Titulación de la relatoría 25.628 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NATURALEZA JURÍDICA DE ECOPETROL / SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / CONTRATOS DE ECOPETROL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso puesto que el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en vigor para la fecha de interposición de la demanda- estableció que a esta jurisdicción le corresponde decidir las controversias originadas en actos, contratos, omisiones, operaciones y hechos sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas entidades públicas, naturaleza que ostenta ECOPETROL, como sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1118 de 2006. En cuanto a la vocación del proceso para ser tramitado en segunda instancia, en el sub judice se cumplen los presupuestos de ley puesto que la cuantía fijada en la demanda es superior a los 500 S.M.L.M.V. ($308’000.000), establecidos en el artículo 152, numeral 5 del C.P.A.C.A., vigente en la fecha en que fue incoado este proceso. En efecto, la pretensión económica de mayor valor fue formulada por la suma de $1.081’694.137,13, que se alega como valor total de los sobrecostos en que incurrió el demandante por la ejecución de la actividad TIE INS, no reconocida por ECOPETROL.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la liquidación bilateral del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el presente juicio se pretende el restablecimiento del equilibrio económico causado en la ejecución del contrato de obra n° 5210263 de 2010, cuya terminación tuvo lugar el 18 de diciembre de 2013. Como se anotó, las partes aceptaron, en la demanda y su respectiva contestación, que el negocio jurídico fue liquidado bilateralmente el 7 de enero de 2014, por la suma de $14.527’263.382, si bien no se aportó al proceso el acta correspondiente. Con todo, tomando como punto de partida el día siguiente al de la señalada fecha, se tiene que el término de caducidad habría expirado el 8 de enero de 2016. La demanda fue interpuesta el 24 de octubre de 2014 (f. 61, c.1), por lo cual se debe concluir que su presentación fue oportuna. La misma conclusión debe establecerse al tomarse la regla prevista en el subapartado v) del art. 164, numeral 2, literal j) del CPACA, relativo al vencimiento del plazo para liquidar; pues en ese evento, se tiene que el término para el balance final del negocio jurídico, tanto bilateral como unilateral, expiraba el 20 de junio de 2014, de acuerdo con lo previsto en las cláusulas del contrato (f. 6886, c.9), en las que se convino que la liquidación por mutuo acuerdo tendría un término de cuatro meses contados desde que finalizara el plazo de ejecución, mientras que la unilateral tendría un término de dos meses adicionales que iniciarían tras la expiración del lapso anterior.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
ECOPETROL / NATURALEZA JURÍDICA DE ECOPETROL / CONTRATOS DE ECOPETROL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / CÓDIGO DE COMERCIO / NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO
Problema jurídico:
¿El equilibrio económico contractual es aplicable en los contratos de derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: No
[T]al como lo establece el artículo 6 de la Ley 1118 de 2006, los actos jurídicos y contratos de ECOPETROL se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, siendo por tanto éstas las que, en efecto, gobernaron el negocio sub judice. Invocó la parte actora, en el petitum de la demanda, la ruptura del equilibrio económico del contrato n° 5210263, fenómeno que tomó como fundamento de todas las reclamaciones económicas que formuló en el juicio. No obstante, tal como recientemente lo ha recalcado la jurisprudencia de esta Corporación, la figura del equilibrio financiero no es aplicable en los contratos que se regulan únicamente por el derecho privado o están expresamente excluidos del EGCAP, puesto que es esta última normativa la que contiene regla expresa sobre la obligación de restablecer dicha ecuación cuando resulte alterada por causas imprevisibles, ajenas a las partes y sobrevinientes a la celebración del acuerdo de voluntades. Bajo esa línea, se ha insistido en que los artículos 5 - numeral 1, y 27 de la Ley 80 de 1993, que imponen la adopción de medidas para corregir el desequilibrio, sólo operan en los negocios celebrados por el Estado sujetos a ese ordenamiento, mientras que, en los de la esfera privada, es primordialmente el artículo 868 del Código de Comercio el que establece, bajo los supuestos allí determinados, el remedio de la revisión judicial para cuando circunstancias extraordinarias, imprevisibles y posteriores a la celebración de un contrato “de ejecución sucesiva, periódica o diferida”, alteren la prestación normal de futuro cumplimiento.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la inaplicabilidad de la figura del equilibrio financiero en contratos de derecho privado, consultar sentencia de 01 de septiembre de 2025, Exp.
