Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (BIEN DE USO PÚBLICO) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el contenido de los referidos documentos es prueba suficiente del cumplimiento de las obligaciones del contratista

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2024-04-08
Radicado
54001233300020170024801
Número interno
67446
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
SUGEY DUARTE CIFUENTES, DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA, CONSORCIO CONSULTORÍA NORTE
Demandado
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el contenido de los referidos documentos es prueba suficiente del cumplimiento de las obligaciones del contratista

Lo que dijo la Sala

En lo que concierne al primer punto identificado en el objeto de la apelación, la Sala encuentra que en el expediente obran dos actas del 21 de julio de 2014. La primera, denominada “Acta de Terminación” suscrita por el secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento, la interventoría –Consorcio Gerencia Norte–, la supervisora designada por la entidad… y la representante del contratista, en la que se da cuenta de la terminación del negocio jurídico, con la constancia de que, en virtud de lo plasmado en las actas de terminación de productos No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, “el Consultor atendió las observaciones remitidas por el profesional revisor del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, viabilizó los proyectos asignados y cumplió con los alcances técnicos y administrativos previstos en el contrato”.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿A partir del contenido del acta de recibo de productos No. 6 del 21 de julio de 2014 suscrita en el marco del contrato de consultoría, es posible deducir la existencia de una obligación insoluta a favor del contratista y a cargo del Departamento de Norte de Santander?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1564 de 2012, arts. 191 y 193

También resuelve

  • ¿Lo pagado al contratista por el Departamento de Norte de Santander por lo adeudado en el acta de recibo de productos No. 6 del 21 de julio de 2014…
  • ¿El valor a pagar por todos los diseños a cargo del contratista en el contrato de consultoría, debía calcularse con base en el 8% del valor definitivo de las obras que determinara la ventanilla única…
  • ¿Existe un saldo pendiente de pago a favor del contratista y a cargo del Departamento de Norte de Santander, por concepto de remuneración del contrato de consultoría…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE CONSULTORÍA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO CONFESIÓN EXISTENCIA DE LA CONFESIÓN VALORACIÓN DE LA CONFESIÓN EFECTOS DE LA CONFESIÓN REQUISITOS DEL PAGO FACTURA DE COBRO FACTURA IMPUTACIÓN DEL PAGO EN EL CONTRATO ESTATAL IMPUTACIÓN DEL PAGO PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA INCUMPLIMIENTO DEL PAGO PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL PRUEBA DEL PAGO PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA CAUSACIÓN DE LOS INTERESES INTERÉS CORRIENTE IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS CORRIENTE INTERÉS MORATORIO EXIGIBILIDAD DEL INTERÉS MORATORIO CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO CONCEPTO DE INTERÉS MORATORIO DETERMINACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO NATURALEZA DEL INTERÉS MORATORIO PAGO DE INTERÉS MORATORIO PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO RECONOCIMIENTO DE INTERESES RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO CÓMPUTO EN EL INTERÉS MORATORIO REGULACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PAGO DEL CONTRATO FORMA DE PAGO PLANOS ARQUITECTÓNICOS LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO CLASES DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPIO DE LA BUENA FE PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES RELACIÓN DE SALDOS INSOLUTOS PROCEDENCIA DE SALDOS A FAVOR CONFIGURACIÓN DE SALDOS A FAVOR PAGO AL CONTRATISTA SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL VALOR DEL CONTRATO ESTATAL VALOR INICIAL DEL CONTRATO ESTATAL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Equilibrio económico del contrato Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A)
La entidad pública demandada respetó el debido proceso
Consejo de Estado 2024-08-30 Sección Tercera (Subsección A)
Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.
Consejo de Estado 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B)
¿Debe inhibirse de fallar el juez cuando para estudiar las pretensiones de la demanda [incumplimiento de la contratante] era necesario que la parte demandante pidiera la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato por parte del contratista y no solo la del que lo liquidó de forma unilateral?
