Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: a la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho fundamental invocado
Lo que dijo la Sala
En el presente asunto, los actores pretenden que se ampare su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, se deje sin efecto la providencia de 11 de diciembre de 2024 proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de controversias contractuales identificado con el número único de radicación 2018- 00081-01. A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho fundamental invocado, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto material, defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial con la aplicación desproporcionada de la cláusula penal y, además, que el principio de proporcionalidad no se encuentra regulado en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, por lo que se acude a la legislación civil, en este caso, a los artículos 1596 del Código Civil y 867 del código de Comercio.
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Síntesis síntesis automática
El contratista no puede utilizar la acción de tutela para revisar una decisión judicial en un medio de control de controversias contractuales, ya que esta no cumple con el requisito de relevancia constitucional. La Sala determinó que los argumentos del contratista, que buscan la reapertura del asunto y la revisión de la valoración probatoria y normativa, no se relacionan con la protección de derechos fundamentales, sino que pretenden establecer una instancia adicional para cuestionar la decisión del tribunal. El tribunal ya consideró los principios de equidad y proporcionalidad en su decisión, y la controversia giraba en torno a aspectos legales y económicos que no implican una vulneración de derechos constitucionales. Por lo tanto, la Sala declaró la improcedencia de la acción de tutela, reafirmando que este mecanismo no puede ser utilizado como recurso adicional para revisar decisiones judiciales ya tomadas.
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Problema jurídico
[Corresponde a la sala determinar si ¿en la presente acción de tutela se satisface el requisito de relevancia constitucional, que habilite su procedencia, para analizar de fondo las pretensiones de la parte actora, con ocasión de la providencia del 11 de diciembre de 2024, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de controversias contractuales identificado con el número único de radicación 2018- 00081-01?]
Respuesta: No
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Titulación de la relatoría 6.665 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA PROCESAL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE EQUIDAD / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / REVOCATORIA PARCIAL DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
[Corresponde a la sala determinar si ¿en la presente acción de tutela se satisface el requisito de relevancia constitucional, que habilite su procedencia, para analizar de fondo las pretensiones de la parte actora, con ocasión de la providencia del 11 de diciembre de 2024, proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de controversias contractuales identificado con el número único de radicación 2018- 00081-01?]
Respuesta al problema jurídico: No
En el presente asunto, los actores pretenden que se ampare su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, se deje sin efecto la providencia de 11 de diciembre de 2024 proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de controversias contractuales identificado con el número único de radicación 2018- 00081-01. A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho fundamental invocado, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto material, defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial con la aplicación desproporcionada de la cláusula penal y, además, que el principio de proporcionalidad no se encuentra regulado en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, por lo que se acude a la legislación civil, en este caso, a los artículos 1596 del Código Civil y 867 del código de Comercio. Los actores pretenden que a través de la presente acción de tutela se ordene al TRIBUNAL dictar una nueva sentencia en la que se tengan en cuentan los principios de equidad y proporcionalidad, en el entendido de habérsele exigido el cumplimiento de actividades u obligaciones que consideró de imposible cumplimiento como contratistas, por lo que no era dable la imposición a pagar una cláusula penal proporcionalmente alta. Adujeron que el TRIBUNAL desconoció la génesis de la cláusula penal y la aplicación del principio de proporcionalidad frente a la intención de indemnizar al acreedor, por lo que la aplicación de la cláusula penal, se debe entender en referencia al incumplimiento severo o grave de lo pactado, no obstante que, actualmente, la obra entregada está en funcionamiento y al servicio del INVÍAS. Reafirmaron que el objeto del contrato era la construcción de la obra, que se ejecutó en debida forma conforme a las características estipuladas en los documentos del proceso de contratación, por lo que considera que el TRIBUNAL carece de aplicación probatoria para no haber generado el estudio del principio de proporcionalidad en la cláusula penal. (…) Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia que propone la parte actora respecto de los defectos deprecados implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos en el escrito de tutela están dirigidos a demostrar que el i) TRIBUNAL no tuvo en cuenta que se hubiera recibido la obra a entera satisfacción por parte del contratante y del interventor, y que se le cobre el 100% de la cláusula penal establecida en el contrato por una obligación que no estaba incluida y que no podía cumplir, ii) que no dio aplicación a las disposiciones que regulan el asunto de la cláusula penal; y iii) omitió la valoración de las pruebas que daban lugar a una reducción de la pena respecto del porcentaje de la cláusula penal. Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva constitucional, en la medida en que su solución deriva de la valoración probatoria y de la interpretación normativa que la parte actora pretende que se dé a su situación particular, giran en torno a la inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del asunto, la cual fue resuelta por el TRIBUNAL[.] (…) [E]l TRIBUNAL efectuó un análisis de las normas relacionadas con la cláusula penal y a la imposibilidad de graduarla. Precisado lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades planteadas por el actor en este trámite constitucional, recaen en que la parte demandada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, ya que a su juicio, no tuvo en cuenta que se recibió la obra a entera satisfacción por parte del contratante y del interventor, y no es dable cobrársele el 100% de la cláusula penal establecida en el contrato por una obligación que no estaba incluida y que no podía cumplir. En ese sentido, la Sala advierte que el TRIBUNAL tuvo en cuenta los artículos 1592 y 1596 del Código Civil y el 867 del código de Comercio y además de la jurisprudencia en casos similares. En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se pronunció frente a los aspectos que aluden los actores como desproporcionados e inequitativos, lo que refleja una inconformidad en el resultado del proceso de controversias contractuales, cuestionando aspectos legales y económicos, por lo que el asunto carece del requisito general de la relevancia constitucional. En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional” que conlleve la presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario. Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado. En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales inconformidades carecen del requisito general de la relevancia constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.