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Usted realiza la siguiente pregunta: «… En el caso de los regímenes especiales, cuando se presente revocatoria puedo realizarle por el artículo del CPACA en especial cuando se pretenda revocar el acto de adjudicación es decir con consentimiento del adjudicatario o debo reglarme en lo manifestado por la Ley 1150 de 2007 artículo 9… ».
… En el caso de los regímenes especiales, cuando se presente revocatoria puedo realizarle por el artículo del CPACA en especial cuando se pretenda revocar el acto de adjudicación es decir con consentimiento del adjudicatario o debo reglarme en lo manifestado por la Ley 1150 de 2007 artículo 9… .
También resuelve:Revocación directa: noción, naturaleza jurídica, acto de adjudicación, consentimiento previoActo de adjudicación: revocatoria directa, debido procesoAceptación de la oferta: régimen exceptuado, irrevocabilidad
¿Es jurídicamente procedente que, en un proceso de mínima cuantía, el valor del contrato o del registro presupuestal exceda el valor de la oferta presentada por el proponente seleccionado y aceptada por la entidad estatal?
De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el numeral 9 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en los procesos de mínima cuantía la oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. En consecuencia, el perfeccionamiento del vínculo contractual se produce con la comunicación de aceptación de la oferta por parte de la entidad estatal al proponente seleccionado, sin que resulte necesaria la suscripción de una minuta contractual. No obstante, desde una perspectiva operativa, el SECOP II puede requerir la elaboración y suscripción de documentos adicionales para efectos de culminar el flujo transaccional del proceso.
También resuelve:Mínima cuantía: generalidades, Ley 1150 de 2007, normas reglamentarias, Decreto 1082 de 2015Aceptación de la oferta: perfeccionamiento del contrato, valor contratado, registro presupuestal, correspondencia de valores
¿Cuál es el fundamento jurídico de las reglas que estableció el Decreto 1860 de 2021 para la publicación de la invitación en los procesos de mínima cuantía?
El contratista en procesos de mínima cuantía debe publicar la invitación conforme a las reglas establecidas en el Decreto 1860 de 2021, que reglamenta los artículos 30 y 34 de la Ley 2069 de 2020, y modifica el Decreto 1082 de 2015. Estas reglas especifican el contenido mínimo de la invitación y detallan las etapas y reglas que estructuran esta modalidad de selección, incluyendo procedimientos especiales para convocatorias limitadas a mipymes y adquisiciones en grandes almacenes. Esta nueva reglamentación, que entró en vigor el 24 de marzo de 2022, implica que la publicación de la invitación debe seguir rigurosamente estas disposiciones para garantizar la legalidad y eficiencia del proceso.síntesis automática
También resuelve:Mínima cuantía: generalidades, Ley 1150 de 2007, normas reglamentarias, Decreto 1082 de 2015Aceptación de la oferta: perfeccionamiento del contrato
¿En los procesos de mínima cuantía, la aceptación de la oferta debe constar con firma física o puede perfeccionarse mediante SECOP II?
En primer lugar, es preciso indicar que, de conformidad con lo previsto en el literal d) del numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el numeral 9 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, en los procesos de mínima cuantía la oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal, razón por la cual el perfeccionamiento del vínculo contractual se produce con la comunicación de aceptación de la oferta por parte de la entidad estatal al proponente seleccionado, sin que sea necesaria la suscripción de una minuta contractual. No obstante, debe tenerse en cuenta que, desde una perspectiva operativa, el diseño transaccional de la plataforma SECOP II puede requerir la elaboración y suscripción de dicho documento para efectos de culminar el flujo del proceso en el sistema.
También resuelve:Mínima cuantía: generalidades, Ley 1150 de 2007, normas reglamentarias, Decreto 1082 de 2015Aceptación de la oferta: perfeccionamiento del contratoSecop ii: plataforma transaccional
¿La elaboración y firma de la invitación pública en un proceso de mínima cuantía debe ser realizada exclusivamente por la misma persona o dependencia que elaboró los estudios previos, o puede ser suscrita por el ordenador del gasto o su delegado conforme al reglamento interno de la entidad?
