado salvedades en los pactos modificatorios no impedía que sus pretensiones se resolvieran favorablemente. Sin embargo, el punto en el que debe centrarse la Sala para desatar el primer cargo de la apelación no es aquél, pues lo cierto es que al revisar el contenido de tales documentos lo que se encuentra es que las partes hicieron manifestaciones expresas sobre las reclamaciones que podrían surgir como consecuencia de tales negociaciones; por tanto, no se está en el escenario del silencio, al que, como se indicó en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta Corporación el 27 de julio de 2023 (Exp. 39.121), no es posible otorgarle efectos dispositivos, lo que implica que, de cara a la prosperidad de las pretensiones que se deriven de los pactos celebrados por las partes durante la ejecución del contrato, no se impone dejar salvedades. (...) La precisión anterior conduce directamente al segundo argumento planteado en la impugnación para controvertir la decisión del Tribunal, consistente en que las cláusulas de renuncia expresa a posteriores reclamaciones no se suscribieron de manera libre porque los textos se enviaban firmados por la contratante con su inclusión y porque, según aseveró, no suscribirlos en esas condiciones implicaba la declaratoria de incumplimiento del contrato. (...) En la demanda no se formuló una pretensión encaminada a controvertir la validez de tales cláusulas ni se elaboró un reproche de esa naturaleza en la causa petendi, por lo cual la Sala no puede restar valor a los acuerdos de renuncia manifestados por GFC en los pactos modificatorios, en la medida que su validez no fue cuestionada en este proceso, por lo cual, como lo hizo el a quo, debe considerarlas, mucho más cuando EPM los invocó en su defensa. (...) En la apelación, la demandante señaló que, en todo caso, la existencia de los acuerdos modificatorios no impedía la prosperidad de sus pretensiones porque varios de los hechos a los que aludió como fundamento para el reconocimiento de los sobrecostos por mayor permanencia en obra se presentaron con posterioridad a su celebración. Encuentra la Sala acierto en el dicho del apelante. Sin embargo, esto no conduce a revocar el fallo impugnado en la medida que el solo hecho de que no exista una negociación expresa sobre una determinada reclamación, no supone, per se, que esté llamada a prosperar, sino que se debe analizar si aquélla es imputable a la contraparte, por las causas que se hubieren alegado en la demanda. (...) el hecho de que en las pretensiones de la demanda no se hubiere formulado una atinente a atacar la legalidad las denominadas Resoluciones Nos. 2013-RES-2743 del 10 de enero de 201343 y 2013-RES-3234 del 2 de mayo de ese año no conlleva a declararlas imprósperas. Lo que corresponde, según lo planteado en la causa petendi, es determinar en el marco de un juicio de responsabilidad contractual, si le asiste razón a GFC al afirmar que la mayor permanencia en obra no le es atribuible a ella, sino a hechos de terceros y a actos imputables a la contratante, para lo que la defensa invoca en razón de su oposición las razones, hechos y premisas contenidas en los referidos actos contractuales (...) la Sala no encuentra acreditadas las erogaciones adicionales que alega GFC habría tenido que asumir en razón de la mayor permanencia en obra, puesto que se limitó a aseverar, de forma general, que para determinar su valor bastaba con multiplicar el monto diario de ejecución de la obra por el número de días en que se prolongó la fase de montaje, lo cual solo es un cálculo aritmético que de ninguna manera da cuenta efectiva de los egresos, de su monto, de su relación con las causas de la mayor permanencia en obra y de su necesidad; exigencias huérfanas de prueba al punto que la demandante desistió del dictamen pericial que pidió con el objeto de obtener el cálculo financiero – contable de los perjuicios solicitados. Así, al no estar acreditado el daño, resulta inane analizar los demás. Las razones acabadas de mencionar, conducen a la Sala a confirmar la decisión de a quo de negar la pretensión de reconocimiento de los sobrecostos por mayor permanencia en obra, tanto los reclamados con base en las prórrogas pactadas, como aquéllos que se habría causado con posterioridad a su finalización.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604
APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Se deben dejar salvedades en los pactos modificatorios celebrados por las partes durante la ejecución del contrato para que prosperen las pretensiones de la demanda previo un análisis de imputabilidad por las causas que se hubieren alegado en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
Asiste razón al apelante al señalar que el hecho de no haber dejado salvedades en los pactos modificatorios no impedía que sus pretensiones se resolvieran favorablemente. Sin embargo, el punto en el que debe centrarse la Sala para desatar el primer cargo de la apelación no es aquél, pues lo cierto es que al revisar el contenido de tales documentos lo que se encuentra es que las partes hicieron manifestaciones expresas sobre las reclamaciones que podrían surgir como consecuencia de tales negociaciones; por tanto, no se está en el escenario del silencio, al que, como se indicó en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta Corporación el 27 de julio de 2023 (Exp. 39.121), no es posible otorgarle efectos dispositivos, lo que implica que, de cara a la prosperidad de las pretensiones que se deriven de los pactos celebrados por las partes durante la ejecución del contrato, no se impone dejar salvedades. La precisión anterior conduce directamente al segundo argumento planteado en la impugnación para controvertir la decisión del Tribunal, consistente en que las cláusulas de renuncia expresa a posteriores reclamaciones no se suscribieron de manera libre porque los textos se enviaban firmados por la contratante con su inclusión y porque, según aseveró, no suscribirlos en esas condiciones implicaba la declaratoria de incumplimiento del contrato. En la demanda no se formuló una pretensión encaminada a controvertir la validez de tales cláusulas ni se elaboró un reproche de esa naturaleza en la causa petendi, por lo cual la Sala no puede restar valor a los acuerdos de renuncia manifestados por GFC en los pactos modificatorios, en la medida que su validez no fue cuestionada en este proceso, por lo cual, como lo hizo el a quo, debe considerarlas, mucho más cuando EPM los invocó en su defensa. (…) En la apelación, la demandante señaló que, en todo caso, la existencia de los acuerdos modificatorios no impedía la prosperidad de sus pretensiones porque varios de los hechos a los que aludió como fundamento para el reconocimiento de los sobrecostos por mayor permanencia en obra se presentaron con posterioridad a su celebración. Encuentra la Sala acierto en el dicho del apelante. Sin embargo, esto no conduce a revocar el fallo impugnado en la medida que el solo hecho de que no exista una negociación expresa sobre una determinada reclamación, no supone, per se, que esté llamada a prosperar, sino que se debe analizar si aquélla es imputable a la contraparte, por las causas que se hubieren alegado en la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 27 de julio de 2023, exp. 39121.
ACUERDO DE VOLUNTADES / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es perfectamente válido que en el marco de las relaciones negociales las partes puedan regular lo atinente a la responsabilidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]abe mencionar que es perfectamente válido y la ley lo admite, que en el marco de las relaciones negociales las partes puedan regular lo atinente a la responsabilidad. Si bien el artículo 1604 del Código Civil señala en cuáles eventos es responsable el deudor, también dispone que tales normativas se entienden “sin perjuicio (…) de las estipulaciones expresas de las partes”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 8 de septiembre de 2011. Rad. 11001- 3103-026-2000-04366-01. M.P William Namén Vargas.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604
