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E.- Cuestiones preliminares, el problema jurídico y el plan de exposición 10.- Tal y como lo señaló el tribunal, la demanda fue presentada dentro del término previsto en el numeral 1011 del artículo 136 del CCA. La Resolución 455 —que confirma la Resolución 260 de 2007— fue expedida el 4 de junio de 2007 y notificada el 26 de junio de 2007. La solicitud de conciliación fue presentada el 25 de junio de 2009 y la constancia de agotamiento se expidió el 24 de septiembre de 2009. La demanda se presentó ese mismo día. En todo caso, el contrato se encuentra vigente, por lo que la demanda se presentó claramente dentro del término previsto en el literal d)12 del artículo 136 del CCA.
También resuelve:Modificación unilateral: declaración − ejecución, evitar paralización, variaciones, criterio de modificaciónConsejo de estadoSala de lo contencioso administrativo sección tercera
¿La sentencia de segunda instancia debe ser aclarada y corregida por cuanto el a quo denegó la solicitud de corrección y aclaración sobre su decisión? No
El juez de segunda instancia no está obligado a aclarar o corregir una sentencia cuando el tribunal de primera instancia ya ha denegado una solicitud similar, limitándose a resolver los reparos específicos contra la decisión apelada. Sin embargo, si la sentencia de segunda instancia contiene referencias a supuestas aclaraciones denegadas por el tribunal de primera instancia, es procedente corregir dicha sentencia para precisar que tales aclaraciones fueron rechazadas. Asimismo, no es viable adicionar la sentencia de segunda instancia para revocar una condena en abstracto basada en pruebas existentes que no permiten determinar una suma líquida de dinero, mientras que sí es procedente adicionar la sentencia para referirse a los criterios de cálculo del lucro cesante futuro, dado que la sentencia original omitió establecer parámetros claros para tal cálculo.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente corregir la sentencia de segunda instancia en lo relativo a las referencias que se hicieron por la supuesta aclaración a la condena en abstracto…¿Resulta procedente adicionar la sentencia de segunda instancia, en el sentido de revocar la condena en abstracto, por existir pruebas en el expediente para determinar una condena a pagar en una…¿Resulta procedente adicionar la sentencia de segunda instancia, en el sentido de referirse a los criterios para el cálculo del lucro cesante futuro?
Finalidad,Prohibiciones,Servidores públicos,Elecciones territoriales,Alcalde elegido en elecciones atípicas,Restricciones,Ley de Garantías Electorales,Excepción de seguridad y defensa del Estado,Espacios territoriales de capacitación – Mes: febrero – Año: 2018…
También resuelve:Ley de garantías electorales: finalidad, prohibiciones, servidores públicos, excepción de seguridad y defensa del estadoVoto programático: elecciones territoriales, alcalde elegido en elecciones atípicas, restricciones, Ley de Garantías Electorales
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-12-09Sección Tercera (Subsección C)ADRIANA POLIDURA CASTILLORad. 76001233300020130028301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Sala que profirió una sentencia para resolver la solicitud de aclaración y adición presentada dentro del término de ejecutoria de la providencia? Sí
El contratista no puede solicitar a la Sala que profirió una sentencia la aclaración o adición de la misma dentro del término de ejecutoria, si esta solicitud busca reabrir el debate probatorio o jurídico ya resuelto, cuestionar la validez del procedimiento decisorio o expresar inconformidad con la valoración probatoria y las conclusiones jurídicas adoptadas, ya que la aclaración de sentencias es un mecanismo restrictivo que solo procede para precisar el sentido literal de lo decidido, sin permitir reabrir el debate ni expresar inconformidad. La Sala reitera que la aclaración debe dirigirse a conceptos o expresiones ininteligibles o ambiguas en la parte resolutiva o en los considerandos que influyen directamente en ella, y que la adición no puede reabrir el debate probatorio ya resuelto, por lo que la solicitud será improcedente si no se ajusta a estos requisitos. Esto implica que el contratista debe presentar una nueva acción legal si desea reconsiderar aspectos ya decididos en la sentencia.síntesis automática
