Titulación de la relatoría 30.126 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE BIEN DEL ESTADO / CONCESIÓN DE BIEN PÚBLICO / CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
OBITER DICTUM
[L]a cláusula de reversión es un pacto, de origen legal o convencional, en virtud del cual quien contrata con el Estado se obliga a transferir a este último la propiedad de los bienes que hubiere adquirido o construido para el cumplimiento del objeto acordado en el contrato estatal. Dicha estipulación —valga señalarlo desde ahora— es de inclusión forzosa en los contratos de concesión, toda vez que constituye un elemento esencial e imperativo de tales acuerdos. El traspaso de estos bienes encuentra justificación en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y en el deber de ampliar y mejorar la red de infraestructura de la que depende el cumplimiento de los fines del Estado en el campo que ahora se analiza. Según ha sido señalado de manera unánime por la jurisprudencia, la cláusula de reversión no implica una transferencia de la propiedad de los bienes sujetos al contrato a título gratuito. Durante la etapa precontractual, en la que el concesionario realiza los cálculos financieros de su oferta, él realiza una previsión del costo de tales bienes y amortiza su valor dentro de la propuesta que presenta. En tal sentido, el pacto bajo estudio adquiere un carácter evidentemente oneroso en la medida en que el concesionario compensa el esfuerzo patrimonial que habrá de realizar, lo que pone en evidencia que la reversión no produce ningún desmedro patrimonial al concesionario. (…) [L]a Sala estima necesario realizar la siguiente precisión, relativa al alcance del deber que este pacto impone el concesionario: la reversión comporta dos obligaciones. De un lado, el concesionario se encuentra llamado a devolver a la Administración concedente los bienes de carácter público (obras, instalaciones y demás elementos de titularidad del Estado) que fueron entregados a título precario, para cumplir el objeto contractual concesional. En segundo lugar, el concesionario está igualmente obligado a transferir la propiedad de los bienes adquiridos o construidos por él que hubieren sido destinados a la prestación del servicio público o a la explotación del bien concesionado. La transferencia de este último conjunto patrimonial, según se ha dicho, procura garantizar que la Administración pueda continuar explotando los bienes dados en concesión o prestando los servicios públicos correspondientes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza jurídica de la cláusula de reversión en el ordenamiento jurídico colombiano, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de diciembre de 2005, expediente n.° 11001-03-26-000-2017-00121-01; Sección Quinta, Sentencia del 23 de agosto de 2018, expediente n.° 11001-03-15-000-2018-01096-01; Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 20 de junio de 2018, expediente n.° 11001-03-15-000-2017-03479-01; Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 24 de mayo de 2018, expediente n.° 11001-03-26-000-2017-00121-01; Corte Constitucional, sentencia C-250 de 1996
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 19, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 4
CONTRATO DE CONCESIÓN / CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / FINALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / OBJETO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA OBLIGATORIA
OBITER DICTUM
[A] través del contrato de concesión, el particular asume, bajo su cuenta y riesgo, la explotación de bienes de titularidad pública o la prestación de un servicio público, a cambio de una contraprestación cuyo pago debe garantizar el Estado. De este modo, se asegura el cumplimiento de fines de gran relevancia para el Estado Social de Derecho, a la vez que se garantiza la obtención de beneficios de carácter pecuniario a favor de los particulares que actúan como concesionarios. De vuelta a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 80 de 1993, se observa que dicha disposición establece, de manera general, la obligación de pactar la cláusula de reversión en los contratos de explotación o concesión de bienes estatales. Sobre el particular, la Sala considera necesario realizar la siguiente precisión: el hecho de que el Legislador haya dispuesto la introducción obligatoria de la cláusula de reversión en los contratos de concesión para la explotación o concesión de bienes públicos no implica que las partes de un contrato de concesión de otro tipo tengan prohibido incluir, de manera voluntaria, el pacto en cuestión en tales acuerdos. En cualquier caso, cuando se trata, efectivamente, de un contrato de explotación y concesión de bienes, la cláusula de reversión se constituye en un elemento esencial e imperativo de estos contratos. Dicha caracterización conlleva las tres siguientes consecuencias: la Administración queda obligada a incorporar dicha cláusula en los referidos contratos de concesión de bienes; el pacto no puede ser excluido con fundamento en el principio de autonomía contractual, y, finalmente, en el evento en que dicha cláusula no hubiere sido pactada en el contrato, esta se entiende incorporada al mismo por ministerio de la ley.
