Titulación de la relatoría 50.212 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONCEPTO PARA PRECAVER LITIGIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / CLASES DE CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN / FONADE / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO ATÍPICO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ATÍPICO / EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL / PROYECTO DE INVERSIÓN / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS
OBITER DICTUM
i) Para entender la naturaleza jurídica, el objeto y el alcance de los contratos de gerencia integral de proyectos, es necesario partir del objeto de ENTerritorio y de las funciones que le asigna la ley, así como de la finalidad que motiva a otras entidades públicas para contratar sus servicios. ii) La gerencia integral de proyectos es una de las varias líneas de negocio ofrecidas por ENTerritorio para el cumplimiento de su objeto. iii) En esta línea de negocios, en particular, ENTerritorio se hace cargo de ejecutar integralmente un programa o proyecto de otra entidad pública, por su cuenta y riesgo, haciéndose cargo de su gestión técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental, entre otros aspectos. iv) Este conjunto de servicios se presta mediante la celebración de un contrato, entre ENTerritorio y otra entidad pública (del orden nacional o territorial, y del sector central o descentralizado), denominado contrato de gerencia integral de proyectos. v) Dicho contrato, por lo tanto, es un contrato interadministrativo, que se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en aquellos casos en que la entidad pública beneficiaria del servicio no esté sometida a dicha normativa (como no lo está ENTerritorio). vi) Al tratarse de un contrato interadministrativo (y encontrarse las dos partes, por lo tanto, en igualdad de condiciones), no pueden pactarse cláusulas excepcionales o exorbitantes, como lo dispone expresamente el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993. vii) Se trata de un contrato atípico, pues, si bien su objeto se enmarca, en principio, dentro del contrato de consultoría, que define el artículo 32, numeral 2°, de la Ley 80 de 1993, en algunos casos ENTerritorio asume, adicionalmente, obligaciones propias de otros tipos de contratos, que pueden ser de medio o de resultado. viii) De lo anterior, se desprende que los recursos suministrados a ENTerritorio para la ejecución del proyecto, por parte de la entidad pública beneficiaria, se entienden pagados a título de precio o contraprestación, y no como anticipo, ni tampoco se consideran entregados para su administración. Esto implica que las sumas respectivas se transfieren efectivamente de la entidad interesada a ENTerritorio, por lo que los rendimientos financieros generados con tales dineros pertenecen, igualmente, a ENTerritorio, salvo estipulación en contrario. ix) En todo caso, dado que estos contratos pueden abarcar una amplia gama de actividades y obligaciones, y pueden suscribirse para el logro de diversos fines, es necesario analizar los antecedentes y las cláusulas de cada contrato, en particular, para determinar su alcance, la naturaleza de las obligaciones de cada uno de los contrayentes y la responsabilidad consiguiente, en el evento de ocurrir un incumplimiento.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los contratos de gerencia integral de proyectos celebrados por ENTerritorio, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conceptos 1881 del 30 de abril de 2008, 1994 del 20 de mayo de 2010, 2135 del 9 de abril de 2013, 2271 del 10 de mayo de 2016, 2299 del 12 de diciembre de 2017 y 00002 del 16 de diciembre de 2019 // En el presente concepto la Sala de Consulta y Servicio Civil realizó un estudio del marco jurídico, normativo y jurisprudencial de lo que se entiende por gerencia integral de proyectos, las obligaciones de medio y de resultado y las causales de exoneración en las obligaciones de resultado.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 288 DE 2004 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 2
PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS / RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS / FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS / FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / COMISIÓN RECTORA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS / INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS / SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / FASE DE PERFIL / FASE DE PREFACTIBILIDAD / FASE DE FACTIBILIDAD
OBITER DICTUM
i) La explotación de los recursos naturales no renovables genera, a favor del Estado, un ingreso, denominado regalía, sin perjuicio de las demás compensaciones que se acuerden. Las entidades territoriales tienen un derecho a participar en tales recursos, ya sea directamente o bien de forma indirecta (a través de ciertos fondos, entidades y mecanismos), de la forma en que lo regula la Constitución y la ley. ii) Mediante el Acto Legislativo 5 de 2011, se creó el Sistema General de Regalías (SGR), como un conjunto de recursos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones que tienen por objeto determinar la distribución, los objetivos, la administración, la ejecución, el control, el uso y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, así como las condiciones de participación de sus beneficiarios. iii) Los ingresos provenientes de las regalías y compensaciones deben usarse principalmente para efectuar inversión social en sectores prioritarios (salud, educación, medio ambiente, transporte, etc.), que contribuyan efectivamente a mejorar la calidad de vida de los habitantes; a generar desarrollo económico y social en las entidades territoriales; a disminuir la inequidad entre las diferentes regiones y grupos sociales del país; a conservar y recuperar el medio ambiente; a promover la actividad minero-energética, en condiciones de eficiencia y sostenibilidad, y a generar ahorros para épocas de escasez o bajos precios en los productos mineros y petroleros (equidad intergeneracional). iv) Lo anterior implica que los proyectos de inversión que presenten las entidades territoriales, para ser financiados total o parcialmente (cofinanciados) con esta clase de recursos, están sujetos a especiales procedimientos, controles, instancias, condiciones y requisitos establecidos en la ley, en las normas reglamentarias dictadas por el Gobierno y en los acuerdos expedidos por la Comisión Rectora del SGR, para velar porque tales dineros se utilicen exclusivamente en los