También resuelve:¿La solicitud de aclaración de una sentencia solo procede para precisar el sentido literal de lo decidido, sin permitir reabrir el debate jurídico o probatorio ni manifestar inconformidad con el…¿Procede la solicitud de aclaración de la sentencia que pretende cuestionar la validez del procedimiento decisorio, como la supuesta falta de integración del quórum?¿La solicitud de aclaración de la sentencia es el medio judicial idóneo para el estudio de fondo de la decisión por inconformidad con la valoración probatoria hecha por el juez de segunda instancia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2024-08-20Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020160000800LEY 1437 REPETICION
¿Las decisiones judiciales son inmodificables por el mismo juez que la dictó, quedando excepcionalmente revestido de la facultad de aclararlas, corregirlas y adicionarlas en los precisos términos de los artículos 285, 286 y 287 del CGP? Sí
Las decisiones judiciales son inmodificables por el mismo juez que las dictó, porque una vez proferidas agota su competencia funcional sobre el asunto. Esta regla se apoya en el principio de seguridad jurídica, que impide revocar o reformar la providencia. Solo de manera excepcional el juez puede aclarar, corregir o adicionar su decisión en los términos de los artículos 285, 286 y 287 del Código General del Proceso, aplicables por la integración normativa del artículo 306 del CPACA. La aclaración es un instrumento que la ley confiere a las partes y, excepcionalmente, al propio juez para lograr una comprensión precisa de la decisión. Por ello la solicitud que reitera lo ya resuelto no abre un nuevo debate. En el caso concreto la sala resolvió la petición ordenando que se estuviera a lo resuelto en la providencia anterior. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la solicitud que solo reitera una decisión ya tomada se resuelve remitiendo a lo previamente decidido.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la solicitud de aclaración y adición de la parte resolutiva del auto admisorio de la demanda de repetición…¿Debe corregirse de oficio el auto admisorio de la demanda de repetición al presentarse un error por “cambio de palabras” que están contenidas en la parte resolutiva del auto…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-06Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 66001233300020150029003LEY 1437 REPETICION
¿La liquidación del monto de las agencias en derecho se debe realizar de manera concentrada, una vez terminado el proceso, por el juez de la única o la primera instancia, con el objeto de que su valor pueda ser discutido mediante los recursos de reposición y apelación? Sí
El juez de la única o la primera instancia debe realizar la liquidación del monto de las agencias en derecho de manera concentrada, una vez finalizado el proceso, para que pueda ser discutida mediante los recursos de reposición y apelación, según establece la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta regla implica que las partes pueden censurar la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho, pero no la decisión de imponer o no condena en costas, la cual ya fue adoptada en la sentencia firme e inmodificable. Esta jurisprudencia reitera y matiza precedentes anteriores, estableciendo claramente los límites de la discusión sobre la condena en costas en las instancias posteriores a la sentencia definitiva.síntesis automática
También resuelve:¿Se permite a las partes censurar la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho, mas no la decisión de imponer o no condena en costas?¿Que no haya condena en costas resulta jurídicamente improcedente, en la medida que la decisión de condenar en costas se definió en la sentencia de segunda instancia que se encuentra en firme y…¿Los porcentajes y montos por concepto de agencias en derecho se ajustan a los topes máximos establecidos y al acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura…
Sentencia — Sentencia2023-10-27Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 11001032600020230012000LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es procedente la causal invocada en la anulación de laudo arbitral, consistente en la falta de competencia de los árbitros para conocer sobre las pretensiones vigésima séptima y vigésima octava de la reforma de la demanda interpuesta por UTNG? No
