Titulación de la relatoría 19.592 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SIMPLE APOYO A LA GESTIÓN / CONTRATO DE APOYO / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El contrato n.° 909 de 2011 celebrado por el Departamento tuvo naturaleza de contrato de prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión del contrato de interventoría n.° 150 de 2011, conforme a lo previsto en el inciso 2º del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, pese a incluir cláusulas excepcionales reguladas en la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
La naturaleza del contrato en estudio (...) Revisados los antecedentes, incluidos los estudios previos, se tiene que el contrato n.° 909 de 2011, aquí en estudio, tenía como objeto “realizar la supervisión” al contrato n.° 150 del 8 de febrero de 2011, el que a su vez tenía por finalidad realizar la interventoría técnica, financiera y administrativa de la construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa departamental. (...) De conformidad con lo expuesto, algunas actividades dan a entender de que se realizó indirectamente la supervisión del contrato de interventoría n.° 150 de 2011; sin embargo, otras también permiten interpretar que hubo un apoyo a la supervisión, (...) Además, en el contrato n.° 909 se pactó la caducidad del contrato y las cláusulas excepcionales reguladas en los artículos 14 a 17 de la Ley 80 de 1993 (...), las cuales son prohibidas en los contratos de consultoría, pero potestativas en los contratos de prestación de servicios profesionales (artículo 14 de la Ley 80 de 1993). (...) Lo anterior pone de presente que hubo una supervisión por parte del Departamento. En esa medida, una lectura integral de los citados documentos, impone interpretar que el contrato en estudio fue un apoyo para dicha labor. (...) Dicha posibilidad está habilitada por el inciso 2º del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, aplicable al presente asunto (...) Es bajo esta naturaleza en la que debe entenderse lo celebrado y ejecutado por las partes. No se desconoce que el precio del contrato se muestra, en principio, desbordado para esta clase de contratos, pero el Decreto 1737 de 1998 y sus normas modificatorias, que fijaron el límite en valor para esta tipología se limitaron al nivel nacional, toda vez que en su artículo 2º señaló que las entidades territoriales adoptarían medidas equivalentes. Dicha norma no fue aportada al proceso ni identificada, situación que impide corroborar este aspecto, tal como lo señala el artículo 167 del CPACA. En todo caso, sería una nulidad parcial del precio, que no afectaría en nada el resto del contrato y el balance económico de las restituciones mutuas sería similar al del cargo del reconocimiento del precio pactado sin descuentos, como se verá más adelante.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 167, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 83 INCISO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 15, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 16, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17
RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Puede la Sala pronunciarse sobre el pago del acta parcial n.° 3, los sobrecostos por prórrogas y el reconocimiento del precio total pactado cuando el recurso de apelación no controvirtió las razones expuestas por el a quo para negar esas pretensiones?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]e tiene que respecto del pago del acta parcial n.