Titulación de la relatoría 18.935 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / MAGISTRADO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ELECCIÓN DEL ALCALDE / ACTO DECLARATORIO DE LA ELECCIÓN / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMISIÓN ESCRUTADORA DEPARTAMENTAL / PLANTA DE PERSONAL TRANSITORIA / INCOMPETENCIA POR ERROR INEXCUSABLE / DISCREPANCIA EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / IRREGULARIDAD EN EL ESCRUTINIO DE VOTOS / SENTENCIA DE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SENTENCIA CONDENATORIA / POSESIÓN DEL CARGO PÚBLICO DE ELECCIÓN
Problema jurídico:
¿El alegado error inexcusable en la determinación de la competencia de la Comisión Nacional Electoral para pronunciarse sobre la elección del alcalde municipal de Aguachica, no se configuró debido a que la Comisión Escrutadora Departamental, quien en principio debía declararla, al ser un cuerpo colegiado transitorio, ya se encontraba disuelto al momento en que el CNE tomó la decisión correspondiente?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a señora (…) promovió proceso de reparación directa contra el CNE, para que se le reconocieran los perjuicios causados por el hecho de ser declarada alcaldesa tardíamente. Ese juicio culminó con la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 1° de agosto de 2016 exp. 37071-, en la que se condenó al CNE a pagar a la demandante los salarios dejados de percibir entre la fecha en que debió tomar posesión de su cargo como alcaldesa y el día en que efectivamente lo hizo. (…) De cara a la imputación de culpa grave por la errada determinación de la competencia para declarar la elección del alcalde de Aguachica, Cesar, esta Subsección precisa que la sola equivocación en que incurre un funcionario que profiera una decisión que luego es anulada no es fuente de responsabilidad, pues conforme a lo previsto en la Ley 678 de 2001 se exige que el error sea de aquellos que no puede excusarse, o que quien lo padece no pueda ofrecer motivo válido que sirva para disculparlo. En tal sentido, no bastaba con demostrar que ese aspecto del Acuerdo No. 005 de 2003 fue anulado, sino que debía hacerse un esfuerzo probatorio por la entidad demandante, para demostrar que tal decisión estuvo determinada por un error de esa naturaleza. Sin embargo, dicha carga procesal no se cumplió, en tanto quedó claro que lo que hubo en este caso fue una discrepancia interpretativa entre el CNE y el Consejo de Estado, en torno al alcance de la competencia prevista en los artículos 265 # 3 de la Constitución Política y 12 # 8 del Código Electoral. Concretamente, para los accionados dichos preceptos le permitían al CNE pronunciarse sobre la declaratoria de la elección del alcalde municipal de Aguachica, Cesar, debido a que la Comisión Escrutadora Departamental no efectuó un pronunciamiento expreso sobre este punto y, al ser un cuerpo colegiado transitorio, al momento en que el CNE tomó la decisión correspondiente este ya se encontraba disuelto y no podía “devolverse” el expediente para que adoptara la decisión correspondiente. Así las cosas, aunque la decisión fue anulada, no existió un error inexcusable en la determinación de la competencia, toda vez que este aspecto de la decisión se adoptó con criterios jurídicamente plausibles derivados de una interpretación razonable de los artículos 265 # 3 de la Constitución Política y 12 # 8 del Código Electoral, que comprendió que, en su condición de superior de la Comisión Escrutadora Departamental, debía suplir el silencio de ese organismo en relación con la declaratoria de la elección de un alcalde.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el error inexcusable en la determinación de la competencia, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de octubre de 1972.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 265 NUMERAL 3, DECRETO LEY 2241 DE 1986 - ARTÍCULO 12 NUMERAL 8, LEY 678 DE 2001
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL / REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD DEL ESTADO / MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / MIEMBROS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / ÓRGANO COLEGIADO
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos de repetición iniciados contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el numeral 13 del artículo 149 del CPACA -sin la modificación de la Ley 2080 de 2021-, la Sala tiene competencia para resolver la presente controversia en única instancia, ya que esta Corporación conoce de las demandas de repetición interpuestas en contra de los funcionarios allí enlistados, así como de aquellas promovidas contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional. (…) Para el caso particular, debe observarse que el Consejo Nacional Electoral encuadra en la noción de órgano del orden nacional, de acuerdo con lo previsto en los artículos 113, 264 y 265 de la Constitución Política. (…) Conforme lo prevé el artículo 28 de la Resolución No. 65 de 1996, la función de representación legal del CNE recae en su presidente. De este modo, como el demandado (…) se desempeñó como presidente del Consejo para la época de los hechos en virtud de los cuales se repite (...), y esta entidad tiene la naturaleza de organismo autónomo del orden nacional -arts. 113 y 264 C. Política-, corresponde al Consejo de Estado conocer el presente asunto en única instancia, en aplicación de lo previsto en el artículo 149 # 13 del CPACA -en su redacción original-. A la misma conclusión sobre la competencia del Consejo de Estado, se arriba al considerar que el señor (…) desempeña el cargo de magistrado de la Corte Constitucional desde el 6 de febrero de 2017, esto es, con anterioridad a la radicación de