Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: el contrato se encuentra sometido a las normas del derecho privado y sus efectos están sujetos
Lo que dijo la Sala
Conforme al artículo 93 de la Ley 30 de 1992, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales, como la Universidad del Magdalena, se rigen por las normas del derecho privado y sus efectos están sujetos a las disposiciones civiles y comerciales. En este sentido, el negocio jurídico celebrado entre la Universidad del Magdalena y la Fundación no se regía por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo por lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.… El negocio jurídico corresponde a un contrato de colaboración atípico.… Una característica inherente a los contratos de colaboración es que los contratantes buscan alcanzar un fin común… .
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Síntesis síntesis automática
Los contratos que las universidades estatales celebran para el cumplimiento de sus funciones se rigen por las normas del derecho privado y sus efectos están sujetos a las disposiciones civiles y comerciales, conforme al artículo 93 de la Ley 30 de 1992, de modo que no se someten al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. El negocio de colaboración que se celebra con una fundación, en el que las partes buscan alcanzar un fin común, corresponde a un contrato de colaboración atípico, cuyo cumplimiento se rige por lo pactado en sus cláusulas. En el caso concreto, la fundación afirmó que la universidad remitió tardíamente las actas de las reuniones de la junta y que su contenido no reflejaba lo discutido, pero no se acreditó el incumplimiento imputado en relación con la elaboración, el contenido y la entrega de esas actas. Como consecuencia práctica, el incumplimiento de un contrato de colaboración celebrado por una universidad estatal debe probarse conforme a sus cláusulas, y no conforme al Estatuto de Contratación.
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Problema jurídico
¿El contrato se encuentra sometido a las normas del derecho privado y sus efectos están sujetos a las disposiciones civiles y comerciales?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Decreto 410 de 1971, arts. 865 y 903
- Ley 1150 de 2007, art. 13
- Ley 30 de 1992, art. 93
También resuelve
- ¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la Universidad en relación con la elaboración, contenido y entrega de las actas de las reuniones de la Junta del Convenio?
- ¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la universidad relacionado con la inasistencia a las reuniones de la Junta del Convenio?
- ¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la universidad relacionado con el desconocimiento de las atribuciones de la Junta del Convenio?
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Titulación de la relatoría 20.525 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA / NEGOCIO JURÍDICO / CONVENIO DE COLABORACIÓN / CONTRATO POR COLABORACIÓN / UNIVERSIDAD PÚBLICA / NORMA DE DERECHO PRIVADO / FUNDACIÓN / INTERPRETACIÓN POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO / SERVICIO EDUCATIVO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES / REQUISITOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El contrato se encuentra sometido a las normas del derecho privado y sus efectos están sujetos a las disposiciones civiles y comerciales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conforme al artículo 93 de la Ley 30 de 1992, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales, como la Universidad del Magdalena, se rigen por las normas del derecho privado y sus efectos están sujetos a las disposiciones civiles y comerciales. En este sentido, el negocio jurídico celebrado entre la Universidad del Magdalena y la Fundación no se regía por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo por lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. […] El negocio jurídico corresponde a un contrato de colaboración atípico. […] [U]na característica inherente a los contratos de colaboración es que los contratantes buscan alcanzar un fin común […]. [L]as partes estipularon que, para garantizar la explotación conjunta y coordinada de los servicios educativos ofertados, se constituiría una Junta del Convenio (cláusula tercera) y que se realizarían liquidaciones semestrales de los programas con el fin de distribuir de manera paritaria las utilidades (cláusula octava). […] La cláusula relativa a la terminación del contrato que convinieron la Universidad y la Fundación es acorde con la naturaleza colaborativa del negocio. La potestad unilateral de darlo por terminado no quedó sujeta a la mera voluntad de una de las partes (ad nutum), lo que resultaría impropio en un acuerdo de colaboración, sino que se condicionó en los siguientes términos: “Las partes podrán dar por terminado el presente convenio por las siguientes causales: a) Cuando alguna de las partes incumpla con algunas de las obligaciones establecidas en el presente convenio, que imposibilite la ejecución del mismo”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el contrato de colaboración y sus características, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia de 13 de septiembre de 2006, rad. 88001-31-03-002-2022-00271-01, M. P. Jaime Arrubla Paucar.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 865, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 903, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 30 DE 1992 - ARTÍCULO 93, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1617
CONVENIO DE COLABORACIÓN / ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA / OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / CONTRATO POR COLABORACIÓN
Problema jurídico:
¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la Universidad en relación con la elaboración, contenido y entrega de las actas de las reuniones de la Junta del Convenio?