fines señalados, y se inviertan en condiciones de eficiencia, viabilidad, transparencia, eficacia, impacto regional, pertinencia, sostenibilidad y armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades territoriales. v) Los citados proyectos tienen un ciclo, que determina los requisitos que deben cumplir, el trámite que debe seguirse y las competencias de las autoridades respectivas. Este ciclo abarca tres etapas principales, a saber: i) la formulación, la estructuración, la presentación, la revisión y el análisis sobre su viabilidad; ii) la priorización y aprobación, y iii) la ejecución o realización material del proyecto, que incluye la celebración y el cumplimiento de los contratos que sean necesarios, así como el monitoreo, seguimiento, control y evaluación de la inversión. vi) En cuanto al nivel de desarrollo y precisión que puede tener un proyecto, para efectos de su estructuración, presentación y revisión o verificación, en forma previa a su aprobación, las normas reglamentarias señalan que aquel puede encontrarse en cualquiera de estas etapas: a) fase 1: perfil, b) fase 2: prefactibilidad y c) fase 3: factibilidad. vii) Para cada una de estas etapas, las mismas disposiciones y, especialmente, el Acuerdo Único del SGR, establecen condiciones y requisitos, tanto generales como especiales, teniendo en cuenta el tipo de proyecto de que se trate, la fuente de recursos que pretenda utilizarse en su financiación (si es solo con recursos del SGR, o también con otros ingresos) y el sector en el cual se propone efectuar la inversión. viii) El presupuesto bienal del SGR incluye un rubro para su funcionamiento (de hasta el 2% del total de sus recursos), que es administrado por la Comisión Rectora. Dentro de esta asignación, dicho órgano destinó una partida para financiar el programa «Fortalecimiento de Capacidades en Estructuración de Proyectos a los Entes Territoriales», del cual forma parte el subprograma denominado «Asistencia técnica aplicada en estructuración de proyectos». Tales sumas deben ser ejecutadas por el DNP, con el propósito de fortalecer la capacidad de las secretarías de planeación municipales y departamentales para la formulación, estructuración y presentación de proyectos de inversión a ser financiados o cofinanciados con recursos del SGR.
FUENTE FORMAL:
ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2005 - ARTÍCULO 1, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 332, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 360, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 361, DECRETO 1082 DE 2015, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 51, LEY 1530 DE 2012, LEY 1744 DE 2014 - ARTÍCULO 40, LEY 2056 DE 2020
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS / RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS / INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / OBLIGACIÓN DE RESULTADO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / FASE DE PERFIL / FASE DE PREFACTIBILIDAD / FASE DE FACTIBILIDAD
OBITER DICTUM
Luego de revisar de manera sistemática y armoniosa los principales antecedentes del contrato interadministrativo SGR-053/215050 de 2015, suscrito entre el DNP y Fonade (ENTerritorio); las cláusulas de dicho documento; sus principales anexos (Manual Operativo y Anexo Técnico); las modificaciones contractuales celebradas y sus antecedentes, especialmente, las contenidas en los otrosíes 4, 5, 6 y 7, la Sala extrae las siguientes conclusiones generales: a) El contrato interadministrativo se celebró con el objeto principal de encargar a ENTerritorio la gerencia integral del programa de fortalecimiento a la capacidad de planeación de las entidades territoriales para la estructuración y formulación de proyectos de inversión que pretendan financiarse (total o parcialmente) con recursos del Sistema General de Regalías (regalías y compensaciones). Dicho programa, y la administración de los recursos públicos necesarios para su ejecución, está en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, conforme a la atribución que le hizo la Comisión Rectora del SGR. b) Con dicho programa y la celebración del contrato interadministrativo, se buscaba, principalmente, mejorar y fortalecer la capacidad de las entidades territoriales para postular, estructurar, presentar y ejecutar proyectos de inversión financiados (total o parcialmente) con recursos del SGR, en forma viable, es decir, cumpliendo con los criterios y las normas jurídicas y técnicas establecidas para la utilización de los recursos de dicho Sistema, tanto por el Legislador como por el Gobierno nacional y la Comisión Rectora, de manera tal que exista una alta probabilidad de que los respectivos proyectos sean aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) o las demás autoridades competentes, y los recursos asignados a los entes territoriales, dentro del SGR, sean efectiva y adecuadamente invertidos. c) En este contexto y para dicha finalidad, se incluyeron, en el objeto contractual, tres componentes principales (según se deduce de sus antecedentes y de los anexos), a saber: i) asistencia técnica aplicada para el fortalecimiento de la capacidad de planeación de las entidades territoriales en el ciclo de preinversión de proyectos (estructuración de proyectos); ii) elaboración de un marco metodológico y transferencia de conocimientos, y iii) apoyo operativo y logístico para el Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalías (posteriormente, denominado Dirección del Sistema General de Regalías). d) Solamente con respecto al primer componente (estructuración de proyectos) y, dentro de este, a seis proyectos o subproyectos específicos, es que se presentaron las controversias o diferencias contractuales entre las dos partes, que fueron sometidas a consideración de la Sala, en la presente consulta. e) En lo que atañe a la ejecución de dicho componente, es importante manifestar que, en el contrato interadministrativo, tanto ENTerritorio como el DNP adquirieron determinadas obligaciones. Asimismo, se requería la asunción de obligaciones y compromisos por parte de las entidades territoriales que postularon originalmente los proyectos ante el DNP. De esta forma, la realización exitosa de este componente exigía la coordinación y colaboración permanentes y estrechas entre ENTerritorio, el DNP y las entidades territoriales. f) Ahora bien, en lo que concierne particularmente a las obligaciones de ENTerritorio, en relación con este componente, aquellas se encuentran previstas, principalmente, en la cláusula segunda del contrato. No obstante, algunas otras, así como el