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INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA,EQUILIBRIO ECONÓMICO,PROPUESTA,CONTRATO ESTATAL – Importancia,Pliegos de condiciones,Propuesta,Licitación pública,Contrato estatal,Renuncia a la utilidad – Mes: agosto – Año: 2012…
También resuelve:Contrato estatal: pliego de condiciones, importanciaInterpretación sistemática: pliegos de condiciones, propuesta, licitación públicaEquilibrio económico: contrato estatal
52001233300020220004402 de 20252025-04-03Rad. 52001233300020220004402
Precisadas las cosas, dado que la pretensión de los procesos acumulados se encamina a que se declare el incumplimiento del Departamento respecto de los pagos que por concepto de honorarios se habrían causado a favor del demandante y, en atención a que las partes acordaron que el contrato sería objeto de liquidación, se concluye que la regla de caducidad aplicable al caso es la prevista en el ordinal v) del literal j) de numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con la cual el término empieza a contar a partir del vencimiento de la etapa establecida para realizar el balance final de cuentas. La interpretación antes indicada comparte las mismas bases conceptuales de aquellas que en otros momentos de la legislación enseñaban que la caducidad se definía como excepción y en cualquier momento procesal.
También resuelve:Medio de control de controversias contractualesContrato de prestación de servicios profesionales: ejecución del contrato, plazo, término del contrato, vencimiento del plazo para ejecutar contrato estatalInexistencia de caducidad del medio de control: inoperancia de la caducidad del medio de control, sentencia anticipada, improcedencia de la sentencia anticipada en lo contencioso administrativo, trámite de la sentencia anticipada en lo contencioso administrativo
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda contra un acto administrativo proferido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, cuya pretensión económica supera los 300 SMLMV, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo proferido por una entidad pública del orden nacional, conforme al artículo 104 del CPACA, pues el objeto del litigio es la legalidad de ese acto. La regla se apoya en que la competencia se determina por la naturaleza pública de la entidad que expide el acto, y en que el Consejo de Estado resuelve la apelación de la sentencia del tribunal conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, vigentes a la fecha de radicación de la demanda, por la cuantía de la pretensión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los actos de entidades públicas nacionales que afecten derechos económicos del administrado quedan sometidos al control de esta jurisdicción, y su apelación corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía lo exige.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es la vía judicial idónea para solicitar la nulidad del acto de adjudicación proferido dentro del proceso de selección abreviada por…¿Una demanda presentada el 13 de diciembre de 2017 contra un acto administrativo notificado en estrados el 30 de mayo de 2017…¿Están legitimadas en la causa por activa las sociedades que integran una unión temporal para demandar la nulidad del acto administrativo de adjudicación cuando participaron en el proceso de…
¿La facultad convencional de Ecopetrol S.A. para liquidar unilateralmente el contrato le permitía materializar dicha liquidación mediante la expedición de un acto administrativo? No
El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse el principio pro actione para considerar oportuna la demanda de controversias contractuales, ante la incertidumbre sobre la fecha en que la Unión Temporal conoció la Resolución No. 2…¿Puede el juez revisar o modificar una fórmula de reajuste pactada solo porque resulte “insuficiente”, como sostuvo el Tribunal?¿Podía la Unión Temporal desconocer la forma de reajuste que había acordado en el Acta No. 1 de febrero de 2005?
¿La parte actora logró demostrar que su oferta presentada en la licitación pública era la mejor y debió ser la adjudicataria del proceso de contratación? No
No se encuentra probado que la parte demandante, aún sin romperse la continuidad de las operaciones aritméticas desde la columna valor con IVA… hubiera presentado la mejor oferta para la entidad contratante… . Es claro que, si se parte de la columna valor sin IVA, la oferta de la demandante tendría que ser rechazada por encontrarse por debajo del valor mínimo establecido por la entidad para el proceso; y si se parte de la columna valor con IVA, la oferta de la demandante resultaría la más onerosa. En consecuencia, en ninguno de los dos escenarios planteados se acredita que la propuesta de la parte demandante resulte ser la más favorable para la entidad.
