Titulación de la relatoría 12.863 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / APELACIÓN DEL AUTO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra los autos que rechazan la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación es competente en segunda instancia para conocer del presente asunto, de conformidad con el artículo 150 del CPACA, según el cual le corresponde resolver de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En consonancia, el artículo 243.1 ibidem prevé que el auto que rechace la demanda es susceptible del recurso de apelación y será decidido por la Sala, conforme al literal g) del artículo 125 del mismo código.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125 LITERAL G, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243 NUMERAL 1
OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN / TÉRMINO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DEL AUTO / NOTIFICACIÓN POR ESTADO / NOTIFICACIÓN POR ANOTACIÓN EN ESTADO ELECTRÓNICO
Problema jurídico:
¿El recurso de apelación se presentó oportunamente teniendo en cuenta el término de sustentación y el momento en que se notificó el auto recurrido?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 244.3 de la Ley 1437 de 2011, establece que, si la providencia se notifica por estado, la alzada deberá interponerse y sustentarse “…por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición”. Comoquiera que la providencia recurrida se notificó por estado electrónico del 12 de marzo de 2024, y la parte ejecutada interpuso el recurso de apelación al día siguiente, la Sala constata que se formuló de manera oportuna.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 244.3
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA / EXCEPCIONES DE LA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Debe aplicarse la regla general del artículo 164, numeral 2, literal j), de la Ley 1437 de 2011 para el cómputo de la caducidad en las controversias contractuales cuando no se configura alguno de los supuestos especiales previstos por la misma norma?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 164, numeral 2, literal j), de la Ley 1437 de 2011 (…) se trata de una regla general porque fija un marco temporal aplicable a todas las controversias contractuales, salvo que exista una disposición especial que prevea un cómputo distinto. Esta norma asegura que, ante la ausencia de disposiciones especiales, toda controversia contractual pueda ser sometida a revisión judicial. Ahora, el referido precepto solo entra en operación cuando la controversia contractual no está regulada por una norma que establezca una hipótesis distinta para iniciar el cómputo del término. Así, primero debe verificarse si el caso cumple alguno de los supuestos especiales para contabilizar la caducidad, si ello no ocurre se procede a aplicar la regla general. En cuanto a los supuestos específicos, el artículo ibidem contempla ciertos eventos en las que el inicio del término de caducidad de la acción contractual no coincide con la regla general, sino que depende de que se configure alguno de los siguientes supuestos respecto del contrato: (i) que se discuta su nulidad absoluta o relativa; (ii) que sea de ejecución instantánea; (iii) que no esté sujeto a liquidación; (iv) en caso de que se requiera de un balance final que este se realice de común acuerdo; (v) que requiriendo el mencionado corte de cuentas, el mismo lo realice unilateralmente la administración o (vi) que debiéndose realizar el cierre económico este no se produzca ni bilateral ni unilateralmente. (…) En este escenario, para establecer el inicio del cómputo de los dos (2) años de caducidad de la acción de controversias contractuales, el juez debe determinar si el asunto corresponde a alguno de los supuestos especiales mencionados previamente; de no ser así deberá acudir a la regla general, esto es, a los motivos de hecho o derecho que originan la controversia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la diferencia entre reglas de orden general y especial en materia de controversias contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de marzo de 2025, rad. 69721, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / SUJETOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / ACTIVIDAD PROFESIONAL / EXPERIENCIA ESPECÍFICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE TRABAJO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Podían las partes, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, someter el contrato de prestación de servicios al trámite de liquidación, a pesar de no ser una obligación legal para contratos de esta naturaleza?