alcance de aquellas obligaciones previstas expresamente en la citada cláusula, en cuanto a su extensión, forma de cumplimiento, condiciones técnicas y la oportunidad para su solución o pago, se encuentran estipulados en otros documentos que fueron incorporados al contrato, por voluntad de las partes, especialmente, la propuesta entregada por ENTerritorio, el Anexo Técnico y el Manual Operativo. En consecuencia, es necesario remitirse a dichos documentos, así como a las normas aplicables, para establecer si una determinada obligación o un conjunto de obligaciones fue ejecutado en forma completa, adecuada y oportuna. g) Tales prestaciones corresponden principalmente a obligaciones de resultado, pues se referían a la entrega de determinados «productos», por parte de ENTerritorio, en unas condiciones específicas y en un término establecido. Dichos productos consistían en determinados documentos técnicos, financieros y/o jurídicos relacionados con la estructuración de los proyectos (informes, estudios de viabilidad o de alternativas, planos, diseños, proyectos de pliegos de condiciones, minutas de contratos, etc.). Se aclara que los plazos previstos para la entrega de algunos productos dependían, originalmente, de la fecha de entrega de los productos precedentes y de la revisión y aprobación de estos, por parte del DNP (en ciertos casos), así como de la dimensión y complejidad de cada proyecto (según lo informara ENTerritorio al DNP). h) Según lo pactado en dichos documentos, en armonía con lo dispuesto en las normas aplicables, especialmente, en el Decreto 1082 de 2015 y el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías, adoptado por la Comisión Rectora, la estructuración completa de estos proyectos de inversión debía efectuarse en cuatro etapas principales: i) perfil, ii) prefactibilidad, iii) factibilidad y iv) entrega definitiva del proyecto (que incluía los documentos necesarios para que la entidad territorial solicitara la aprobación del proyecto ante el OCAD y, luego, contratara su ejecución). En cada una de estas etapas, era necesario evaluar la viabilidad del proyecto, a la luz de las normas que regulan el SGR, para pasar a la etapa siguiente. i) Lo anterior implicaba que no todos los proyectos que fueron encomendados por el DNP a ENTerritorio, durante la ejecución del contrato, para su correspondiente estructuración, debían culminar necesariamente con la entrega definitiva del proyecto, en fase de factibilidad, pues, en la medida en que tales proyectos surgieron de ideas planteadas originalmente por las entidades territoriales, para satisfacer determinada necesidad, y que fueron considerados viables, en principio, por el DNP, con base en la información preliminar suministrada por el respectivo ente territorial, podían ser considerados inviables en el decurso de la estructuración. De esta manera, algunos de dichos proyectos podían ser entregados en forma definitiva, luego de superar la etapa de factibilidad; otros podían llegar solo hasta la etapa de prefactibilidad, y unos últimos, incluso, apenas podían llegar hasta la formulación del perfil. j) A pesar de lo anterior, en el otrosí n.° 4 del 11 de enero de 2018, ENTerritorio se obligó frente al DNP a entregar un grupo de dieciséis proyectos determinados, «estructurados integralmente en fase de factibilidad», «a más tardar el 30 de abril de 2018», es decir, en un plazo cierto. Es necesario aclarar que, dentro de este conjunto de proyectos, se encuentran los seis a los que se refiere específicamente la consulta. Este plazo fue ratificado expresamente en el otrosí n° 5 del 30 de abril de 2018. k) En el mismo acuerdo modificatorio, además, se sustituyó uno de los proyectos concernidos (el identificado con el número 15: infraestructura educativa de la provincia de Ocaña y sur del Cesar), por otro (mejoramiento de la cadena de comercialización de los productos cárnicos aptos para el consumo Humano, en Fundación, Magdalena). Por lo tanto, es claro que, frente a dicho proyecto, las partes liberaron a ENTerritorio de su obligación de entregarlo, estructurado integralmente en fase de factibilidad, dentro del plazo acordado (30 de abril de 2018). Sin embargo, ENTerritorio mantenía, en relación con la estructuración del citado proyecto, las demás obligaciones y derechos pactados en el contrato interadministrativo. l) La suscripción de los otrosíes 4 y 5 tiene una importancia fundamental en el análisis jurídico de la controversia suscitada entre las partes, particularmente en cuanto a la naturaleza y el alcance de las obligaciones asumidas por ENTerritorio, en relación con el componente de asistencia técnica para la estructuración de proyectos, así como en la determinación del incumplimiento parcial, que alega el DNP (…). m) Tal como se desprende de los documentos que conforman el expediente de la consulta, ENTerritorio entregó, efectivamente, al DNP, antes del 30 de abril de 2018, o en esa fecha, los dieciséis proyectos indicados en el otrosí n.° 5, estructurados, aparentemente, en fase de factibilidad, junto con otros proyectos incluidos en el contrato. No obstante, luego de revisar los veinte proyectos entregados, el DNP solamente recibió uno, en forma definitiva, y devolvió los diecinueve restantes, con observaciones de diferente tipo, para que fueran corregidos, completados o subsanados por ENTerritorio, y entregados de nuevo. n) En el otrosí n.° 6 del 29 de junio de 2018, se acordó la entrega y aprobación de un cronograma, en el que debían incluirse las actividades pendientes, en relación con la estructuración y entrega de proyectos, así como las fechas correspondientes, teniendo en cuenta el nuevo plazo de ejecución del contrato, que se estipuló en ese otrosí (31 de diciembre de 2018). o) Por su parte, en el otrosí 7, si bien se extendió de nuevo el plazo de ejecución del contrato interadministrativo (hasta el 30 de junio de 2019), se aclaró que dicha prórroga era para continuar ejecutando el componente de apoyo operativo y logístico a la Dirección del SGR, y se dejó constancia de que los proyectos que aún estaban pendientes de subsanación y entrega, por parte de ENTerritorio, para su revisión y aprobación por el DNP, debían entregarse, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2018.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / FASES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN / FASE DE PERFIL / FASE DE PREFACTIBILIDAD / FASE DE FACTIBILIDAD
OBITER DICTUM