La cláusula compromisoria que somete a los árbitros toda controversia derivada de un contrato no se limita por las salvedades que una sola parte incluya en un otrosí, porque las salvedades son manifestaciones unilaterales y no un acuerdo común que modifique el pacto arbitral, de modo que la falta de competencia no se configura. Una razón es que la redacción de la cláusula compromisoria evidencia una competencia amplia de los árbitros para conocer de toda controversia que surja por causa y con ocasión del contrato. Otra razón es que la salvedad incluida en el otrosí se refería a la facultad administrativa de declarar incumplimientos y no mencionaba la cláusula compromisoria, por lo que no tenía efectos sobre el pacto arbitral. En el caso, el recurso de anulación fundado en la falta de competencia para decidir dos pretensiones de la reforma de la demanda se declaró infundado, porque el tribunal sí estaba habilitado para resolverlas. Su consecuencia práctica es que la facultad sancionatoria que una entidad pretenda reservar debe pactarse de común acuerdo y no mediante salvedades unilaterales.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del juez de anulación se enmarca en los argumentos con los cuales se sustenta el recurso de anulación del laudo arbitral, los cuales deben ser claros, idóneos…¿Es obligatorio que la parte convocada interponga recurso de reposición contra el auto por el cual el Tribunal determina su competencia, como presupuesto para invocar la causal de caducidad?¿El decreto de pruebas solicitadas extemporáneamente constituye una causal de anulación del laudo arbitral?
¿El alegado error inexcusable en la determinación de la competencia de la Comisión Nacional Electoral para pronunciarse sobre la elección del alcalde municipal de Aguachica, no se configuró debido a que la Comisión Escrutadora Departamental, quien en principio debía declararla, al ser un cuerpo colegiado transitorio, ya se encontraba disuelto al momento en que el CNE tomó la decisión correspondiente? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos de repetición iniciados contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional, como el Consejo Nacional Electoral, debido a que estos órganos tienen autonomía administrativa y su presidente actúa en representación legal. Además, si el demandado es miembro de la Corte Constitucional en el momento de la demanda, el Consejo de Estado también tiene competencia para conocer del asunto, lo que asegura unidad de criterio en la responsabilidad de los funcionarios que actuaron como órgano colegiado. La regla reitera la competencia del Consejo de Estado en única instancia para estos casos, lo que implica que no se requiere un trámite adicional en otras instancias.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos de repetición iniciados contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional?¿El término de caducidad del medio de control de repetición inicia su cómputo a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago cuyo reintegro se pretende?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre el Consejo Nacional Electoral al ser la entidad en cuyo patrimonio recayó la condena patrimonial en virtud de la cual se formulan las pretensiones…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2024-02-20Sala Consulta y Servicio CivilJOHN JAIRO MORALES ALZATERad. 11001030600020230068400CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Los consorcios y uniones temporales tienen capacidad para vincular mediante contrato de trabajo al personal operativo que requiere para prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada? Sí
La capacidad que tienen los consorcios y uniones temporales para obligarse laboralmente con el personal a su cargo se desprende de las previsiones contenidas en el Estatuto Contractual y las propias del derecho civil y comercial, incorporadas al mismo por mandato del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. Este compendio normativo permite concluir que la relación laboral debe entenderse con la organización empresarial y no de manera individualizada con uno de sus miembros.… La unión temporal o el consorcio están habilitados para firmar o suscribir el contrato laboral con el personal operativo y las labores que este presta lo hace en nombre del grupo empresarial y no de quienes lo integran, sin perjuicio del régimen de responsabilidad solidaria que emerge de la ley.