La invitación pública en un proceso de mínima cuantía no necesariamente debe ser elaborada y firmada por la misma persona o dependencia que realizó los estudios previos, ya que la normativa aplicable no impone tal exigencia. De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Decreto 1860 de 2021), los estudios previos deben ser elaborados por la dependencia técnica o el área encargada del proceso dentro de la entidad, quienes definen la necesidad del contrato, su objeto, condiciones técnicas, valor estimado, entre otros aspectos. Sin embargo, la suscripción de la invitación pública, regulada en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del mismo decreto, puede estar a cargo del ordenador del gasto o su delegado, conforme al reglamento interno de la entidad.
También resuelve:Mínima cuantía: generalidades, Ley 1150 de 2007, normas reglamentarias, Decreto 1082 de 2015Aceptación de la oferta: perfeccionamiento del contrato / SECOP II, aprobación, alcance
¿Es necesaria la aprobación por parte del contratista de la carta de aceptación en el SECOP II para que el contrato en el proceso de mínima cuantía quede perfeccionado?
No. De conformidad con lo expuesto, y con fundamento en lo previsto en el numeral 9 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 del 2015 según el cual “la oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal”, es claro que la comunicación de la aceptación de la oferta por parte de la entidad perfecciona los requisitos de existencia del contrato. Esta particularidad en relación con el procedimiento de mínima cuantía se deriva de lo establecido en el literal d) del numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 que de manera expresa dispone que "la comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal".
También resuelve:Mínima cuantía: generalidades, Ley 1150 de 2007, normas reglamentarias, Decreto 1082 de 2015Aceptación de la oferta: perfeccionamiento del contrato / SECOP II –Aprobación, alcance
¿Incurre en incumplimiento contractual la entidad estatal que se abstiene de pagar el precio de un contrato de suministro, pese a que el contratista acreditó la radicación oportuna de los documentos exigidos para la ratificación y legalización del pago, conforme a la modalidad de pago pactada? Sí
La entidad estatal no incurre en incumplimiento contractual al abstenerse de pagar el precio de un contrato de suministro, si el contratista ha acreditado la radicación oportuna de los documentos exigidos para la ratificación y legalización del pago, conforme a la modalidad de pago pactada. La entidad estatal debe cumplir con su obligación de pago, y su retraso no constituye incumplimiento si el contratista ha cumplido con sus obligaciones previas.síntesis automática
También resuelve:¿La orden de proveeduría expedida por una entidad estatal con fundamento en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 constituye una oferta comercial que, una vez aceptada por su destinatario…¿Procede mantener la condena en costas impuesta en primera instancia a la UNGRD, por haber sido la parte vencida, aunque alegue que no se acreditó su causación?¿Procede condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada cuyo recurso de apelación se desestima?
¿Es procedente que en los procesos de mínima cuantía se establezca como requisito habilitante la tenencia de un local comercial en el lugar de ejecución del contrato, acreditado mediante certificado de libertad y tradición, o contrato de arrendamiento?
Ahora bien, en atención al problema jurídico, objeto de consulta, se plantea que exigir como requisito habilitante demostrar la tenencia del local en el lugar de ejecución del contrato puede constituirse en una exigencia desproporcionada para determinar la capacidad o idoneidad del contratista. En tal sentido, el principio de proporcionalidad exige que los requisitos habilitantes o exigencias sean razonables, o sea, que guarden congruencia con el objeto, alcance, valor y plazo del contrato, que sean necesarios y no restrinjan injustificadamente la libre concurrencia. De tal modo, la discrecionalidad del de cada entidad está condicionada a la proporcionalidad de las decisiones que toma en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y la selección objetiva.
También resuelve:Mínima cuantía: generalidades, Ley 1150 de 2007, normas reglamentarias, Decreto 1082 de 2015Aceptación de la oferta: perfeccionamiento del contratoRequisitos habilitantes: noción, fundamento normativo, fijación, parámetros
¿Es procedente revocar en cualquier momento un proceso de contratación derivado de la modalidad de selección de mínima cuantía?