° 3, la apelación se limitó a consignar, en un cuadro, que lo adeudado por este valor eran $138.781.163 (...), que pretendió fundar en los argumentos generales de que tenía derecho al pago completo. Al respecto, precisa recordar que el a quo desestimó esta pretensión, toda vez que el 15 de abril de 2013, el Departamento requirió al contratista para que precisara algunos aspectos respecto de la cuenta en estudio, sin que éste hubiera procedido de conformidad, lo que hacía improcedente su reclamación. También apoyó tal conclusión en el estudio técnico realizado por la ingeniera (...) , asesora externa del Departamento, quien reiteró las inconsistencias del referido documento, incluso, como testigo dentro del presente proceso. (...) Como se observa, no hay un ataque directo en contra de las razones expresadas por la primera instancia y, por lo tanto, la Sala se abstendrá de realizar un estudio de fondo sobre este particular. (...) Ocurre lo mismo con el pago de los sobrecostos generados por las prórrogas. En efecto, en el recurso, además de las reiterativas razones generales para el pago integral, (...) El a quo para negar esta pretensión se limitó a señalar que las prórrogas fueron firmadas libremente y de mutuo acuerdo. Además, que el contratista debía conocer que la extensión de sus prestaciones no podía sobrepasar las prórrogas. (...) Como se observa, tampoco el apelante cuestionó estos razonamientos de la primera instancia. En efecto, se imponía cuestionar si del texto de las prórrogas n.°s 1 y 2 se derivaba la conclusión del a quo, así como la obligación del contratista de conocer las extensiones temporales del contrato, pero nada de esto no fue cuestionado. (...) Frente al reconocimiento del valor total del precio pactado, sin la reducción proporcional a la ejecución de los proyectos, precisa recordar que el a quo consideró que debía pagarse de conformidad con el avance de los proyectos objeto de supervisión, puesto que así se pactó. recordar que aquí el contratista presentó una propuesta en donde incluía el costo por personal y los costos directos, guarismos con base en los cuales se obtenía el precio total de la interventoría. En el contrato se pactó que la forma de pago del 90%, en actas parciales, estaría sujeta “al avance de las obras previa amortización del anticipo” (...) . Fue esto último lo que generó la postura del Departamento y que confirmó el a quo, en tanto estimaron que sólo se debía reconocer al contratista lo efectivamente ejecutado en las obras vigiladas. (...) El apelante, bajo argumentaciones austeras, pero que sí revelan una contradicción frente a lo resuelto por el a quo, señaló que cumplió con lo pactado y que debía pagársele lo acordado sin ninguna deducción, comoquiera que así se desprendía de los documentos precontractuales y del contrato mismos. (...) En suma, la Sala se limitará a resolver sobre el cumplimiento del contrato frente a la vinculación del personal, así como el pago sin deducciones, que fueron los únicos cargos que cumplieron con el deber de sustentación, como se verá a continuación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la necesidad de sustentación material de los reparos de la apelación, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010, exp. 2009-00045 (36838), C.P. Myriam Guerrero de Escobar; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, exp. 1997-08775-01 (19283), C.P. Enrique de Jesús Gil Botero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de mayo de 2014, exp. 31469, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de febrero de 2025, exp. 70629, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO DE TRABAJO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / PROSPERIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La incorporación del factor multiplicador en la propuesta económica imponía al contratista la obligación de vincular al personal mediante contratos laborales?
Respuesta al problema jurídico: No
El cumplimiento del contrato frente a la vinculación del personal (...) En primer lugar, la Sala llama la atención sobre uno de los fundamentos del a quo para declarar el incumplimiento del consorcio I.E. 2011, comoquiera que para el efecto se valió de las conclusiones del dictamen pericial. (...) Las anteriores conclusiones, aunque no fueron las únicas pruebas que sirvieron de apoyo al a quo, no pueden per se fundar un incumplimiento, comoquiera que dicha labor corresponde al juez del contrato. (...) Ahora, no puede desconocerse que aunque, se itera, dicha labor no le corresponde al perito, su trabajo sí arroja claridad sobre algunas cuestiones técnicas en la estimación del precio de la interventoría en estudio. En efecto, refirió que se utilizó un factor