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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

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Fecha
2025-05-19
Radicado
54001233300020200050101
Número interno
70504
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
Demandado
MINISTERIO DEL DEPORTE

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Lo que dijo la Sala

Como la demanda se presentó antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, este proceso se rige, para efectos de la competencia, por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su redacción original. De ese modo, el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del CPACA. También le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, por tratarse de un proceso de controversias contractuales con vocación de doble instancia en razón de la cuantía, dado que el monto de las pretensiones y la estimación de la cuantía exceden los 500 SMMLV a la fecha de presentación de la demanda.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra sentencias proferidas por tribunales administrativos, siempre que la cuantía de la controversia supere los 500 SMMLV al momento de presentar la demanda. En este caso, la demanda se presentó antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, por lo que el proceso se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su redacción original, que establece la competencia del Consejo de Estado para conocer de estos recursos. La Sala modificó su precedente anterior, lo que implica que en adelante los recursos de apelación en controversias contractuales con cuantía superior a 500 SMMLV serán conocidos por el Consejo de Estado en segunda instancia, independientemente de la fecha de presentación de la demanda.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 150

También resuelve

  • ¿Los convenios interadministrativos se rigen por sus propias cláusulas, por lo que se no aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?
  • ¿Para que un convenio pueda liquidarse unilateralmente, las partes deben haber incluido esta prerrogativa de manera clara, expresa e inequívoca, por cuanto no opera por ministerio de la ley?
  • ¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad frente a las pretensión tercera de la demanda, que pedía el pago de los recursos comprometidos pero no desembolsados por Coldeportes?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ASOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ACUERDO DE VOLUNTADES MUTUO CONSENTIMIENTO CONSENTIMIENTO EXPRESO PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONCILIACIÓN FALLIDA REANUDACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ACTO JURÍDICO NULIDAD DE ACTO JURÍDICO PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA INEXISTENCIA DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 22.757 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Respuesta al problema jurídico: Si Como la demanda se presentó antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, este proceso se rige, para efectos de la competencia, por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su redacción original. De ese modo, el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del CPACA. También le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, por tratarse de un proceso de controversias contractuales con vocación de doble instancia en razón de la cuantía, dado que el monto de las pretensiones y la estimación de la cuantía exceden los 500 SMMLV a la fecha de presentación de la demanda. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO OBITER DICTUM La jurisprudencia de esta Corporación ha explicado las diferencias que existen entre los convenios y los contratos interadministrativos. Si bien estas figuras guardan cierta semejanza, en tanto se relacionan con la concepción general del negocio jurídico - en ambas se expresa un consenso de voluntades de entidades públicas-, abarcan diferencias sustanciales, que resultan determinantes para la solución del problema jurídico. Mientras en un convenio interadministrativo se busca cumplir, de manera conjunta, las funciones a cargo de las entidades públicas que suscriben el acuerdo o prestar los servicios que les han sido encomendados por la ley -enmarcados en los principios de colaboración y de coordinación-, en un contrato existe una amalgama de derechos y obligaciones recíprocas, siendo protagonista el interés meramente económico o ganancial. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la diferencia entre los convenios y los contratos interadministrativos, consultar concepto de 9 de diciembre de 2016, Rad. 11001-03-06-000-2016-00129-00 (2.308), C.P. Álvaro Namén Vargas. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ASOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿Los convenios interadministrativos se rigen por sus propias cláusulas, por lo que se no aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Respuesta al problema jurídico: Si Si se revisa el negocio jurídico objeto de la controversia, es posible concluir que el mismo era un convenio interadministrativo, tal y como lo denominaron las partes, pues con él se buscaba que Coldeportes y el departamento de Norte de Santander aunaran esfuerzos para la construcción del complejo deportivo Elías Sáchica, en el municipio de Puerto Santander. Ninguna de las partes tenía la obligación de construir la obra, a cambio de un precio, ya que, por el contrario, ambas asumieron diversos compromisos orientados a satisfacer el interés público, lo cual se compaginaba con las funciones asignadas constitucional y legalmente a cada una de ellas. Aunque Coldeportes aportaría una mayor cantidad de recursos, de esa situación no se deriva la existencia de una relación asimétrica o de sujeción, por cuanto ambas entidades actuaban en un plano de igualdad. (...) En ese sentido, la Sala considera que, ciertamente, este negocio jurídico fue celebrado con el fin de que las partes cooperaran en el desarrollo de un proyecto que beneficiaría a la comunidad del municipio de Puerto Santander (a partir del deporte, la actividad física y la recreación), sin que se hubiera configurado una relación conmutativa, lo cual implica que su clausulado deba ser analizado bajo la óptica de los convenios interadministrativos. Ahora bien, es importante recordar que, como lo ha explicado esta Subsección, dada la finalidad asociativa de los convenios interadministrativos, estos deben autorregularse por sus propias estipulaciones, que son el producto del ejercicio de a autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, sin que pueda hacerse prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles con dicho propósito. En este tipo de acuerdos, al igual que en los regidos por el derecho privado, las partes gozan de una posición horizontal, relacionándose en un paralelismo de intereses bajo un ámbito de equivalencia. En ese sentido, la finalidad asociativa de los convenios interadministrativos regulados en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 impide una aplicación automática del régimen contractual de los contratos estatales. En otros términos, diferente a lo que consideró el tribunal a quo, este negocio jurídico no estaba sometido a los postulados del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. NOTA DE RELATORÍA: Referente al régimen jurídico del convenio interadministrativo, consultar sentencia de 16 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-31-000-2011-00506-01(60434), C.P. María Adriana Marín y sentencia de 7 de febrero de 2025, Exp. 47001-23-33-000-2019-00768-01(70087), C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ACUERDO DE VOLUNTADES / MUTUO CONSENTIMIENTO / CONSENTIMIENTO EXPRESO Problema jurídico: ¿Para que un convenio pueda liquidarse unilateralmente, las partes deben haber incluido esta prerrogativa de manera clara, expresa e inequívoca, por cuanto no opera por ministerio de la ley? Respuesta al problema jurídico: Si [D]e cara a la liquidación, es claro que en el convenio 710 de 2014 no podían aplicarse los plazos y los preceptos contenidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que, diferente a los contratos sometidos a la Ley 80, los convenios interadministrativos no pueden liquidarse por ministerio de ley, ya que la posibilidad de acudir a esta institución debe pactarse explícitamente en el acuerdo de voluntades. En principio, la liquidación que puede tramitarse en este tipo de negocios es la bilateral, por ser acorde a la naturaleza asociativa del convenio; no obstante, también podría incluirse la posibilidad de que alguna de las entidades liquide unilateralmente, pero tal prerrogativa deberá pactarse de manera clara, expresa e inequívoca, no podrá derivar de la posición dominante de una de las partes y su ejercicio no se cristalizará en un acto administrativo. (...) es indiscutible que las partes solamente pactaron la posibilidad de liquidar el convenio bilateralmente, sin que se haya establecido la prerrogativa de liquidación unilateral, y mucho menos, que la misma se haya asignado en cabeza del entonces Departamento Administrativo del Deporte. Aunque la cláusula décima no especificó el tipo de liquidación al cual se hacía referencia, lo lógico es que sea la de mutuo acuerdo, pues, como ya se dijo, esta es la que más se acompasa con el carácter colaborativo de los convenios interadministrativos. Las partes no aludieron a la liquidación unilateral, y las menciones genéricas de los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 no permiten entender que alguna de ellas estaba habilitada para liquidar unilateralmente o que se estaban incluyendo preceptos del EGCAP, especialmente, porque, se reitera, dicha normativa no es aplicable. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la liquidación de los convenios interadministrativos, consultar sentencia de 13 de agosto de 2024, Exp. 52001-23-33-000-2017-00470-01(70405),C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN FALLIDA / REANUDACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad frente a las pretensión tercera de la demanda, que pedía el pago de los recursos comprometidos pero no desembolsados por Coldeportes? Respuesta al problema jurídico: Si El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA estipula que el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años, el cual se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. Para los negocios que deban liquidarse, por ministerio de ley o por acuerdo de voluntades, los ordinales iii) a v) de esta norma definen que la caducidad se computará desde la suscripción del acta de liquidación bilateral, desde la ejecutoria del acto que apruebe la liquidación unilateral, o desde que se venza el plazo para surtir la liquidación, sin que dicho trámite se haya realizado. (...) La Resolución 001334 del 26 de junio de 2018, que confirmó la Resolución 000496, fue notificada a la apoderada del departamento de Norte de