25000-23-36-000-2018-01114-02(71063), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 1118 DE 2006 - ARTÍCULO 6, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATOS DE ECOPETROL / CONVENCIÓN COLECTIVA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / AUXILIO DE ALIMENTACIÓN / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento a favor del consorcio Tuberías La Cira Infantas 2011 de los sobrecostos asumidos por el aumento en los costos de alimentación, derivados de acuerdos posteriores entre ECOPETROL y la USO, como supuesto restablecimiento del equilibrio económico del contrato n.º 5210263?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]e aprecia que no existe mérito para establecer en cabeza de la entidad estatal, obligación alguna respecto de la compensación alimentaria en cuestión, por lo que no es atendible el correspondiente cargo formulado en la alzada. La guía ECP-DAB-G-014 del 1 de junio de 2010 le era aplicable al contrato, al constituir una norma interna de ECOPETROL, extensiva a sus contratistas, en los términos de la cláusula tercera del contrato materia de controversia. Por tanto, era claro que, al presentar la oferta y al celebrar el negocio jurídico, el consorcio aceptó y asumió la obligación de suministrar en especie la alimentación de sus trabajadores, debiendo incluir dicho ítem en la estructuración de su oferta y en los precios unitarios del proyecto. En la medida de todo lo anterior, el auxilio alimentario en dinero, inicialmente denominado “compensación de casino”, no hizo parte de los costos directos ni indirectos del contrato 5210263 de 2011: se reitera que al consorcio le correspondía suministrar en especie la alimentación de sus trabajadores, mas no sufragar en dinero esa prestación con la tarifa indicada en la guía de aspectos laborales que entonces estaba vigente, pues esa modalidad sólo estaría permitida de manera excepcional, previa solicitud de autorización debidamente motivada, presentada por el mismo contratista ante la instancia indicada por ECOPETROL. Corolario de tal circunstancia, es que no es cierto que ECOPETROL hubiera “incrementado unilateralmente” los costos de alimentación que materialmente debía cubrir el consorcio a favor de sus empleados, pues lo que hizo fue fijar periódicamente la tarifa del auxilio alimentario en dinero, aplicable a su propia nómina únicamente de manera excepcional, pero que el contratista no estaba obligado a pagar, por cuanto lo que era de su carga era justamente la otra modalidad, la del suministro en especie. Por otro lado, aunque sin perjuicio de lo que se ha analizado, el consorcio no acreditó haber pagado el mencionado auxilio monetario de alimentación durante el desarrollo del contrato, tal como lo señaló el a quo, ni demostró haber solicitado la autorización de esa alternativa ante el Comité de Compras y Contratación de ECOPETROL, o ante el funcionario designado para ello; mientras que sí aparece probado en la causa que dicho contratista suministró los alimentos a su equipo de empleados, siempre en especie y a través de restaurantes, como se aprecia con las planillas emitidas por éstos y las respectivas cuentas de cobro, expedidas entre 2011 y 2013.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATOS DE ECOPETROL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / JORNADA LABORAL / HORARIO DE TRABAJO / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento a favor del consorcio Tuberías La Cira Infantas 2011 de los sobrecostos alegados en la demanda, por concepto de hora de almuerzo de los trabajadores, como supuesto restablecimiento del equilibrio económico del contrato n.º 5210263?
