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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no se configura la excepción de cosa juzgada en el medio de control de repetición cuando el demandado si bien fue llamado

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Fecha
2022-05-04
Radicado
15001233300020150001201
Número interno
64315
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
VICTOR RAUL CAICEDO BAUTISTA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no se configura la excepción de cosa juzgada en el medio de control de repetición cuando el demandado si bien fue llamado

Lo que dijo la Sala

PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede invocar la excepción de cosa juzgada en un medio de control de repetición cuando fue llamado en garantía en un proceso de reparación directa pero no se materializó su vinculación debido a la imposibilidad de notificación dentro del término legal, por lo que no hubo decisión de fondo en su contra. La entidad estatal, en este caso, no está sujeta a la cosa juzgada ya que la responsabilidad del llamado en garantía no fue debatida ni resuelta en el proceso de reparación directa, tal como lo reiteraron las sentencias del Tribunal Administrativo de Boyacá y del Consejo de Estado. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que para que prospere la acción de repetición, deben cumplirse los requisitos de una condena al Estado por daño antijurídico, el pago efectivo a la víctima y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente, además de la acreditación del pago mediante certificación del pagador, tesorero o servidor público competente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿No se configura la excepción de cosa juzgada en el medio de control de repetición cuando el demandado si bien fue llamado en garantía en el proceso de reparación directa por parte de la Policía Nacional y el llamamiento fue admitido, su vinculación nunca se materializó por cuanto no fue posible su notificación dentro del término fijado por la ley y por lo tanto no fue parte del mismo y no hubo decisión de fondo en su caso?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿Para que prospere la acción de repetición deben cumplirse los siguientes presupuestos, la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular…
  • ¿En el caso bajo estudio se probó la existencia de la condena judicial por reparación directa y su respectivo pago certificado por el pagador…
  • ¿Deben negarse las pretensiones de la demanda de repetición cuando el servidor al que se le endilga una conducta gravemente culposa se le impusieron sanciones disciplinarias y penales y se condenó a…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Titulación de la relatoría 14.593 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COSA JUZGADA / EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA / INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / VINCULACIÓN AL LLAMADO / INEXISTENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA Problema jurídico: ¿No se configura la excepción de cosa juzgada en el medio de control de repetición cuando el demandado si bien fue llamado en garantía en el proceso de reparación directa por parte de la Policía Nacional y el llamamiento fue admitido, su vinculación nunca se materializó por cuanto no fue posible su notificación dentro del término fijado por la ley y por lo tanto no fue parte del mismo y no hubo decisión de fondo en su caso? Respuesta al problema jurídico: Si Insiste el demandado en el recurso de apelación en la existencia de cosa juzgada, sustenta esa afirmación en el hecho de que en el proceso de reparación directa que culminó con condena para la Policía Nacional el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia de 7 de mayo de 2003, dictada en primera instancia, resolvió en su favor el llamamiento en garantía allí propuesto por la entidad pública, y agregó que el Consejo de Estado al decidir la apelación en sentencia de 3 de mayo de 2013 mantuvo dicha decisión. De cara a lo anterior, debe precisarse que en el asunto de la referencia no se configura la excepción de cosa juzgada toda vez que el demandado si bien fue llamado en garantía en el proceso de reparación directa por parte de la Policía Nacional y el llamamiento fue admitido, su vinculación nunca se materializó por cuanto no fue posible su notificación dentro del término fijado por la ley y por lo tanto no fue parte del mismo (...) En la segunda instancia de ese proceso, el Consejo de Estado en fallo del 3 de mayo de 2013 reiteró que como no fue posible la vinculación del llamado en garantía no se pronunciaba de fondo sobre ese aspecto (...), de manera que no es cierto que la responsabilidad (...) hubiera sido debatida en la acción de reparación directa a título de llamado en garantía y menos que se haya tomado una decisión de fondo sobre su deber de reintegrar la condena impuesta a la entidad aquí demandante. En conclusión, contrario a lo sostenido por el demandado en el recurso de apelación, con relación a que