Respuesta al problema jurídico: No
La Fundación afirmó que la Universidad del Magdalena remitió tardíamente las actas de las reuniones de la Junta del Convenio y que su contenido no reflejaba fielmente lo discutido en dichas sesiones. Las cláusulas tercera y cuarta del contrato, en las que se reguló la conformación y el funcionamiento de la Junta del Convenio, no establecieron la obligación de elaborar actas de sus reuniones. En consecuencia, tampoco se fijó un plazo en el que una parte tuviera que remitir el acta a la otra. Por lo tanto, en principio, no puede considerarse que la Universidad asumió esta obligación ni que hubiera incumplido el convenio. […] [L]a Sala no encuentra probado el incumplimiento imputado a la Universidad en relación con la elaboración de las actas de la Junta del Convenio. En consecuencia, resulta innecesario determinar si la supuesta infracción, cuya ocurrencia no fue demostrada, tenía la entidad suficiente para imposibilitar la ejecución del convenio y justificar su terminación anticipada.
CONVENIO DE COLABORACIÓN / CONTRATO POR COLABORACIÓN / OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / REUNIÓN PRESENCIAL / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la universidad relacionado con la inasistencia a las reuniones de la Junta del Convenio?
Respuesta al problema jurídico: No
La Fundación afirmó que la Universidad incumplió sus obligaciones contractuales al no asistir a las reuniones de la Junta del Convenio. La cláusula tercera del contrato estableció que este órgano debía reunirse “conforme al calendario establecido de común acuerdo entre las partes”. Sin embargo, en el expediente no obra ningún documento, como un acta de reunión, que evidencie la aprobación de un cronograma con fechas fijadas anticipadamente. Ante la ausencia de un calendario previamente definido, correspondía a los miembros de la Junta coordinar la programación de las sesiones. […] [L]a Sala no encuentra acreditado el incumplimiento alegado, por lo que si bien resultaría innecesario analizar si la supuesta infracción tenía la entidad suficiente para imposibilitar la ejecución del convenio y justificar su terminación anticipada, esto no releva a la Sala de afirmar que sin duda no se refiere a un aspecto central de la ejecución del contrato, que revele una gravedad tal que impidiera su ejecución.
CONVENIO DE COLABORACIÓN / CONTRATO POR COLABORACIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD / FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA / PROGRAMA ACADÉMICO UNIVERSITARIO / CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD / SERVICIO EDUCATIVO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la universidad relacionado con el desconocimiento de las atribuciones de la Junta del Convenio?
Respuesta al problema jurídico: No
La Fundación alegó que la Universidad del Magdalena incumplió sus obligaciones contractuales al desconocer que, conforme a lo establecido en el convenio suscrito entre ambas partes, la Junta del Convenio era el órgano competente para definir los asuntos administrativos y académicos relacionados con los programas de posgrado ofertados. […] En el clausulado del convenio se detallaron las funciones que cumplirían estas dos instancias (Junta del Convenio y Consejo). […] Las estipulaciones […] evidencian que la Junta del Convenio no era un órgano con facultades omnímodas en la adopción de decisiones relacionadas con los aspectos académicos y administrativos de los programas ofrecidos. El Consejo de los Programas, en el cual no participaba la Fundación, sino autoridades de la Universidad y representantes de estudiantes y docentes, también tenía funciones relevantes en tales asuntos, como la definición de la programación académica y la conformación de la nómina de docentes. Esta distribución de competencias no solo estaba expresamente prevista en el convenio, sino que era consistente con el hecho de que la Universidad, como entidad acreditada por el Ministerio de Educación Nacional para dictar el programa, era responsable de garantizar la calidad del servicio educativo y el cumplimiento de sus estatutos y reglamentos, los cuales estaban sujetos a la inspección y vigilancia del mismo Ministerio, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1740 de 2014. […] [E]l hecho de que el Consejo resolviera no acoger una sugerencia de la Fundación en la conformación de la nómina, que debía ser sometida a la aprobación de la Junta, no constituye un desconocimiento de las competencias de la Fundación; por el contrario, se trata una aplicación concreta de las facultades concurrentes de ambas instancias. […] En consecuencia, además de estar expresamente previsto en el contrato, la Fundación reconoció en las reuniones de la Junta del Convenio las atribuciones del Consejo en la conformación de la nómina docente, y no fue sino hasta después que alegó que esto constituía una usurpación de funciones. Así las cosas, no hallándose probada la alegación de que el Consejo de Programas asumió competencias que correspondían exclusivamente a la Junta del Convenio, resulta innecesario determinar si la supuesta infracción tenía la entidad suficiente para imposibilitar la ejecución del convenio y justificar su terminación anticipada.