NOTA DE RELATORÍA:
En el presente concepto, la Sala de Consulta y Servicio Civil realizó un recuento normativo sobre la obligación de incluir la cláusula de reversión en los contratos de explotación o concesión de bienes estatales // Sobre las características del contrato de concesión, ver: Corte Constitucional, sentencia C-250 de 1996
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 19, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 4
CONTRATO DE CONCESIÓN / CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TITULARIDAD DEL DERECHO A LA PROPIEDAD / ACTO DE REVERSIÓN
OBITER DICTUM
[E]l ordenamiento ha dispuesto, de manera general y no únicamente en el caso particular del artículo 19 de la Ley 80 de 1992, que el traspaso del derecho de dominio ocurre en bloque e ipso facto. La lógica del ordenamiento avala esta conclusión. Lo anterior se corrobora en disposiciones como el artículo 106 del Decreto 805 de 1947, «por el cual se reglamenta la Ley 85 de 1945, se sustituyen los Decretos 1054 de 1932 y 1343 de 1937 y se dictan otras disposiciones sobre minas». La norma que establece que al «vencimiento del término de duración de estos contratos, todos los muebles e inmuebles adquiridos o construidos por el concesionario […] pasarán al dominio del Estado a título de reversión, sin pago ni indemnización de ninguna especie a cargo de la Nación». Como consecuencia de lo anterior, el inciso segundo de la norma en comento autoriza al Gobierno nacional a «tomar posesión inmediata de tales bienes y elementos». La toma de posesión únicamente se explica en el hecho de que, mediante tal actuación, la Administración ejerce actos de señorío sobre los bienes que le pertenecen. Dicho proceder, valga la reiteración, se encuentra justificado por los trascendentales fines que explican la presencia de la cláusula de reversión en los contratos de concesión.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el traspaso de propiedad derivado de la ejecución de la cláusula de reversión, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de noviembre de 2005, exp. 10172.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 805 DE 1947 - ARTÍCULO 106, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 19
CONTRATO DE CONCESIÓN / CLASES DE CONTRATO DE CONCESIÓN / CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES / CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE REVERSIÓN / FRECUENCIA RADIOELÉCTRICA / CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
OBITER DICTUM
[E]n el caso particular de los contratos de concesión de servicios de telecomunicaciones suscritos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 422 de 1998, lo que ocurrió el 13 de enero de 1998, la reversión implica únicamente la devolución de las frecuencias radioeléctricas asignadas para la prestación de dichos servicios. Este arreglo normativo fue reiterado posteriormente en la Ley 1341 de 2009 (…) De conformidad con el artículo diez, desde la entrada en vigencia de dicha ley, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones —actividad que se define de manera expresa como un servicio público bajo la titularidad del Estado— se habilita de manera general y causa una contraprestación periódica a favor del Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La habilitación, según explica la misma disposición, incluye la autorización para llevar a cabo la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de las redes de telecomunicaciones. No obstante, la aludida habilitación no comprende el derecho al uso del espectro electromagnético. (…) [L]a Corte llevó a cabo un minucioso análisis de la evolución normativa de la cláusula de reversión. Con base en dicho estudio, concluyó que las normas demandadas —los artículos 4 de la Ley 422 de 1998 y 68 de la Ley 1341 de 2009— reflejaban la profunda transformación que ha experimentado esta figura: cumplidos los objetivos que se trazó el Legislador al disponer su ingreso en el ordenamiento, la naturaleza del pacto ha cambiado y pretende, ahora, la consecución de nuevos propósitos. En concreto, las normas demandadas procuran «hacer más atractivo» el negocio para los inversores y promover una mayor competitividad entre ellos, lo que tendría que traducirse en una mejora de la calidad del servicio prestado a los usuarios. La intención de promover una mayor competencia entre quienes aspiran a contratar con el Estado y el deseo de conseguir una pronta modernización y un incremento en la calidad del servicio —advirtió la Corte— son propósitos plausibles que no suscitan reparo alguno basado en argumentos de constitucionalidad. Por tal motivo, el Tribunal manifestó que la aplicación de esta restricción a la cláusula de reversión era perfectamente compatible con la Constitución, siempre que su aplicación fuese reservada para los contratos que hubieran sido suscritos con posterioridad a la entrada en vigencia de estas leyes. A juicio de la Corte, la aplicación retroactiva de esta modificación de la cláusula de reversión resultaba contraria a lo dispuesto en el artículo 75 de la Constitución. Esta inferencia se basa en que los contratos de concesión que fueron firmados antes de la promulgación de las normas demandadas tuvieron en cuenta la obligación legal de revertir los bienes destinados a la prestación del servicio. Por tal motivo, las utilidades recibidas por los contratistas