Respuesta al problema jurídico: No
Se aprecia acertada la conclusión del a quo en cuanto a que el reconocimiento de la hora de almuerzo como parte integral de la jornada ordinaria laboral, para los trabajadores del consorcio, no fue una obligación surgida con posterioridad a la celebración del contrato, sino existente desde el período en que se adelantó la licitación privada y se celebró el negocio jurídico. (...) no existe basamento jurídico alguno para hacer responsable a ECOPETROL por el pago de la hora de almuerzo a los empleados del contratista como parte de la jornada laboral, pues tal obligación corrió siempre a cargo del consorcio, debiendo incluirse en los precios unitarios con los que se elaboró la respectiva oferta económica. A este respecto, no se desconoce que el 10 de julio de 2012, la USO divulgó el documento denominado “Derechos actualizados de los trabajadores de régimen convencional”, en el que mencionó el escalafón único acordado con ECOPETROL en la convención colectiva vigente, para actualizar con él las escalas salariales el 1 de julio de cada año. Pero ese instrumento, en manera alguna significó la modificación del contrato n° 5210263, pues en el comunicado del sindicato sólo se enunciaron los derechos laborales vigentes en ese momento para los empleados de la empresa estatal, incluyendo el “pago de una hora de almuerzo” para quienes tomaran esa alimentación dentro de las instalaciones, por “disponibilidad”. Es decir, la USO reiteró derechos ya existentes, precisando frente a algunos de ellos el efecto que en la respectiva vigencia tendrían las actualizaciones acordadas en la convención colectiva, pero no comunicó la imposición, por parte de ECOPETROL, de nuevas obligaciones para el contratista, frente a los empleados de este ni con cargo al negocio sub judice. Ahora bien, aunque los demandantes sostienen la ocurrencia de un detrimento injustificado y aducen como prueba de este el conjunto de planillas suscritas por cada trabajador, estas solo evidencian el suministro de almuerzos, pero no la efectiva remuneración de la hora destinada a esa comida, la cuantía correspondiente ni los precios que se tuvieron en cuenta para esa prestación al elaborarse la oferta, imposibilitando de esa manera establecer el punto en que se excedió el riesgo asumido por el consorcio, ya que tampoco se demostró siquiera la diferencia entre el valor de la jornada ordinaria inicial y el que por ese concepto se causó a partir del 10 de julio de 2012, fecha que el actor señala como la de “comunicación” de los cambios supuestamente introducidos por ECOPETROL bajo acuerdos con la USO, en cuanto al tiempo de almuerzo. Por estas razones, se confirmará la decisión del a quo, de negar el reconocimiento solicitado en este punto por la parte actora.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATOS DE ECOPETROL / VARIACIÓN DEL PRECIO / REAJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / OTROSÍ AL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Tenía derecho el contratista a la actualización de precios desde enero de 2011 por variaciones económicas previsibles?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala evidencia que, al formularse en la demanda la pretensión relativa al reconocimiento del reajuste en cuestión, se adujo la ocurrencia de “desequilibrio contractual”; sin embargo, en los hechos se acusó a ECOPETROL de desacatar arbitrariamente lo dispuesto en el parágrafo contractual citado, y de escudarse en la necesidad de suscribir un otrosí para forzar al contratista a aceptar las nuevas condiciones del negocio jurídico, excluyentes del reajuste para la vigencia 2011. Contrastada tal versión con las pruebas del proceso, se evidencia que el censor no desvirtuó las conclusiones que al respecto estableció el a quo, pues no se advierte que la entidad hubiera desatendido sus obligaciones contractuales en materia de reajuste, ni que la suscripción del otrosí cuestionado por la parte actora hubiera tenido como propósito el soslayo de ese compromiso asumido por la contratante, respecto de los precios de los materiales, herramientas y equipos “a partir del 1 de enero de cada año, iniciando el 1 de enero de 2011”. (...) Debe mantenerse la decisión de negar el reconocimiento del reajuste reclamado por la parte actora, ya que su no aplicación con base en el parágrafo segundo de la cláusula tercera, en su versión inicial, no obedeció a una inobservancia deliberada de ECOPETROL, sino a la firma del otrosí n° 1 del 18 de abril de 2011, en el que se modificó tal estipulación por haberse detectado un error en ella, precisamente por la realidad contractual; todo ello con la aquiescencia de la actora, sin prueba de que su voluntad hubiera estado viciada por un indebido proceder de la entidad.