Titulación de la relatoría 14.439 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN CONTRACTUAL / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / PROYECTO DE CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / RÉGIMEN ESPECIAL DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / REQUISITOS DEL CONTRATO DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA / ALCANCE DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / SILENCIO ADMINISTRATIVO / CONFIGURACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Los contratos de estabilidad tributaria se perfeccionaron por no haberlos celebrado dentro de los dos meses siguientes a la solicitud?
Respuesta al problema jurídico: No
Como el contrato de estabilidad tributaria implicaba que la DIAN y los contribuyentes llegaran a un acuerdo, circunstancia que no se demostró en el proceso, no es procedente declarar su existencia. Tampoco son procedentes las pretensiones de la nulidad de los actos que negaron la publicación de los contratos en el diario oficial ni ordenar su respectiva publicación y la devolución de los tributos pagados, pues, se reitera, los contratos no existieron. Si los demandantes consideraban que se les debían devolver tributos pagados por estar cobijados por el régimen de estabilidad tributaria con ocasión del silencio de la Administración establecido en el artículo 240-1 del Estatuto Tributario, debieron demandar, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 85 CCA), norma vigente para la fecha de interposición de la demanda, el acto administrativo producto de la respuesta negativa o del silencio de la Administración frente a una solicitud de devolución por pago de lo no debido, conforme con en el Título X del Libro V del Estatuto Tributario. [...] Cuando los demandantes solicitaron a la DIAN la suscripción del contrato de estabilidad tributaria por el término de diez años, presentaron una oferta para celebrar ese negocio jurídico con la entidad. Como la DIAN remitió un proyecto de contrato por un término de 1 año, presentó una nueva propuesta (art. 855 C.Co.) que debía ser aceptada por los solicitantes. La DIAN, al reiterar que no modificaría el plazo ofrecido, manifestó nuevamente su voluntad frente al término del contrato. Como el proyecto de contrato constituye una oferta en los términos de los artículos 845 y 855 C.Co., frente al cual no hubo aceptación, y el acto que negó la modificación al plazo de 1 año señalado por la entidad correspondió a una manifestación propia de la negociación del contrato mediante la cual la entidad reiteró su voluntad de celebrar el contrato en el término señalado, no procede estudiar las pretensiones de nulidad sobre esos actos. Debía reclamarse la indemnización de perjuicios que se ocasionara con su revocación o por la configuración de responsabilidad precontractual por culpa precontractual [in contrahendo]. No se evidencia, además, algún efecto que se haya producido con ocasión a su expedición que sea susceptible de ser restituido (art. 1746 CC). Como no se perfeccionó contrato alguno y se debía buscar la indemnización de perjuicios por el proyecto de contrato remitido por la DIAN y por el acto que negó la modificación de esos proyectos, la Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 845, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 855, DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 240 NUMERAL 1, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 85, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1746
DIAN / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / CAPACIDAD CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / URGENCIA MANIFIESTA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 80 de 1993, aplicable a la DIAN según el artículo 2 de ese estatuto y el artículo 1 del Decreto 1071 de 1999, regula particularmente cinco materias propias del régimen de la contratación: (i) capacidad: dentro de la cual están las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, los consorcios y uniones temporales —que pueden celebrar contratos sin ser personas jurídicas— y el registro único de proponentes; (ii) la selección objetiva, que abarca los procedimientos de selección de contratistas; (iii) el perfeccionamiento y la forma del contrato, la urgencia manifiesta y algunos tipos de contratos; (iv) algunos aspectos relativos a su ejecución como el manejo de riesgo, la ecuación contractual y las denominadas «potestades excepcionales» y (y) la liquidación del contrato y la de solución de controversias. En lo demás, la Ley 80 de 1993 prescribe que, por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 CC), salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. De modo que el contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles, salvo lo previsto por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3° de la Ley 153 de 1887).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el marco regulatorio del contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2020, rad. 31628, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1071 DE 1999 - ARTÍCULO 1, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 3, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 5 INCISO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45
ETAPA PRECONTRACTUAL / BUENA FE PRECONTRACTUAL / ACTO PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD EN EL ACTO PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Aunque no se perfeccione el contrato, en la etapa preparatoria se originan deberes precontractuales cuya observancia es relevante?