Como puede inferirse de lo dispuesto en el contrato interadministrativo, en sus documentos precedentes y anexos, todos los cuales aparecen mencionados en el instrumento contractual, y en el Decreto 1082 de 2015, la etapa de perfil tenía las siguientes características: a- ENTerritorio debía realizar, al menos, una jornada de trabajo en campo, es decir, en el terreno, con la(s) entidad(es) territorial(es) interesada(s), para tener una aproximación más certera de la necesidad planteada por dicha entidad; hacer un análisis sobre el entorno de la idea presentada; determinar el nivel de maduración de esta; preparar y evaluar, a partir de «información de origen», las posibles alternativas para estructurar el proyecto, con análisis costo – beneficio y análisis legales e institucionales, de gestión predial (según fuera el caso) y de las restricciones sociales, ambientales, legales y financieras, entre otras; evaluar la situación actual y la esperada con las alternativas, y elaborar costeos preliminares de estudios y diseños. b- Por «información de origen» debe entenderse, a juicio de la Sala, «información de origen secundario», como lo establece el artículo 2.2.4.1.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, es decir, información proveniente de terceros (en este caso, de las entidades territoriales, principalmente), que incluye aquella que ENTerritorio podía solicitar o conseguir de tales entidades, en desarrollo de la jornada o las jornadas de trabajo en campo que realizara, o en otras oportunidades, durante el desarrollo de la etapa de perfil. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la información que ENTerritorio pudiese percibir directamente, en el desarrollo de tales jornadas. c- Con base en el análisis de dicha información, ENTerritorio debía determinar si era viable seguir estructurando el proyecto, en cualquiera o cualesquiera de las alternativas planteadas, para lo cual debía tener en cuenta, además de la información y los análisis mencionados, la titularidad de los predios en los que pretendiera construirse o ejecutarse el proyecto (según lo indicado expresamente por ENTerritorio, en su propuesta), y los requisitos generales y sectoriales establecidos en las normas, para la estructuración de los proyectos que pretendan financiarse con recursos del SGR. d- A juicio de la Sala, ENTerritorio, desde la etapa de perfil, debía identificar la necesidad de cumplir tales exigencias, tanto las generales como las sectoriales, conforme a lo previsto en la normativa del SGR, así como formular las alternativas que encontrara viables, en principio, para la estructuración del proyecto, identificando sus riesgos, duración estimada y costos generales. Sin embargo, la Sala no desconoce que para establecer, con certeza y de forma concreta, si el proyecto a estructurar (en la alternativa escogida) cumplía o no con todos los requerimientos técnicos, financieros, legales, ambientales y prediales que fueran requeridos, era necesario realizar las actividades previstas en las siguientes fases (prefactibilidad y factibilidad ), en forma consecutiva, salvo cuando la inviabilidad del proyecto pudiera establecerse desde el perfil. e- Con base en este ejercicio, ENTerritorio debía determinar si resultaba viable continuar o no con la estructuración del proyecto, en cualquiera o cualesquiera de las alternativas determinadas, señalando los requisitos que habría que cumplir y las gestiones que tendrían que efectuarse para ello, las cuales debían estar previstas en el cronograma de estructuración del proyecto. Es decir que, si, por ejemplo, se determinaba que cierto proyecto requería un concepto técnico favorable de una autoridad gubernamental, dicho requisito no tenía que ser obtenido en esta etapa, ni ENTerritorio podía establecer, con certeza, si se iba a lograr o no, pero tal requisito sí debía ser identificado en esta fase, así como la entidad o persona encargada de realizarlo, el tiempo probable que implicaría su consecución y los riesgos que podrían derivarse, para la estructuración del proyecto, si el concepto favorable no se obtenía, o se demoraba. f- La fase de perfil era responsabilidad principal de ENTerritorio, como entidad experta y especializada, según lo pactado en el contrato interadministrativo y en sus documentos precedentes y anexos. Sin embargo, el DNP debía, en esta fase: i) entregar la información inicial de cada proyecto a ENTerritorio, con base en la solicitud y en la información entregadas por la entidad territorial interesada; ii) revisar y objetar o no el cronograma inicial del proyecto, elaborado por ENTerritorio; iii) «guiar» a ENTerritorio en la ejecución de esta etapa, lo que significa, a juicio de la Sala, que debía suministrarle las orientaciones generales que dicha entidad requiriera (dado su carácter de experta); iv) recibir el informe de perfil entregado por ENTerritorio, y v) definir, en conjunto con ENTerritorio y en el seno del Comité Técnico Operativo, los requerimientos técnicos que dicha entidad debía tener en cuenta para realizar los procesos de contratación de las consultorías para la estructuración de proyectos, así como la razonabilidad de los resultados obtenidos en esta etapa. g- Como se aprecia, ninguno de los documentos descritos establece, como una obligación específica del DNP, la de revisar, aprobar o devolver con observaciones el informe de perfil. El primer producto que el DNP debía aprobar, según los documentos mencionados, era el informe de selección de alternativas, que debía entregarse por ENTerritorio en la etapa de prefactibilidad. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala entiende que, conforme a la distribución de las obligaciones y los riesgos pactada en el contrato interadministrativo, el DNP debía revisar, en forma diligente, la información y los documentos que le entregara ENTerritorio, y formular oportunamente las observaciones que encontrara pertinentes, en desarrollo de su deber de supervisión del contrato, de lo pactado sobre el reparto y la asignación de los riesgos contractuales (prevista en los estudios técnicos), y de los principios de buena fe y colaboración armónica entre las instituciones del Estado.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.4.1.1.3.2
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / HECHO DEL TERCERO / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
Considerando la naturaleza del contrato, las partes y las obligaciones pactadas, ¿Cómo solucionar las diferencias entre las partes sobre el cumplimiento de obligaciones o compromisos que dependen de la conducta de un tercero, como lo son las entidades territoriales beneficiarias de los proyectos, tales como la adquisición de predios o gestiones a su cargo ante otras autoridades?
