Titulación de la relatoría 18.325 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La reclamación del reajuste de precios, como salvedad consignada en el acta de liquidación por el consorcio demandante, conlleva la reclamación de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal?
Respuesta al problema jurídico: No
En el acta de liquidación unilateral del contrato consta solamente una “observación” del CAS, que pueda ser entendida como una salvedad a lo convenido en dicho negocio jurídico (aptdo. 4.20), el cual determina el marco de la presente controversia judicial . Esta salvedad se refiere únicamente a la “reclamación de los reajustes de precios de las actas del contrato”, de acuerdo con la cláusula décima del contrato (aptdo. 4.3). [...] [P]ara esta Colegiatura, la salvedad expresamente plasmada por el CAS en el acta de liquidación bilateral no encaja con lo reclamado en la controversia contractual entablada ante la Jurisdicción, esto es, el desequilibrio económico por la mayor permanencia en la obra ocasionada por las suspensiones y prórrogas pactadas a lo largo de la ejecución del contrato, y por motivos supuestamente ajenos al contratista.
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / REQUISITOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / NATURALEZA JURÍDICA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / MATERIALIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO
Problema jurídico:
¿Con la omisión de dar respuesta a la solicitud del reconocimiento de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal presentada a la interventoría operó el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 25, numeral 16, de la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: No
En este caso, prima facie ocurren dos circunstancias que impiden tener por configurado el silencio administrativo positivo: 5.5.3.1. Por un lado, no está probado que la petición haya sido entregada a la entidad contratante. En efecto, el CAS remitió su solicitud de reconocimiento de sobrecostos por mayor permanencia en la obra al interventor (aptdo. 4.12), y aquella fue recibida por una persona que, de acuerdo con la versión del representante de la Unión Temporal 2007 —interventora de obra—, trabajó por un tiempo para dicha firma (aptdo. 4.22.2).
En tal sentido, al margen de que pueda fungir como intermediario ante la entidad contratante, nada indica que el interventor haya actuado como representante del Departamento ante el contratista . De suerte que la referencia a esta comunicación no satisfizo el requisito de su entrega a la entidad contratante, como requisito fundamental para que el silencio administrativo se entienda configurado, silencio que fue negado por el entonces Subsecretario de Desarrollo Económico del Departamento (aptdo. 4.22.1) sin que, como queda señalado, obre prueba en el plenario que demuestre lo contrario. 5.5.3.2. Por otro lado, al margen del escrito de petición, el consorcio contratista no protocolizó documento alguno que permitiera entender que el Consorcio tenía derecho a las prestaciones materia de su petición, circunstancia que provoca que la formalidad de la solicitud ante notaría no tenga efectos de reconocimiento económico alguno en favor del contratista.
5.5.3.2. Por otro lado, al margen del escrito de petición, el consorcio contratista no protocolizó documento alguno que permitiera entender que el Consorcio tenía derecho a las prestaciones materia de su petición, circunstancia que provoca que la formalidad de la solicitud ante notaría no tenga efectos de reconocimiento económico alguno en favor del contratista.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de la figura de interventor del contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de junio de 2020, rad. 47101, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 16
CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMO JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Con la suscripción de convenios modificatorios del contrato de obra celebrados, sin efectuar salvedad alguna, el contratista renunció a la reclamación del restablecimiento del equilibrio financiero?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por otra parte, el cargo de la alzada (aptado. 2.4.3) en el que se reprocha la motivación del fallo de primera instancia, en punto a la ausencia de reclamaciones por sobrecostos derivados de una mayor permanencia en obra en los pactos de suspensión y reinicio del plazo contractual (aptado. 2.3.3), tampoco está llamado a prosperar, en cuanto excede el marco del juez del contrato en este asunto, en el que, como se determinó anteriormente (aptados. 3.2, 4.20, 5.4, 5.4.1 y 5.4.2), el demandante no consignó salvedad alguna sobre un desequilibrio económico del contrato, quedando zanjados así los conflictos sobre este aspecto en el acta de liquidación bilateral. La Sala encuentra pertinente advertir que no es la falta de reserva expresa por parte del contratista en las actas modificatorias del contrato, el motivo de la conclusión que antecede. Sobre ese punto, recuerda que la ausencia de protestas en los convenios modificatorios no genera necesariamente un pronunciamiento desestimatorio de las pretensiones de la demanda ya que, morigerando los pronunciamientos jurisprudenciales que establecieron dicha postura , esta Subsección ha considerado que el juez no puede dejar de valorar las pruebas conforme a la sana crítica, bajo el pretexto de la presunción de una conducta aquiescente, dado que es su deber analizar si los comportamientos del reclamante generaron confianza en su contraparte . Sin embargo, en esta ocasión la decisión tiene fundamento en la ausencia de salvedad sobre la materia objeto de pretensión, en el acta de liquidación, que es asunto diferente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posibilidad que tiene el juez de estudiar la controversia contractual, a pesar de que no se hayan efectuado salvedades previas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2011, rad. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2020, rad. 51833, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de diciembre de 2020, rad. 50613, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO / REVISIÓN DE PRECIOS / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN
Problema jurídico:
¿Cuando se pacta una fórmula de reajuste de precios se está ante una situación imprevista?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l reajuste, la actualización o la revisión de precios es una figura contractual que, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, procura mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras previstas al momento de proponer o de celebrar el contrato, según sea el caso. No obstante, su desarrollo legal procede de normas anteriores al estatuto contractual estatal vigente, por lo que la jurisprudencia viene perfilando hace tiempo los contornos de esta singular cláusula. Según la jurisprudencia , el objetivo de la fórmula contractual de reajuste de precios deviene de una realidad económica innegable en los contratos de tracto sucesivo, como lo es la variación de los precios de las prestaciones contratadas a lo largo de la ejecución del negocio; variación que, en un contrato de obra a precios unitarios, se traduce en el incremento del costo de los ítems que componen la construcción, cuyas dimensiones resultan imposibles de calcular al momento de proyectar la estructura económica del contrato, bien en la oferta o en la celebración del negocio. De allí que esta Sección haya sostenido que, si bien el alza o baja en el precio de los elementos que componen la construcción puede llegar a alterar las bases del contrato, cuando se pacta una fórmula de reajuste para atender esta circunstancia no se está ante una situación imprevista sino que, por lo contrario, las partes sí la previeron, por lo que acordaron el mecanismo de reacción frente a ese fenómeno económico; pacto este que, en todo caso, que no se opone a que, si las fluctuaciones de precios llegasen a tener una magnitud excepcional y anormal, estas puedan generar un desequilibrio económico del contrato, cuyo restablecimiento se sujetaría a la teoría de la imprevisión. Así pues, en rigor, el instrumento contractual del reajuste o revisión de precios no corresponde al reequilibrio del balance prestacional por situaciones distintas a la indexación de los precios de los componentes que integran el objeto contractual. En otras palabras, mediante esta estipulación las partes atienden la ocurrencia previsible pero indeterminable de la variabilidad en el valor a pagar por cada insumo o cantidad de obra requerido en la construcción, y no a otra serie de trastornos o dificultades en la ejecución del contrato que se relacionen, ya no con el costo intrínseco de cada elemento necesario para la obra e individualmente considerado, sino con la afectación de otras condiciones del negocio, por ejemplo, en el plazo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el objetivo de la fórmula contractual de reajuste de precios, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de febrero de 2012, rad. 16371, C. P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de septiembre de 2021, rad. 44977, C. P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de febrero de 2010, rad. 17663, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, rad. 12924, C. P. María Elena Giraldo Gómez, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de septiembre de 2003, rad. 22952, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CONTRACTUAL / CONFIGURACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / REQUISITOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / NATURALEZA JURÍDICA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Para que se configure el silencio positivo contractual adjunto con la solicitud, el peticionario debe aportar las pruebas necesarias que permitan deducir la obligación que se está reclamando?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a norma que prescribe el silencio administrativo positivo en materia contractual es el artículo 25, numeral 16, de la Ley 80 de 1993 que, a su vez, fue reglamentado por el artículo 15 del Decreto 679 de 1994, ambos vigentes para la fecha en que el contrato fue celebrado. [...] Del texto de ambas normas se infiere que, para entender configurado el silencio administrativo positivo en el contexto de los contratos estatales regidos por el EGCAP, debe: (i) antecederse de una petición presentada por el contratista; (ii) darse durante el período de ejecución del contrato; (iii) relacionarse, en su contenido, con la ejecución del mismo contrato; (iv) transcurrir tres meses, contados a partir de la presentación de la solicitud, sin que haya respuesta de la entidad estatal contratante y; (v) debe presentarse ante la entidad contratante, más precisamente ante el funcionario competente para comprometer la voluntad contractual de la entidad, quien a su vez responderá por haber permitido la configuración del silencio positivo. 