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATOS DE ECOPETROL / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / PRECIO UNITARIO / NORMA TÉCNICA / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Procedía reconocer al contratista mayores valores por las actividades de Tie-in, cuando estas eran previsibles, necesarias para el objeto contractual y se encontraban comprendidas en los precios unitarios aceptados, conforme al principio de buena fe contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el artículo 1603 del Código Civil, los contratos deben ejecutarse de buena fe, por lo cual, “obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la obligación”. De esta manera, no resulta de recibo que el contratista se obligue a realizar las soldaduras descritas en las especificaciones técnicas y el mantenimiento de la tubería objeto del contrato, con el Tie-in como paso necesario, aceptando un precio determinado, para luego señalar que por ese específico procedimiento debe recibir cantidades mayores. Por el contrario, como oferente diligente debía prever los Tie-ins dentro del mismo ítem, sin que necesariamente debiera corresponder a uno autónomo. (...) ECOPETROL no desatendió normas técnicas al estructurar la contratación ni al celebrar el acuerdo de voluntades con el consorcio; pero aún frente a ese escenario, el Tie-in no fue un elemento ajeno a lo pactado ni sorpresivo para el contratista. Por el contrario, la necesidad de aplicar Tie-ins en desarrollo del objeto convenido fue desde un comienzo fue previsible para el consorcio, pese a no haberse incluido expresamente, con esa denominación, en las especificaciones técnicas; y bajo tal previsión, aceptó ejecutar el contrato con precios unitarios que incluían todos los costos directos e indirectos de cada actividad. (...) cabe recalcar que todo contrato debe ser ejecutado de buena fe, y que en esa medida, en el caso concreto no resulta de recibo la conducta del propio contratista, quien, conociendo desde la fase licitatoria la necesidad de realizar Tie-ins, no solicitó ante ECOPETROL la incorporación de un ítem independiente en la estructuración de los precios unitarios ni planteó lo pertinente en las reuniones e intercambios de correspondencia que atrás se mencionaron, mientras que sí ejecutó los trabajos bajo los rubros existentes, esperando únicamente al juicio para plantear la necesidad de pagar la mencionada actividad, lo cual, se reitera, es opuesto a la buena fe que deben guardar las partes en la celebración y ejecución de sus contratos. En tal virtud, la Sala mantendrá incólume la denegatoria de la pretensión aquí analizada.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATOS DE ECOPETROL / INSUMOS / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Estaba ECOPETROL obligada a reembolsar los costos de accesorios y materiales adquiridos por el contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]ncuentra la Sala que si bien los hechos de la demanda aludieron a la prueba de la adquisición e instalación de los mencionados insumos por parte del contratista, tal probanza consistió en los documentos visibles en el “tomo 13”, contentivos de las actas parciales de obra en las que se constató y aprobó lo ejecutado por el contratista, en cada período revisado (c.14), pero no en la factura o comprobante de compra de los accesorios, documentos que, en todo caso, no habrían sido suficientes para acoger la pretensión de la actora, por las razones aquí señaladas. Resulta claro, por consiguiente, que la parte demandante no demostró que ECOPETROL esté en la obligación de reembolsar el valor de los accesorios antes mencionados, ya que el contrato y sus documentos anexos establecían expresamente que la adquisición e instalación de los mismos debía correr por cuenta del consorcio, lo cual se reconocería en el precio unitario del respectivo ítem o actividad. De otro lado, no se demostró el precio exacto de cada elemento, y por lo demás, no sobra precisar que tampoco es posible establecer que correspondía reconocer tales materiales a título de “gasto reembolsable”, pues esto último fue previsto en las especificaciones técnicas