También resuelve:¿Es competente esta Corporación para conocer del medio de control de controversias contractuales en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera…¿La parte demandante se encuentra legitimada en la causa por activa al ser la sociedad que participó en calidad de proponente en la licitación pública…¿La pretensión de nulidad absoluta del contrato se presentó dentro del término de 2 años contados desde el perfeccionamiento del contrato y la pretensión indemnizatoria fue extemporánea…
¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi, o que no constituye un reparo concreto frente a las razones de la decisión empleadas por el a quo en la primea instancia? No
El juez de segunda instancia solo puede decidir sobre los cargos concretos formulados contra la decisión de primera instancia, de modo que no le corresponde examinar fundamentos que varíen la causa petendi ni reparos que no confronten las razones del fallo recurrido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el marco de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida, y la simple interposición del recurso o la manifestación general de inconformidad no bastan. Segundo, la decisión debe ser congruente con la demanda, la sentencia y el recurso, por lo que no puede abordar cuestionamientos nuevos que no fueron planteados al inicio del proceso. Tercero, admitir argumentos ajenos a la demanda o sin sustentación suficiente vulneraría el derecho fundamental al debido proceso de las partes. La providencia confirma la sentencia y reitera el criterio de la subsección sobre la carga de sustentación de la apelación; en la práctica, el apelante debe identificar los yerros concretos del fallo de primera instancia dentro de la causa petendi formulada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, cuando se observa que…¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, por falta de aplicación del artículo 115 del Código de Minas y la transgresión del principio…¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-08-30Sala Consulta y Servicio CivilMARIA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020230010300CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
Debe entenderse que la finalidad del artículo 3 de la Ley 2161 de 2021, al incrementar en 2 puntos porcentuales la contribución que pasó del 50% al 52% es compensar la posible afectación a los recursos de la salud por el descuento del 10% concedido a los propietarios de los vehículos que registran un buen comportamiento vial por no reportar siniestros que afecten la póliza del SOAT y haber renovado la misma de manera oportuna, según el artículo 2 ibidem? No
Ni del texto de la norma ni de la aplicación de los métodos de interpretación histórico y teleológico, debe entenderse que la finalidad del artículo 3 de la Ley 2161 de 2021 es la de compensar la posible afectación a los recursos de la salud por el descuento del 10% concedido a los propietarios de los vehículos que registran un buen comportamiento vial por no reportar siniestros que afecten la póliza del SOAT y haber renovado la misma de manera oportuna.
¿Las demandas acumuladas dentro del proceso de controversias contractuales por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales se presentaron de forma oportuna, de conformidad con la interpretación de la cláusula novena sobre el plazo pactado para su ejecución? Sí
El contratista presenta oportunamente las demandas acumuladas dentro del proceso de controversias contractuales por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales, de acuerdo con la interpretación de la cláusula novena sobre el plazo pactado para su ejecución. La Sala determina que el plazo del contrato se estableció inicialmente por un término fijo de cinco años, pero en caso de que las gestiones para lograr el pago se debieran adelantar ante los estrados judiciales, el plazo se convierte en indeterminado pero determinable en función de la duración de los procesos judiciales. La Sala reitera la importancia de interpretar las cláusulas del contrato de manera sistemática y coherente con el objeto convenido y las obligaciones de las partes, lo que implica que las demandas presentadas dentro del plazo judicial son oportunas y no caducan. Esta interpretación permite que los procesos judiciales se desarrollen sin restricciones temporales adicionales, garantizando la efectividad del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias…
¿Un adecuado ejercicio hermenéutico contractual empieza siempre por determinar cuál fue la verdadera voluntad regulatoria de las partes de un contrato y si estas obraron con buena fe negocial? Sí
En este sentido, las pautas de interpretación de los contratos, que son aplicables a los contratos estatales, están contenidas entre los artículos 1618 a 1624 del CC y se plasman, según la doctrina y la jurisprudencia, en dos (2) principios rectores y seis (6) reglas. Los principios rectores de interpretación se traducen en: (i) la búsqueda de la común intención de las partes —communis intentio o voluntas spectanda— y (ii) la buena fe negocial o contractual.