El contratista no puede revocar en cualquier momento un proceso de contratación derivado de la modalidad de selección de mínima cuantía, ya que esta es una excepción a la licitación pública y está reglamentada por normas específicas que buscan la celeridad y economía en la contratación estatal. Estas normas establecen procedimientos y plazos mínimos para la publicación de la invitación, recepción de ofertas y perfeccionamiento del contrato, lo que limita la discrecionalidad de la entidad estatal en la revocación del proceso. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, estableciendo un marco más preciso para la aplicación de la mínima cuantía y protegiendo la certeza jurídica de los participantes en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:Mínima cuantía: generalidades, Ley 1150 de 2007, normas reglamentarias, Decreto 1082 de 2015Aceptación de la oferta: perfeccionamiento del contratoRevocación directa: acto administrativos, momentos, acto de apertura, tesis
¿El contrato se ejecutaba con base en solicitudes de pedido cursados por el supervisor de ETB sin obligarse a solicitar un número determinado de tapas? Sí
Cuando un contrato de suministro se ejecuta mediante solicitudes de pedido que el supervisor de la entidad emite según sus necesidades, la entidad no está obligada a solicitar el valor total estimado ni un número determinado de bienes, y el pago se hace por cortes mensuales sobre las cantidades realmente solicitadas. La regla se sostiene en tres razones: los términos de referencia, la oferta y su aceptación establecieron que los bienes se suministrarían de acuerdo con las solicitudes de pedido y a la necesidad, sin cantidad mínima ni máxima; el supervisor no puede ordenar al contratista fabricar bienes para tener en stock, pues ello no está previsto en las condiciones contractuales; y el contratista no estaba obligado a tener disponibilidad inmediata de todo el suministro. En el caso, la demanda que reclamaba el valor total del contrato fue desestimada y la sentencia se confirmó. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que en los contratos de suministro por demanda el incumplimiento se mide frente a las solicitudes efectivamente cursadas y no frente al valor estimado.síntesis automática
También resuelve:¿Los bienes objeto del contrato serían suministrados de acuerdo con las solicitudes de pedido por parte de ETB de acuerdo a la necesidad?¿La contratista tenía el derecho de que se le pidieran bienes y servicios por el valor total estimado del contrato?¿La demanda se presentó dentro del plazo de dos años previstos en la ley?
¿Las salvedades en el acta de liquidación son requisito para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado? No
El contratista no necesita incluir salvedades en el acta de liquidación para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, ya que la ley no establece este requisito. La entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales al pagar de acuerdo a los precios unitarios pactados, y la modificación de precios en otros contratos no es aplicable en este caso, ya que cada acuerdo tiene fuerza de ley para las partes involucradas. Además, la teoría de la imprevisión no aplica a contratos de derecho privado, por lo que el contratista no puede modificar el acuerdo inicial por circunstancias sobrevinientes. Este fallo confirma la sentencia de primera instancia y reitera que en contratos de derecho privado, el acuerdo de voluntades es vinculante y no permite la modificación del contrato por imprevistos, a diferencia de los contratos estatales donde el cumplimiento del objeto es de interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo celebrado entre las partes tiene fuerza de ley para ellas?¿En los contratos estatales el cumplimiento de su objeto es de interés general¿La revisión judicial del contrato de derecho privado procede cuando el desequilibrio de las prestaciones es producido por una circunstancia que las partes no pudieron prever al momento de su…
¿Se acreditó vicio del consentimiento de la sociedad demandante en la transacción y condonación parcial de la deuda firmada por esta? No
Un acuerdo de pago en el que el acreedor condona una parte de la deuda para recibir un pago pronto puede tener la naturaleza de transacción, y su nulidad por vicio del consentimiento exige prueba de error, fuerza o dolo. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la demandante tuvo la opción de negociar un plazo con intereses para el pago total y la descartó por considerarla más riesgosa, lo que muestra una decisión libre y consciente de condonar parte de la deuda. La segunda es que no hay prueba que desvirtúe esa voluntad ni que el error, la fuerza o el dolo de la contraparte determinaran la aceptación. La tercera es que el desequilibrio económico invocado en la apelación no se alegó en la demanda, por lo que no puede analizarse de fondo. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que negó la nulidad. Como obiter dictum, la providencia precisa que el acuerdo tiene efectos de cosa juzgada respecto de la controversia que se pretendía precaver. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? Sí
El término de caducidad de la acción de nulidad absoluta de un contrato estatal celebrado bajo el régimen anterior es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que la fundan, y que el juez debe declararla de oficio cuando la demanda se presenta por fuera de ese término. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, para la suscripción y la inscripción del contrato en el registro minero, la norma aplicable era el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989. Segunda, la nulidad absoluta se configura por la transgresión de disposiciones que regularon la formación del negocio o sus requisitos esenciales, de modo que el plazo corre desde esos motivos. Tercera, la demanda se radicó después de vencidos los dos años, lo que la hace extemporánea. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara de oficio la caducidad. La consecuencia práctica es que la pretensión de nulidad absoluta debe presentarse dentro de los dos años contados desde el vicio que la sustenta.síntesis automática
También resuelve:¿Es claro que en esta oportunidad la CAR ejerció el derecho de acción cuando ya se había vencido el plazo de la caducidad?¿Solo se vinculó a la litis a la sociedad minera a pesar de que los titulares del contrato minero eran varias personas?¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puede demandar la nulidad de un contrato minero cuando este se superponga con áreas de especial protección ambiental de su jurisdicción?