También resuelve:¿El personal operativo presta el servicio de vigilancia y seguridad privada puede realizar su labor a través de un servicio de vigilancia y a través de las uniones temporales o consorcios integradas…¿Es viable jurídicamente que las uniones temporales y los consorcios contraten personal operativo del sector de vigilancia y seguridad privada por medio de contrato laboral…¿La postura expuesta en el presente concepto supone una flexibilización de las exigencias legales para prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada…
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-07-21Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020180014100CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Es ejecutable lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de las Resoluciones 597 y 598 de 2014, teniendo en cuenta que ello implicaría liquidar a cargo de los operadores el valor de una “contraprestación por el uso” de los bienes y elementos objeto de reversión entre la fecha de terminación de los contratos y la fecha en que pagaron la compensación por su equivalente económico? ¿Podría entenderse que los bienes y elementos objeto de reversión nunca salieron del patrimonio de las compañías Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y Comcel S.A.? Si se entendiera que los bienes nunca salieron del patrimonio de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y Comcel S.A. ¿Es ejecutable lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de las resoluciones 597 y 598 de 2014? No
Con base en la voluntad de las partes que suscribieron los contratos de concesión —la cual se encuentra consignada en la cláusula trigésima tercera de tales acuerdos—, y de acuerdo con el ordenamiento jurídico, en un todo acatados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-555 de 2013 y por el Tribunal de Arbitramento en el laudo del 25 de julio de 2017, la cláusula de reversión cobró eficacia en el momento en que terminaron, de manera anticipada, los contratos de concesión. Por consiguiente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adquirió la propiedad de los bienes destinados al cumplimiento del objeto contractual en ese momento.
También resuelve:¿El laudo arbitral se refirió específicamente a la controversia poscontractual, en cuanto desata el punto relativo a los bienes afectos a la concesión, materia de reversión…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-07-14Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 76001233300020240056301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las medidas cautelares tienen por finalidad proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de lograr la efectividad del derecho sustancial? Sí
El contratista puede solicitar medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de asegurar la tutela judicial efectiva y evitar el riesgo de inejecución del fallo. Estas medidas pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, siempre que tengan relación directa con las pretensiones formuladas en la demanda. La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo es un instrumento cautelar temporal y accesorio que busca evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico continúen surtiendo efectos mientras se decide sobre su constitucionalidad o legalidad, siempre que se advierta una clara vulneración a las normas superiores. Esta jurisprudencia reitera y confirma la importancia de estas medidas cautelares en la protección de los derechos sustanciales y en la efectividad del proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Las medidas cautelares pueden ser de tipo preventivo, conservativo, anticipativo o de suspensión y deberán tener relación directa con las pretensiones que hayan sido formuladas en la demanda?¿La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos, constituye un importante instrumento de naturaleza cautelar, temporal y accesoria…¿Las causales de pérdida de fuerza ejecutoria son situaciones posteriores al nacimiento del acto administrativo que impiden su ejecutoriedad y, su ocurrencia no afecta la validez de este?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-06-13Sala Consulta y Servicio CivilANA MARIA CHARRY GAITANRad. 11001030600020210013800CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
Considerando la naturaleza del contrato, las partes y las obligaciones pactadas, ¿Cómo solucionar las diferencias entre las partes sobre el cumplimiento de obligaciones o compromisos que dependen de la conducta de un tercero, como lo son las entidades territoriales beneficiarias de los proyectos, tales como la adquisición de predios o gestiones a su cargo ante otras autoridades? Sí
A juicio de la Sala, el mecanismo más idóneo, razonable y eficaz que pueden utilizar las partes para solucionar las controversias surgidas entre ellas, en relación con la ejecución del contrato interadministrativo SGR-053/215050 de 2015, es la liquidación bilateral o de común acuerdo de dicho contrato, dentro del plazo establecido en la ley.
También resuelve:¿De acuerdo con los antecedentes y demás circunstancias fácticas relacionadas en el escrito inicial y con las preguntas que se hacen en este complemento, es posible, bajo las condiciones descritas…¿Le corresponden a ENTerritorio los rendimientos financieros generados por los recursos contractuales no ejecutados?