multiplicador para el cálculo del precio. Este concepto, generalmente utilizado en este tipo de contratos, permite imputar a la consultoría los costos directos asociados a salarios del personal vinculado con carácter exclusivo al proyecto, así como conceptos asociados a prestaciones sociales, la utilidad del ingeniero y los costos de administración (...) Los estudios previos de la contratación del contrato en estudio dejan entrever que el Departamento exigió vincular al personal a través de contratos laborales o de prestación de servicios. (...) Además, en el Anexo 11 de la propuesta económica del consorcio I.E. 2011, el valor asignado a cada profesional corresponde a la categoría “sueldo / honorarios”. La expresión honorarios —a diferencia de sueldo— indica la remuneración propia de un profesional independiente y no el marco de subordinación característico del contrato de trabajo. Este elemento adicional confirma que el esquema económico proyectado por el oferente no presupuso, ni contractual ni técnicamente, la existencia de relaciones laborales con el personal vinculado al proyecto. En efecto, en el numeral 4.1., sobre las especificaciones técnicas del objeto o producto del contrato de consultoría se consignó [factor multiplicador] (...) Es preciso mencionar que a folio 65 del cuaderno n.° 12 obra otro anexo n.° 11, sin firma, en el que se hace el mismo ejercicio, pero se cambió el factor multiplicador de 2.7 a 2.66, lo cual redujo el valor de la propuesta a la suma $1.403.247.360, que fue el monto por el que se celebró el contrato (...); no obstante, esta disparidad sólo confirma, para lo que aquí interesa, que el referido elemento fue uno de los componentes que el contratista incluyó en su proyección de costos. (...) Ahora, la cuestión que sigue es determinar si por el hecho de incorporar el referido elemento se imponía la celebración de contrato laborales. (...) El pliego dio un margen a la interventoría para el efecto, puesto que se limitó a señalar las variables para el factor multiplicador, pero no así una modalidad de vinculación específica. Esto resulta entendible, en la medida que el interventor, como responsable de administrar el contrato, debía analizar las particularidades de la ejecución y con base en ello fijar, entre otras, la forma de vinculación del personal requerido. (...) El contrato se limitó a señalar que el valor del mismo incluía todos los costos directos e indirectos del contratista consignados en su propuesta (parágrafo primero de la cláusula quinta, (...) y que debía acreditar su afiliación y pagos parafiscales, como requisito para los desembolsos respectivos, pero sin precisar que se tratara de los de sus miembros o de su personal (...). (...) En suma, no se derivaba la imposición para el contratista de vincular a su personal a través de contratos laborales y, por ende, queda sin sustento el incumplimiento endilgado por la primera instancia. (...) En los anteriores términos, la Sala concluye que no hubo incumplimiento del contratista, sin que se pueda ir más allá, como quiera que el único apelante se limitó a cuestionar dicho aspecto, sin que la parte interesada, el Departamento, solicitara revisar la decisión del a quo de no condenar en perjuicios al contratista. (...) En consecuencia, este cargo de la apelación está llamado a prosperar y, por lo tanto, se revocará el numeral primero de la sentencia de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la metodología para el cálculo de honorarios del consultor, ver: Consejo de Estado, Subsección A, sentencia del 30 de mayo de 2025, exp. 70671, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1522 DE 1983 - ARTÍCULO 33, DECRETO 66 DE 1988 - ARTÍCULO 65
PAGO DEL CONTRATO / ENTREGA DE OBRA PÚBLICA / INTERVENTORÍA / INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA / RESTITUCIÓN DE DINERO / DEVOLUCIÓN DEL PAGO EN EXCESO / PAGO EN EXCESO
Problema jurídico:
¿El contratista puede exigir el pago total del valor pactado en el contrato cuando la forma de pago se condicionó al avance de las obras, aunque dicho avance no se incluyó como factor para calcular el precio de la interventoría?