fueron más altas, pues ambas partes —valga decir, Estado y contratista— entendían que era necesario amortizar las inversiones para la compra y construcción de los bienes, toda vez que ellos habrían de ser transferidos al Estado al término de los contratos de concesión. En razón de lo anterior, la aplicación retroactiva de la restricción de la obligación de reversión tendría efectos inconstitucionales al ser aplicada a los contratos vigentes. En opinión del tribunal, según se lee en el apartado que se transcribe enseguida, el Estado estaría desconociendo el deber de obrar de conformidad con el principio de igualdad y estaría fomentando la creación de una situación de monopolio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la transferencia de la propiedad en las concesiones otorgadas para la prestación del servicio de telecomunicaciones, ver: Corte Constitucional, sentencia C-555 de 2013
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1900 DE 1990, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 182, LEY 1341 DE 2009 - ARTÍCULO 10, LEY 1341 DE 2009 - ARTÍCULO 11, LEY 1341 DE 2009 - ARTÍCULO 68, LEY 37 DE 1993 - ARTÍCULO 3, LEY 422 DE 1998 - ARTÍCULO 4
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL / CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL BIEN PÚBLICO / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ESPECTRO RADIOELÉCTRICO / USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
OBITER DICTUM
Las Resoluciones 597 y 598, aprobadas el 27 de marzo de 2014 por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, autorizaron, en el artículo 27 común a estos actos administrativos, el uso y el aprovechamiento de los bienes objeto de la cláusula de reversión. Esta medida fue adoptada por la Administración con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, lo que permitió que Comcel y Colombia Telecomunicaciones pudieran conservar la tenencia de los bienes cuya propiedad debió ser transferida al Estado. A cambio de lo anterior, el artículo 27 dispuso que el Ministerio habría de cobrar una «contraprestación económica por el uso» (…) Según se sigue de la lectura del artículo en cuestión, su objetivo primordial consiste en autorizar a los concesionarios el uso y la explotación de los bienes que, en cumplimiento de la cláusula de reversión, debieron ser transferidos al Estado al término del contrato de concesión. Esta decisión fue adoptada en el párrafo primero, en el que de manera expresa el Ministerio autorizó la tenencia y el aprovechamiento de estos bienes, dada la necesidad de garantizar la continuidad del servicio. la Sala concluye que el objetivo que perseguía el primer párrafo del artículo vigésimo séptimo de las resoluciones —que consistía en permitir a las sociedades conservar la tenencia y la explotación de los bienes afectos a la concesión para, de este modo, garantizar la continuidad del servicio— se cumplió cabalmente. Asimismo, por las razones que acaban de ser explicadas, la condición que este mismo párrafo establecía para que se determinara el valor de la contraprestación —en virtud de la cual era menester que se hubiesen determinado los bienes sujetos a la cláusula de reversión— se encuentra igualmente cumplida. El párrafo segundo del artículo vigésimo séptimo establece el período durante el cual los concesionarios se encontraban obligados a pagar la referida contraprestación. El pago debía ser realizado, de manera retroactiva, a partir del 28 de noviembre de 2013, fecha en la que terminaron anticipadamente los contratos de concesión, y hasta que concluyera el uso de los bienes o hasta que los concesionarios hubiesen pagado el equivalente pecuniario correspondiente. De conformidad con lo anterior, el Ministerio previó que la obligación se mantendría vigente bien hasta que cesara el uso y aprovechamiento de los bienes o bien hasta que los concesionarios sufragasen el subrogado dinerario correspondiente. En atención a que este parágrafo únicamente establece los términos durante los cuales resultaba exigible el cobro de la contraprestación por el uso de los bienes, no hay en él ningún elemento que requiera algún acto de ejecución adicional por parte de la Administración. El párrafo tercero es de especial relevancia para la solución del asunto que ahora se debate, pues en él se fija una importante condición que supedita la posibilidad de establecer la forma de pago. El inciso final del párrafo bajo estudio dispone que esta cuestión —la forma de pago, valga decir— debe ser determinada «dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de la etapa de liquidación de los contratos de concesión». Al respecto, es preciso recordar que, hasta el día de hoy, la liquidación de estos contratos no se ha realizado: las partes no alcanzaron un acuerdo durante el término previsto para este fin en el contrato y el Tribunal de Arbitramento negó dicha pretensión dada la incertidumbre que existía sobre los elementos comprometidos en esta operación. De conformidad con el criterio expresado por esta Sala en el Concepto 2253, aprobado el 28 de junio de 2016, la liquidación de los contratos debió realizarse dentro del lapso de dos años y ocho meses, plazo contado a partir de la fecha de terminación anticipada de los aludidos contratos. Según se indicó en el concepto en comento, dicho término corresponde a la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Al realizar los cálculos correspondientes, se concluye que el término de dos años y ocho meses se cumplió, en este caso concreto, el día 28 de julio de 2016. De tal suerte, el 28 de enero de 2017 —esto es, seis meses después de esta última fecha— habría expirado el término establecido por el Ministerio para determinar la forma de pago de la contraprestación de uso. En razón de lo anterior, en la actualidad, no solo resulta jurídicamente inviable la liquidación de los contratos, sino que no es posible determinar la forma de pago de la contraprestación de uso.