Consejo de Estado 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C)
No se acreditó que se hubiera presentado una circunstancia constitutiva de la “excepción de contrato no cumplido”
Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2026-03-12 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)
No hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019
Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2026-03-18 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)
Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales
Titulación de la relatoría 45.031 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONSULTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / CONFESIÓN / EXISTENCIA DE LA CONFESIÓN / VALORACIÓN DE LA CONFESIÓN / EFECTOS DE LA CONFESIÓN / REQUISITOS DEL PAGO / FACTURA DE COBRO / FACTURA / IMPUTACIÓN DEL PAGO EN EL CONTRATO ESTATAL / IMPUTACIÓN DEL PAGO / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿A partir del contenido del acta de recibo de productos No. 6 del 21 de julio de 2014 suscrita en el marco del contrato de consultoría, es posible deducir la existencia de una obligación insoluta a favor del contratista y a cargo del Departamento de Norte de Santander? Respuesta al problema jurídico: Si En lo que concierne al primer punto identificado en el objeto de la apelación, la Sala encuentra que en el expediente obran dos actas del 21 de julio de 2014. La primera, denominada “Acta de Terminación” suscrita por el secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento, la interventoría –Consorcio Gerencia Norte–, la supervisora designada por la entidad (...) y la representante del contratista, en la que se da cuenta de la terminación del negocio jurídico, con la constancia de que, en virtud de lo plasmado en las actas de terminación de productos No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, “el Consultor atendió las observaciones remitidas por el profesional revisor del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, viabilizó los proyectos asignados y cumplió con los alcances técnicos y administrativos previstos en el contrato”. La segunda, nombrada “Acta de Terminación de Productos No. 6”, mediante la cual el contratista y la interventoría plasmaron que se completó la ejecución del 100% del contrato y que, a través de ésta, se recibía el 3,69% de la labor ejecutada, por un valor de $78’216.776, cuya sumatoria con las actas acumuladas resultaba en la ejecución de la totalidad del precio pactado, incluida su adición, esto es, el monto de $2.118’765.070 (...). El contenido de los referidos documentos es prueba suficiente del cumplimiento de las obligaciones del contratista. Las actas son, por excelencia, el medio idóneo que se utiliza, entre otras cosas, para dejar constancia del avance de ejecución del contrato, así como de la forma en que se entrega y recibe el objeto pactado (...). Se agrega a lo anterior que los documentos fueron aportados oportunamente con la presentación de la demanda y no fueron cuestionados por la parte demandada. Así, al estar suscritos por quienes, de conformidad con la Ley y las reglas del contrato, estaban llamados a dar fe del cumplimiento de las obligaciones del contratista y no existir conflicto sobre su contenido o validez, la Sala reitera que constituyen medios demostrativos que prueban con suficiencia que el contratista cumplió a cabalidad con las prestaciones que daban lugar a que se realizara el pago pactado. (...) Precisado lo anterior y analizado el contenido de las dos actas del 21 de julio de 2014, en concordancia con lo estipulado por las partes para el pago del precio pactado, la Sala concluye que asiste razón a los recurrentes al señalar que sí hay prueba en el expediente que da cuenta de la existencia de una obligación insoluta a su favor y a cargo del departamento. (...) Así las cosas, comoquiera que el acta de terminación de productos No. 6 da cuenta del porcentaje de ejecución del objeto pactado que a través suyo se entregó y recibió, de su valor y del aval de la interventoría y, en concordancia con ello, en el acta de terminación de esa misma fecha suscrita por el contratista, la supervisora y la interventoría, se dejó constancia de que en virtud de lo consignado, entre otras, en esa acta No. 6, el consorcio cumplió con sus obligaciones, queda demostrado el surgimiento de la correlativa obligación de pago a cargo del departamento, la cual para hacerse exigible requería, además, que el consorcio acreditara el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social Integral y presentara la factura respectiva. (...) Está probado también que el contratista presentó ante el departamento varias facturas con el fin de obtener el pago del acta de terminación de productos No. 6, en las cuales, además, indicó que el monto pendiente por amortizar del anticipo correspondía a $31’286.712, por lo cual el capital adeudado ascendía a $46’930.067. (...) Tanto en la audiencia inicial del 23 de abril de 2018, como en las alegaciones de primera instancia, el consorcio manifestó que después de la presentación de la demanda, recibió un abono del departamento por concepto de la pretensión de incumplimiento en el pago del acta de terminación de productos No. 6. (...) La manifestación de la parte actora respecto del pago que recibió es prueba suficiente de aquél, pues se trata de una confesión que cumple con los requisitos del artículo 191 y 193 del Código General del Proceso, en la medida que se hizo en la audiencia inicial y se ratificó en los alegatos de conclusión, la parte tiene capacidad y puede disponer sobre la acreencia cuya pago reclamó, se hizo de manera consciente voluntaria y libre, versa sobre hechos de los que el consorcio tiene conocimiento y produce consecuencias que favorecen al departamento. (...) Adicionalmente, la prueba debe tenerse en cuenta para proferir el fallo, en la medida que se trata de un hecho que recae directamente sobre el derecho sustancial sobre el cual versa