Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: existe ineptitud sustantiva de la demanda cuando se demandan actos administrativos de trámite
Lo que dijo la Sala
Los actos administrativos que están llamados a ser cuestionados judicialmente son los definitivos, mientras que los de trámite no son pasibles de ser enjuiciados, dado que su finalidad no es otra que surtir las etapas previas a la decisión final, de ahí que no tengan injerencia en el fondo del asunto; pero, si impiden seguir adelante con la actuación, el interesado sí podrá cuestionar su legalidad.… Como consecuencia del análisis precedente, el Tribunal de origen debió rechazar, al momento de realizar el estudio de admisión de la demanda, el conocimiento de la pretensión de nulidad de la resolución que dio apertura al procedimiento administrativo sancionatorio, pues no era objeto de control judicial autónomo, de conformidad con lo previsto en el artículo 169-3 del CPACA.
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Síntesis síntesis automática
El interventor no comete ilegalidad al emitir un informe en su calidad de director de interventoría, incluso si ha sido removido de cargos administrativos superiores, siempre que la firma del informe sea consensuada y legalmente válida, y no afecte la continuidad de la obra. En este caso, el señor, quien era director de interventoría, emitió un informe crucial para el procedimiento administrativo sancionatorio, a pesar de haber sido removido del cargo de subgerente. Su firma en el informe fue avalada por la presencia del representante legal de la sociedad interventora en las reuniones y la firma conjunta de las actas, lo que garantizó la legalidad del documento. Como resultado, la Sala considera que el informe no es ilegal y lo tiene en cuenta para estudiar el procedimiento administrativo sancionatorio, descartando la supuesta infracción del literal a del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
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Problema jurídico
¿Existe ineptitud sustantiva de la demanda cuando se demandan actos administrativos de trámite?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 1437 de 2011, art. 169 núm. 3
También resuelve
- ¿Se demostró que el informe de interventoría tuviera las inconsistencias alegadas por el demandante?
- ¿El contratista debe demostrar que las precipitaciones invernales superaron el grado de previsibilidad necesario para ocasionar la fractura de la ecuación contractual?
- ¿La suspensión de mutuo acuerdo del contrato puso al contratista en un estado de incumplimiento contractual?
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Titulación de la relatoría 13.124 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DE LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / RECHAZO DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN INHIBITORIA DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿Existe ineptitud sustantiva de la demanda cuando se demandan actos administrativos de trámite?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os actos administrativos que están llamados a ser cuestionados judicialmente son los definitivos, mientras que los de trámite no son pasibles de ser enjuiciados, dado que su finalidad no es otra que surtir las etapas previas a la decisión final, de ahí que no tengan injerencia en el fondo del asunto; pero, si impiden seguir adelante con la actuación, el interesado sí podrá cuestionar su legalidad. [...] Como consecuencia del análisis precedente, el Tribunal de origen debió rechazar, al momento de realizar el estudio de admisión de la demanda, el conocimiento de la pretensión de nulidad de la resolución que dio apertura al procedimiento administrativo sancionatorio, pues no era objeto de control judicial autónomo, de conformidad con lo previsto en el artículo 169-3 del CPACA. Ahora bien, a pesar de que el juzgador de primer grado haya incurrido en el yerro previamente anotado, la Sala considera que, sobre este aspecto puntual, corresponde declarar la ineptitud sustantiva de la demanda e inhibirse para fallar sobre dicha pretensión, dado que la Resolución No. 252 del 19 de julio de 2017 no es un acto administrativo definitivo, lo cual descarta la posibilidad de formular pretensiones anulatorias en su contra.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los actos administrativos que pueden ser cuestionados judicialmente, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 27 de mayo de 2010, rad. 25000-23-24-000-2009-00045-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 169 NUMERAL 3
INTERVENTORÍA / INFORME DEL INTERVENTOR / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DEL DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO
Problema jurídico:
¿Se demostró que el informe de interventoría tuviera las inconsistencias alegadas por el demandante?
Respuesta al problema jurídico: No
[P]ara la Subsección resulta claro que el informe de interventoría elaborado por el señor [...] y utilizado por la entidad demandada para motivar -en gran parte- los actos administrativos que declararon la caducidad del negocio jurídico que se analiza no es “ilegal”, dado que: El documento cuestionado fue suscrito por el señor [...] en su calidad de director de interventoría y no de subgerente de la sociedad Ingesara
Ltda. El señor [...] -representante legal de la firma interventora- no despojó al ingeniero [...] de sus funciones como director de interventoría.