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2044 DE 2013 - ARTÍCULO 5, LEY 1341 DE 2009 - ARTÍCULO 11, LEY 1341 DE 2009 - ARTÍCULO 68, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, RESOLUCIÓN 597 DE 2014 - ARTÍCULO 27, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, RESOLUCIÓN 598 DE 2014 - ARTÍCULO 27
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL / CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LAUDO ARBITRAL / ACTO DE REVERSIÓN / CLÁUSULA OBLIGATORIA / CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL / USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO / CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO / CONCESIÓN DE BIEN PÚBLICO
OBITER DICTUM
De acuerdo con el criterio expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-555 de 2013 y por el Tribunal de Arbitramento en el laudo del 25 de julio de 2017, la cláusula de reversión incluida en los contratos de concesión cobró eficacia en el momento en que terminaron, de manera anticipada, tales contratos. El alcance de esta obligación no se modificó como consecuencia de la expedición de las leyes 422 de 1998 y 1341 de 2009. Por tal motivo, es claro que al momento de la finalización de los contratos, los concesionarios se encontraban llamados a llevar a cabo la entrega material de los bienes afectos al servicio público. Según expresó la Corte Constitucional en la sentencia en comento, «la cláusula de reversión se incorpora por mandato legal en aquellos contratos de concesión de bienes estatales, regla a partir de la cual se entiende que el contrato de telefonía móvil, el cual implica la concesión del espectro magnético, se ajusta a este tipo de acuerdos y, en consecuencia, le resultaba aplicable el precepto legal transcrito». De conformidad con este planteamiento, la cláusula de reversión se incluye en los contratos de concesión de telefonía móvil celular por mandato legal y dentro de ella se encuentra incluido el deber de retornar las franjas del espectro que hubieren sido utilizadas. Por el contrario, de acuerdo con el análisis planteado en el laudo arbitral, la cláusula de reversión pactada en estos contratos habría tenido origen en la voluntad de las partes. Esto es así dado que, a juicio del tribunal, el objeto de estos contratos no era la concesión para la explotación de un bien del Estado —el espectro electromagnético, valga decir—, sino la concesión de un servicio público no domiciliario.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el control de constitucionalidad de los artículos 4 de la Ley 422 de 1998 y 68 de la Ley 1341 de 2009, ver: Corte Constitucional, sentencia C-555 de 2013
FUENTE FORMAL:
LEY 1341 DE 2009 - ARTÍCULO 68, LEY 422 DE 1998 - ARTÍCULO 4
CONTRATO DE CONCESIÓN / CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES / CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL / CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE REVERSIÓN / REVERSIÓN DEL BIEN / INAPLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Según se lee en el laudo arbitral, la transmisión de la propiedad —de las sociedades concesionarias al Estado— no era posible debido a que la red y los demás bienes dispuestos para el cumplimiento del objeto contractual también estaban siendo empleados para la prestación de otros servicios distintos a los convenidos originalmente. En estos términos, la imposición de la obligación de pagar «la compensación económica por la reversión de los activos» es resultado de la imposibilidad de separar —sin perjuicio del cobro de una contraprestación por el uso de los activos— los bienes exclusivamente destinados a la prestación del servicio de voz de la masa patrimonial creada por las sociedades concesionarias en cumplimiento del contrato. En este orden de ideas, de acuerdo con el criterio expresado por el Tribunal de Arbitramento, la convergencia tecnológica que permitió que se prestasen diversos servicios de telecomunicaciones empleando una misma red es la misma causa por la que no fue posible ordenar la entrega material de los bienes sujetos a la cláusula de reversión. La cláusula trigésima tercera de los contratos de concesión únicamente exigía a las sociedades concesionarias la aplicación del pacto de reversión en los términos de la ley. Y, según se dijo oportunamente, lo cierto es que la entrega de los bienes adquiridos y construidos por las sociedades no solo hubiese supuesto el cumplimiento del pacto, sino también —y de manera inexorable— la entrega de un excedente no incluido en la estipulación contractual, pues esos mismos bienes también se utilizaban para la prestación del servicio de datos. De lo anterior se sigue que la hipotética imposición del deber de cumplir la obligación in natura hubiere acarreado un desbordamiento del objeto de la cláusula de reversión.