También resuelve:¿De la interpretación de las cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales, se puede afirmar que el reconocimiento y pago de la prima de éxito pactada entre las partes…¿Incumplió el Departamento de Cundinamarca el contrato de prestación de servicios No. 224 del 20 de junio de 2007, en relación con el pago de la prima de éxito pactada en el parágrafo primero de la…¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿En los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada obligatoriamente con una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista? Sí
El contratista debe ser una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista en los contratos de obra resultantes de un proceso de licitación, conforme a la Ley 80 de 1993, artículo 32.1, que establece la necesidad de garantizar la imparcialidad y objetividad del seguimiento técnico. La interventoría, que puede incluir aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos, es un medio para que la entidad estatal cumpla su deber legal de control y vigilancia sobre la ejecución contractual, según la Ley 80 de 1993, artículo 14.1. La regla reitera la importancia de la individualidad jurídica de cada contrato, aunque exista un nexo funcional entre el contrato de obra y el de interventoría, y subraya que la labor del interventor no garantiza el cumplimiento del contrato de obra, sino que se limita a realizar la vigilancia técnica y mantener informada a la entidad contratante sobre posibles riesgos. Esto implica que la remuneración del interventor no debe depender únicamente del avance del contrato de obra, sino que debe cubrir costos directos e indirectos y una utilidad razonable, según la Ley 1474 de 2011, artículo 84, y el Decreto 1082 de 2015.síntesis automática
También resuelve:¿El incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de obra conlleva el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría?¿La modalidad de remuneración define cuánto se debe al consultor, es decir, el precio que debe pagarse por la prestación del servicio?¿El punto de partida para determinar la intención de las partes, es la declaración vertida en el documento contractual?
¿Teniendo en cuenta las prórrogas pactadas entre las partes para ampliar el plazo de entrega de cada obra, era improcedente imponer la multa por cumplimiento tardío de las obligaciones del contratista, estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones? Sí
El contratista no está obligado a pagar la multa por cumplimiento tardío estipulada en el inciso primero del numeral 49.3 del pliego de condiciones, cuando las partes han pactado una prórroga que amplía el plazo de entrega de las obras, ya que la sanción pierde su función de apremio y carece de objeto al momento de su imposición. La Sala modifica la decisión anterior que permitía la aplicación de la multa después de la prórroga, estableciendo que la entidad debe respetar el acuerdo alcanzado entre las partes para ajustar los plazos de ejecución del contrato. Esta regla implica que las partes deben negociar y ajustar los plazos del contrato en caso de atrasos, y que la entidad no puede aplicar sanciones posteriores a la prórroga sin una clara manifestación de intención en ese sentido.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra pública celebrado entre Metrolínea y la Unión Temporal, se rigió por las normas de derecho privado concernientes a las actividades económicas y comerciales del mercado regulado?¿Las decisiones sancionatorias proferidas por Metrolínea, al no tener la connotación de actos administrativos, no pueden ser objeto de estudio de legalidad para efectos de su declaratoria de nulidad?¿La cláusula penal se entiende como una tasación anticipada de perjuicios, que puede hacerse efectiva a través de la multa, por un lado como un apremio al contratista para cumplir la obligación…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, sobre asuntos derivados de contratos de concesión mineros? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los asuntos derivados de contratos de concesión minera cuando el acto proferido en su ejecución emana de una agencia estatal de naturaleza especial, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se apoya en que esa agencia tiene carácter público y en que el artículo 293 de la Ley 685 de 2001 asigna el conocimiento de los asuntos derivados de estos contratos a la jurisdicción. Con base en ello, el Consejo de Estado resuelve en segunda instancia la apelación contra la sentencia del tribunal, conforme al artículo 150 del CPACA. En el caso, la resolución de la agencia minera se dictó en la ejecución de un contrato de concesión, y la sentencia de primera instancia se confirma. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, las resoluciones de la agencia minera dictadas en la ejecución de un contrato de concesión son controlables ante la jurisdicción contencioso administrativa, y su apelación corresponde a esta Corporación.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la anulación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la notificación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión…¿La Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, proferida por la Agencia Nacional de Minería, adolece de una falta de competencia temporal, por el hecho de que, en su criterio…
11001030600020260008800 de 20262026-08-11Rad. 11001030600020260008800
El contratista ejecuta proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) según lo designado por las entidades o órganos responsables, quienes también contratan la interventoría conforme a la ley. La entidad ejecutora debe proporcionar información veraz y oportuna sobre la gestión del proyecto y tomar decisiones motivadas sobre su continuidad, sujeta al régimen presupuestal y de contratación pública. Este concepto reitera la importancia de un debido ejercicio de planeación y control en la ejecución de proyectos de inversión financiados con el SGR, asegurando transparencia y eficiencia en la utilización de los recursos.síntesis automática
También resuelve:Fundamento constitucional del sistema general de regalías y de la ejecución de sus recursos: Constitución Política de Colombia artículo 332, estado propietario del subsuelo y recursos naturales n renovables, estado intervinente de la explotación, producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, finalidadSistema general de regalías en la constitución política: Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2020, ejecución de recursos del sgr, administración de recursosEtapas del ciclo de los proyectos de inversión y ejecución de los recursos del sistema general de regalías: Ley 2056 de 2020, artículos 35, 36 y 37
Sentencia — Sentencia2024-08-01Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020230011300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación puede ser utilizado como una segunda instancia, con su interposición se puede reabrir o replantear el debate sobre el fondo del proceso originalmente propuesto y decidido? No
La posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales mediante el recurso extraordinario de anulación no constituye una instancia adicional, en el entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de las causales precisas. Así, el recurso se estudia y decide con sujeción a los puntuales argumentos de las partes, sin invadir la órbita de independencia y autonomía del tribunal arbitral; la función del juez de la anulación no es otra que detectar posibles falencias procedimentales -en la mayoría de los eventos- o sustanciales -en algunos específicos eventos restringidos señalados por el legislador- y, eventualmente, suplirlas en los casos expresamente autorizados por la ley.