Respuesta al problema jurídico: Si
A juicio de la Sala, el mecanismo más idóneo, razonable y eficaz que pueden utilizar las partes para solucionar las controversias surgidas entre ellas, en relación con la ejecución del contrato interadministrativo SGR-053/215050 de 2015, es la liquidación bilateral o de común acuerdo de dicho contrato, dentro del plazo establecido en la ley. Conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia y la doctrina de esta corporación, en la etapa de liquidación, las partes pueden celebrar transacciones y otra clase de arreglos que les permitan solucionar y finiquitar satisfactoriamente las diferencias que subsistan entre ellas, aunque esto implique recibir extemporáneamente obligaciones pactadas en el contrato (y no cumplidas dentro del plazo de este), condonar o renunciar parcialmente a ciertos derechos, modificar determinadas obligaciones contractuales e, incluso, asumir algunas obligaciones nuevas, de futuro cumplimiento, pero estrictamente relacionadas con el objeto y el alcance del contrato interadministrativo que se liquida, entre otras opciones. En este sentido, los acuerdos a los que lleguen las partes, con base en las consideraciones expuestas en este concepto, deben tener en cuenta, como criterio fundamental, la necesidad de proteger y salvar los recursos públicos del Sistema General de Regalías que se han invertido hasta el momento en la estructuración de estos proyectos y, por encima de ello, satisfacer las necesidades básicas insatisfechas que se pretendían solucionar con tales proyectos, en las comunidades beneficiarias. En esa medida, aparte de establecer cuál de las partes debe asumir el costo de la realización de determinada actividad o etapa de cada proyecto específico objeto de la disputa, debe velarse porque este pueda ser estructurado, en su totalidad, aunque ello se haga más adelante y con la participación de terceros, de forma tal que el proyecto pueda ser presentado y aprobado por el respectivo órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) y, finalmente, ejecutado. Lo anterior se indica, claro está, a menos de que se concluya, en forma clara, técnica y objetiva, que determinado proyecto no resulte definitivamente viable, por razones jurídicas, técnicas o económicas, o que sea más oneroso para el erario reformularlo o corregirlo, que estructurar un proyecto distinto, para satisfacer la correspondiente necesidad de inversión social. Con respecto a las actividades o gestiones que dependían de un tercero (como las entidades territoriales), es importante señalar que, según lo explicado en este concepto, ENTerritorio asumió libre y voluntariamente el riesgo de inejecución o ejecución tardía de tales labores, cuando se obligó, mediante los otrosíes números 4 y 5 de 2018, a entregar un grupo determinado de proyectos debidamente estructurados, en fase de factibilidad, en una fecha cierta, con la plena consciencia de que dicha entrega dependía de las actividades que realizaran o culminaran esos terceros y que, en las fechas de suscripción de las modificaciones contractuales citadas, no habían ejecutado o culminado. Asimismo, se pudo verificar que, en varios de los proyectos objeto de la controversia, ENTerritorio no cumplió adecuadamente con sus obligaciones de «[g]arantizar que las actividades desarrolladas en el marco del presente contrato, cumplan con las condiciones de calidad técnica, económica razonable y de seguridad jurídica», y de «[…] realizar un trabajo mancomunado, constante y permanente con las entidades territoriales definidas por el DNP» (cláusula segunda, numerales 4 y 12), entre otras. Por tales razones, a juicio de la Sala, el incumplimiento de esos terceros no exonera de responsabilidad a ENTerritorio, pues dicha situación no puede calificarse jurídicamente, en este caso, como el «hecho exclusivo de un tercero», una circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor, u otro de los eventos de «causa extraña», que sirve para exonerar de responsabilidad contractual al deudor, en las obligaciones de resultado.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / FASES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN / FASE DE PERFIL / FASE DE PREFACTIBILIDAD / FASE DE FACTIBILIDAD
Problema jurídico:
Considerando las obligaciones de ENTerritorio en las fases de definición del perfil, prefactibilidad y factibilidad de un proyecto, ¿Cuál es el alcance de la prestación contractual sobre definición del perfil?