¿Las CAR son autoridades del orden nacional, tienen una naturaleza jurídica especial, no pertenecen al sector central de la administración pública y son organismos autónomos según la Constitución Política? Sí
El legislador y la jurisprudencia determinan el régimen competencial y la naturaleza jurídica de las entidades públicas en los procesos de repetición y controversias contenciosas administrativas. Las Corporaciones Autónomas Regionales son autoridades del orden nacional, tienen una naturaleza jurídica especial, no pertenecen al sector central de la administración pública y son organismos autónomos según la Constitución Política, careciendo de la categoría de entes descentralizados por servicios en tanto no están adscritas a ningún ministerio ni son entidades territoriales al abarcar zonas más amplias que un departamento.síntesis automática
También resuelve:¿El carácter regional de las CAR, respaldado con la atribución de una jurisdicción circunscrita a un ámbito territorial específico…
¿La decisión contenida en el oficio que impuso la multa se ajustaba a lo previsto en el acuerdo, sin que se identificara algún elemento que la constituyera como ilegal o abusiva? Sí
La entidad estatal impone válidamente una penalidad por retardo al contratista aplicando el mecanismo expresamente pactado en los acuerdos adicionales del contrato, sin que ello constituya una actuación ilegal o abusiva dentro del vínculo obligacional. En esta aclaración de voto sobre controversias contractuales, se coincide con la solución principal del litigio al constatar que la decisión contenida en el documento se ajusta plenamente a lo acordado por las partes en el negocio jurídico, con independencia de la naturaleza jurídica formal atribuida al acto de comunicación de la sanción.síntesis automática
Aclaración voto — Aclaración de voto2026-02-27Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 41001233300020150065302LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Correspondía estudiar y determinar la consecuencia jurídica de que una entidad estatal con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ejerza una facultad unilateral sin estar habilitada contractualmente para hacerlo? Sí
La entidad estatal con régimen contractual excepcional infringe la buena fe contractual cuando ejerce facultades unilaterales sin estar habilitada expresamente en el texto del contrato. En esta aclaración de voto emitida dentro de un proceso judicial de controversias contractuales, se destaca con claridad que el análisis que corresponde realizar al juez debe centrarse en determinar la consecuencia jurídica específica de dicha actuación y la falta de estipulación habilitante para declarar el incumplimiento o hacer efectiva la cláusula penal, en lugar de evaluar la forma en que se ejerció una potestad totalmente inexistente.síntesis automática
También resuelve:¿El pago del saldo del valor del contrato dependía de que el demandante demostrara que ejecutó en debida forma sus obligaciones contractuales, lo cual no ocurrió?
¿Las prerrogativas públicas o deberes convencionales que la administración ejerce en materia contractual no limitan la competencia del juez para resolver la controversia? Sí
El juez contencioso administrativo interpreta las demandas y resuelve de fondo las controversias sometidas a su conocimiento con sujeción al ordenamiento jurídico. En esta aclaración de voto, se examina la postura de la Subsección respecto de la facultad de las entidades estatales para pedir la liquidación de los contratos en sede judicial. El magistrado disiente al considerar que las prerrogativas públicas o deberes convencionales que la administración ejerce no limitan la competencia ni eximen al juez de cumplir sus deberes procesales. Así, la ley procesal lo habilita y obliga a dictar sentencia y realizar un examen exhaustivo de los fundamentos de la demanda para garantizar el derecho sustancial y evitar una inaceptable denegación de justicia.síntesis automática
También resuelve:¿El legislador no estableció restricciones para que cualquiera de las partes, incluida la entidad pública, solicite la liquidación judicial cuando esta no se logró por acuerdo o no fue realizada…
¿La liquidación unilateral del contrato posibilita a las partes resolver las cuestiones relacionadas con las deudas y créditos mutuos? Sí
Aclaro voto, frente al alcance de la liquidación unilateral del contrato. La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública [es] un acto jurídico destinado a verificar el estado de ejecución de las obligaciones correspondientes. Comúnmente [es] llevado a cabo al término del plazo de ejecución del contrato, [mediante] corte de cuentas con el propósito de: i) determinar la existencia de obligaciones pendientes, ii) analizar los saldos a favor y en contra, y iii) de ser bilateral, alcanzar un acuerdo que asegure la conformidad y liberación de las partes involucradas. Posibilita a las partes del acuerdo jurídico resolver las cuestiones relacionadas con las deudas y créditos mutuos.
