Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: no configura la declaratoria de nulidad del acto administrativo de caducidad del contrato una pérdida de competencia sobreviniente
Regla de decisión
La administración conserva competencia para liquidar el contrato respaldada por la presunción de legalidad del acto de caducidad vigente.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
La administración pública se reputa competente para adoptar decisiones contractuales con base en la presunción de legalidad de los actos administrativos que se encuentren vigentes al momento de su expedición. En esta aclaración de voto se examinan los efectos de la declaratoria de nulidad de un acto de caducidad sobre la posterior liquidación unilateral del contrato, precisando que dicha anulación no genera una pérdida de competencia sobreviniente con efectos retroactivos capaces de invalidar la potestad ejercida por la entidad. Se destaca que al momento de adoptar la liquidación subsistía la presunción de legalidad del acto de caducidad, y se enfatiza en la aplicación del principio pro homine y la interpretación del artículo 136 del Decreto Ley 01 de 1984 en armonía con la jurisprudencia constitucional sobre la efectividad de los derechos de acceso a la administración de justicia.
Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.
Problema jurídico
¿Configura la declaratoria de nulidad del acto administrativo de caducidad del contrato una pérdida de competencia sobreviniente respecto de la liquidación unilateral?
Respuesta: No
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Lo que dijo la Sala
Considero que solo el segundo de los motivos configura la nulidad del acto administrativo de liquidación: en efecto, declarada la nulidad de la caducidad, el objeto de la liquidación no podía tener por cierto el monto de la cláusula penal que había sido impuesta en el acto declarado nulo.… . A pesar de lo anterior, no es cierto que surgiera una especie de pérdida de competencia sobreviniente, pues, al ser un requisito de formación del acto, en el momento en el que se adopta el acto de liquidación, la Administración se reputaba competente en virtud de la presunción de legalidad del acto administrativo de caducidad.… , la Sala declaró la caducidad de la demanda presentada por Ecopetrol, en la que pretendió que los miembros de la unión temporal contratista pagaran los perjuicios que sufrió la entidad como consecuencia del incumplimiento.… .
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Titulación de la relatoría 7.480 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO / EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RECURSO EN VÍA GUBERNATIVA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL CONTRATO / UNIÓN TEMPORAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Configura la declaratoria de nulidad del acto administrativo de caducidad del contrato una pérdida de competencia sobreviniente respecto de la liquidación unilateral?
Respuesta al problema jurídico: No
Considero que solo el segundo de los motivos configura la nulidad del acto administrativo de liquidación: en efecto, declarada la nulidad de la caducidad, el objeto de la liquidación no podía tener por cierto el monto de la cláusula penal que había sido impuesta en el acto declarado nulo. (...). A pesar de lo anterior, no es cierto que surgiera una especie de pérdida de competencia sobreviniente, pues, al ser un requisito de formación del acto, en el momento en el que se adopta el acto de liquidación, la Administración se reputaba competente en virtud de la presunción de legalidad del acto administrativo de caducidad. (...), la Sala declaró la caducidad de la demanda presentada por Ecopetrol, en la que pretendió que los miembros de la unión temporal contratista pagaran los perjuicios que sufrió la entidad como consecuencia del incumplimiento. (...). La postura mayoritaria sustentó la caducidad de la acción en la siguiente interpretación del artículo 136 del Decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, en adelante “CCA” (...), para la entidad, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales contaba desde la expedición del acto de liquidación unilateral. Para ello, indicó que la letra d) del numeral 10 del artículo 136 (...). Sostuvo que esta norma debía interpretarse en concordancia con el numeral 2 del artículo 62, el cual señalaba que los actos administrativos (...). La Sala ignoró que el articulo 62 debía interpretarse armónicamente con el artículo 61 del CCA. Esta norma establecía que las decisiones que resolvían recursos en sede administrativa (...). En ese sentido, la ejecutoria del acto solo ocurre cuando la decisión administrativa ha sido notificada al particular. La lectura descontextualizada del artículo 62 llevaría a un resultado indeseado: esta regla podría aplicarse al particular que no conoce el acto. Así, la firmeza y ejecutoria del acto, en realidad, debía entenderse desde el día siguiente de la notificación (...) Ahora bien, para superar este inconveniente, la sentencia prohijó dos lecturas de la misma expresión, que conlleva a que la “ejecutoria” del acto dependa de cuál de las partes de un contrato presente la demanda. Para los particulares contratistas, la ejecutoria de la liquidación solo ocurriría al día siguiente de la notificación. Sin embargo, para las entidades contratantes, la “ejecutoria” del acto ocurriría cuando se expide el mismo acto, pues lo “conoce” desde esta fecha. (...). Esta lectura ignora, entonces, que la caducidad debe ser un fenómeno objetivo, esto es, que se trata de un “límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar”. Adicionalmente, ignora que la ejecutoria del acto es un fenómeno que solo podía ocurrir en una fecha específica, por cuanto, en los términos del artículo 64 del CCA, (...) Además, la posición de la Sala aplica veladamente un criterio de caducidad no fijado por el legislador en materia contractual. Cuando la entidad demandaba la nulidad de su propio acto administrativo, el numeral 7 del artículo 136 del CCA señalaba que “la caducidad será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de su expedición” (...). La sentencia, entonces, guarda silencio sobre un aspecto central para hacer la interpretación: si el término contaba desde la expedición del acto de liquidación para acudir al juez del contrato, ¿por qué el legislador no usó la expresión que sí utilizó en el numeral 7 del artículo 136 del CCA respecto del evento en que la administración demandara su propio acto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre que la caducidad constituye un fenómeno objetivo, concebido como un límite temporal cierto e invariable dentro del cual quien pretenda la protección de un derecho debe ejercer oportunamente la acción correspondiente, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de julio de 2020, exp. 76001-23-31-000-2007-00102-01(42378), C. P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 62, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 64
PRINCIPIO PRO HOMINE / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / INTERPRETACIÓN JUDICIAL / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PÉRDIDA DE COMPETENCIA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PÉRDIDA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / PRESUPUESTOS DEL PRINCIPIO PRO HOMINE / SALVAMENTO DE VOTO / CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Garantiza la interpretación del artículo 136 del CCA acogida por la Sala la efectividad del principio pro homine y el acceso a la administración de justicia de la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: No
Por último, la Sala no da razones acerca de por qué acogió esa lectura sobre la otra posible interpretación. Esto no es un tema menor, pues la Corte Constitucional recientemente recordó que el principio pro homine impone que entre “dos interpretaciones posibles de una disposición normativa, los jueces deben optar por aquella que garantice en mayor medida la efectividad de los principios, derechos y deberes”. En este caso entonces había una carga argumentativa relativa a indicar por qué debía privilegiarse una lectura que no permitía el acceso a la justicia de Ecopetrol e impedía estudiar, por ejemplo, si el contratista verdaderamente incumplió el contrato. (...). En conclusión, estoy de acuerdo con que se declare la nulidad de los actos administrativos en los que Ecopetrol declaró la caducidad y liquidó unilateralmente el contrato, no obstante, en relación con este último no comparto que se sostenga que hubo una pérdida de competencia sobreviniente. Por su parte, salvo el voto sobre la declaratoria de caducidad de la acción presentada por la entidad contratante, por cuanto la Sala interpretó inadecuadamente el artículo 136 del CCA.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre que el principio pro homine impone que, entre dos interpretaciones posibles de una disposición normativa, los jueces deben optar por aquella que garantice en mayor medida la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-016 de 2026, M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136