FUENTE FORMAL:
LEY 1341 DE 2009 - ARTÍCULO 68, LEY 422 DE 1998 - ARTÍCULO 4, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, RESOLUCIÓN 597 DE 2014 - ARTÍCULO 27, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, RESOLUCIÓN 598 DE 2014 - ARTÍCULO 27
LAUDO ARBITRAL / CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL / CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL BIEN PÚBLICO / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / PAGO DE LA COMPENSACIÓN / PAGO DE COMPENSACIONES / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
De acuerdo con lo estipulado en el artículo vigésimo séptimo de las Resoluciones 597 y 598, el valor la contraprestación de uso de los bienes en cuestión quedó sometido a las dos siguientes condiciones: que se hubieren determinado los bienes y elementos afectos a la prestación, momento a partir del cual el Ministerio debería proceder a determinar el valor de la contraprestación, y que la forma de pago hubiese sido determinada dentro de los seis meses siguientes a la finalización de la etapa de liquidación de los contratos de concesión. La Sala concluye que la primera condición se cumplió con la aprobación del laudo arbitral, decisión en la que quedaron determinados los bienes y elementos sujetos a la cláusula de reversión. La liquidación de los contratos de concesión no se efectuó dentro del término previsto por la ley. De acuerdo con las particularidades del caso concreto, dicho término es de dos años y ocho meses, lapso que corresponde a la caducidad del medio de control de solución de controversias contractuales. (…) [M]erced a la pretensión formulada a este respecto por el Ministerio, la liquidación fue objeto de análisis en el laudo arbitral. No obstante, el Tribunal declaró su improcedencia tras considerar que no existían los elementos de juicio y las pruebas necesarias para determinar de manera cierta los derechos y obligaciones de las partes, requisito sin el cual resultaba imposible realizar un corte de cuentas que permitiera establecer cuáles eran los débitos recíprocos que subsistían y cuál era su monto. Por consiguiente, habiendo sido denegada en el laudo arbitral la pretensión de liquidación del contrato, y hallándose vencidos todos los términos relativos a la posibilidad de liquidar de manera unilateral o bilateral el contrato, las partes deben estarse a lo resuelto en el contenido de dicho laudo arbitral.
FUENTE FORMAL:
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, RESOLUCIÓN 597 DE 2014 - ARTÍCULO 27, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, RESOLUCIÓN 598 DE 2014 - ARTÍCULO 27
LAUDO ARBITRAL / CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL / CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL BIEN PÚBLICO / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / PAGO DE LA COMPENSACIÓN / PAGO DE COMPENSACIONES / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Es ejecutable lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de las Resoluciones 597 y 598 de 2014, teniendo en cuenta que ello implicaría liquidar a cargo de los operadores el valor de una “contraprestación por el uso” de los bienes y elementos objeto de reversión entre la fecha de terminación de los contratos y la fecha en que pagaron la compensación por su equivalente económico?
¿Podría entenderse que los bienes y elementos objeto de reversión nunca salieron del patrimonio de las compañías Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y Comcel S.A.?
Si se entendiera que los bienes nunca salieron del patrimonio de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y Comcel S.A. ¿Es ejecutable lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de las resoluciones 597 y 598 de 2014?