opera la figura jurídica de la cosa juzgada frente a su responsabilidad por los hechos génesis del presente asunto, la Sala precisa que respecto del llamamiento en garantía formulado por la Policía Nacional dentro del proceso de reparación directa contra el exagente (...) no se profirió decisión de fondo, debido a que no fue posible su vinculación al proceso de reparación directa, tal como lo afirmaron las sentencias de 7 de mayo de 2003 del Tribunal Administrativo de Boyacá y de 3 de mayo de 2013 del Consejo de Estado; sumado a lo anterior, se destaca que la excepción de cosa juzgada fue negada por la primera instancia con el mismo sustento (“allí no se adoptó ninguna decisión de fondo, en tanto, no fue posible su vinculación al proceso”), decisión contra la cual la parte interesada no formuló reparo alguno. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDENA A LA NACIÓN / CONDUCTA / DOLO / CULPA GRAVE / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INDEMNIZACIÓN POR REPARACIÓN DEL DAÑO / REPARACIÓN DEL DAÑO Problema jurídico: ¿Para que prospere la acción de repetición deben cumplirse los siguientes presupuestos, la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo a la víctima del daño y, la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena? Respuesta al problema jurídico: Si Generalidades de la acción de repetición El artículo 90 superior prevé que en los casos en los que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, de igual manera la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en forma más reciente en la Ley 678 de 2001. En tal virtud, la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO LEY 01 DE 1984, LEY 678 DE 2001 ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDENA A LA NACIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿En el caso bajo estudio se probó la existencia de la condena judicial por reparación directa y su respectivo pago certificado por el pagador, tesorero o servidor público con esas funciones en la entidad que realizó dicho pago? Respuesta al problema jurídico: Si [los dos primeros presupuestos de la repetición en el caso concreto] La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio Para la Sala no hay duda de la existencia de una condena judicial impuesta contra la parte actora consistente en pagar una suma de dinero pues, se encuentra en el expediente copia de la sentencia (...) que condenó a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional al pago de los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes del referido proceso con ocasión de la muerte de señor) (...) en el accidente de tránsito (...) La acreditación del pago (...) Los anteriores documentos dan cuenta de que la suma reconocida fue depositada a nombre del beneficiario, concretamente la certificación expedida por la Tesorería General de la Policía Nacional se aviene a lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 -en cuya vigencia se tramitó el presente asunto- que dispuso que el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla con esas funciones en el que conste que la entidad realizó el pago es prueba suficiente para su acreditación. Lo anterior en concordancia con lo previsto en el artículo 166 ibidem que impuso la prueba del pago como anexo obligatorio de las demandas con pretensiones de repetición, de donde se colige que esa misma prueba, no tachada ni desvirtuada en el curso del proceso, no puede tener un valor diferente a la hora de decidir, en tanto documento público emanado de la autoridad competente para pagar y que se presume auténtico al tenor de lo previsto en el artículo 244 del Código General del Proceso. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 166, LEY 1534 DE 2012 - ARTÍCULO 244 NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / FALTA DE PRUEBA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON VEHÍCULO OFICIAL / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR COLISIÓN DE VEHÍCULOS / CAUSAS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO / MUERTE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / SANCIÓN DISCIPLINARIA / CONDENA PENAL / CONDENA A LA NACIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / JUEZ ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Deben negarse las pretensiones de la demanda de repetición cuando el servidor al que se le endilga una conducta gravemente culposa se le impusieron sanciones disciplinarias y penales y se condenó a la entidad en reparación directa, ya que dichas providencias no atan al juez de repetición y en el proceso de repetición no se probó que su conducta fuera gravemente culposa en el accidente de tránsito? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala pasa a pronunciarse frente a la conducta del demandado y la posibilidad de calificarla como gravemente culposa, para ello se seguirá el siguiente orden: 1) régimen aplicable y 2) análisis de la conducta específica del demandado. (...) Régimen aplicable Para la determinación del régimen legal aplicable al presente caso debe considerarse que los hechos se refieren a la actuación del señor (...) quien, en la condición de agente en servicio activo de la Policía Nacional y de escolta del Gobernador del Departamento de Boyacá resultó involucrado en el accidente de tránsito ocurrido el 14 de agosto de 1993 en la vía Tunja – Duitama en el sitio denominado “El Barne” en el cual perdió la vida el agente (...) debido a la colisión que se presentó entre el bus de servicio público (...) y una camioneta de propiedad de la Policía Nacional (...) conducida por el demandado. Como para la fecha de la ocurrencia de esos hechos aún no estaba vigente la Ley 678 de 2001no es posible aplicar las presunciones allí establecidas conforme al principio de legalidad previsto en el artículo 29 constitucional pues, las conductas solo pueden juzgarse con base en la ley vigente para el momento en que fueron cometidas, salvo que se trate de la aplicación del principio de favorabilidad que se activa con una norma jurídica posterior con ese carácter. De manera que en obedecimiento de los postulados de los artículos 77 y 78 del Decreto-ley 01 de 1984 las conductas se analizarán al tenor del artículo 63 del Código Civil, pero, teniendo en cuenta las particularidades del caso en armonía con los artículos 6 y 90 de la Constitución Política de 1991 relativos a la responsabilidad de los servidores públicos. (...) En el proceso disciplinario adelantado por la Policía Nacional en contra del exagente (...) por esos hechos, se le impuso a este demandado una sanción consistente en el “correctivo de amonestación severa” (...) la sanción impuesta al aquí demandado se fundó en el incumplimiento de los reglamentos establecidos por la institución por el hecho de conducir el vehículo de su propiedad sin el respectivo permiso de la Dirección General de la entidad, pero, no le endilgó responsabilidad alguna por el accidente de tránsito (...) Por otra parte, en el proceso penal militar el Departamento de Policía de Boyacá -Juzgado de Primera Instancia (...) lo declaró penalmente responsable por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, con sustento en que el cumplimiento del deber legal de escolta no lo eximia de responsabilidad y tampoco justificaba su actuación imprudente consistente en conducir un vehículo oficial sin el respectivo permiso o autorización de la Dirección General de la Policía y adelantar otro vehículo sin la debida observancia del deber objetivo de cuidado, esto por cuanto no tuvo en cuenta que estaba lloviendo y porque ocasionó el choque con el bus de servicio público intermunicipal con el lamentable resultado de la muerte su compañero (...) Dicha decisión fue modificada el 30 de marzo de 2000 en grado de consulta por el Tribunal Superior Militar, en el sentido de señalar que la actuación desplegada por el exagente (...) fue imprudente porque omitió el deber de cuidado y la diligencia a los que estaba obligado al momento de conducir el vehículo oficial accidentado, pues, dadas las condiciones climáticas en el lugar de los hechos, aun cuando escoltaba al Gobernador del Departamento de Boyacá no podía “adelantar todo vehículo en forma temeraria a riesgo de su propia vida, de la de aquellos que viajaban con él y de los que transitaban por la carretera”. (...) De otra parte, si bien el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Consejo de Estado en el proceso de reparación directa determinaron que la responsabilidad de la entidad demandante estaba determinada por la “imprudencia” con la que el agente (...) ejecutó una maniobra para adelantar otro vehículo sin prever los posibles riegos que implicaba la ejecución de la actividad peligrosa de conducción de automotores, lo cierto es que dichas decisiones no pueden constituir prueba de la culpa grave endilgada al demandado, en tanto este no fue parte de ese proceso, no tuvo la oportunidad de controvertir dichas pruebas y tales conclusiones no atan al juez de la repetición. (...) las solas sentencias de responsabilidad no constituyen prueba suficiente para estructurar la culpa grave y debe probarse con sustento en las pruebas que se alleguen al proceso de la repetición que el agente estatal obró con culpa grave, carga probatoria que no cumplió la parte actora. (...) Además, la Sala observa que ni en el informe de tránsito, ni en el croquis ni en lo señalado por la Fiscalía Sexta Unidad Previa y Permanente se advierte que en el lugar del referido accidente de tránsito hubiera alguna señal de prohibición de adelantamiento. (...) al proceso no se aportó prueba alguna que determinara las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos (...) y tampoco existe prueba alguna que dé cuenta de la velocidad que llevaba el vehículo oficial conducido por el aquí demandado, aspectos estos de vital importancia para efectos de analizar si la conducta desplegada por el señor (...) fue temeraria o abiertamente descuidada, pues, se reitera que, en el croquis se señaló como “causas probables” del accidente que en el sitio donde colisionaron los vehículos estaba la “superficie húmeda” y que “en el momento del accidente estaba lloviendo”, estas circunstancias no permiten endilgarle al demandado la conducta gravemente culposa que alega la entidad actora. (...) La Sala concluye que en el presente asunto debe revocarse la sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, toda vez que, pese a que se encuentran acreditados los elementos objetivos para la prosperidad del medio de control de repetición, las pruebas decretadas y practicadas en el presente proceso no conducen a comprobar una actuación gravemente culposa por parte del demandado en el accidente de tránsito ocurrido el 14 de agosto de 1993 FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 63