Santander el 11 de julio siguiente, por lo que la caducidad corrió del 12 de julio de 2018 al 12 de julio de 2020. En el expediente reposa la constancia de conciliación extrajudicial del 31 de mayo de 2019, proferida por la Procuradora 98 Judicial I para Asuntos Administrativos, en la cual se aclaró que la solicitud se radicó el 1 de abril de 2019. Esta diligencia se llevó a cabo el 31 de mayo de ese año, siendo declarada fallida. Cuando se presentó la solicitud de conciliación, faltaba 1 año, 3 meses y 12 días para que operara la caducidad en relación con las pretensiones vinculadas con los actos de liquidación unilateral. Desde el 1 de junio de 2019 se reanudó el cómputo, hasta el 13 de septiembre de 2020. La demanda se radicó el 17 de julio de 2020, así que fue oportuna. Ello, al margen de la suspensión ordenada en el Decreto 564 de 2020, a raíz de la pandemia generada por la COVID-19. Ahora bien, aunque las pretensiones en contra de los actos de liquidación unilateral se presentaron en tiempo, no ocurre lo mismo con la pretensión tercera de la demanda, que pedía el pago de los recursos comprometidos pero no desembolsados por Coldeportes, los cuales ascendían a $1.614’876.816,26. La cancelación de dicho monto no se conecta directamente con las resoluciones de liquidación unilateral, por lo que la interposición de la demanda encaminada a declarar el incumplimiento del demandado y a obtener el pago de estos dineros debió acontecer hasta máximo el 4 de enero de 2019 (fecha anterior a la radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial), por cuanto este era el momento en que operó la caducidad frente a todos los otros posibles debates derivados de la ejecución del convenio 710 de 2014. Ahora bien, aunque las pretensiones en contra de los actos de liquidación unilateral se presentaron en tiempo, no ocurre lo mismo con la pretensión tercera de la demanda, que pedía el pago de los recursos comprometidos pero no desembolsados por Coldeportes, los cuales ascendían a $1.614’876.816,26. La cancelación de dicho monto no se conecta directamente con las resoluciones de liquidación unilateral, por lo que la interposición de la demanda encaminada a declarar el incumplimiento del demandado y a obtener el pago de estos dineros debió acontecer hasta máximo el 4 de enero de 2019 (fecha anterior a la radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial), por cuanto este era el momento en que operó la caducidad frente a todos los otros posibles debates derivados de la ejecución del convenio 710 de 2014. Que en este caso la caducidad de las pretensiones en contra de las Resoluciones 000496 y 001334 se haya calculado desde la notificación de esta última, no equivale a una habilitación para extender el término de caducidad de todas las demás controversias que se germinaron durante la vigencia del negocio objeto de la litis. Por tanto, si el departamento estimaba que Coldeportes incurrió en algún incumplimiento de sus deberes convencionales, debió tener en cuenta el plazo de liquidación y el subsiguiente comienzo del término de caducidad. No es posible sostener que la pretensión tercera es inescindible de la invocada pretensión de nulidad de los actos de liquidación, porque estos imponían el pago de unos dineros por parte del departamento, sin que su eventual retiro del ordenamiento jurídico implique el deber a cargo del demandado de realizar los desembolsos faltantes. (...) Así, en vista de que la referida pretensión tercera del libelo introductorio fue extemporánea, la Subsección declarará su caducidad en la parte resolutiva de esta providencia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad frente a la pretensión segunda que buscaba que se le ordenara al accionado liquidar bilateralmente el convenio? Respuesta al problema jurídico: Si Esto mismo ocurre con la pretensión segunda, la cual buscaba que se le ordenara al accionado liquidar bilateralmente el convenio, pero atendiendo las observaciones que pudiera exponer el ente territorial. Al margen de lo procedente o improcedente de esta petición, lo cierto es que una vez se extinguió la vigencia del negocio y finalizó el término de liquidación bilateral, las partes quedaron habilitadas para que cualquiera de ellas le pidiera al juez la realización del ajuste final de cuentas (en sede judicial). Sin embargo, el interesado debía tener en cuenta el plazo de caducidad de dos años, por cuanto una vez este se venciera se perdía la posibilidad de elevar cualquier tipo de pretensión asociada con la liquidación del acuerdo. Como la caducidad operó el 4 de enero de 2019, es decir, antes de presentar la demanda, la Sala dejará sin efectos la liquidación realizada por el tribunal y declarará la caducidad de esta pretensión. Este pedimento del actor no guarda relación con las resoluciones reprochadas, motivo por el que no es procedente valorar su oportunidad a partir de la notificación de aquellas. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ACTO JURÍDICO / NULIDAD DE ACTO JURÍDICO / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Es procedente declarar el incumplimiento del extremo demandado, por haber liquidado unilateralmente el convenio sin que las partes hubiesen acordado dicha prerrogativa en cabeza suya? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e tiene que, efectivamente, Coldeportes no podía proferir las resoluciones demandadas, porque en el convenio 710 de 2014 no se pactó la cláusula de liquidación unilateral. En todo caso, de haberse acordado esta prerrogativa en cabeza de Coldeportes, la misma no habría podido ejercitarse a través de un acto administrativo, dado que una entidad pública solo expide este tipo de actos cuando la ley se lo autoriza, y en un convenio interadministrativo las unilateralidades emanan del acuerdo, mas no de una norma constitucional o legal. Por lo mismo, la primera conclusión a la que arriba la Sala es que las resoluciones demandadas no son actos administrativos, sino actos jurídicos de naturaleza convencional, y, en ese sentido, no son destinatarias de la pretensión de nulidad. Al margen de esto, los actos expedidos por Coldeportes no quedan despojados de control judicial, ya que el mismo se realizará al amparo de la responsabilidad contractual, definiendo si, cuando dicha entidad realizó el ajuste definitivo de cuentas, desatendió el clausulado convencional. (...) A partir de lo explicado hasta este punto, no cabe duda de que Coldeportes ignoró lo pactado en el convenio 710 de 2014, debido a que se atribuyó una facultad que no tenía en su calidad de asociado, al liquidarlo unilateralmente y al ordenar la devolución de los desembolsos que había realizado y el pago de los rendimientos financieros. Como se precisó, la naturaleza de los convenios interadministrativos exigía de un acuerdo expreso a favor de Coldeportes para actuar en ese sentido, por lo que, ante la falta de este y ante la prueba de una actuación contraria a lo concertado, es evidente que los actos jurídicos demandados excedieron y transgredieron la normativa y el clausulado que rigió el acuerdo de voluntades, derivando en un incumplimiento del mismo. Los argumentos del ministerio no controvierten la anterior conclusión, comoquiera que no dan cuenta de la existencia de alguna norma o acuerdo entre las partes que le otorgara a Coldeportes la facultad de liquidar unilateralmente el convenio 710. Sumado a ello, que esta entidad haya remitido el proyecto de acta de liquidación bilateral al departamento, que este se haya pronunciado de manera tardía frente al mismo, y que la obra se haya culminado por fuera del plazo de ejecución del convenio tampoco inciden en esta determinación, en tanto de dichas situaciones no se deriva la posibilidad de liquidar unilateralmente el negocio. Así, como los actos demandados no son administrativos, no procede conservar la declaratoria de nulidad ordenada por el tribunal a quo. Empero -sin variar la causa petendi- corresponde declarar el incumplimiento del convenio por parte de Coldeportes -hoy Ministerio del Deporte-, ante la inexistencia de facultad legal o convencional a su favor para liquidar unilateralmente el negocio jurídico, desconociendo el acuerdo de voluntades y el régimen que gobierna a los convenios interadministrativos. Por ello, se dejarán sin efectos las Resoluciones 000496 y 001334 de 2018; como consecuencia, el departamento de Norte de Santander no está obligado a devolver o cancelar los valores incluidos en la liquidación unilateral, así como tiene derecho a su reintegro en caso de haber efectuado el pago (debidamente indexado), pero esta decisión no es a manera de un restablecimiento del derecho, sino como consecuencia del incumplimiento y de la carencia de efectos jurídicos de los actos adoptados por Coldeportes. Esta orden de la Sala no se traduce en un desconocimiento del principio de congruencia, pues si bien la controversia, desde la forma en que fue planteada por las partes, implicaba definir si los actos de liquidación unilateral eran legales o ilegales, el juez no puede decidir dicho conflicto, cuando el acto puesto ante su conocimiento no es administrativo. La obligación del juez es interpretar las pretensiones y los argumentos de las partes conforme a la naturaleza del acto demandado; por ende, como los actos convencionales solo pueden cuestionarse en el escenario de la responsabilidad contractual, y en este caso no había habilitación negocial para expedir las Resoluciones 000496 y 001334, esta Subsección no puede llegar a una conclusión diferente a que estas carecen de eficacia jurídica. De este modo, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, para declarar la caducidad de las pretensiones segunda y tercera del libelo introductorio; declarará el incumplimiento del extremo demandado, por haber liquidado unilateralmente el convenio sin que las partes hubiesen acordado dicha prerrogativa en cabeza suya; le restará efectos a las resoluciones demandadas, y negará las demás pretensiones. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Es improcedente la condena en costas en segunda instancia por prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y según lo prescrito en el numeral 5 del artículo 365 del CGP, la Sala se abstendrá de condenar en costas por esta instancia, porque la demanda del departamento de Norte de Santander prosperó parcialmente, ya que se dejarán sin efectos los actos de liquidación unilateral, pero las demás pretensiones serán descartadas, bien porque fueron negadas en primera instancia y tal decisión no fue apelada o bien porque frente a ellas operó el fenómeno de la caducidad. En ese sentido, como el Ministerio del Deporte no deberá pagar los desembolsos faltantes del convenio, se entiende que su recurso, igualmente, prosperó de forma parcial. No se alterará la decisión de primer grado de no condenar en costas, debido a que no fue un aspecto discutido en la apelación. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012333000202000501011100103