También resuelve:¿La liquidación unilateral del contrato y la declaratoria de incumplimiento son figuras jurídicas distintas que no pueden ser tratadas como equivalentes?
¿Para que opere la figura del enriquecimiento sin causa, se ha entendido que el desplazamiento patrimonial no puede tener fuente en un contrato, cuasicontrato, delito o cuasidelito? Sí
El operador jurídico requiere para la procedencia de la figura del enriquecimiento sin causa que el desplazamiento patrimonial carezca de fuente contractual, cuasicontractual, delictiva o cuasidelictiva, estableciendo su carácter subsidiario y autónomo frente a otras herramientas jurídicas. En el presente asunto, la providencia examinó la naturaleza de las prestaciones discutidas y la aplicación de las reglas jurisprudenciales sobre la materia, destacando que solo hay lugar al enriquecimiento sin causa una vez se descarte que el deterioro patrimonial tiene origen contractual o extracontractual, debiendo encauzarse la controversia a través del medio de control de reparación directa conforme a los criterios expuestos en la decisión de unificación.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión proferida reprochó la ausencia de documento escrito para ubicar la reclamación en el enriquecimiento sin causa…
¿Es jurídicamente correcto concluir que, en una cesión de contrato estatal regida por el derecho privado, la exigencia de constitución y aprobación de garantías por parte del cesionario configura una condición de ejecución y no una condición suspensiva de la eficacia de la cesión —que se perfecciona con la suscripción y produce efectos según los arts. 887 y 894 del C. de Co.—, y que, a falta de reserva expresa del contratante cedido en los términos del art. 893 ibídem, no es viable mantener la responsabilidad del cedente por el solo incumplimiento del deber de presentar garantías? Sí
El aspecto central que motiva mi respetuoso disenso estriba en el análisis efectuado en la providencia respecto de la cesión del contrato estatal, en tanto se indicó que la constitución y aprobación de las garantías del cesionario, o nuevo contratista, operaba como una condición suspensiva que impidió que la cesión desatara sus efectos, de modo que mientras ésta no se cumpliera autorizaba a Fondecun a ir contra el cedente. Lo anterior, invocando las cláusulas en que se autorizó la cesión por parte de la contratante, y el interés público que así lo llevó a interpretar. La sentencia inició por precisar que el contrato cedido no estaba sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – EGCAP sino al derecho privado; luego, pasó a analizar la censura del recurrente quien afirmó que las partes únicamente pactaron la aprobación de Fondecun para perfeccionar la cesión y que ésta produjera efectos.
¿Configura la declaratoria de nulidad del acto administrativo de caducidad del contrato una pérdida de competencia sobreviniente respecto de la liquidación unilateral? No
La administración pública se reputa competente para adoptar decisiones contractuales con base en la presunción de legalidad de los actos administrativos que se encuentren vigentes al momento de su expedición. En esta aclaración de voto se examinan los efectos de la declaratoria de nulidad de un acto de caducidad sobre la posterior liquidación unilateral del contrato, precisando que dicha anulación no genera una pérdida de competencia sobreviniente con efectos retroactivos capaces de invalidar la potestad ejercida por la entidad. Se destaca que al momento de adoptar la liquidación subsistía la presunción de legalidad del acto de caducidad, y se enfatiza en la aplicación del principio pro homine y la interpretación del artículo 136 del Decreto Ley 01 de 1984 en armonía con la jurisprudencia constitucional sobre la efectividad de los derechos de acceso a la administración de justicia.síntesis automática
También resuelve:¿Garantiza la interpretación del artículo 136 del CCA acogida por la Sala la efectividad del principio pro homine y el acceso a la administración de justicia de la entidad contratante?