El señor [...] compareció a los comités de obra -posteriores a su remoción del cargo de subgerente- en su rol de director de interventoría,
circunstancia que fue convalidada con la presencia del representante legal de la sociedad interventora a dichas reuniones y la firma conjunta de las actas que se produjeron con ocasión de esos encuentros. Así las cosas, es plausible afirmar que el ingeniero [...] perdió sus facultades de representación legal de la sociedad Ingesara Ltda. -como consecuencia de su remoción del cargo de subgerente-; sin embargo, ello no
derivó en que sus funciones contractuales como director de interventoría corrieran la misma suerte, motivo por el cual el informe sobre cual se edificó el procedimiento administrativo sancionatorio que finalizó con la caducidad del contrato de obra pública No. 005 del 22 de septiembre de 2015 no es “ilegal” y, en tal virtud, la Sala sí lo tendrá en cuenta para estudiar el componente motivo de los actos administrativos impugnados judicialmente. Como consecuencia lógica de los argumentos que anteceden, se descarta la supuesta infracción del literal a] del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, toda vez que, se insiste, no se comprobó que el informe de interventoría en el que se sustentó la actuación administrativa sancionatoria estuviese afectado por alguna de las supuestas inconsistencias que alegó el extremo activo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86 LITERAL A
AGUA LLUVIA / IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / HECHO IMPREVISIBLE DE LA NATURALEZA
Problema jurídico:
¿El contratista debe demostrar que las precipitaciones invernales superaron el grado de previsibilidad necesario para ocasionar la fractura de la ecuación contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l demandante advierte en su escrito inicial que la ejecución del negocio jurídico se suspendió, por segunda vez, a raíz de las “lluvias”, circunstancia que, en todo caso, resulta ser una cuestión externa a la órbita de responsabilidad contractual de la entidad demandada.
Se agrega que el actor no demostró que dichas precipitaciones hubiesen superado el grado de previsibilidad necesario para ocasionar la fractura de la ecuación contractual y hubiera hecho más onerosa su ejecución, circunstancia que, de cualquier manera, tampoco avalaba un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la invocación de la lluvia como fenómeno de imprevisión contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de marzo de 2017, rad. 51526, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de marzo de 2022, rad. 66466, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre el fin público de la actividad contractual y la obligación que tiene el contratista de cumplir sus obligaciones negociales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de septiembre de 2015, rad. 45088, C. P. Hernán Andrade Rincón (e).
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La suspensión de mutuo acuerdo del contrato puso al contratista en un estado de incumplimiento contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala advierte que la recurrente considera y sugiere que la parte demandada “ordenó”, a través del acta de suspensión No. 01 de 22 de
enero de 2016, “paralizar” la ejecución contractual. Sobre el particular, es necesario indicar que dicha aseveración no es acertada ni veraz [...]. [...] La suspensión del negocio jurídico no se “ordenó”, toda vez que dicha determinación, contrario a lo señalado en el recurso de apelación, se acordó entre la entidad contratante, la unión temporal contratista y la sociedad interventora. [...] Por cuenta de las razones que anteceden, para la Sala resulta palmario que las suspensiones del contrato de obra pública No. 005 del 22 de septiembre de 2015 no pueden ser interpretadas por el extremo activo como una causa válida y suficiente para considerar que la entidad municipal demandada situó a la
contratista en un estado de incumplimiento contractual.
PERMISO AMBIENTAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿La falta de consecución de permisos ambientales por parte del ente territorial demandado le impidió a la contratista ejecutar la obra pública a su cargo?
Respuesta al problema jurídico: No
El extremo activo también acusa la falta de consecución de permisos ambientales por parte del ente territorial demandado como una de las causas que supuestamente le impidió a la contratista ejecutar la obra pública a su cargo. En ese sentido, se refirió a las autorizaciones de cruce de cauce e intervención de la vía. [...] Si bien la Sala observa que la circunstancia en mención es reprochable, pues no es viable convalidar la ejecución de una obra pública en un marco de ilegalidad que entrañaría su realización sin la obtención previa de los permisos exigidos por
el ordenamiento jurídico, lo cierto es que ello, en este caso concreto, no se erige como una razón válida para que esta Corporación pueda concluir que esa situación ubicó a la contratista en un estado de incumplimiento contractual, que es en últimas lo que alega en su recurso, para sustraer de validez el acto de declaratoria de caducidad. [...] En ese orden de ideas, la imputación en materia de permisos ambientales de la que pretende valerse el actor para lograr la declaratoria de nulidad de los actos administrativos impugnados debe ser desestimada, toda vez que las circunstancias arriba descritas no tuvieron la injerencia necesaria para afectar el cumplimiento del contrato de obra pública No. 005 y, en tal sentido, la resolución contentiva de la declaratoria de caducidad en este punto estuvo debidamente motivada.