Respuesta al problema jurídico: Si
Aunque no se perfeccione el contrato, en la etapa preparatoria se originan deberes precontractuales cuya observancia es relevante, de acuerdo con los postulados que rigen el ejercicio de los derechos y en particular el de buena fe. Por ello, el artículo 863 C. Co establece que las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Los tratos preliminares no son indiferentes o intrascendentes para el derecho, no solo porque formado el contrato lo integran y orientan su interpretación (art. 1618 CC y ss.), sino porque quienes se encuentran en su fase de formación deben observar las reglas de conducta inspiradas en los deberes de lealtad y corrección en el tráfico jurídico. Durante el desarrollo de esos actos, tratos o conversaciones las partes deben observar unas reglas jurídicas que tienen como fin asegurar la protección contra la mala fe, la ligereza de su contraparte o el abuso de su libertad para concluir o no el contrato6. De modo que, una interrupción intempestiva o una ruptura abrupta y sin justificación alguna de las negociaciones previas al contrato pueden generar una responsabilidad extracontractual por culpa precontractual [in contrahendo], que da derecho a una indemnización por el daño como consecuencia de la frustración del negocio jurídico por la violación del «principio y deber» de actuar de buena fe. Para que se configure responsabilidad precontractual por culpa precontractual [in contrahendo] se requiere: (i) que exista una situación real de negociación; (ii) que de los tratos se haya generado una situación de confianza, que se pueda esperar, razonablemente, la adopción de determinada conducta en la otra parte tendiente a la celebración del contrato; (iii) que la ruptura haya sido injustificada o contraria a la corrección (información, veracidad, lealtad) y a la buena fe exigida en el campo negocial y (iv) que como consecuencia de ese comportamiento se cause un daño.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 863, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618
OFERTA / EFECTOS JURÍDICOS DE LA OFERTA / ACEPTACIÓN DE LA OFERTA / CONDICIONES DE LA OFERTA / NORMATIVA DE LA OFERTA
Problema jurídico:
¿La oferta, como acto voluntario y unilateral propio de la formación del contrato, constituye un acto que tiene efectos jurídicos?
Respuesta al problema jurídico: Si
En ejercicio de la autonomía privada o negocial, los sujetos de derecho tienen la libertad de celebrar de manera inmediata el negocio jurídico o luego de surtir un procedimiento formativo diferido en el tiempo. Aunque el Código Civil no regula las etapas de formación del contrato, el Código de Comercio sí lo hace, en los artículos 845 a 864. El artículo 845 define la oferta o propuesta como el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, que deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. La oferta, como acto voluntario y unilateral propio de la formación del contrato, constituye un acto que tiene efectos jurídicos, pues el ordenamiento reconoce que con su revocación se pueden ocasionar perjuicios al destinatario que deben ser indemnizados bajo la óptica de la responsabilidad extracontractual, al no haberse celebrado contrato alguno (art. 846 C. Co.). La aceptación es un acto jurídico unilateral en el que el destinatario de la propuesta u oferta manifiesta su adhesión o aquiescencia incondicional a los términos de la misma. De conformidad con la ley mercantil sus características son las siguientes: (i) es un acto voluntario; (ii) debe ser pura y simple; (iii) debe ocurrir en tiempo y (iv) debe ser, en principio, expresa. Cuando la aceptación es condicional o extemporánea, es considerada como una nueva propuesta, según el artículo 855 C.Co.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 846, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 855, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 845, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 864
ACUERDO DE VOLUNTADES / ELEMENTOS DEL CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO / CONTRATO CONSENSUAL / CONTRATO REAL / CONTRATO SOLEMNE
Problema jurídico:
¿El contrato, entendido puede ser real, consensual o solemne?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 1495 CC, el contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. El contrato, entendido como un acuerdo de voluntades destinado a crear una o más obligaciones o para constituir regular o extinguir entre las partes una relación jurídica patrimonial, conforme al artículo 864 C.Co, puede ser real, consensual o solemne (art. 1500 CC). Por regla general, los contratos son consensuales y solo excepcionalmente reales o solemnes (art. 824 C. Co). Los contratos son consensuales cuando se perfeccionan por el solo consentimiento, son reales cuando para que sean perfectos es necesario la entrega de la cosa a que se refiere, como ocurre en los contratos de mutuo y depósito (art. 2222 y 2237 CC) y son solemnes cuando están sujetos a la observancia de ciertas formalidades especiales, de modo que sin ellas no producen ningún efecto civil.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 824, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 864, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1495, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1500, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2222, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2237
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1° de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, la estimación razonada de las pretensiones de las demandas superan los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $166.000.0001.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 6, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PRIVADO / NATURALEZA DEL DOCUMENTO PRIVADO
Problema jurídico:
¿El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. Según el artículo 251 CPC, los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279