la demanda el 2 de agosto de 2018. De este modo, debe aplicarse la regla de competencia según la cual esta Corporación conoce de las acciones de repetición instauradas contra los miembros de la Corte Constitucional -art. 149 # 13 del CPACA -, conforme al criterio jurisprudencial sostenido por esta Subsección, según el cual se puede determinar la competencia con base en el cargo que ostenta el agente estatal accionado al momento de formularse la demanda. Es importante aclarar que, si bien los demás demandados (…) no eran representantes legales del CNE, ni ostentan la calidad de magistrados de la Corte Constitucional, la competencia para conocer del presente asunto recae en esta Corporación, a efectos de que exista unidad de criterio en el estudio de la responsabilidad que pueda caber contra los funcionarios que desplegaron una misma conducta al actuar como órgano colegiado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la determinación de la competencia en única instancia en procesos de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de marzo de 2022, rad. 57179, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 31 de mayo de 2024, rad. 61776, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 4 de marzo de 2022, rad. 57179, C. P. José Roberto Sáchica; sentencia de 6 de julio de 2022, rad. 55887, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 18 de marzo de 2024, rad. 63396, C. P. María Adriana Marín; Sección Quinta, sentencia de 19 de septiembre de 2011, rad. 11001-03-28-000-2010-00041-00, M. P. Susana Buitrago Valencia.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 113, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 264, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 265, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13, LEY 2080 DE 2021
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / SENTENCIA DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Problema jurídico:
¿El término de caducidad del medio de control de repetición inicia su cómputo a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago cuyo reintegro se pretende?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Subsección ha dejado claro que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación -18 meses, artículo 177 del CCA-si el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos. La Sala pone de presente que la condena objeto del sub examine se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, por lo que la condena debía ser acatada en los términos de los artículos 177 y 178 de esa misma codificación. Específicamente, la condena en virtud de la cual se formula la pretensión de repetición fue proferida por el Consejo de Estado el 1° de agosto de 2016 y quedó ejecutoriada el 21 de noviembre de 2016. De este modo, el plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA corrió hasta el 22 de mayo de 2018, lapso dentro del cual, la hoy accionante realizó el pago, el día 6 de febrero de 2018 (…). En ese contexto, debe concluirse que el término de caducidad debe computarse desde la fecha en la cual se efectuó el pago, por lo que el plazo máximo para interponer la demanda era el 7 de febrero de 2020 y, dado que aquella se presentó el 2 de agosto de 2018, se concluye que el ejercicio del derecho de acción fue oportuno.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 5 de abril de 2017, rad. 58762, M. P. Hernán Andrade Rincón.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 178
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / PAGO DE LA CONDENA / REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL / SENTENCIA CONDENATORIA / FACULTADES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MAGISTRADO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / HEREDERO / EXSERVIDOR PÚBLICO / CONDENA CONTRA EL ESTADO
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa por activa recae sobre el Consejo Nacional Electoral al ser la entidad en cuyo patrimonio recayó la condena patrimonial en virtud de la cual se formulan las pretensiones de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l Consejo Nacional Electoral está legitimado en la causa por activa, en los términos del artículo 8° de la Ley 678 de 2001, al ser la entidad en cuyo patrimonio recayó la condena patrimonial en virtud de la cual se formulan las pretensiones de repetición. En cuanto a la legitimación por pasiva, se tiene que la demanda se dirigió contra los señores (…), quienes en su condición de magistrados del Consejo Nacional Electoral (...) suscribieron el Acuerdo No. 005 del 22 de diciembre de 2003 (...). También se encuentran legitimados en la causa los herederos indeterminados del señor (…), toda vez que su fallecimiento ocurrió el 1° de noviembre de 2019 (...), esto es, de manera posterior a la imposición de la condena por la que se repite -1° de agosto de 2016 (...), e igualmente posterior al día en que se radicó la demanda -2 de agosto de 2018 (...). Esto, en aplicación del criterio jurisprudencial fijado por esta Corporación, según el cual, los herederos carecen de legitimación solo en los eventos en que la muerte del exfuncionario es anterior a la imposición de la condena patrimonial al Estado y la demanda de repetición se formula en contra de ellos y no frente al exagente estatal.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la legitimación en la causa, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 2022, rad. 65762, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8
RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AUTONOMÍA DEL JUEZ / CONDENA CONTRA EL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA
Problema jurídico:
¿El juez de repetición debe estudiar si se acreditaron las presunciones legales de dolo o culpa grave y demás presupuestos del medio de control, dado que el fallo condenatorio de responsabilidad patrimonial del Estado no implica automáticamente la responsabilidad del agente estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado el carácter autónomo e independiente que el legislador le imprimió al ejercicio de la acción de repetición, la condena a una entidad estatal a través de un juicio previo y totalmente diferente al de la referencia no implica automáticamente la responsabilidad del agente o exagente estatal que eventualmente hubiere dado lugar a la misma o que hubiere participado en los hechos correspondientes, pues la conducta que se le endilga debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el respectivo proceso de repetición. De este modo, la responsabilidad del agente estatal solo puede declararse en la medida en que se comprueben los elementos de las presunciones de dolo o culpa grave invocadas en la demanda, de manera que el juez de la acción de repetición debe evaluar la conducta del agente público para determinar si hay lugar o no a atribuirle responsabilidad, aspecto que es inherente al objeto del presente juicio. En ese contexto, el análisis de la responsabilidad del agente debe efectuarse teniendo en consideración lo consagrado en el artículo 167 del Código General del Proceso que establece que “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Este mandato legal, conjugado con lo previsto en el artículo 168 del mismo estatuto procesal, impone a la entidad demandante la carga de acreditar los hechos que fundamentan su pretensión de condena, mediante los medios de prueba que cumplan con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y licitud. Vale precisar que quien alegue en su favor una presunción deberá probar plenamente y, a través de medios de prueba que reúnan las condiciones indicadas previamente, los hechos que le dan su origen, puesto que resulta claro que el legislador no estableció una suerte de tarifa legal para acreditar aquel supuesto fáctico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad del agente del Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, rad. 33450, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 22 de julio de 2009, rad. 22779, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / PRINCIPIO DE EFICACIA DEL VOTO / CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / SUSTENTACIÓN DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ELECCIÓN DEL ALCALDE / IRREGULARIDAD EN EL ESCRUTINIO DE VOTOS / COMPETENCIA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL / DISCREPANCIA EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / ERROR INEXCUSABLE / PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FALTA DE PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El CNE acreditó que los accionados incurrieron en una conducta gravemente culposa al haber proferido el Acuerdo 005 del 18 de diciembre de 2003, con “violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho” y “con carencia de competencia determinada por error inexcusable”?
Respuesta al problema jurídico: No
Los cargos así formulados no están llamados a prosperar, en la medida en que el CNE no acreditó que los accionados actuaron bajo el influjo de errores inexcusables en la determinación de la competencia y la adopción de las decisiones contenidas en el Acuerdo No. 005 del 22 de diciembre de 2003 (...). [L]a violación manifiesta e inexcusable de una norma legal se configura cuando no resulta necesario realizar mayores consideraciones para deducirla y cuando ella aparece totalmente injustificada. Sin embargo, esa actuación injustificada no ocurrió en el presente asunto, pues la decisión anulada estuvo precedida de un debate jurídico ponderado en el que explícitamente se puso en discusión la aplicación del principio de eficacia del voto y se optó por una postura menos rígida, que tuviera en cuenta la valoración de las pruebas obrantes en el plenario y la aplicación de un antecedente jurisprudencial relevante para el caso particular. (…) [E]l CNE optó por valorar las pruebas con que contaba, para establecer que existían indicios graves de la entrega extemporánea en aquellas mesas en las que el formulario E-20 daban cuenta de que los documentos electorales fueron introducidos en el arca triclave en una fecha posterior al día de la elección. Y aunque ese razonamiento fue desvirtuado en sede judicial, no fue por una actuación arbitraria y sin fundamentos del CNE, sino porque el juez electoral tenía una diferencia interpretativa al respecto, lo cual conduce a concluir que el error no fue manifiesto e inexcusable. Debe dejarse claro que no quiere decir la Sala que en el proceso de nulidad electoral el operador judicial hubiere errado, sino que ese aspecto que identificó como transgredido objetivamente no es posible imputarlo a los aquí demandados, debido a que en el presente juicio no se incorporaron al expediente pruebas que permitieran establecer que esa actuación fue gravemente culposa. Por todo lo dicho, se concluye que, al no estar probada la imputación de responsabilidad realizada por el CNE, deben negarse las pretensiones de la
demanda.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿En el medio de control de repetición se ventila un interés público con lo cual resulta improcedente la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila un asunto de “interés público”. Ahora bien, de conformidad con la sentencia C-832 de 2001, el proceso de repetición, al estar encaminado a la protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos en que se ventila un interés público. Por esta razón, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso .
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188