FUENTE FORMAL:
LEY 1740 DE 2014 - ARTÍCULO 3
CONVENIO DE COLABORACIÓN / CONTRATO POR COLABORACIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD / ESTADOS FINANCIEROS / VERACIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS / DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES / MARGEN DE UTILIDAD / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL
Problema jurídico:
¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la universidad relacionado con la liquidación de las utilidades que se causaron en el primer semestre cursado por la cohorte 1?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Fundación adujo que la Universidad del Magdalena presuntamente realizó de manera extemporánea e inexacta la liquidación parcial de los resultados financieros del primer semestre académico cursado por la cohorte 1 y que dicha liquidación carecía de soportes. […] [L]a Universidad incurrió en inexactitudes al liquidar el monto de las utilidades repartibles del primer semestre académico cursado por la cohorte 1. Como consecuencia de lo anterior, no pagó de forma completa los beneficios sobre los cuales tenía derecho a participar la Fundación. Esto se debió a que, en la depuración de los beneficios repartibles, la institución educativa incluyó egresos superiores a los gastos autorizados en el presupuesto, sin contar con el acuerdo previo que exigía la cláusula séptima del contrato. Lo anterior se tradujo en que se disminuyó la utilidad repartible en favor de su cocontratante por la suma total de $7’903.000, de los cuales $6’600.000 corresponden al rubro de coordinación del programa y $1’303.900 al de publicidad y promoción. Debido a la depreciación monetaria propia de una economía inflacionaria, la Universidad debe pagar el monto anterior debidamente actualizado a la fecha de la sentencia […]. Sobre las anteriores sumas no se liquidarán intereses moratorios por dos razones. En primer lugar, porque esta solicitud no fue elevada expresamente por el demandante. En segundo lugar, porque el punto relativo a la oportunidad en que la Universidad pagó a la Fundación las utilidades repartibles por el primer semestre académico, sobre el cual el Tribunal desestimó el planteamiento de la Fundación, no fue objeto de reparo en el recurso, y el retardo culpable es un elemento estructural de la mora (Código Civil, art. 1608).
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1608
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD / ESTADOS FINANCIEROS / DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES / PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES / MARGEN DE UTILIDAD / REQUISITOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la universidad relacionado con la liquidación de las utilidades que se causaron en el segundo semestre cursado por la cohorte 1?
Respuesta al problema jurídico: No
La Fundación alegó que la Universidad realizó de manera extemporánea e inexacta la liquidación de las utilidades correspondientes al segundo semestre académico que finalizó el 1 de junio de 2020. […] En relación con la oportunidad, se reitera que el contrato estableció que las partes realizarían una liquidación parcial en un término máximo de 30 días hábiles tras la finalización de cada semestre académico. […] Dado que la liquidación suponía un ejercicio mancomunado y hay evidencia en el expediente de que la Fundación no cumplió con su deber de colaboración para cuantificar tales sumas, no es procedente imputar un retardo culpable a la Universidad. Adicionalmente, la Fundación terminó unilateralmente el contrato de colaboración el 31 de marzo de 2020, antes de la culminación del segundo semestre académico, que tuvo lugar el 1 de junio del mismo año. Esta decisión se tomó a pesar de que, antes del 31 de marzo, no se había presentado un incumplimiento esencial del contrato que imposibilitara su ejecución y que justificara dicha determinación […]. [E]l demandante no probó que la Universidad del Magdalena tuviera la obligación de pagar una suma mayor a la que giró por los resultados financieros del segundo semestre académico de la cohorte 1. No hay argumentos ni pruebas que permitan inferir que, en la determinación de los beneficios repartibles del segundo semestre, debieron incluirse mayores ingresos o menores costos y gastos operacionales a los que tomó en consideración la institución de educación superior.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD / PROGRAMA ACADÉMICO UNIVERSITARIO / INGRESO A PROGRAMA ACADÉMICO UNIVERSITARIO / COOPERACIÓN INTERNACIONAL / INEXISTENCIA DE COMPETENCIA DESLEAL / FALTA DE PRUEBA
Problema jurídico:
¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la universidad relacionado con el desvío de interesados a otros programas ofertados por la Universidad?