como el reconocimiento a cargo de ECOPETROL, de toda actividad o material que no estuviera previsto en el negocio jurídico a cargo de ninguna de las partes, pero que resultara necesario para adelantar la obra (numeral 44 de las especificaciones técnicas, f. 6880, c.9), lo cual fue también reconocido por el testigo J. C. O. O., quien manifestó que lo reclamado en la demanda eran materiales a cargo de ECOPETROL, y que los gastos reembolsables eran un concepto distinto, que cubría justamente ítems no fijados en el negocio jurídico como obligación de alguna de las partes. En ese orden de ideas, no se dan los elementos para establecer la prosperidad de esta pretensión de la parte demandante, de que se condene a ECOPETROL a pagar $454’275.414,81 por unos materiales cuyo suministro, a la luz de los documentos del contrato, sí le correspondía al consorcio y no a la entidad estatal demandada.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATOS DE ECOPETROL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PERMISO LABORAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN CONJUNTA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se acreditó la responsabilidad contractual de ECOPETROL frente a la alegada obligación de emitir los permisos de trabajo establecidos como requisito para iniciar las actividades correspondientes al contrato materia de juicio, por haber expedido tardíamente tales documentos?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]os indicados permisos -tanto los de trabajo como los de ingreso de personal, equipos y demás elementos- debían ser tramitados por el consorcio. Si bien la firma final debía ser implantada por ECOPETROL, era responsabilidad del contratista gestionar ese documento para cada inicio de labores en cada punto del campo La Cira Infantas en que fuera a operar, siendo tal el alcance de las especificaciones técnicas en torno a ello. En esa medida, se tiene que el mencionado permiso de trabajo era un requisito de conjunta responsabilidad, aunque el primer paso en la gestión respectiva debía darlo el consorcio. Ello se explica, no solo por la forma como fue redactada esa previsión en las especificaciones técnicas, sino también por un hecho que en ellas quedó igualmente advertido (...) dejando a salvo lo señalado hasta este punto en cuanto a la ausencia de plazos expresos para la “firma” de los permisos por parte de ECOPETROL, la Sala advierte que esa obligación era conjunta, se previó en atención a las pautas de seguridad de cada actividad adelantada, requería de un trámite previo que podía tomar tiempos superiores a una hora y corría primeramente por cuenta del consorcio; pese a cual, no obra prueba de las actividades desplegadas por el contratista para ese efecto, en ninguno de los casos referidos en los formatos de “reporte diario”. Por esta razón no es posible establecer que, partiendo de la hora o momento en que la parte interesada gestionó cada permiso, la entidad hubiera suscrito el documento tomado un tiempo no razonable, no cubierto en el sistema de precios unitarios pactado para cada actividad o violatorio de sus propias obligaciones. En ese orden de ideas, la decisión que, respecto de los permisos de trabajo, adoptó el a quo en la sentencia impugnada, deberá revocarse.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas a cargo de la parte demandante por falta de prosperidad del recurso de apelación que interpuso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, esto es, a la sociedad Cruz Ltda. y los señores (...), como integrantes del consorcio Tuberías La Cira Infantas 2011, y quienes deberán hacer el pago de dicho concepto en proporciones iguales. Ello en la medida que, según lo dispuesto en el artículo 365, numerales 3 y 8 del CGP, los argumentos de la alzada no prosperaron. Respecto a las agencias en derecho, dado que la parte demandada ejerció su defensa a través de la designación de apoderado judicial, que debió vigilar el proceso en sede de apelación, en los términos del Acuerdo 1887 de 2003, que establece la fijación de las agencias hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, se fijará la suma equivalente al 1% sobre el valor total debatido en segunda instancia, incluyendo el cargo de censura que prosperó a favor de ECOPETROL, equivalente a $31’335.647 a la fecha de ejecutoria del fallo. Las costas de segunda instancia serán liquidadas por el Tribunal de origen.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8