5.5.2. Ahora, el silencio administrativo positivo en materia contractual es una expresión del principio de economía, lo que ha llevado a la jurisprudencia a precisar que no cualquier solicitud del contratista sin respuesta de la contratante se entiende contestada positivamente. Así, se ha afirmado que la petición debe contener un derecho preexistente a su formulación, de suerte que la ficción de aceptación presunta le permita al contratista proseguir con la ejecución del contrato y así evitar la parálisis proveniente del mutismo de la entidad . Esto implica, además, que adjunto con la solicitud, el peticionario deba “aportar las pruebas necesarias que permitan deducir la obligación que se está reclamando” si pretende configurar el silencio positivo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los requisitos para que se configure el silencio positivo contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2011, rad. 17555, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del del 12 de febrero de 2014, rad. 21576, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 7 de octubre de 1999, rad. 16165, C. P. María Elena Giraldo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 27 de enero de 2000, rad. 15609, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, y Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 12 de mayo de 2010, rad. 37446, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 679 DE 1994 - ARTÍCULO 15, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 16
MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Cuando se invoque la mayor permanencia en obra, además de la extensión en el tiempo, deben demostrarse concretamente los sobrecostos?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia tiene por sentado que la mayor permanencia en obra, bien sea invocada como supuesto de desequilibrio financiero o de incumplimiento contractual, demanda que, además de la extensión en el tiempo, deba demostrarse los ítems en que se produjeron concretamente los sobrecostos. Este requisito fue abiertamente desatendido por la parte actora que, más allá de acreditar las alteraciones del plazo, o sus causas, no allegó ni promovió la práctica de medio de prueba que soporte los sobrecostos económicos supuestamente asumidos. Esto es así ya que los reproches de apreciación probatoria que concretamente realizó el apelante, el testimonio del interventor (aptdo. 4.22.2), resulta insuficiente para cumplir con la carga legal de probar estos hechos. Y las actas de reajuste, anexadas a la liquidación bilateral (aptdo. 4.20), no reflejan los sobrecostos deprecados por el contratista sino que resumen los acuerdos a los que llegaron las partes a lo largo de la ejecución contractual.
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La ausencia de salvedades en el acta de liquidación bilateral del contrato estatal da lugar a la declaración oficiosa de excepciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia administrativa reiterada, en el acta de liquidación bilateral las partes contratantes acuerdan los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, así como las transacciones y pactos necesarios para declararse a paz y salvo. La liquidación es así un negocio jurídico que, como tal, obliga a quienes lo suscriben conforme al principio de la buena fe, los cuales únicamente pueden apartarse de lo pactada, con pretensiones de controversias contractuales, cuando concurran vicios del consentimiento o se hayan dejado salvedades expresas, las cuales deben ser concretas, específicas y versar sobre puntos determinados de la liquidación que no se compartan. Las salvedades al acta de liquidación bilateral determinan así el marco del juicio de controversias contractuales y su ausencia absoluta o relativa da lugar a la declaración oficiosa de excepciones, que tiene lugar en este proceso contencioso-administrativo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza jurídica del acto de liquidación del contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 16 de octubre de 1980, EXP1980-N1960; del 17 de mayo de 1984, exp. 2796; del 6 de diciembre de 1990, EXP190-N5165; del 6 de mayo de 1995, EXP1992-N6661; del 16 de febrero de 2001, exp. 11689; del 4 de junio de 2008, exp. 16293; del 29 de febrero de 2012, exp. 16371; del 13 de noviembre de 2013, exp. 21865; y Subsección, sentencias del 24 de julio de 2017, exp. 55836; Subsección del 31 de mayo de 2019, exp. 44239; y del 18 de diciembre de 2020, exp. 49840.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES
Problema jurídico:
¿En los procesos contencioso administrativos, es procedente el pronunciamiento oficioso de las excepciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) —aplicable en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificada — el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo establece el artículo 328 del CGP. Al tratarse de un proceso contencioso-administrativo, el pronunciamiento oficioso sobre las excepciones es procedente, según el artículo 187 del CPACA.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad que tiene el juez contencioso administrativo para declarar de oficio las excepciones, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. 49299.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328