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l departamento del Caquetá adelantó una licitación pública con el fin de suscribir un contrato de prestación de servicios profesionales, el cual, según lo indicado en esa misma actuación, se regularía por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015. Agotado el trámite correspondiente a la selección del contratista, la demandante y demandada suscribieron el contrato (…). En cuanto al objeto del contrato 315 de 2018 la Sala considera que correspondió a un contrato de prestación de servicios profesionales, no solo porque las partes lo denominaron de esta manera, sino por la naturaleza de las actividades que comprendía. Dicho contrato tenía por finalidad fortalecer las competencias comunicativas en idioma inglés de docentes y estudiantes de los grados 8° a 11 de las instituciones educativas oficiales del departamento del Caquetá, lo que implicaba la necesidad de contar con preparación académica y experiencia específica en la materia. En efecto, conforme al artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, este tipo de contratos se caracteriza por exigir idoneidad y conocimientos especializados, distintos de los servicios de consultoría y de aquellos de naturaleza operativa, logística o asistencial. En este sentido, la ejecución del contrato requería de la intervención de un profesional con formación y experiencia acreditada en el mencionado lenguaje, lo que justifica que se enmarque dentro de la categoría de servicios profesionales. En relación con la liquidación de este contrato, cabe señalar que, si bien la ley no la exige para los contratos de prestación de servicios profesionales, las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo convinieron en la cláusula décima octava del contrato de servicios (…).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.9, LEY 1882 DE 2018, LEY 80 DE 1993
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ENTIDAD TERRITORIAL / FACULTADES DEL DEPARTAMENTO / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / EXTINCIÓN DEL CONTRATO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Debe el término de caducidad iniciarse al día siguiente del vencimiento del plazo para liquidar bilateralmente el contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l contrato debía ser objeto de liquidación, razón por la cual no resulta aplicable la regla general de caducidad prevista en el numeral 2° del artículo 164 del CPACA, dado que el caso se enmarca en la hipótesis especial contemplada en el ordinal v) del literal j) de la misma disposición, aplicable a los negocios jurídicos que requieren un balance final. Debe precisarse que, aunque en el contrato no se estipuló la posibilidad de que la administración efectuara la liquidación unilateral, el departamento del Caquetá expidió un acto de liquidación unilateral mediante la Resolución n.° 002232 del 7 de diciembre de 2022. En el presente caso, este acto no puede servir como punto de partida para el cómputo de la caducidad, en tanto aceptar que la caducidad debe contarse desde un acto unilateral no previsto contractualmente ampliaría de forma injustificada el tiempo para acudir a la jurisdicción y, en casos como el presente, en los que el término ya había empezado a correr antes de su expedición, incluso podría dar lugar a su reinicio. Por ello, el análisis sobre la caducidad debe hacerse conforme a la hipótesis prevista en el ordinal v) del literal j) del artículo 164 del CPACA, que se aplica a los contratos que requieren liquidación y esta no se logra. En efecto, el término para acudir a la jurisdicción debe computarse desde el día siguiente al vencimiento del plazo pactado para liquidarlo bilateralmente, esto conforme con el ordinal v), literal j), numeral 2°, del artículo 164 del CPACA. En el caso concreto, dicho lapso fue de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. En el caso bajo estudio, el departamento del Caquetá, mediante la Resolución n.° 001003 del 27 de agosto de 2021, declaró la ocurrencia del incumplimiento del contrato, dio por terminado el negocio jurídico e hizo efectiva la cláusula penal. Contra dicha decisión, la Fundación Caribe en la Sociedad del Conocimiento y Equidad Seguros interpusieron recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante la Resolución n.° 001015 del 30 de agosto de 2021. Esta última decisión fue notificada el mismo día, fecha en la cual se llevó a cabo la audiencia correspondiente. Así las cosas, puede concluirse que el plazo para presentar la demanda de controversias contractuales inició el 1° de marzo de 2022, no obstante, dicho término se suspendió entre el 11 de agosto y el 13 de septiembre de 2023, debido al trámite de conciliación extrajudicial. En consecuencia, la oportunidad para acudir a la jurisdicción venció el 4 de abril de 2024, por consiguiente, la radicada el 11 de octubre de 2023 es oportuna.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 LITERAL J, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2
EXHORTACIÓN A AUTORIDADES / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / CELERIDAD PROCESAL / PRINCIPIO DE CELERIDAD / TÉRMINO PROCESAL / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Puede exhortarse al juez de primera instancia para que continúe el trámite del proceso con mayor celeridad, ante la verificación de demoras injustificadas en la remisión del expediente a segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Revisado el registro de actuaciones en el sistema de gestión judicial SAMAI, se tiene que la demanda fue radicada 11 de octubre de 2023 y el auto apelado se profirió el 4 de marzo de 2024. Por su parte, el recurso que conoce esta Corporación fue formulado el 13 de marzo de 2024 y el auto que resolvió sobre su concesión data del 13 de febrero de 2025, es decir, casi un año después. Finalmente, hasta el 18 de marzo de la presente anualidad se remitió el expediente a segunda instancia. Vistos los términos transcurridos, la Subsección, considera oportuno aplicar lo dispuesto en el artículo 42-1° del CGP y exhortar al a quo, para que, luego de recibido el expediente, continúe el trámite procesal correspondiente con celeridad, teniendo en cuenta lo expuesto.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 42 NUMERAL 1