Respuesta al problema jurídico: No
La Fundación afirmó que la Universidad del Magdalena habría incumplido el convenio al propiciar que algunos interesados en los programas de cooperación internacional desistieran de inscribirse, informándoles que estos no estaban siendo ofertados. Según el demandante, esto ocasionó una reducción de los ingresos operacionales de la operación conjunta y, por tanto, un menor valor de utilidades repartibles. […] La naturaleza colaborativa del convenio suscrito entre las partes imponía a la Universidad el deber de no interferir en la elección de quienes demandaban servicios de educación superior ni condicionar su decisión para evitar que optaran por los posgrados implementados conjuntamente, especialmente porque dentro de sus compromisos estaba “realizar las actividades de promoción que se requieran para la vinculación de estudiantes” […]. En un mercado en competencia se considera desleal toda conducta —realizada con fines concurrenciales— que tenga como objeto o efecto desviar la clientela de una actividad, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial (Ley 256 de 1996, art. 8). Por ello, con mayor razón, debe considerarse un incumplimiento grave que, en el marco de un contrato de colaboración, una de las partes despliegue intencionalmente actuaciones dirigidas a desincentivar la inscripción en los programas ofertados conjuntamente, redirigiendo a los interesados hacia otros programas exclusivos de la Universidad. […] [L]a Sala no encuentra ninguna prueba que corrobore siquiera mínimamente el enunciado fáctico en el que se sustentó esta imputación de incumplimiento. En consecuencia, resulta innecesario avanzar en el análisis de los elementos de la responsabilidad contractual respecto de este hecho.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 256 DE 1996 - ARTÍCULO 8
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / COOPERACIÓN INTERNACIONAL / PROGRAMA DE POSGRADO / DOCUMENTO / DERECHOS DE AUTOR / FALTA DE PRUEBA / COBRO DE DERECHOS DE AUTOR / TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Se acreditó el incumplimiento imputado a la universidad relacionado con el uso de documentos de propiedad intelectual de la Fundación?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Fundación afirmó que la Universidad incumplió el convenio al no pagar suma alguna ni indemnizar los perjuicios derivados del uso continuado de los documentos de los posgrados de cooperación internacional con posterioridad a la terminación del contrato. Sostuvo que, conforme a lo establecido en el convenio y en el documento maestro de condiciones de calidad del programa, mediante el cual se gestionó su registro calificado, dichos documentos estaban protegidos por la propiedad intelectual de la Fundación. […] En el expediente no reposa ninguna prueba de los hechos en que se funda esta imputación. […] En conclusión, independientemente de si esta imputación estaba comprendida en las pretensiones declarativas de la demanda y de si era procedente formularla a través del medio de control de controversias contractuales —dado que la presunta lesión del derecho de autor se habría producido tras la terminación del contrato—, no se probaron los hechos en que se sustentó.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / SOLICITUD DE NULIDAD / DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO JURÍDICO / NORMA DE DERECHO PRIVADO / INEXISTENCIA DE JUICIO DE LEGALIDAD / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Procede la nulidad de las resoluciones mediante las cuales la Universidad del Magdalena dispuso el pago a la Fundación de las utilidades o excedentes del primer semestre de la cohorte 1 en 2019, los gastos operacionales en que incurrió la Fundación durante el segundo semestre y las utilidades o excedentes correspondientes a este último período?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala confirmará la decisión del Tribunal de negar la pretensión subsidiaria de la demanda, en la que se solicitó la nulidad de las tres resoluciones mediante las cuales la Universidad del Magdalena dispuso el pago a la Fundación de las utilidades o excedentes del primer semestre de la cohorte 1 en 2019, los gastos operacionales en que incurrió la Fundación durante el segundo semestre y las utilidades o excedentes correspondientes a este último período. Esto se debe a que tales resoluciones no constituyen actos administrativos anulables por alguno de los vicios invalidantes previstos en el artículo 137 del CPACA. […] [L]as manifestaciones unilaterales adoptadas por las universidades estatales en ejecución del contrato, que tengan por destinatarios a sus contratistas, no constituyen actos administrativos, sino actos jurídicos contractuales sometidos al derecho privado, salvo disposición en contrario, que no existe en este caso. […] Dado que estas resoluciones no constituyen actos administrativos sobre los cuales deba adelantarse un juicio de legalidad por presunta contrariedad con normas jerárquicamente superiores señaladas en la demanda, debe confirmarse la decisión de desestimar esta pretensión subsidiaria.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia en el evento de prosperar de manera parcial el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: No
De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CGP. Según el numeral 1º del artículo 365 del CGP, se debe condenar en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. En la misma línea, el numeral 3º establece que se deben imponer las costas de la segunda instancia al recurrente, si la providencia del superior confirma en su totalidad la decisión de primera instancia. El recurso de apelación de la Fundación prosperó parcialmente, en el sentido de que se demostró el incumplimiento parcial del convenio debido a las inexactitudes en la liquidación de las utilidades causadas durante el primer semestre académico de la cohorte 1. Por lo tanto, no procede la condena en costas por la segunda instancia. Tampoco es procedente imponer costas en primera instancia, aun cuando la demanda solo haya prosperado parcialmente (CGP, art. 365, núm. 5), pues la decisión del Tribunal de no haber impuesto costas, pese a haber negado la totalidad de las pretensiones, no fue recurrida por la Universidad.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5