Respuesta al problema jurídico: Si
El alcance de esta obligación contractual fue definido en varios documentos que forman parte integrante del contrato interadministrativo, como la oferta presentada por Fonade (ENTerritorio), los estudios técnicos elaborados por el DNP para la celebración del contrato, el Anexo Técnico y el Manual Operativo. Adicionalmente, debía tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.4.1.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015. De acuerdo con lo pactado en el contrato interadministrativo y en los documentos citados, el desarrollo del perfil de cada proyecto y la elaboración del informe respectivo eran obligaciones de ENTerritorio, que implicaban realizar, al menos, una jornada de trabajo en campo, es decir, en el terreno, junto con la entidad territorial interesada, para tener una aproximación más certera sobre la necesidad planteada por dicha entidad; hacer un análisis sobre el entorno de la idea presentada; determinar el nivel de maduración esta; preparar y evaluar, a partir de «información de origen», las posibles alternativas para estructurar el proyecto, con análisis de costo – beneficio y análisis legales e institucionales, de la gestión predial y de las restricciones sociales, ambientales, legales y financieras, entre otras; evaluar la situación actual y la esperada con las distintas alternativas, y elaborar costeos preliminares de estudios y diseños. Asimismo, suponía que, con base en el análisis de dicha información, ENTerritorio debía determinar si era viable seguir estructurado el proyecto, en cualquiera o cualesquiera de las alternativas planteadas, para lo cual debía tener en cuenta, además de la información y los análisis mencionados, la titularidad de los predios en los cuales se pretendiera construir o ejecutar el proyecto, según lo indicado expresamente por esa entidad, en su propuesta.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.4.1.1.3.2
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / OBLIGACIÓN DE RESULTADO / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / FASES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN / FASE DE PERFIL / FASE DE PREFACTIBILIDAD / FASE DE FACTIBILIDAD
Problema jurídico:
Considerando las obligaciones de ENTerritorio en las fases de definición del perfil, prefactibilidad y factibilidad de un proyecto, ¿Puede considerarse que ENTerritorio ha incumplido el contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Tal como se explica detalladamente, para cada uno de los seis proyectos involucrados en la controversia, en el acápite respectivo de este concepto y en su anexo, luego de estudiar de manera completa, objetiva y sistemática el expediente de esta consulta, así como lo manifestado por las partes en la audiencia y en las reuniones efectuadas con cada una de ellas, la Sala observa que existió un incumplimiento parcial del contrato por parte de ENTerritorio, en algunos de los proyectos mencionados, el cual está referido principalmente a su obligación de entregar determinados proyectos o subproyectos de inversión debidamente estructurados en fase de factibilidad, dentro del plazo acordado por las partes (obligación de resultado), en conjunto con otras obligaciones contractuales que tenía a su cargo dicha entidad.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / FASES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN / FASE DE PERFIL / FASE DE PREFACTIBILIDAD
Problema jurídico:
Considerando las obligaciones de ENTerritorio en las fases de definición del perfil, prefactibilidad y factibilidad de un proyecto, ¿La aprobación del perfil por parte del supervisor designado por el contratante, cómo incide en la responsabilidad del contratista gestor en relación con el alcance y ejecución del proyecto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Ni el contrato interadministrativo ni los documentos descritos en la primera respuesta establecen, como una obligación del DNP, la de revisar y aprobar, desaprobar o devolver con observaciones el informe de perfil. Sin embargo, debe recordarse que, durante el desarrollo de esta etapa, el DNP debía: i) entregar la información inicial del proyecto a ENTerritorio, con base en la solicitud y en la información entregadas por la entidad territorial interesada; ii) revisar y objetar o no el cronograma inicial del proyecto, elaborado por ENTerritorio; iii) «guiar» a ENTerritorio en la ejecución de esta fase, lo que, a juicio de la Sala, consistía en suministrarle orientaciones generales (dado su carácter de experta); iv) recibir el informe de perfil entregado por ENTerritorio, y v) definir, en conjunto con ENTerritorio, y en el seno del Comité Técnico Operativo, los requerimientos técnicos que dicha entidad debía tener en cuenta para realizar los procesos de contratación de las consultorías para la estructuración de los proyectos, así como determinar la razonabilidad de los resultados obtenidos por ENTerritorio, en esta fase. Asimismo, en virtud de su deber de supervisión sobre el contrato interadministrativo, y del principio de colaboración armónica entre las entidades públicas, debía advertir a ENTerritorio acerca de cualquier error, inconsistencia o vacío que observara en la ejecución de esta fase, o en el informe respectivo.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / FASES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN / FASE DE PERFIL / FASE DE PREFACTIBILIDAD / MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Problema jurídico:
Considerando las obligaciones de ENTerritorio en las fases de definición del perfil, prefactibilidad y factibilidad de un proyecto, ¿Es factible, jurídicamente, que las partes acuerden modificaciones a los proyectos, cuando por alguna circunstancia el mismo no alcanza la etapa siguiente?