¿Los contratos de estabilidad tributaria se perfeccionaron por no haberlos celebrado dentro de los dos meses siguientes a la solicitud? No
El contratista no puede perfeccionar un contrato de estabilidad tributaria por el silencio administrativo de la DIAN, ya que este no implica un acuerdo tácito entre las partes, y la entidad no aceptó la propuesta inicial del contratista, por lo que no se configuró un contrato válido. Además, la DIAN presentó un proyecto de contrato que no fue aceptado por el contratista, por lo que no se estableció una obligación contractual. La Sala reitera que, en ausencia de un contrato, no procede la nulidad de actos administrativos relacionados con la publicación del contrato y la devolución de tributos pagados, y que el contratista debe demandar la indemnización de perjuicios por la configuración de responsabilidad precontractual, si es que existen. Este precedente reitera la importancia de la voluntad expresa de las partes para la perfección del contrato y la necesidad de reclamar indemnización por perjuicios en caso de configurarse la responsabilidad precontractual.síntesis automática
También resuelve:¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?¿Aunque no se perfeccione el contrato, en la etapa preparatoria se originan deberes precontractuales cuya observancia es relevante?¿La oferta, como acto voluntario y unilateral propio de la formación del contrato, constituye un acto que tiene efectos jurídicos?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía y en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conta la sentencia de primer grado? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales administrativos corresponde al Consejo de Estado, según el artículo 150 del CPACA, y que la doble instancia ante esa corporación procede también por razón de la cuantía de la pretensión mayor, cuando supera el monto exigido para el medio de control respectivo. Una razón es que el artículo 150 expresamente atribuye a la corporación la segunda instancia de las apelaciones de sentencias y de autos apelables, sin que la naturaleza del medio de control impida esa competencia. Otra razón es que en el asunto la pretensión mayor, correspondiente a la administración dejada de percibir, superaba el umbral de doble instancia fijado para el medio de control aplicable, de modo que el recurso del demandante era conocido por la Sala. En el caso, el demandante apeló la negación de sus pretensiones, y la Sala confirmó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, determinada al momento de la demanda, fija la competencia para la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente cuando el daño se deriva del acto precontractual, en un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios…¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad del medio de control de reparación directa?¿El acto de adjudicación en un contrato regido por el derecho privado, tiene la naturaleza de acto administrativo?