el litigio que ocurrió después de presentada la demanda y que aparece probado en la etapa de alegatos de conclusión, al que el consorcio ha hecho expresa mención con el objeto de que se modifique el monto por el que formuló la pretensión del incumplimiento en el pago del acta de terminación de entrega de productos No. 6 para reducir su monto. (...) Adicionalmente, la prueba debe tenerse en cuenta para proferir el fallo, en la medida que se trata de un hecho que recae directamente sobre el derecho sustancial sobre el cual versa el litigio que ocurrió después de presentada la demanda y que aparece probado en la etapa de alegatos de conclusión, al que el consorcio ha hecho expresa mención con el objeto de que se modifique el monto por el que formuló la pretensión del incumplimiento en el pago del acta de terminación de entrega de productos No. 6 para reducir su monto. (...) En conclusión, la Sala tiene por acreditado el pago de $46.930.064 que realizó el departamento respecto del saldo contenido en el acta No. 6 de entrega de productos; sin embargo, no avala la imputación que de ese valor el demandante hace a intereses y a capital y a partir de la cual concluye que continúa vigente la deuda por un valor de $22’701.736 por el primer concepto, más intereses de mora sobre ese saldo que, hasta el 31 de enero de 2019, calculó en $11’076.118,48. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 191, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 193 INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / IMPUTACIÓN DEL PAGO / IMPUTACIÓN DEL PAGO EN EL CONTRATO ESTATAL / CAUSACIÓN DE LOS INTERESES / INTERÉS CORRIENTE / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS CORRIENTE / INTERÉS MORATORIO / EXIGIBILIDAD DEL INTERÉS MORATORIO / CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / CONCEPTO DE INTERÉS MORATORIO / DETERMINACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO / NATURALEZA DEL INTERÉS MORATORIO / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / RECONOCIMIENTO DE INTERESES / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / CÓMPUTO EN EL INTERÉS MORATORIO / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Lo pagado al contratista por el Departamento de Norte de Santander por lo adeudado en el acta de recibo de productos No. 6 del 21 de julio de 2014, se debe imputar a los intereses moratorios causados por la falta de pago, quedando pendiente la suma del capital, valor que debe incluirse como un débito a cargo del Departamento, sobre el cual se siguen causando intereses de mora hasta la fecha en que se profiera la presente providencia, por tratarse de un saldo insoluto? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil, si se deben capital e intereses el pago se debe imputar primero a los intereses, salvo que el acreedor manifieste expresamente su aquiescencia para que se impute a capital, o que expida carta de pago del capital sin mencionar los intereses, evento en el que la ley presume que fueron pagados. Como en este caso no ha ocurrido ninguna de las dos circunstancias, se debe concluir que para determinar el valor de la deuda después del pago del 11 de abril de 2017 era procedente que éste se imputara primero a los intereses que se hubieren causado hasta esa fecha y, posteriormente, el saldo al capital. No obstante, no es posible acoger el ejercicio aritmético que realizó la parte demandante, porque aplicó parte del pago a intereses corrientes y moratorios que no se causaron. (...) En cuanto a lo primero, debe señalarse que los intereses corrientes ostentan una naturaleza eminentemente retributiva, en la medida que se pactan para ser causados entre el momento del surgimiento de la obligación y aquel en el que debe verificarse su pago y se explican en razón del beneficio o provecho que reporta para el deudor el hecho de tener a su disposición el dinero por ese lapso o de diferir en el tiempo el pago de un bien o servicio que ha recibido con anterioridad, se trata pues de un rendimiento del capital que recibe el acreedor por el uso que de dicho bien hace el deudor por un determinado tiempo. (...) La obligación de pago del valor contenido en el acta de terminación de productos No. 6 no encaja en ninguno de tales supuestos, en la medida que no se trata de un préstamo de dinero a plazo, ni del pago de los productos diferido en el tiempo. Las partes no pactaron que entre la fecha de recibo de los productos y la de exigibilidad de la obligación de pago se causarían esta clase de intereses. En consecuencia, no es posible descontar del valor pagado por el departamento la suma de $8’831.803,24 que el contratista afirma se habrían causado por concepto de intereses corrientes entre el 21 de julio de 2014 y el 10 de diciembre de 2015. (...) En lo que respecta a los intereses de mora, es importante retomar la distinción entre ésta y la exigibilidad, pues como en otras oportunidades lo ha señalado la Sala, son nociones diferentes. La exigibilidad se predica de las obligaciones puras y simples, esto es, de las que no se encuentran sometidas a plazo, condición o modo, porque no se sujetaron a estas modalidades o porque ya se realizaron. La mora, en cambio, supone el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la obligación y para constituir en ella al deudor se requiere la reconvención del acreedor. No basta, por tanto, que la obligación sea exigible y no se cumpla para que el deudor se constituya en mora; es necesaria su reconvención. (...) En el presente asunto, como se lee de la cláusula tercera del contrato de consultoría (...), la obligación de pago se tornaba exigible transcurridos diez (10) días calendario siguientes a la radicación de las facturas o cuentas de cobro correspondientes, para lo cual era necesario obtener previamente la aprobación de los informes por parte del interventor, refrendados por el supervisor con la satisfacción de los productos entregados. Adicionalmente, el contratista debía acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, según