Respuesta al problema jurídico: Si
Era factible, durante la ejecución del contrato interadministrativo e, incluso, en la etapa de liquidación, que las partes realicen modificaciones en los proyectos, para permitir que estos se puedan seguir estructurando, en la etapa siguiente, hasta lograr la viabilidad completa de tales proyectos, en el ciclo de preinversión, y lograr así su aprobación, por parte del respectivo OCAD. A este respecto, debe precisarse que el contrato interadministrativo era un acuerdo abierto y general, que no se refería, específicamente, a determinado proyecto o grupo de proyectos de inversión, sino a todos aquellos cuya estructuración encomendara el DNP a ENTerritorio y que alcanzaran a ser estructurados, dentro del plazo y los recursos asignados por las dos partes, en el acuerdo.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / PROYECTO DE INVERSIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Considerando las obligaciones pactadas en el contrato sería posible, jurídicamente, que el DNP proceda a recibir los proyectos en discusión, en el estado en que se encuentran, y realizar el pago, total o parcial, de la cuota de Gerencia o remuneración pactada a favor de ENTerritorio, habida cuenta de las diferencias surgidas entre las partes en la etapa de liquidación del contrato y expuestas en los antecedentes de la solicitud de concepto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Tal como se manifiesta en la respuesta a la primera pregunta, es jurídicamente viable que el DNP, como acreedor de las principales obligaciones relacionadas con el componente de estructuración de proyectos, los reciba en el estado en que se encuentren, con el fin de continuar su estructuración, ya sea internamente (con su propio personal), mediante la contratación de terceros o, incluso, si así lo convienen las partes, con la colaboración de ENTerritorio, en desarrollo de otro contrato interadministrativo. En relación con el reconocimiento de los costos involucrados en la estructuración de estos proyectos, y la parte que debe asumirlos, nos remitimos a lo explicado, para cada uno de ellos, en la parte considerativa de este concepto. Con respecto a la cuota de gerencia u honorarios a favor de ENTerritorio por la ejecución de este componente del contrato interadministrativo, la Sala entiende, con base en la documentación y en la información suministrada por las partes, que el DNP desembolsó la totalidad de los recursos acordados en el contrato interadministrativo, por este concepto. Ahora bien, como el contrato interadministrativo celebrado entre las dos partes constituye un negocio sinalagmático y conmutativo, y los honorarios estipulados a favor de ENTerritorio deben guardar proporcionalidad con el cumplimiento de sus obligaciones, dicha entidad solo tendría derecho a recibir la totalidad de la cuota de gerencia si hubiese cumplido cabalmente con la totalidad de sus obligaciones. En consecuencia, y dado que la Sala ha constatado que se presentó un incumplimiento parcial del contrato, por parte de ENTerritorio, dicha entidad tendría que devolver parte de sus honorarios, en proporción al referido incumplimiento, dentro del plazo que las partes acuerden. Para tal efecto, la Sala sugiere que las partes calculen dicha porción, aplicando la misma relación matemática que exista entre: i) el valor total del contrato y ii) el valor total de las obligaciones incumplidas parcialmente por ENTerritorio, que equivaldría, en principio, a la sumatoria de los recursos que dicha entidad debe reintegrar, por este motivo, conforme a lo establecido en el presente concepto.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / RENDIMIENTO FINANCIERO / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / RECURSO CONTRACTUAL NO EJECUTADO / DEVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO FINANCIERO / IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO FINANCIERO
Problema jurídico:
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, lo estipulado en el mismo, las diferencias de las partes en torno al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contractuales, las circunstancias atribuibles a terceros, las modificaciones aceptadas por el DNP o convenidas por las entidades públicas contratantes, ¿A quién corresponden los rendimientos financieros generados por los recursos contractuales no ejecutados?, ¿si hay lugar a la devolución de los rendimientos financieros, a partir de qué momento se causan los mismos?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el contrato interadministrativo se pactó expresamente que los rendimientos financieros que generaran los recursos entregados por el DNP a ENTerritorio serían de propiedad de esta entidad, sin ninguna salvedad o excepción. Tal estipulación es coherente con el alcance del contrato y las obligaciones asumidas por las partes. En consecuencia, y en desarrollo de los principios de la autonomía de la voluntad, de la buena fe y de la fuerza obligatoria de los contratos (pacta sunt servanda), ENTerritorio no estaría obligado a devolver al DNP los rendimientos financieros obtenidos con las sumas aportadas por dicho organismo que no fueron ejecutadas. Por el contrario, y dado que la Sala considera que los rendimientos financieros pactados en el contrato constituían una especie de remuneración adicional para ENTerritorio (además de la «cuota de gerencia») por la efectiva realización de las actividades y la prestación de los servicios a su cargo, tal como ocurre con la denominada «cuota de gerencia», se infiere que ENTerritorio solo podría tener derecho a percibir la totalidad de esta remuneración (rendimientos) si ejecutaba cabalmente la totalidad de sus obligaciones, mas no cuando incurriera en un incumplimiento parcial, como sucedió en el caso de la consulta. Por tal razón, la Sala considera que ENTerritorio debe reconocer y pagar o devolver al DNP, dentro del plazo que las partes acuerden, los rendimientos financieros generados por las sumas de dinero que esa entidad debería reintegrar, según lo explicado en este concepto, por haber incurrido en un incumplimiento parcial de sus obligaciones. En dicho caso, los rendimientos a devolver serían aquellos que se hayan causado, sobre las sumas mencionadas, desde el momento en que se produjeron hasta la fecha en la que se realice su pago efectivo al DNP.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS / RECURSO CONTRACTUAL NO EJECUTADO
Problema jurídico:
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, lo estipulado en el mismo, las diferencias de las partes en torno al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contractuales, las circunstancias atribuibles a terceros, las modificaciones aceptadas por el DNP o convenidas por las entidades públicas contratantes, ¿Qué sucede con los gravámenes a los movimientos financieros -GMF- causados y pagados con cargo a los recursos contractuales no ejecutados?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con respecto al gravamen a los movimientos financieros (GMF), la Sala considera que el costo del tributo pagado efectivamente por ENTerritorio (mediante la retención practicada por las entidades financieras) no debe ser asumido por el DNP, en relación con los recursos que ENTerritorio deba reintegrarle a la liquidación del contrato interadministrativo, debido a que, si el valor de dicho impuesto fuera deducido o descontado por ENTerritorio de las sumas a devolver al DNP, este organismo no recibiría una indemnización integral del perjuicio económico (daño emergente) sufrido por el incumplimiento parcial del contrato, atribuible a ENTerritorio. En consecuencia, las sumas de dinero que ENTerritorio deba reintegrar, tal como se acuerde en el acta de liquidación, deberán devolverse de manera completa, es decir, sin descontar el correspondiente gravamen a los movimientos financieros (GMF) que dicha entidad haya pagado.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS
Problema jurídico:
¿De acuerdo con los antecedentes y demás circunstancias fácticas relacionadas en el escrito inicial y con las preguntas que se hacen en este complemento, es posible, bajo las condiciones descritas, liquidar el contrato y en qué forma?