Respuesta al problema jurídico: No
El pago sin las deducciones por el avance de las obras (...) Sobre el particular, precisa recordar que el a quo consideró que debía pagarse de conformidad con el avance de los proyectos objeto de supervisión. (...) Vale recordar que aquí el contratista presentó una propuesta en donde incluía el costo por personal y los costos directos, guarismos con base en los cuales se obtenía el precio total de la interventoría. En el contrato se pactó que la forma de pago del 90%, en actas parciales, estaría sujeta “al avance de las obras previa amortización del anticipo” (...) Frente a este tipo de acuerdo, la Sala ha tenido posiciones encontradas. (...) De la oferta del contratista (...) se desprende que en la forma de pago no se determinó que el avance de las obras fuera un ítem para el cálculo del precio; por el contrario, un análisis integral de los documentos precontractuales, así como de lo estipulado, no aparece evidente que dicho guarismo fuera un elemento estructurante del costo final del contrato. Efectivamente, el precio se fijó con base en el personal más los costos directos por un total de $1.423.175.803, a los cuales tendría derecho el contratista de ejecutar la totalidad de las labores a las cuales se comprometió, sin que el avance de las obras, se insiste, fuera un factor aceptado dentro de dicha fórmula, aunque sí una condición para ejecutar la forma de pago. (...) En esta oportunidad, la propuesta del actor, que fue aceptada e incorporada en el contrato, se cobró un valor total, sin que en ningún momento quedara incorporada la ejecución de las obras como un elemento que impactara en dicha cuantificación. (...) En todo caso, de acuerdo con el dictamen pericial, los valores ejecutados efectivamente por el contratista corresponden a la suma de $808.043.640,83 (...), cifra que no fue cuestionada en primera instancia ni en la apelación por su parte, en el informe ejecutivo de marzo de 2015 del contrato n.° 909 se consignó que lo desembolsado al contratista fue la suma de $1.146.663.580 (...) En esos términos, bien hizo el a quo al ordenar que el consorcio I.E. restituyera al Departamento la suma de $338.619.939, como quiera que este valor corresponde a lo no ejecutado por el contratista. (...) En los anteriores términos, se impone confirmar la sentencia del a quo respecto de este reparo de la apelación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el pago conforme con avances de obra, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Salvamento de voto de María Adriana Marín a la sentencia del 17 de octubre de 2023, exp. 69492, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; aclaración de voto de María Adriana Marína a la sentencia del 30 de mayo de 2025, exp. 70671, C.P. José Roberto Sáchica, ; aclaración del Consejero de Estado Alberto Montaña Plata a la sentencia del 26 de marzo de 2025, exp. 68206, C.P. Fredy Ibarra Martínez. Aclaración de voto de María Adriana Marín, a la sentencia del 30 de mayo de 2025, exp. 70671, C.P. José Roberto Sáchica;
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Procede imponer condena en costas a la parte actora en segunda instancia cuando el recurso de apelación prospera parcialmente pero se niegan todas las pretensiones de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
Condena en costas (...) Debe precisarse que el recurso de apelación prosperó parcialmente. Efectivamente, se revocará el numeral primero de la decisión atacada, pero se negarán las pretensiones de la demanda. (...) En ese orden, de conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia debe disponerse sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el estatuto procesal civil. El artículo 365 del Código General del Proceso establece que hay lugar a condenar en costas, entre otras, a la parte vencida en el juicio, sin perjuicio de que, a la luz del numeral 5 de la misma norma, el juez pueda abstenerse de imponer las costas o hacerlo de manera parcial, si prospera una parte de las pretensiones de la demanda. (...) En consecuencia, toda vez que las pretensiones se negarán en su totalidad, se impone condenar en costas a la parte actora en esta instancia. Por tanto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso, se dispondrá que, por intermedio de la secretaría del tribunal de primer grado, se proceda a su liquidación de manera concentrada. (...) Para tales efectos, la Sala fijará las agencias en derecho, de conformidad con la naturaleza, la complejidad y la duración de la actuación que tuvo que desplegar la parte vencedora frente al respectivo recurso. La fijación de las agencias en derecho se hará en los términos del Acuerdo 10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda del consorcio apelante, establece que para los asuntos declarativos en general, con cuantía y en segunda instancia, el valor de las agencias en derecho es entre el 1 y 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). (...) Por lo anterior, la Sala fija como agencias en derecho, en esta instancia, en un (1) SMMLV a favor del departamento de Casanare, quien ha actuado a través de apoderado durante todo el proceso. Los miembros del consorcio I.E. responderán en la medida de sus participación en el mismo, es decir, 50% para cada uno
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2023, exp. 69247, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de octubre de 2023, exp. 59515, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366