lo prevé el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. (...) Ahora, según información que se consignó en el acta No. 07 del 4 de abril de 2017, suscrita por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del departamento, la entidad aseguró que el 17 de enero de 2017 se radicó la factura 0041, con la precisión del valor correcto del acta de terminación de productos No. 6 -$78’216.776- y seguidamente afirmó que “a la fecha, se cumple el procedimiento para su pago”; de manera que, aun cuando en el expediente no obra constancia que acredite el pago de los aportes que debía realizar el contratista al sistema de seguridad social integral, la afirmación realizada por la entidad en ese documento da cuenta certera de que para la fecha en que se suscribió tal acta, el contratista ya había cumplido con todas las condiciones que se requerían para hacer exigible la obligación, incluido el transcurso del término de diez (10) días calendario. La Sala arriba a esta conclusión ante la ausencia de pruebas que acrediten que la exigibilidad de la obligación se concretó en un momento anterior. (...) En esa medida y en atención a que no hay prueba de que el departamento hubiere realizado el pago de la obligación entre el 5 y el 10 de abril de 2017, se tendrá como fecha del pago aquella en que la parte demandante afirmó que lo recibió, es decir, el día 11 siguiente; por tanto, se concluye que el demandado se constituyó en mora desde el 5 de abril de ese año y que los intereses se causaron sobre el total del capital adeudado hasta el día anterior a la fecha del pago. (...) Así las cosas, se pasa a calcular los intereses moratorios causados respecto del acta de terminación de productos No. 6 y su correspondiente factura No. 0041, cuyo valor ascendió a $78’216.776, menos el saldo del anticipo pendiente de amortizar -$31’286.712-, es decir, respecto de la suma de $46’930.064 desde el 5 de abril de 2017 hasta el 10 de ese mismo mes y año, comoquiera que el 11 de abril de esa anualidad la entidad pagó al consorcio la suma de $46’930.064, es decir, se determinan los intereses moratorios causados durante 6 días (...). Comoquiera que a la fecha del pago, 11 de abril de 2017, ya se había causado un valor $92.574,37 por concepto de intereses de mora, el valor de $46’930.064 resultó insuficiente para cumplir los compromisos derivados del acta de terminación de productos No. 6; por tanto, y ante la constatación de que lo pagado por el departamento no cubrió la totalidad de la obligación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil, relativo a la imputación del pago primero a intereses y luego a capital, al que ya se hizo alusión. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la procedencia de los intereses corrientes, consultar providencia de 24 de febrero de 2005, Exp. 21120, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Sobre la distinción entre la mora y la exigibilidad, consultar providencias de 23 de octubre de 2020, Exp. 45190, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 10 de julio de 1995, Exp. 4540, M.P. Pedro Lafont Pianetta. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608 NUMERAL 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1617, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1653 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONSULTORÍA / REGULACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / PAGO DEL CONTRATO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / FORMA DE PAGO / PLANOS ARQUITECTÓNICOS / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / CLASES DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA Problema jurídico: ¿El valor a pagar por todos los diseños a cargo del contratista en el contrato de consultoría, debía calcularse con base en el 8% del valor definitivo de las obras que determinara la ventanilla única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio? Respuesta al problema jurídico: No Respecto del precio que debía pagarse por la elaboración de los diseños, (...) a juicio de la parte demandante, como la labor de optimización implicaba la realización de diseños, para establecer el valor de su remuneración debía aplicarse lo dispuesto en el numeral 2 de la cláusula tercera del contrato, es decir, para definir el precio final, se debía aplicar un 8% sobre el valor que señalara la ventanilla única del Ministerio para las obras del proyecto, al igual que debía hacerse para los diseños de nuevas estructuras. Según el departamento, el monto de la remuneración de todos los diseños quedó definido desde el momento mismo de celebración del contrato, solo que para los de las nuevas estructuras se estipuló en un 8% del valor inicialmente estimado para las obras. La Sala concluye que a ambas partes les asiste razón en su dicho, pero solo de manera parcial. (...) En lo que concierne al ítem de optimización, el texto del contrato es diáfano en cuanto a que el valor de su remuneración era el global que quedó determinado en el contrato en la suma que allí se consignó para cada municipio. No se trató de un precio meramente estimativo o indeterminado para el momento de la celebración, pero determinable en función del valor que la ventanilla única del Ministerio fijara para las obras. A partir del texto del contrato no se observa ninguna previsión que conduzca a una conclusión diferente, tampoco obran pruebas que indiquen que más allá del tenor literal de las palabras, la intención de las partes hubiere sido otra (art. 1618, Código Civil); al contrario, una interpretación sistemática del texto negocial (art.1622, Código Civil) ratifica lo que expresa su contenido literal. (...) Al respecto, se empieza por destacar que el hecho de que el precio de la actividad de optimización se haya establecido en un monto global, impide que se pretendan desagregar los diseños incluidos en ella para que sean remunerados por encima del monto total pactado por ese concepto, en la medida que esa modalidad de precio