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
¿Se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración, de tener por no elegible a la unión temporal accionante? No
El contratista no puede impugnar la decisión de la administración de declararlo no elegible en un proceso de selección pública, cuando la omisión en la información financiera presentada es insubsanable y desatendía un requisito esencial para la evaluación de las ofertas, lo cual garantiza la escogencia de la oferta más favorable a la entidad. La Sala confirma que la entidad no infringió el ordenamiento ni los derechos del contratista al rechazar su oferta, al no cumplir con los requisitos financieros establecidos en la convocatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los requisitos esenciales en la presentación de ofertas y la obligación del proponente de asegurar la veracidad y completitud de la información financiera proporcionada, lo que implica que cualquier omisión o error insubsanable puede resultar en la exclusión del proceso de selección.síntesis automática
También resuelve:¿Esta jurisdicción está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas…¿Le asistió razón al Tribunal al establecer la caducidad respecto de las pretensiones de indemnización de los integrantes de la unión temporal demandante por no haber sido seleccionados?¿Lo resuelto en el Acuerdo respecto de la elegibilidad de los proponentes debía demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a la fecha de…
¿Los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos solo tienen naturaleza de acto administrativo cuando existe habilitación legal expresa? Sí
El contratista no puede promover el medio de control de controversias contractuales para cuestionar actos precontractuales de una empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no tienen la naturaleza de acto administrativo salvo que exista habilitación legal expresa, como establece la Ley 142 de 1994. La jurisprudencia unificada de la corporación sostiene que los actos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado y no por el EGCAP, por lo que el medio adecuado para analizar cualquier controversia derivada de estos actos es el de reparación directa. Esto implica que el contratista debe utilizar el medio de control de reparación directa para reclamar responsabilidad precontractual y no el de controversias contractuales, ya que este último es inaplicable a los actos privados y a las etapas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales promovido por la parte actora, considerando que los cuestionamientos formulados se circunscriben a la etapa precontractual y que el…¿Puede configurarse responsabilidad precontractual por parte de una entidad estatal sometida a un régimen exceptuado de contratación cuando defrauda las expectativas legítimas de un proponente…¿Puede una invitación a presentar propuestas ser considerada jurídicamente como una oferta mercantil irrevocable, en los términos del artículo 846 del Código de Comercio…
¿Es procedente declarar que el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para la revocatoria directa del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, mediante la “Resolución 099 del 20 de marzo siguiente” estuvo viciado, pues, a juicio de la parte recurrente, los yerros que se alegaron para tal proceder no existieron, en tanto no hubo un error aritmético que variara el hecho de que la mejor oferta era la suya, ni incumplió ningún requisito del manual de contratación de la entidad, circunstancia que se debió, entre otros, a hechos como que no se le permitió al aquí apelante acceder a las propuestas en la primera etapa del procedimiento? No
La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en adelante CAPROVIMPO, adelantó una solicitud privada de ofertas, con el objeto de contratar la "prestación de servicios de apoyo en la gestión para la ejecución de las actividades integrales de los procesos del área de operaciones, relacionados con: i) administración de aportes, 11) reconocimiento y pago de subsidio y apoyo financiero y, iii) administración de cesantías". Mediante decisión del 14 de marzo de 2013 adjudicó el proceso contractual al CONSORCIO BDO. Tras advertir que se cometieron errores en la evaluación económica de las propuestas y que no se tuvieron en cuenta algunas reglas del manual de contratación de la entidad, el 20 de marzo de 2013 CAPROVIMPO, con consentimiento previo del CONSORCIO BDO, revocó esta decisión y saneó el proceso contractual.
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver controversias contractuales con ocasión de la solicitud privada de oferta donde una de las partes es una Empresa Industrial y Comercial del Estado…¿Las consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también se extienden a los actos de las partes…¿El giro ordinario de los negocios no abarca todo el objeto social de una entidad, sino solo aquellas actividades que se realizan de forma permanente y que…
¿La acción de lesión enorme es procedente para debatir el precio ofertado de un bien inmueble objeto de enajenación voluntaria con fines de expropiación? No
De conformidad con la ley, el debate sobre el precio del inmueble solo es procedente en el proceso de expropiación judicial o como consecuencia de la nulidad del acto de expropiación administrativa. El artículo 61 de la Ley 388 de 1997 regula el procedimiento de enajenación voluntaria previo a la expropiación de inmuebles por utilidad pública. Y en relación con este, la norma establece que el procedimiento culmina con la aceptación de la oferta de compra del bien o con el adelantamiento del proceso de expropiación. En el primero de los casos, el propietario acepta el valor de la compraventa del inmueble, sin que posteriormente pueda alegar contra el mismo; la norma no prevé la acción de revisión del precio ni mucho menos la procedencia de la lesión enorme en este tipo de ventas, pues esta no se encuentra sometida al Código Civil.