ACUERDO DE VOLUNTADES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La renuncia expresa a reclamaciones derivadas de los efectos de los acuerdos entre las partes del contrato como los acuerdos de extensión del plazo de ejecución del contrato, son plenamente válidos en tanto constituyen expresión de la autonomía de la voluntad de los contratantes salvo que se demuestre su invalidez por vicios en el consentimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a renuncia expresa a reclamaciones derivadas de los efectos de esos acuerdos de extensión del plazo contractual –salvo que se demuestre su invalidez por vicios en el consentimiento– son plenamente válidas, en tanto constituyen expresión de la autonomía de la voluntad de los contratantes, que supone su capacidad para disponer libremente de los derechos propios que son renunciables, aserto que encuentra su fundamento en el artículo 15 del Código Civil, que consagra que “[p]odrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”. En el marco de tal autonomía y ante el conocimiento de una determinada situación alteradora del panorama negocial, las partes pueden válidamente establecer los mecanismos para su regulación y, dentro de ello, están habilitadas para liberar a la otra de responsabilidad y, en línea con ello, para exonerarla respecto de futuras reclamaciones, tornándose estas determinaciones –que se supone, para concederlas, pasan por el análisis de diversas consideraciones, como, entre otras, las causas que motivan la negociación y la evaluación de los intereses económicos que podrían verse afectados – en manifestaciones obligatorias y vinculantes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de octubre de 2020, radicación 25000232600020060206202 (45190), Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 8 de septiembre de 2011. Rad. 11001- 3103-026-2000-04366-01. M.P William Namén Vargas.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 15
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Aceptadas las modificaciones del contrato de plazo de ejecución, es válido después desconocerlas y solicitar sobrecostos por mayor permanencia en obra?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o le asiste razón a GFC al afirmar que al reconocer los efectos a las renuncias que quedaron contenidas en las AMB el a quo hubiere desconocido que en éstas se indicó expresamente que las causas se debían a aspectos que no le eran atribuibles. Lo que ocurre es que los acuerdos contenidos en ellas dan cuenta de que, ante tales eventos, las partes convinieron en ampliar el plazo –sin que esto representara un costo adicional al convenido, de ahí la manifestación expresa de liberar de toda responsabilidad a EPM, de renunciar a presentar cualquier reclamación futura por ello y la de mantener las demás cláusulas en su estado anterior al respectivo acuerdo–, así como autorizar y reconocer el costo de algunas obras adicionales, mecanismo de remediación que debe tenerse por válido, en tanto derivó de la voluntad de quienes en ellos intervinieron. Se reitera que en este proceso no se cuestionó la legalidad de tales consensos. Por lo anterior, la Sala ratifica el efecto normativo de las AMB suscritas y, por tanto, confirma la decisión del a quo en cuanto a que no es posible reconocer los sobrecostos que reclama GFC por mayor permanencia en obra correspondientes al término de las ampliaciones convenidas, no porque no se hubiere dejado salvedad respecto del precio en los otrosíes en los que se pactaron las prórrogas, sino porque de manera positiva, expresando su voluntad, disponiendo de lo suyo, los contratantes regularon expresamente las consecuencias derivadas de la ampliación del plazo, en tanto decidieron aceptar que ese ítem se mantuviera en las condiciones inicialmente pactadas, acompañado tal acuerdo con la renuncia del contratista a presentar cualquier reclamación futura con fundamento en esos acuerdos, liberando de toda responsabilidad a EPM por las causas generadoras del pacto que se formalizó.
ACTIVOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ACTO CONTRACTUAL / ACUERDO DE VOLUNTADES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Los actos proferidos por las empresas industriales y comerciales en curso de la ejecución del contrato tienen naturaleza de actos jurídicos contractuales, mas no administrativos, puesto que provienen de las manifestaciones que emiten bajo la órbita negocial por lo que deben examinarse bajo las normas que los rigen y los institutos que su naturaleza les impone?