Respuesta al problema jurídico: Si
[N]o solamente es viable liquidar, de común acuerdo, el contrato interadministrativo, sino que, en opinión de la Sala, es la forma más adecuada, razonable, segura y, por lo tanto, recomendable para solucionar las controversias jurídicas planteadas en la consulta.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / RENDIMIENTO FINANCIERO / COMPONENTE DE INFLACIÓN EN EL RENDIMIENTO FINANCIERO / INFLACIÓN EN EL RENDIMIENTO FINANCIERO / DEVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO FINANCIERO / RECURSO CONTRACTUAL NO EJECUTADO
Problema jurídico:
¿Le corresponden a ENTerritorio los rendimientos financieros generados por los recursos contractuales no ejecutados?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]onsidero respetuosamente que la Sala ha debido circunscribirse a determinar cuál de las dos autoridades en conflicto -el DNP o ENTerritorio- debe ser considerada la propietaria de los rendimientos financieros generados con los recursos no ejecutados del contrato o, dicho de otra forma, cuál de las dos entidades tiene derecho a percibir dichos réditos. (...) [L]os intereses o rendimientos financieros que ENTerritorio pudo obtener con los recursos desembolsados por el DNP, en desarrollo del contrato interadministrativo, son aquellos generados con las sumas de dinero que no utilizó para la ejecución de las diferentes actividades u obligaciones a cargo de esa entidad, conforme a lo pactado en el contrato, y que, por lo tanto, ENTerritorio tuvo (y tiene todavía) a su disposición para invertir. Por el contrario, los recursos que fueron efectivamente utilizados por ENTerritorio para pagar gastos y obligaciones adquiridas con terceros (entre ellos, los consultores y los interventores contratados para la estructuración de los proyectos), en desarrollo del objeto del contrato interadministrativo, no generaron ni podían generar rendimientos financieros, salvo, eventualmente, entre el momento en que tales sumas de dinero fueron desembolsadas por el DNP y el instante en que fueron giradas por ENTerritorio a favor de terceros o de la propia entidad (en el caso de la «cuota de gerencia»). Esta conclusión no varía por el hecho de que las obligaciones contractuales de ENTerritorio, para cuya ejecución se utilizaron dichos recursos, hayan sido acometidas de manera defectuosa o tardía (cumplimiento defectuoso o retardo), pues, en tales casos, los dineros se utilizaron, de todas formas, y no se mantuvieron en poder de ENTeritorio, para invertirlos en el mercado de capitales. es claro que las partes acordaron, libre, voluntaria y expresamente, que los rendimientos financieros causados en la ejecución del contrato serían propiedad de ENTerritorio, sin ninguna excepción o limitación, ni siquiera por el hecho de que esta entidad tuviera que devolver al DNP parte de los recursos suministrados por este organismo para el cumplimiento del objeto contractual, por no haberlos ejecutado o por haberlo hecho de manera equivocada. Es importante precisar que el principio de la fuerza normativa de los contratos implica que lo pactado por las partes, no solamente debe ser obedecido por ellas, sino también debe ser respetado por los terceros, incluyendo en esta categoría a las autoridades judiciales y administrativas, salvo cuando, en relación con las primeras, el juez que deba resolver el asunto observe que el contrato o la cláusula respectiva sean inexistentes o ineficaces, o estén incursos en una causal de nulidad absoluta, que debe proceder a declarar, aun de oficio (artículos 45 de la Ley 80 de 1993 y 1742 del Código Civil). Por lo tanto, la Sala de Consulta, al conceptuar sobre la forma como las partes podrían solucionar la controversia jurídica que enfrentan y liquidar, de común acuerdo, el contrato interadministrativo, debe respetar y acoger fielmente lo convenido por aquellas, sobre este y cualquier otro punto. Ni siquiera, si la Sala estimara que la cláusula décima del contrato interadministrativo estuviera viciada de nulidad -lo que no ha ocurrido-, podría desconocer su contenido y efectos, sino que tendría que limitarse a advertirlo, pues, al no ejercer función judicial, no podría declarar, de oficio o a petición de parte, dicha nulidad. (...) Sin perjuicio de lo anterior, la suscrita considera que la Sala ha podido y debido recomendar a las partes que las sumas de dinero que ENTerritorio deba reintegrar al DNP, como consecuencia del incumplimiento parcial de sus obligaciones, según lo explicado en el concepto, sean actualizadas o indexadas, con el índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y de acuerdo con la fórmula que, para tales efectos, ha implementado la jurisprudencia.