También resuelve:¿Procede declarar fundado el recurso extraordinario de anulación por la causal fallo en conciencia, cuando el laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho…¿Procede declarar infundado el recurso extraordinario de anulación por la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, haberse fallado en conciencia o equidad…¿Procede declarar infundado el recurso extraordinario de anulación por la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, haberse fallado en conciencia o equidad…
¿El término para presentar la demanda de reconvención transcurre de forma independiente al del libelo del accionante principal y no se beneficia de la suspensión que haya efectuado este último en el trámite conciliatorio? Sí
El contratista no puede beneficiarse del término de suspensión del trámite conciliatorio del demandante principal para presentar la demanda de reconvención, ya que este plazo es independiente y autónomo, conforme a lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera que la demanda de reconvención debe cumplir con todos los requisitos exigibles a este acto procesal, incluyendo la formulación dentro del término de caducidad de la acción, sin que la conciliación prejudicial sea un requisito para su presentación. Esta regla implica que el cómputo del plazo para la demanda de reconvención no se ve afectado por la suspensión del término de la demanda principal, lo que garantiza la independencia del procedimiento de la reconvención respecto al principal.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato interadministrativo en contraste con el convenio, se caracteriza por ser un acuerdo de voluntades suscrito entre entidades públicas en el que persiguen intereses contrapuestos y existe…¿Se presentó de forma oportuna la demanda de reconvención de controversias contractuales formulada por la Universidad Surcolombiana…¿Incurrió el Tribunal en un vicio de incongruencia, al haber declarado el incumplimiento parcial por parte de la Universidad, pese a que ello no fue solicitado en la demanda del municipio?
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
El contratista puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar la nulidad de un acto administrativo previo a la celebración del contrato y el consecuente restablecimiento del derecho, mientras que el medio de control de controversias contractuales es adecuado para cuestionar las actuaciones durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, incluyendo la nulidad absoluta del mismo. El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía, siempre y cuando ésta supere los umbrales establecidos por la Ley 1437 de 2011, lo que implica que los casos que superen dichos límites pueden ser revisados en dos instancias, garantizando una mayor seguridad jurídica y efectividad en la protección de los derechos de los contratistas.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es medio de control procedente de acuerdo con la fuente del daño y las pretensiones de la demanda?¿Procede la acumulación de pretensiones de controversias contractuales con las de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Quienes se encuentran legitimados para promover las pretensiones contra el acto de adjudicación y frente a la nulidad absoluta del contrato?