CLÁUSULA DE CADUCIDAD / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La cláusula excepcional de caducidad se puede ejercitar cuando el incumplimiento del contratista amenaza gravemente la etapa ejecutiva del contrato, al extremo de causar su parálisis?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]ara la Subsección no hay duda de que la cláusula excepcional de caducidad podrá ejercitarse cuando el incumplimiento del contratista impacte de manera grave y directa la ejecución del negocio jurídico y que, como consecuencia de ello, se evidencie que dicha desatención obligacional pueda conducir a su paralización. [...] A partir de una lectura detallada de la disposición legislativa que se analiza [artículo 18 de la Ley 80 de 1993], es evidente que dicho artículo está estructurado sobre la base del contrato estatal, pues en ese negocio jurídico es que se proyectarán los efectos derivados de la aplicación de la cláusula excepcional de caducidad. Explicado de otra manera, la causa que activa y justifica la utilización de esta potestad excepcional es aquel incumplimiento del contratista que amenaza gravemente la etapa ejecutiva del contrato, al extremo de causar su parálisis. Efectuada la precisión antecedente, de entrada, conviene señalar que la paralización del contrato estatal, sin lugar a duda, acarrea la misma consecuencia en el servicio público que se pretende satisfacer a través de la ejecución de dicho negocio jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de la cláusula excepcional de caducidad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, rad. 17031, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La modificación unilateral del contrato estatal solo es procedente cuando las partes del negocio jurídico no lleguen a un acuerdo sobre la reforma contractual que se estima necesaria?
Respuesta al problema jurídico: Si
[i] la modificación unilateral del contrato estatal solo será procedente cuando las partes del negocio jurídico no lleguen a un acuerdo sobre la reforma contractual que se estima necesaria; [ii] la cláusula excepcional en comento solo se podrá materializar a través de la expedición de un acto administrativo debidamente motivado y [iii] si las modificaciones alteran el valor del contrato en un 20% o más del monto inicialmente pactado, el contratista podrá renunciar a la ejecución del contrato que se pretende modificar.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 16
DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / IMPROCEDENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / CONFIGURACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER / PRUEBA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / CONCEPTO DE DESVIACIÓN DE PODER
Problema jurídico:
¿Se configuró desviación de poder en materia contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l estado de incumplimiento contractual en el que se encontraba la unión temporal A.A. La Mata, además de estar consignado en un acto administrativo que está en firme y se presume legal y, cuya aceptación expresa proviene de uno de los integrantes de aquella, en todo momento trató de ser superado con el apoyo de la contratante, pues se advierte que la entidad pública demandada siempre estuvo dispuesta y abierta a la posibilidad de que la ejecución del negocio jurídico contratado finalizara en debida forma, razón por la cual las acusaciones que
planteó el extremo activo no consultan los fundamentos fácticos sobre los que se edificaron las sanciones impuestas a la contratista. En suma de todo lo expuesto, como los argumentos que sugiere el actor para acreditar la causal de anulación de desviación del poder no lograron demostrar que el municipio de La Gloria utilizó su potestad excepcional para fines distintos a la adecuada ejecución y finalización del contrato de obra pública No. 005 del 22 de septiembre de 2015, ello conlleva a que este cargo de la apelación sea despachado desfavorablemente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la desviación de poder en materia contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de marzo de 2007, rad. 28010, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
Texto extraído del PDF oficial 207.120 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
Bogotá D.C., ocho [8] de junio de dos mil veintidós [2022].
Radicación: 20001-23-33-000-2019-00410-01 [67.690]
Demandante: Jesús Orlando Tolosa Suárez
Demandada: Municipio de La Gloria
Referencia: Medio de control de controversias contractuales [Ley 1437
de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021]
TEMAS: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SON SUSCEPTIBLES DE SER
CONTROLADOS EN SEDE JUDICIAL - los actos administrativos que están llamados a ser
cuestionados judicialmente son los definitivos / EL COMPONENTE MOTIVO Y
FINALÍSTICO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ENJUICIADOS - el extremo activo
en esta controversia no acreditó ninguna de los defectos que habrían, en su concepto,
afectado la legalidad de las decisiones impugnadas en este juicio.