Texto extraído del PDF oficial 88.988 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Bogotá DC, cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022). Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 15001-23-33-000-2015-00012-01 (64.315) Demandante: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Demandado: VÍCTOR RAÚL CAICEDO BAUTISTA Medio de control: REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011 Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – INEXISTENCIA DE CULPA GRAVE Síntesis del caso: la acción se ejerce en contra d el exagente de la Policía Nacional Víctor Raúl Caicedo Bautista quien, en el año de 1993 se desempeñaba como escolta del Gobernador del departamento de Boyacá y por orden de este el día 14 de agosto de 1993 condujo el vehículo oficial que lo escoltaba con destino a la ciudad de Duitama, al llegar a la altura del kilómetro 15+500 de la vía Tunja – Duitama, pese a que estaba lloviendo, hizo una maniobra de adelantamiento a otro vehículo y colisionó con un bus de servicio público, este choque ocasionó la muerte de un agente de la Policía que también se desempeñaba como escolta del mandatario; por estos hechos la Policía Nacional fue declara da responsable y condenada a pagar la correspondiente indemnización por cuyo monto se repite. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor Víctor Raúl Caicedo Bautista (fls. 804 a 810 cdno. apelación) contra la sentencia proferida el 27 de febrero de 201 9 por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión no. 5 (fls. 785 a 802 cdno. apelación) mediante la cual se dispuso: “PRIMERO: DE CLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el apoderado de la parte demandada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLÁRASE la responsabilidad patrimonial del demandado VÍCTOR RAÚL CAICEDO BAUTISTA identificado con C.C. No. 6.773.320, quien con su conducta g ravemente culposa ocasionó el reconocimiento de condena a favor de la señora Leonor Camacho de Sánchez y Otros en contra de la Nación -Ministerio de Defensa-Policía Nacional, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2 Expediente No. 15001-23-33-000-2015-00012-01 (64.315) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Repetición Apelación de sentencia TERCERO: CONDÉNASE, al señor VÍCTOR RAÚL CAICEDO BAUTISTA identificado con C.C. No. 6.773.320, a reintegrar a la Nación-Ministerio de Defensa -Policía Nacional, la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($1.329.158.883), por los perjuicios causados al Estado por culpa grave, suma que deberá pagarse dentro del término de seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia conforme lo prevé el artículo 15 de la Ley 678 de 2001. CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO: Si existe excedente de gastos procesales, devuélvase al interesado. Realícense las anotaciones de rigor en el sistema siglo XXI, archívese el expediente dejando las constancias respectivas. SEXTO: Una vez en firme la presente sentencia, archívense las diligencias dejando las constancias que sean del caso” (fl. 802 cdno. apelación – mayúsculas fijas y negrillas del original). I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito presentado el 1 3 de enero de 2015 (fls. 2 a 14 cdno. 1) la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó demanda de repetición en contra del señor Víctor Raúl Caicedo Bautista con las siguientes súplicas: “PRIMERO: Que se declare al señor Agente de la Policía en Retiro VÍCTOR RAÚL CAICEDO BAUTISTA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.773.320 de Tunja, responsable por su actuar en los hechos que dieron lugar a la sentencia de segunda instancia proferida dentro de la Acción de Reparación Directa No. 15001233100019951544901 (25699) por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Sub Sección (sic) “B” del 03 de Mayo de 2013, la cua l modificó la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 07 de Mayo de 2.003, declarando a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional responsable administrativamente por la muerte del señor Campo Hernando Sánchez ocurrida el 14 de Agosto de 1.993 en la vía que de Tunja conduce a Duitama, en lo que respecta al pago por concepto de perjuicios morales y materiales que debió asumir la Policía Nacional por un valor de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENT OS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($1.192.394.307.22). SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración se condene al señor VÍCTOR RAÚL CAICEDO BAUTISTA, mayor de 3 Expediente No. 15001-23-33-000-2015-00012-01 (64.315) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Repetición Apelación de sentencia edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.773.320 de Tunja a rembolsar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional el total pagado como indemnización dentro de la Acción de Reparación Directa No. 15001233100019951544901 (25699), es decir, la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILL ONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($1.192.394.307.22) , conforme a la sentencia de segunda instancia proferida dentro de la Acción ya mencionada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Sub Sección (sic) “B” del 03 de Mayo de 2013, por los hechos enunciados en el párrafo anterior, suma que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional tuvo que pagar a la parte demandante por los perjuicios causados. TERCERO: Que la sentencia que ponga fin al presente proceso sea de aquellas donde conste una obligación clara, expresa y exigible, a fin de que preste mérito ejecutivo. CUARTO: Que el monto de la condena que se profiera en contra del señor VÍCTOR RAÚL CAICEDO BAUTISTA, sea actualizado hasta el monto del pago efectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA. QUINTO: Que se condene en costas al demandado” (fls. 2 a 3 cdno. 1 – mayúsculas fijas y negrillas del original). 2. Hechos Como fundamento fáctico de la demanda1 se narró, en síntesis, lo siguiente: 1) El 14 de agosto de 1993 , el agente Víctor Raúl Caicedo Bautista , quien se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional y se desempeñaba como escolta del gobernador de Boyacá , por orden d el mandatario departamental condujo el vehículo de la Policía Nacional con número interno 08-561 en el cual se desplazaban los escoltas con destino a la ciudad de Duitama y al llegar al sitio denominado “El Barne”, pese a que estaba lloviendo, el agente Caicedo Bautista realizó una maniobra imprudente para adelantar otro vehículo , invadió el carril contrario y colisionó con el bus de servicio público afiliado a la empresa Rápido Duitama de placas XIB-781, el choque ocasionó la muerte d el uniformado Campo Hernando Sánchez que también se desempeñaba como escolta y viajaba en el vehículo oficial accidentado. 1 La fundamentación fáctica fue tomada del escrito de subsanación de la demanda (fls. 602 a 604 cdno. 4) presentado en cumplimiento de lo dispuesto por la primera instancia por auto de 3 de febrero de 2015 (fls. 597 y 598 cdno. 3). 4 Expediente No. 15001-23-33-000-2015-00012-01 (64.315) Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional Repetición Apelación de sentencia 2) Por estos hechos el Juzgado de Primera Instancia – Despacho P-046 de la justicia penal militar dictó la sentencia no. 004 del 31 de marzo de 1999 mediante la cual declaró penalmente responsable por los punibles de homicidio culposo y lesiones culposas al agente Víctor Raúl Caicedo Bautista y, en consecuencia, le impuso “una pena de tres años” , con base en que “los hecho s ocurrieron en relación con el servicio de escolta que prestaba”. 3) El Comando del Departamento de Policía de Boyacá adelantó investigación disciplinaria en contra del uniformado Caicedo Bautista y el 9 de abril de 1994, a través de la providencia no. 0073/ YINDI -C-744, le impuso el correctivo de amonestación severa por transgresión a los parámetros del numeral 15 del artículo 114 del Decreto 100 de 1989, consistente en conducir un vehículo oficial sin estar autorizado por la Dirección General de la Policía Nacional para cumplir dichas funciones. 4) Por la muerte del agente Campo Hernando Sánchez se promovió un proceso de reparación directa que culminó con sentencia de segunda instancia el 13 de mayo de 2013 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado (radicación no. 15001-23-31-000-1995-15449-01 (25699)), mediante la cual se declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y fue condenada al pago de los perjuicios morales y materiales causados en favor de la familia de la víctima. 5) En cumplimiento de la anterior decisión la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional expidió la Resolución no. 1771 del 17 de diciembre de 2013 que ordenó el pago de la condena impuesta en favor de los demandantes en reparación directa, ese pago se materializó a través de su apoderado César Alberto Granados por valor de $1.192’394.307.22, suma que fue consignada a la cuenta de ahorros del Banco AVVILLAS según comprobante de egreso no. 1500025435 de 19 de diciembre de 2013 y certificación expedida por la Tesorería Nacional de la Policía Nacional el 29 de noviembre de 2014. 6) El 13 de agosto de 2014 el comité de conciliación de l a Policía Nacional consideró pertinente iniciar la acción de repeti

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012333000201500012011100103