Respuesta al problema jurídico: No
Con base en la voluntad de las partes que suscribieron los contratos de concesión —la cual se encuentra consignada en la cláusula trigésima tercera de tales acuerdos—, y de acuerdo con el ordenamiento jurídico, en un todo acatados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-555 de 2013 y por el Tribunal de Arbitramento en el laudo del 25 de julio de 2017, la cláusula de reversión cobró eficacia en el momento en que terminaron, de manera anticipada, los contratos de concesión. Por consiguiente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adquirió la propiedad de los bienes destinados al cumplimiento del objeto contractual en ese momento. En el laudo arbitral, por otro lado, se dispuso el pago de una «compensación económica por la reversión de los activos», es decir, una cuantificación del valor actual que hubiesen tenido los bienes afectos a la concesión para la fecha de la terminación de los contratos, como consecuencia de la imposibilidad de llevar a cabo el cumplimiento de la obligación in natura. Igualmente, según consta en el laudo, dicha imposibilidad es consecuencia de que la misma red y los mismos bienes que fueron destinados al cumplimiento del objeto contractual también hubieren sido utilizados para la prestación de otra clase de servicios accesorios a la concesión, como la transmisión de datos. En consecuencia, la reversión física e integral de tales elementos no resultaba posible, pues hubiera excedido el alcance de la cláusula de reversión y hubiera afectado la continuidad de la prestación de los otros servicios de telecomunicaciones. Una vez terminados los contratos de concesión, el Ministerio consintió que la tenencia y la explotación de los bienes sometidos a la cláusula de reversión continuaran siendo ejercidas por las antiguas sociedades concesionarias. Esta decisión —que dio lugar, más adelante, a la aprobación del artículo vigésimo séptimo de las Resoluciones 597 y 598— tenía por objeto garantizar la continuidad del servicio de telecomunicaciones, propósito que encuentra pleno respaldo en la ley y en el ordenamiento constitucional colombiano. Empero, la obligación cuya imposición prevé el artículo vigésimo séptimo de las resoluciones no es actualmente ejecutable por las siguientes razones: en primer lugar, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones carece de competencia para aprobar nuevos actos administrativos que establezcan el valor de la contraprestación de uso de los bienes destinados al cumplimiento del objeto contractual. En segundo término, por las razones expuestas en este concepto, no se realizó la liquidación de los contratos de concesión ni se determinó —dentro del término fijado para tal efecto en las Resoluciones 597 y 598— la forma de pago de la contraprestación por el uso de los bienes afectos a la concesión; estas circunstancias —concluye la Sala— anulan la posibilidad de ejecutar en la actualidad la obligación establecida en el artículo vigésimo séptimo.
FUENTE FORMAL:
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, RESOLUCIÓN 597 DE 2014 - ARTÍCULO 27, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, RESOLUCIÓN 598 DE 2014 - ARTÍCULO 27
ACLARACIÓN DE VOTO / LAUDO ARBITRAL / CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL / CLÁUSULA DE REVERSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL BIEN PÚBLICO / OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO / PAGO DE COMPENSACIONES
Problema jurídico:
¿El laudo arbitral se refirió específicamente a la controversia poscontractual, en cuanto desata el punto relativo a los bienes afectos a la concesión, materia de reversión, y alrededor de cuyos derechos por uso se refiere la consulta elevada?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l laudo arbitral no se pronunció sobre el costo de oportunidad del dinero desde el 28 de noviembre de 2013. Solo en los términos aquí expresados puede entenderse la afirmación de que «el laudo arbitral no generó efecto directo alguno sobre las resoluciones aprobadas por el Ministerio.» Como ha quedado dicho, el laudo se interseca con la controversia poscontractual, en cuanto desata el punto relativo a los bienes afectos a la concesión, materia de reversión, y alrededor de cuyos derechos por uso se refiere la consulta elevada. Sobre eso, de manera concreta, se pronunció el laudo. El laudo reemplazó el dominio sobre el que operó la reversión, por un subrogado pecuniario. Este escrito de aclaración se apoya, pues, en un recuento interpretado de los hechos que dieron lugar a la consulta formulada por el Gobierno. Se trata del terreno positivo: lo que acaeció. No parecieran tener lugar especulaciones sobre lo que pudo haber ocurrido, o lo que, ex post, se pueda pensar como mejores escenarios normativos y operacionales.
NOTA DE RELATORÍA:
Aclaración de voto del consejero Germán Alberto Bula Escobar