¿Hay lugar a declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato por mayor permanencia en obra? No
El contratista no puede declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato por mayor permanencia en obra, ya que las partes acordaron modificaciones contractuales que regularon los costos adicionales y prorrogaron el plazo de ejecución, y el contratista no demostró los perjuicios reclamados ni cumplió con la carga probatoria que le correspondía. Además, la fuerza obligatoria del contrato se basa en la voluntad de las partes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, y en este caso el contratista no probó los costos administrativos adicionales. Por lo tanto, la Sala reitera que la acción contractual es el mecanismo adecuado para resolver controversias derivadas del contrato estatal, pero en este caso declina las pretensiones principales del contratista debido a la falta de prueba.síntesis automática
También resuelve:¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal?¿Se presenta caducidad de la acción de controversias contractuales?¿La entidad demandada incumplió el contrato al aplicar incorrectamente la fórmula de ajuste pactada y no efectuar el pago de la totalidad de los valores a que tenía derecho el contratista…
¿A partir del contenido del acta de recibo de productos No. 6 del 21 de julio de 2014 suscrita en el marco del contrato de consultoría, es posible deducir la existencia de una obligación insoluta a favor del contratista y a cargo del Departamento de Norte de Santander? Sí
En lo que concierne al primer punto identificado en el objeto de la apelación, la Sala encuentra que en el expediente obran dos actas del 21 de julio de 2014. La primera, denominada “Acta de Terminación” suscrita por el secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento, la interventoría –Consorcio Gerencia Norte–, la supervisora designada por la entidad… y la representante del contratista, en la que se da cuenta de la terminación del negocio jurídico, con la constancia de que, en virtud de lo plasmado en las actas de terminación de productos No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, “el Consultor atendió las observaciones remitidas por el profesional revisor del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, viabilizó los proyectos asignados y cumplió con los alcances técnicos y administrativos previstos en el contrato”.
También resuelve:¿Lo pagado al contratista por el Departamento de Norte de Santander por lo adeudado en el acta de recibo de productos No. 6 del 21 de julio de 2014…¿El valor a pagar por todos los diseños a cargo del contratista en el contrato de consultoría, debía calcularse con base en el 8% del valor definitivo de las obras que determinara la ventanilla única…¿Existe un saldo pendiente de pago a favor del contratista y a cargo del Departamento de Norte de Santander, por concepto de remuneración del contrato de consultoría…
¿La liquidación bilateral es una actuación posterior a la terminación normal o anormal, que supone un acuerdo de voluntades que finiquita la relación negocial, en virtud del cual las partes determinan si existen prestaciones, obligaciones o derechos a su cargo, realizan un balance de las cuentas y, si es del caso, efectúan las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar, por lo que adquiere la característica de un negocio jurídico y, como tal, resulta vinculante para las partes, de tal suerte que no puede ser desconocido posteriormente ante la instancia judicial por parte de quien lo suscribe? Sí
El contratista no puede desconocer posteriormente ante la instancia judicial un acta de liquidación bilateral del contrato estatal, salvo que se invoquen vicios del consentimiento o se deje constancia de salvedades o discrepancias, ya que esta liquidación es un negocio jurídico vinculante que finiquita la relación negocial y realiza un balance de cuentas entre las partes. Además, la entidad estatal no puede controvertir en la acción de controversias contractuales aquellos aspectos en los que el contratista no haya manifestado expresamente su desacuerdo en el acta de liquidación, lo que restringe el ejercicio de la acción contractual a los temas específicamente discrepados. Estas reglas reiteran y matizan la jurisprudencia existente, reforzando la importancia de la formalidad y el acuerdo mutuo en la liquidación de contratos estatales, y limitan la capacidad de las partes para cuestionar aspectos no discrepados en el acta de liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿El ejercicio de la acción contractual se encuentra circunscrito a la posibilidad de controvertir exclusivamente aquellos aspectos frente a los cuales el demandante hubiere manifestado expresamente…¿Las condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y de celebrar el contrato, debe mantenerse durante el cumplimiento y ejecución del mismo…¿El incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del negocio jurídico…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado en contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en consideración de la cuantía del proceso, y en el marco de la controversia derivada de contratos estatales celebrados por una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para cuestionar el incumplimiento y la alteración del equilibrio económico en contratos estatales celebrados con empresas industriales y comerciales del Estado del orden municipal, siempre y cuando la controversia surja durante la ejecución del contrato y afecte directamente a las partes contratantes. En este caso, el Consejo de Estado confirmó la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de la apelación presentada contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, debido a la cuantía del proceso y la naturaleza pública de la empresa industrial y comercial municipal. La Sala estableció que tanto el contratista como la entidad estatal son legitimados en la causa por activa y pasiva respectivamente, y que la legitimación puede extenderse a la entidad territorial que tiene una vinculación material al contrato por medio de un contrato interadministrativo. Esto implica que los contratistas pueden utilizar este medio de control para resolver disputas contractuales complejas que involucran a entidades públicas de diferentes niveles.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para cuestionar el incumplimiento y la ruptura del equilibrio económico en el contrato de obra por administración delegada No.…¿Se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, el demandante y la Gestora Urbana de Ibagué en el marco de la acción contractual…¿Se presentó de manera oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar el incumplimiento del contrato de obra por administración delegada y el restablecimiento del…