Respuesta al problema jurídico: Si
EPM es una empresa industrial y comercial de Estado de servicios públicos domiciliarios sujeta, por tanto, a lo dispuesto por la Ley 142 de 1994 que, en desarrollo del mandato constitucional contenido en el artículo 365, fija el régimen jurídico de tales servicios, que comprende el de los actos y contratos de sus prestadores, materia en la que dispone –en sus artículos 31 y 32– que, por regla general, se rigen por el derecho privado, lo que implica que, en principio, actúan en escenarios de equivalencia negocial, bajo las mismas condiciones de que gozan los particulares en sus negociaciones y, por tanto, no prevalidas de las prerrogativas propias del ejercicio de la función administrativa reconocidas a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación Estatal. En línea con lo dicho, los actos que estas empresas profieren en curso de la ejecución del contrato tienen esa naturaleza: actos jurídicos contractuales, mas no administrativos, puesto que provienen de las manifestaciones que emiten bajo la órbita negocial por lo que deben examinarse bajo las normas que los rigen y los institutos que su naturaleza les impone. No obstante, por expresa disposición legal, si se trata de contratos donde se incluyó las cláusulas excepcionales, las decisiones proferidas en ejercicio de éstas, sí adquieren la connotación de actos administrativos, al ser emitidas con base en las prerrogativas públicas –no propias del escenario negocial, cimentado en la libre competencia del mercado–. Con base en lo expuesto, resulta del caso afirmar que el contrato No. 29990329557 del 25 de julio de 2007 y los actos que EPM expidió en el marco de aquél se rigieron por el derecho común, en la medida que el objeto de ellas no correspondió a cualquiera de las denominadas cláusula exorbitantes 38; de ahí que, pese a su denominación, no puedan catalogarse como administrativos ni dotárseles de los atributos que la ley ha reconocido a esta clase de manifestaciones unilaterales de la administración, tales como su presunción de legalidad y su derivada fuerza ejecutoria, que impone a quien se considere lesionado por ellos la carga de desvirtuar en juicio tal presunción, atacándola expresamente con base en las causales de nulidad que la ley prevé. Así las cosas, al no participar de la condición de administrativos, los mentados actos de EPM deben ser considerados según su propia naturaleza y alcance y bajo las reglas del derecho privado, lo que implica reconocer entre otras diferencias significativas, que en su tratamiento no pueden equiparase al de los actos administrativos y, por tanto, no se impone demandarlos para que proceda el estudio de pretensiones que se opongan a su contenido, pues al no constituir expresión del ejercicio de función administrativa y no estar prevalidos de la presunción de legalidad, no hay lugar a desarrollar sobre ellos un juicio de validez que imponga cuestionar esta última para su ulterior retiro del ordenamiento jurídico.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 32, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 365
ACTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ACTO CONTRACTUAL / CONTROL JUDICIAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Los actos proferidos por las empresas industriales y comerciales en curso de la ejecución del contrato puede ser objeto de control judicial teniendo en cuenta que no son actos administrativos?
Respuesta al problema jurídico: Si
Así las cosas, al no participar de la condición de administrativos, los mentados actos de EPM deben ser considerados según su propia naturaleza y alcance y bajo las reglas del derecho privado, lo que implica reconocer entre otras diferencias significativas, que en su tratamiento no pueden equiparase al de los actos administrativos y, por tanto, no se impone demandarlos para que proceda el estudio de pretensiones que se opongan a su contenido, pues al no constituir expresión del ejercicio de función administrativa y no estar prevalidos de la presunción de legalidad, no hay lugar a desarrollar sobre ellos un juicio de validez que imponga cuestionar esta última para su ulterior retiro del ordenamiento jurídico. Lo anterior, sin embargo, no significa que tales actos escapen a la órbita de control judicial, puesto que al estar condicionado su ejercicio a los límites que las partes hubieren pactado para el efecto, su desconocimiento es pasible de ser enjuiciado, no por la vía de un análisis de validez, sino en el marco de la responsabilidad contractual, juicio que puede o no aparejar, según lo que se pretenda en la demanda, la reparación de los perjuicios que el ejercicio irregular, arbitrario o abusivo de una cláusula de esa naturaleza pueda conllevar. En ese sentido, esta Subsección ha puntualizado que la parte que ejerza esta facultad no tiene un margen de apreciación ilimitado respecto del cumplimiento del contrato, pues, para adelantar ese juicio, debe ceñirse a las condiciones pactadas en cuanto a las obligaciones cuya inejecución da lugar a la declaración de incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal, los criterios para calificar la gravedad del incumplimiento, el procedimiento que debe surtirse para el efecto, etc., ejercicio frente al cual el deudor tiene el derecho de discutir ex post en sede judicial la procedencia de tal manifestación de voluntad, así como la responsabilidad de quien la hizo efectiva sin justificación o apego a las condiciones convenidas. Así, aun cuando no se desconoce que al constituir expresiones del ejercicio de la autonomía de la voluntad los actos que se emiten en desarrollo de una facultad unilateral de carácter convencional están llamadas a producir efectos, lo cierto es que no derogan la jurisdicción y, por lo mismo, no impiden el acceso a la administración de justicia con el objeto de que sea el juez el que finalmente defina la disputa, en el marco de un juicio de responsabilidad contractual.
ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad del Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]mpieza la Sala por señalar que uno de los elementos de la responsabilidad es el daño, el cual debe ser cierto, personal y directo; por tanto, para emitir una condena no basta con que se encuentre probada la imputación que se hace a la demandada, sino que el daño, con las características mencionadas, debe estar plenamente probado.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad del Estado por mayor permanencia en obra?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Subsección ya ha tenido oportunidad de discurrir en relación con los daños que se reclaman por mayor permanencia en obra, aplicables por igual a los contratos estatales cualquiera sea su régimen legal, respecto de los cuales ha dicho que se refieren a aquellos mayores costos que ha debido asumir el contratista en razón de la extensión del tiempo del que ha debido disponer en obra respecto del inicialmente presupuestado, esto es, que se trata de erogaciones mayores a las previstas inicialmente y que han debido ser asumidas de manera indispensable por el contratista para conservar las condiciones necesarias para mantenerse en el lugar de la obra, tales como costos administrativos, de personal, equipos, entre otros, así como los asociados a la variación que puedan sufrir los precios del contrato por el transcurso del tiempo. En línea con ello, para reconocer los daños que se reclaman por este concepto debe acreditarse (i) la extensión del tiempo que se debió disponer para el cumplimiento del objeto pactado, (ii) que las causas son ajenas al contratista e imputables a la demandada; (iii) los sobrecostos generados por la mayor permanencia en la obra, esto es, las erogaciones en las que debió incurrir por razón o con ocasión de tal y, si es el caso, (iv) las erogaciones respecto de las cuales, aunque no pueda predicarse esa necesidad, el contratista no podía, razonablemente, eludir, reducir o evitar su causación, aspectos estos dos últimos sobre los cuales recaerá el análisis que prosigue.
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA FUNCIONAL / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala no se pronunciará en relación con los sobrecostos que se reclamaron por alimentación, en tanto GFC no se refirió a ellos en la apelación. Se precisa que este pedimento no se incluyó en la demanda en el relativo a los sobrecostos generados por mayor permanencia en obra –aspecto al que sí se aludió en la impugnación–, puesto que la reclamación de este rubro no se sustentó en tal aspecto, sino en el hecho de que, durante el período de montaje, la contratista tuvo que costear los desayunos y cenas del personal de la región, pese a que en su propuesta solo se comprometió a proporcionarle el almuerzo. Recuérdese que, en los términos del artículo 328 del Código General de Proceso, la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el escrito de sustentación del recurso de apelación, de modo que le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el legislador, revisar temas del fallo de primer grado que no hubieren sido referidos por el recurrente, pues éstos quedan excluidos de la discusión en segunda instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, numeral 1, que se condenará en costas “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación …”. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En este orden de ideas, se fijan las agencias en derecho, para esta instancia, en la suma de TRECE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($13’915.807) a favor de la parte demandada, cifra que corresponde al 1% de las pretensiones negadas96, la cual no supera el 5% máximo para la tasación de las costas en segunda instancia, según lo establece el Acuerdo 1887 de 2003.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366