supone el establecimiento de una suma única que remunera en su totalidad esa labor. Como las partes no estipularon que los diseños de optimización no estuvieran comprendidos dentro de esa actividad, se descarta que su remuneración deba hacerse al margen del precio global pactado para ella, aplicando el 8% sobre el valor de las obras que fuera definido por la ventanilla única del Ministerio, pues ello resultaría en un valor superior al pactado globalmente por esa actividad. (...) Se añade que tampoco es posible confundir las actividades de elaboración de diseños de nuevas estructuras y las optimización de los sistemas actuales, pues, aunque ambas implican una labor intelectual, la primera parte de la base de edificar o construir un trazado desde el comienzo, ante la ausencia de una estructura previa, mientras que la segunda se ciñe, dado su significado gramatical, a mejorar el rendimiento de algo o hacerlo más efectivo o funcional, lo que denota que se repara, perfecciona o reforma una cosa que ya existe; por ende, no es procedente asimilar la retribución de una actividad con otra, por tratarse de actividades disímiles, respecto de las cuales las partes dispusieron, expresamente, efectos económicos diferenciados. (...) En esa misma línea, al analizar el numeral 1.5 y confrontarlo con el 1.6 de la cláusula primera del contrato, salta a la vista que las partes quisieron regular la remuneración de las actividades de optimización y la de diseños de nuevas estructuras de manera diferenciada, por lo cual no hay razón para que la Sala, en contra de la voluntad de los contratantes, equipare ambos conceptos de cara a la forma de fijar su precio. (...) En efecto, mientras que para las actividades de optimización se pactó expresamente un precio global que quedó definido desde el momento mismo de la celebración del contrato en los montos que allí se consignaron respecto de cada municipio, para las actividades de diseños de nuevas estructuras lo que se estipuló fue que el precio sería determinado en función del “8% del valor de las obras diseñadas con inversiones inicialmente previstas de … ($2.600.000.000)”. Es decir, el precio final de las labores de optimización no se hizo depender del valor de las obras que debieran ser diseñadas por ese concepto, mientras que la definición del precio de los diseños de las nuevas estructuras sí quedó sujeto a ese aspecto. (...) De lo anterior se deriva que, si la intención de las partes hubiere sido que los diseños de optimización y de nuevas estructuras se remuneraran de misma manera, no habrían distinguido en el clausulado del contrato que reguló ese aspecto, una actividad de la otra, o habrían señalado expresamente que, al margen de lo pactado por concepto de las actividades de optimización, los diseños asociados a ella se debían remunerar de la misma manera que los de nuevas estructuras, lo cual no ocurrió. (...) Siguiendo la misma lectura sistemática del contrato, la Sala concluye que para la remuneración de las actividades de optimización aplicaba lo dispuesto en el numeral primero del parágrafo de la cláusula tercera, no lo previsto en el numeral segundo como alegan los demandantes. (...) Hechos los anteriores análisis, surge con meridiana claridad que el pago de las actividades de optimización, incluidos los diseños, debía hacerse en los términos del numeral primero del parágrafo de la cláusula tercera del contrato, es decir, un pago mensual correspondiente al 90% del valor de los productos recibidos y el 10% restante con el acta de recibo final, sin que hubiere lugar a aplicar el 8% sobre el valor que determinara el Ministerio para las obras diseñadas por ese concepto. En este orden de ideas, el consorcio no puede desconocer el contenido obligacional al que se sujetó y pretender obtener una remuneración ajena a las condiciones que se pactaron para el efecto, en trasgresión del principio de normatividad de los contratos -artículo 1602 del Código Civil- y la buena fe y lealtad que debe regir las relaciones negociales – artículo 1603 del Código Civil–. (...) Ahora, la interpretación sistemática de las cláusulas primera y tercera del contrato de consultoría a las que ya se hizo alusión, otorga razón a los argumentos del apelante en cuanto a la forma de remuneración de los diseños de nuevas estructuras, por cuanto, leídas en conjunto, son claras en establecer que los valores previstos en el numeral 1.6 corresponden a la estimación inicial de los recursos a los que podrían ascender tales obras, mas no a la cifra cierta, firme y definitiva a la que debía aplicarse el 8% allí estipulado. De hecho, una lectura diferente anularía los efectos de lo dispuesto en el numeral 2 del parágrafo de la referida cláusula tercera (art. 1620 del Código Civil). (...) En esa medida, el valor de $208’000.000, resultante de aplicar el 8% a esa suma de $2.600’000.000, se configuró como una suma apreciativa del valor al que podrían ascender los diseños efectuados, mas no en una tasación categórica e indiscutible de los mismos, ni en su tope máximo de reconocimiento. Sin dudarlo, el monto definitivo de los diseños correspondía a la suma que arrojara el cálculo del 8% sobre el valor de las obras viabilizadas por el MAVDT. (...) Para el pago del 70% de los literales a) a d) del numeral 6 de la parte considerativa del otrosí, la cláusula segunda remite expresamente a la metodología pactada en el contrato original, esto es, a la aplicación del 8% sobre el valor estimativo inicial, que luego debía ser actualizado y equilibrado según el valor que se determinara en la ventanilla única del Ministerio para el proyecto. En línea con ello, señala que, igualmente, el 30% restante se pagaría de conformidad con el valor que el Ministerio determinara a través de dicha ventanilla. En consecuencia, se concluye que también el valor definitivo de los diseños de las nuevas estructuras a las que se refiere el otrosí debe calcularse aplicando el 8% al valor de las obras que fuera aprobada por el Ministerio. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1620, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1802 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONSULTORÍA / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO / PLANOS ARQUITECTÓNICOS / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES / RELACIÓN DE SALDOS INSOLUTOS / PROCEDENCIA DE SALDOS A FAVOR / CONFIGURACIÓN DE SALDOS A FAVOR / PAGO AL CONTRATISTA / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Existe un saldo pendiente de pago a favor del contratista y a cargo del Departamento de Norte de Santander, por concepto de remuneración del contrato de consultoría, en los ítems de optimización y diseño de nuevas estructuras? Respuesta al problema jurídico: Si Definido así el alcance de las cláusulas de remuneración del contrato en los ítems de optimización y diseño de nuevas estructuras, se hace necesario establecer cuáles diseños corresponden a cada ítem, para determinar si existe un saldo pendiente a favor del contratista por este concepto por no haberse aplicado el 8% sobre el valor determinado por el Ministerio en la viabilización de los proyectos. (...) En el texto del contrato no se especificó cuáles diseños debían ser considerados como de nuevas estructuras y tampoco se referenció cómo serían identificados. En el expediente tampoco obran el pliego de condiciones ni los anexos técnicos en los que, según la testigo y los alegatos de conclusión de la parte demandante, se habrían definido tales aspectos. No obstante, sobre este asunto se pronunció en su testimonio la supervisora del contrato –punto sobre el cual la parte demandante no reprochó su dicho– quien, se itera, expuso un recuento coherente y concordante con los hechos que fundan el sub examine, por lo cual resulta pertinente acudir a su declaración para esclarecer ese punto. (...) Según la testigo y lo ratificado por la parte demandante en sus alegatos de conclusión, la determinación de cuáles constituían nuevas estructuras de acueducto y alcantarillado se hacía a partir de la información que resultara del plan maestro que para cada municipio debía elaborar el consultor, quien, previa aprobación de la interventoría y de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, definiría para cada una de las estructuras cuáles requerían nuevos diseños y cuáles diseños de optimización. (...) Según el acta del 7 de mayo de 2012 que obra en el proceso y a la que hizo referencia la testigo y el consorcio en los alegatos de conclusión, suscrita por la interventoría, el contratista y un asesor técnico, en esa fecha se definieron como prioritarias y obras nuevas las mismas que referenció la supervisora en su declaración, esto es: 1) la planta de tratamiento de agua potable de Labateca, 2) al plan maestro de acueducto de Puerto Santander, con la comprensión de la construcción de tanques elevados y redes matrices de distribución y sectorización, 3) la planta de tratamiento de aguas residuales de Lourdes y 4) el emisario de Cácota, a las que les estimaron un valor por concepto de los diseños a realizar de $208’000.000. En el adicional de 15 de febrero de 2013, se relacionaron como diseños de nuevas obras los relacionados en los literales (a), (b), (c) y (d) de la consideración 6 de ese acuerdo. (...) No obra en el expediente ninguna prueba que indique que la ingeniería en detalle que se tuvo que adelantar para lograr la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado fuera catalogada, según el procedimiento pactado, como diseño de nueva estructura, por lo cual la Sala no puede considerarla para efectos de establecer su precio con base en la aplicación del 8% sobre el valor definido por el Ministerio para los proyectos. (...) Así las cosas y dado que no hay prueba de que las partes hubieren fijado diseños diferentes a los relacionados en el acta del 7 de mayo de 2012 y en el otrosí del 15 de febrero de 2013 como de nuevas estructuras, la Sala solo tendrá en cuenta éstos para efectos de establecer la diferencia en el pago del 8% sobre el valor de las obras viabilizadas por el Ministerio. (...) Para el efecto, se desarrollarán dos (2) tablas, la primera, referente a los diseños de las nuevas estructuras efectuados en virtud del contrato de consultoría, teniendo como sustento lo dicho por la Supervisora y el contenido del acta del 7 de mayo de 2012, en torno a los cuatro (4) productos que se clasificaron como nuevos, y, la segunda, concerniente a las nuevas estructuras contempladas en el otrosí No. 005, las cuales fueron expresamente mencionadas en ese acuerdo adicional. (...) Los anteriores esquemas ilustran con claridad que el valor estimado de los diseños de las nuevas estructuras resultó inferior al valor definitivo de éstos, comoquiera que al aplicar el 8% respecto del monto de las obras viabilizadas por el MAVDT, tratándose tanto del contrato de consultoría inicial, como su otrosí No. 005, se advirtió un saldo de diferencia que debe ser reconocido a favor del consorcio. (...) En efecto, para el contrato de consultoría se estimó que el valor de los diseños podría ascender a $208’000.000; sin embargo, al aplicar la metodología prevista respecto del monto de las obras viabilizadas, el valor de los diseños resultó en la suma de $270’108.584, razón por la cual existe una diferencia de $62’108.581, que se reconocerá al contratista. (...) Igualmente, en relación con el otrosí No. 005 se encontró un saldo a favor del consorcio de $8’103.542,32, toda vez que se estimaron los diseños por el monto de $431’861.170, mientras que la cuantía de las obras viabilizadas arrojó que esos diseños ascendían a $439’964.712,32; por tanto, también se reconocerá ese resultado a favor del demandante. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / VALOR INICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se rompió el equilibrio económico del contrato de consultoría, dado que los valores inicialmente previstos para los diseños de optimización no guardaron relación con el de las obras resultantes, vulnerando así el principio de planeación contractual? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala se ocupará de resolver lo concerniente a la impugnación de la negativa del Tribunal de declarar la ocurrencia de la alteración del equilibrio económico. La consultoría sostuvo que el valor previsto para la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado de cada uno de los municipios generó un desbalance en la economía del contrato, comoquiera que no existe ninguna correlación entre los valores estimados por el contratante y la dimensión del valor de las obras resultantes. Asimismo, aseguró que el departamento fijó valores iguales para todos los municipios, pese a que ostentan características técnicas, demográficas, de infraestructura y económicas muy diferentes y que tales aspectos no fueron íntegramente analizados por el a quo al momento de emitir su fallo. (...) Se empieza por señalar que el parámetro de comparación que utilizó la parte actora para establecer una supuesta alteración del sinalagma contractual contemplado al momento de la celebración del contrato no es correcto, en tanto, de conformidad con lo concluido en el acápite anterior, el valor que en el contrato se fijó como remuneración para las actividades de optimización, incluidos los diseños, no se definió en función del valor que estableciera la ventanilla única del Ministerio respecto de las obras diseñadas por ese concepto. (...) La ecuación del equilibrio económico del contrato debe verificarse en consideración a las condiciones que las partes pudieron observar o anticipar al momento de la celebración del negocio jurídico, pues ese es el momento en el que cada una de ellas evalúa la relación que debe existir entre sus prestaciones correlativas. Según esas condiciones, las partes estipulan la prestación y su remuneración, relación de equilibrio que en los términos del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, se debe mantener durante la ejecución del contrato para garantizar el cumplimiento del objeto pactado. (...) Así las cosas, resulta claro que el hecho de que, en sentir de los demandantes, el valor de las obras de optimización que fue definido por el Ministerio no guarde relación con el que cobraron por esos diseños no revela una alteración del sinalagma contractual, por la sencilla razón de que no fue el parámetro con base en el cual se fijó la remuneración para ese ítem. En suma, como la premisa en la que se funda la pretensión de alteración del equilibrio económico del contrato no es correcta, la conclusión que la parte demandante hace derivar de aquélla tampoco lo es. (...) La causa que sustenta la pretensión de rompimiento del equilibrio económico del contrato se ubica en el marco de la presunta vulneración del principio de planeación, toda vez que se reprochan los cimientos que dieron lugar a la celebración y ejecución del contrato, al aducir que los estudios de orden técnico, financiero, jurídico y económico utilizados para determinar la conveniencia y viabilidad del objeto a contratar, así como los costos y recursos requeridos, resultaron desfasados de la realidad encontrada durante la ejecución negocial. (...) Frente a este debate, resulta pertinente señalar que el desequilibrio económico surge ante una modificación sustancial de la simetría prestacional originalmente pactada por razones ajenas a la conducta del contratista, en tanto tiene génesis en la existencia de circunstancias sobrevenidas, o se presenta como consecuencia del ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la administración, cuyo impacto es capaz de romper la medida de equivalencia recíproca en que se fundaron las mutuas prestaciones de los contratantes, es decir, la ecuación contractual acordada. (...) La Sala ha estimado que bajo este espectro de posibilidades, cabe la inadecuada planeación del negocio jurídico, en las hipótesis en las que, a pesar del conocimiento y experiencia del contratista, solo se pudieren advertir las falencias en uno o varios de los elementos estructurantes del contrato –como sus condiciones técnicas, el precio y el plazo– con posterioridad a la suscripción del mismo, con efectos en el sinalagma contractual, al tratarse de la modificación significativa de las condiciones previstas al momento de su celebración, derivada de la negligencia de la autoridad pública en la estructuración de las bases del negocio jurídico. (...) De modo que, si el fundamento de la reclamación del contratista consiste en que solo una vez iniciada la ejecución pudo identificar los desatinos en el establecimiento de los elementos estructurantes del negocio jurídico, originados en el desconocimiento del principio de planeación (...). Bajo este panorama, la Sala observa que tampoco se demostró la insuficiencia de la entidad en la fijación de los elementos estructurantes del negocio jurídico, ni se acreditó la ocurrencia de los demás supuestos en que se soporta la reclamación base del petitum (...). Así las cosas y como no obran en el expediente las pruebas que permitan a la Sala determinar que en la etapa precontractual el departamento se apartó del principio de planeación, o de que, asumiendo hipotéticamente la existencia de tales falencias, pese a la experiencia del contratista, solo podían ser advertidas durante la fase de ejecución del contrato, la Sala confirmará la decisión del Tribunal de negar la pretensión de rompimiento del equilibrio económico del contrato. (...) Se añade que a la anterior decisión también se arriba porque la alteración del equilibrio económico del contrato no se establece en función de una prestación singular, sino de cara al contrato como un todo, por tanto, no basta con señalar que una de sus prestaciones supuso mayores costos a los inicialmente previstos, sino que se debe acreditar cómo afectó eso a la economía global del negocio jurídico. (...) La expresión ecuación económica entre derechos y obligaciones –artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993– responde a esa lógica. Cada parte celebra el contrato teniendo en cuenta que existe una relación entre sus beneficios y sus costos: las obligaciones que adquiere representan los costos, en el sentido de que para cumplirlas debe disponer de ciertos activos, y los beneficios corresponden al valor que se asigna a los derechos que el contrato confiere. Por ello, la demostración de la ruptura del equilibrio económico no se reduce a probar el incremento de los costos asociados al cumplimiento de una prestación aisladamente considerada, como en este caso pretende la parte demandante. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del desequilibrio económico del contrato fundado en la vulneración del principio de planeación, consultar providencia de 12 de diciembre de 2022, Exp. 59382, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la procedencia del restablecimiento económico del contrato, consultar providencia de 10 de septiembre de 2021, Exp. 51219, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La falta de liquidación unilateral del contrato denota una inobservancia del contenido obligacional al que las partes se comprometen? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala estima necesario hacer la siguiente precisión en relación con la pretensión que se planteó en la demanda para que se declare el incumplimiento del contrato por parte del departamento por no haberlo liquidado unilateralmente, en el sentido de que la misma no es procedente. (...) La falta de liquidación unilateral del contrato no denota una inobservancia del contenido obligacional al que las partes se comprometen, puesto que al margen de la responsabilidad de los servidores estatales sobre su realización en el marco de sus funciones, lo cierto es que el balance final del negocio jurídico a cargo de la Administración, tratándose de negocios regidos por el estatuto de la contratación pública, comporta el ejercicio de una atribución legal, por lo que su falta de ejercicio no significa un incumplimiento de las prestaciones convenidas, sino la inobservancia de una prerrogativa fijada por el legislador, cuya desatención no compromete su responsabilidad contractual . NOTA DE RELATORÍA: Sobre la obligación de liquidar unilateralmente el contrato estatal por la administración, consultar providencias de 2 de marzo de 2022, Exp. 64165, C.P. Nicolás Yepes Corrales; y de 30 de noviembre de 2023, Exp. 54170, C.P. Freddy Ibarra Martínez. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONSULTORÍA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Problema jurídico: ¿Dado que se encuentra demostrado que el contrato de consultoría no ha sido liquidado de mutuo acuerdo, ni de forma unilateral por parte del departamento, resulta procedente la liquidación judicial del mismo? Respuesta al problema jurídico: Si [A]nte la falta de liquidación del contrato, las partes quedan habilitadas para solicitar la liquidación judicial. (...) Así las cosas, demostrado en el proceso que el contrato de consultoría PDANS-FIA-009-2011 se encuentra terminado, que no ha sido liquidado de mutuo acuerdo, ni de forma unilateral por parte del departamento y analizado el contexto de los conceptos que se pidieron introducir como base su finiquito, la Sala lo declarará liquidado. Para el efecto, se reitera que, de conformidad con lo que se encuentra acreditado en el proceso, específicamente con base en el contenido del “Acta de Terminación” del 21 de julio de 2014 (párrafos 32 a 35), el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones, por lo cual los saldos que se incluirán serán los que se encontraron causados a favor del contratista y que no fueron pagados por el demandado. (...) Se incluirá como saldo a favor del consorcio las sumas de $92.574,37, concerniente al incumplimiento de la entidad en el pago del acta de terminación de productos No. 6 y de $70’212.123,32, resultante de la sumatoria de las diferencias encontradas en torno a aplicación de la metodología de remuneración de los diseños de las nuevas estructuras de acueducto y alcantarillado; por consiguiente, se actualizarán dichas sumas y, a su vez, se calcularán los intereses moratorios respecto del capital actualizado, conforme a la tarifa supletiva consagrada en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 –el doble del interés legal civil (12%)- (...). Así las cosas, la condena a cargo del departamento está integrada por los montos derivados de su incumplimiento en el pago del acta de terminación de productos No. 6 y del excedente del valor de los diseños de las nuevas estructuras de acueducto y alcantarillado, en aplicación del 8% sobre el monto de las obras viabilizadas (....). FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8 CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, numerales 1 y 5, la Sala condenará en costas al departamento demandado, ya que fue la parte vencida en el proceso, con la precisión de que esa condena se ordenará de forma parcial, dado que prosperó sólo una parte de las pretensiones de la demanda, como se explicó previamente. (...) Asimismo, bajo las reglas del código en cita, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual, dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley” y, en el sub lite, se acreditó la actuación de la demandante que fue la que propuso la alzada. (...) La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. (...) En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán por el Acuerdo PSAA16-10554, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda. (...) En este caso, la Sala advierte que condenará al departamento a pagar las costas de la segunda instancia, bajo el concepto de agencias en derecho, por el monto de un (1) SMLMV, a favor del consorcio demandante, pues a favor de esta forma asociativa se formularon los pedimentos económicos instaurados en la alzada. FUENTE FORMAL: ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012333000201700248011100103