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia del 22 de julio de 202 11, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Se encuentra en controversia la declaratoria de nulidad de los actos por medio de
los cuales el municipio de La Glor ia decretó la caducidad del contrato de obra
pública No. 005 del 22 de septiembre de 2015, celebrado con la unión temporal
A.A. La Mata, con la finalidad de construir el alcantarillado y el sistema de
tratamiento de aguas residuales en el corregimiento La Mata del municipio de La
Gloria2.
Se afirma que la entidad pública demandada no podía ni debía declarar la
caducidad del contrato de obra pública No. 005 del 22 de septiembre de 2015 ,
porque: [i] lo hizo con base en un informe de interve ntoría suscrito p or quien no
tenía facultades para ello; [ii] fue la entidad territorial la que puso a la contratista
en situación de incumplimiento y no restableció el desequilibrio económico
presentado; [iii] desconoció la naturaleza de la potestad excepcional de caducidad
1 Índice No. 2 de la plataforma tecnológica SAMAI.
2 Entidad territorial que hace parte del departamento del Cesar.
Radicación: 20001-23-33-000-2019-00410-01 [67.690]
Demandante: Jesús Orlando Tolosa Suárez
Demandada: Municipio de La Gloria
Referencia: Medio de control de c ontroversias contractuales [Ley
1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021]
2
y de modificación unilateral del contrato estatal; [iv] no tuvo en cuenta las pruebas
del verdadero porcentaje de ejecución del proyecto; [v] encubrió su intención de
torpedear la ejecución del contrato y [vi] vulneró el debido proceso.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda3
1.1. El 8 de octubre de 2019, el señor Jesús Orlando Tolosa Suárez, a través de
apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales en contra del municipio de La Gloria , con la finalida d
de que se realicen las siguientes declaraciones y condenas [se transcribe de
forma literal, incluso con posibles errores]:
[...] PRIMERA.- Que es nula la Resolución Número 252 de fecha 19 de julio de
2017, por medio de la cual se da apertura al Proceso Administrativo de
Caducidad al Contrato de Obra No. 005 del 22 de septiembre de 2015,
Celebrado entre EL MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR Y LA UNIÓN
TEMPORAL A.A LA MATA.
SEGUNDA.- Que es nula la Resolución No. 346 de fecha 22 de septiembre de
2017, por med io de la cual se declara el incumplimiento y la caducidad al
Contrato de Obra No. 005 de fecha de fecha de 22 de septiembre de 2015,
celebrado entre la entidad demandada MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR y
la UT AA LA MATA.
TERCERA.- Que es nula la Resolución No. 354 de fecha 28 de septiembre de
2017, por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición
interpuestos por la UT AA LA MATA Y SEGUROS DEL ESTADO S.A. , en
contra de la Resolución de caducidad 346 del 22 de septiembre de 2017.
CUARTA.- Que s on nulas las demás actuaciones, comunicaciones, actas,
resoluciones, actos administrativos y decisiones que se deriven de la
terminación unilateral del contrato de obra 005 de 2015 y las que pertenezcan
a la etapa postcontractual [...].
QUINTA.- Que como consecuencia de lo anterior se declare resuelto el
contrato mencionado por el incumplimiento de la parte demandada
MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR.
SEXTA.- Que la entidad demandada MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR se
sirva indemnizar solidariamente y por ende p agar todo el valor de los
perjuicios causados a mi representado con ocasión de la expedición y
ejecutoria de las resoluciones, actos administrativos, sanciones,
comunicaciones, con ocasión a la declaratoria de caducidad del contrato de
obra 005 del 2015, incluyendo DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, así
como la corrección monetaria y cualesquiera otros índices de ajuste monetario
3 Índice No. 2 de la plataforma tecnológica SAMAI.
Radicación: 20001-23-33-000-2019-00410-01 [67.690]
Demandante: Jesús Orlando Tolosa Suárez
Demandada: Municipio de La Gloria
Referencia: Medio de control de c ontroversias contractuales [Ley
1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021]
3
de tales sumas estimadas en SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA
MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES PESOS ($7.380.730.483) M/CTE.
SÉPTIMA.- Que se LIQUIDE JUDICIALMENTE el contrato de obra 005 de
2015 [...] [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto original].
2. Los hechos
2.1. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se narraron los siguientes:
2.1.1. El 22 de septiembre de 2015, el municipio de La Gloria celebró el contrato
de obra pública No. 005 de 2015 con la unión temporal A.A. La Mata 4, cuyo objeto
consistió en la “[...] CONSTRUCCIÓN DE[L] ALCANTARILLADO Y [DEL]
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO
DE LA MATA DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR
[...]”, en un plazo de 10 meses y por un valor de $5.218’774.639 [complementación
añadida y mayúsculas propias del texto original].
2.1.2. Durante el plazo del contrato de obra pública No. 005 se pres entaron 4
suspensiones que extendieron su término de ejecución en 163 días.
2.1.3. Mediante Resolución No. 252 del 19 de julio de 2017, el ente territorial
demandado abrió el procedimiento administrativo para eventualmente declarar la
caducidad del contrato de obra pública No. 005 del 22 de septiembre de 2015.
2.1.4. A través de comunicación del 25 de julio de 2017, la entidad contratante citó
a la contratista para celebrar la audiencia en la que se debatiría la “ posible”
declaratoria de caducidad del referido negocio jurídico. Dicha diligencia inició el 1°
de agosto de 2017 y continuó el 8 y el 14 del mismo mes y año.
2.1.5. Según lo consignado en la demanda, el procedimiento administrativo
sancionatorio se inició c on fundamento en un informe presentado por la firma
interventora, el cual estaba suscrito por una persona que no era su representante
legal. En ese documento se concluyó que el contratista hab ía incumplido el
cronograma de obra , puesto que debió ejecutar u n valor de “[...] $917’647.175.91
4 Según su documento de constitución , los integrantes de la unión tempora l A.A. La Mata y sus
porcentajes de participación eran los siguientes : [i] el señor Jesús Orlando Tolosa Suárez , cuya
participación era del 90% y [ii] la sociedad Construcciones Moreno S.A.S, persona jurídica que
tenía el 10% restante de la participación.
Asimismo, en l a aludida documentación se indicó que la representación de dicha figura asociativa
estaba en cabeza del señor Hernando Mora Pallares [índice No. 2 de la plataforma tecnológica
SAMAI].
Radicación: 20001-23-33-000-2019-00410-01 [67.690]
Demandante: Jesús Orlando Tolosa Suárez
Demandada: Municipio de La Gloria
Referencia: Medio de control de c ontroversias contractuales [Ley
1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021]
4
desde el 1 de junio al 14 de julio de 2017 y solo ejecutó un valor de $8 ’981330.63
durante el mes de junio y en un valor de $0 durante los 14 días transcurridos del
mes de julio [...]”.
2.1.6. En desarrollo de la audiencia del 1° de agosto de 2017, la contratista solicitó
como prueba la realización de una visita técnica a la obra pública, petición
coadyuvada por la compañía Seguros del Estado S.A. Dicho elemento de
convicción fue decretado por la entidad contratante y practicado el 3 de agosto de
2017.
2.1.7. Mediante Resolución No. 346 del 22 de septiembre de 2017, se declaró: [i]
el incumplimiento en la ejecución del contrato de obra pública No. 005 y, como
consecuencia de ello, [ii] la caducidad administrativa de dicho negocio jurídico.
2.1.8. La contratista interpuso recurso de reposición en contra de la anterior
determinación, impugnación que fue resuelta desfavorablemente mediante la
Resolución No. 354 del 28 de septiembre de la misma anualidad.
2.1.9. Por medio de la Resolución No. 138 del 21 de marzo de 2018, el municipio
de La Gloria liquidó unilateralmente el contrato de obra pública No. 005, decisión
que fue impugnada por la vía del recurso de reposición y confirmada a través de la
Resolución No. 218 del 4 de mayo de 2018.
2.1.10. Se afirma en la demanda que , con antelación a la apertura del
procedimiento sancionatorio, el municipio de La Gloria, supuestamente, celebró
varios contratos de prestación de servicios para determinar si la contratista debía
realizar unas correcciones a sus labores constructivas, cuyos resultados no fueron
tenidos en cuenta al momento de adoptar la decisión que declaró la caducidad del
contrato de obra pública No. 005.
3. Los fundamentos jurídicos de la demanda
3.1. El
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