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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el recurso se estudia y decide con sujeción a los puntuales argumentos de las partes

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Fecha
2024-08-01
Radicado
11001032600020230011300
Número interno
70145
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
Actor
CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS S. A .E.S.P.- DOÑA JUANA S.A. E.S.P.
Demandado
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el recurso se estudia y decide con sujeción a los puntuales argumentos de las partes

Regla de decisión

La posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales mediante el recurso extraordinario de anulación no constituye una instancia adicional, en el entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de las causales precisas.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Problema jurídico

¿El recurso extraordinario de anulación puede ser utilizado como una segunda instancia, con su interposición se puede reabrir o replantear el debate sobre el fondo del proceso originalmente propuesto y decidido?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

INFUNDADO

Lo que dijo la Sala

La posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales mediante el recurso extraordinario de anulación no constituye una instancia adicional, en el entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de las causales precisas. Así, el recurso se estudia y decide con sujeción a los puntuales argumentos de las partes, sin invadir la órbita de independencia y autonomía del tribunal arbitral; la función del juez de la anulación no es otra que detectar posibles falencias procedimentales -en la mayoría de los eventos- o sustanciales -en algunos específicos eventos restringidos señalados por el legislador- y, eventualmente, suplirlas en los casos expresamente autorizados por la ley.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL FALLO EN CONCIENCIA CONFIGURACIÓN DEL FALLO EN CONCIENCIA REQUISITOS DEL FALLO EN CONCIENCIA FALLO EN EQUIDAD DEBERES DEL JUEZ COMPETENCIA DEL JUEZ DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL ANÁLISIS DE LA PRUEBA ESTIMACIÓN DE LA PRUEBA OMISIÓN DEL ANÁLISIS DE LA PRUEBA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO SANCIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE CONCESIÓN TÉRMINO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN ACTUACIÓN EN EL PROCESO ARBITRAL VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PLIEGO DE CONDICIONES INTERPRETACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO VALORACIÓN PROBATORIA DEL NEGOCIO JURÍDICO INTERPRETACIÓN DE LA NORMA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO OTROSÍ AL CONTRATO MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ETAPA PRECONTRACTUAL PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ FALTA DE COMPETENCIA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN ASIGNACIÓN DE COMPETENCIA PROVISIÓN CONTABLE RELLENO SANITARIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO COMISIÓN DE REGULACIÓN REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CLÁUSULAS DEL CONTRATO CONCEPTO DE INTERVENTORÍA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO COSA JUZGADA DESCONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA COSA JUZGADA REQUISITOS DE LA COSA JUZGADA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL NULIDAD PARCIAL EFECTOS DE LA ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA FIJACIÓN DE TARIFAS RÉGIMEN TARIFARIO RESIDUOS SÓLIDOS EJECUCIÓN DEL CONTRATO FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO RETROACTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO REMISIÓN DE EXPEDIENTE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RESTITUCIONES MUTUAS NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 32.798 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL Problema jurídico: ¿El recurso extraordinario de anulación puede ser utilizado como una segunda instancia, con su interposición se puede reabrir o replantear el debate sobre el fondo del proceso originalmente propuesto y decidido? Respuesta al problema jurídico: No [L]a posibilidad de controvertir las decisiones arbitrales mediante el recurso extraordinario de anulación no constituye una instancia adicional, en el entendido de que el juez contencioso administrativo no funge como superior de los árbitros, sino que, le corresponde efectuar un control fundado en la verificación del acatamiento de las causales precisas. Así, el recurso se estudia y decide con sujeción a los puntuales argumentos de las partes, sin invadir la órbita de independencia y autonomía del tribunal arbitral; la función del juez de la anulación no es otra que detectar posibles falencias procedimentales -en la mayoría de los eventos- o sustanciales -en algunos específicos eventos restringidos señalados por el legislador- y, eventualmente, suplirlas en los casos expresamente autorizados por la ley. En esa perspectiva, la Corporación ha precisado, reiteradamente, que el recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia, de ahí que no sea admisible que con su interposición se intente continuar, reabrir o replantear el debate sobre el fondo del proceso originalmente propuesto y decidido. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 116 RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALLO EN CONCIENCIA / CONFIGURACIÓN DEL FALLO EN CONCIENCIA / REQUISITOS DEL FALLO EN CONCIENCIA / FALLO EN EQUIDAD / DEBERES DEL JUEZ / COMPETENCIA DEL JUEZ Problema jurídico: ¿Procede declarar fundado el recurso extraordinario de anulación por la causal fallo en conciencia, cuando el laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho, cuando la decisión se haya tomado con ausencia de fundamento jurídico y cuando en esta se observe una total ausencia de análisis probatorio? Respuesta al problema jurídico: Si En cuanto atañe específicamente a la configuración del fallo en conciencia esta Sala en reciente pronunciamiento precisó: “puede declararse fundada cuando se verifique uno de los tres siguientes supuestos: (1) cuando el Laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho; (2) cuando la decisión se haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y (3) cuando en esta se observe una total ausencia de un análisis probatorio o cuando el Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente la decisión”. Ahora bien, la misma ley le impone al juez del recurso abstenerse de calificar el análisis de fondo de la controversia lo cual le impide revisar los razonamientos jurídicos del tribunal de arbitraje para dilucidar si son o no errados; en ese sentido el inciso cuarto del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 [lo] prevé (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la configuración del fallo en conciencia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2022, rad. 67069, C. P. Alberto Montaña Plata. Con relación a la competencia del juez en el recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral y el fallo en conciencia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de abril de 2018, rad. 59270, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 3 de abril de 1992, rad. 6695; sentencia de 27 de julio de 2000, rad. 17591, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 16 de junio de 2008, rad. 34543, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 5 de julio de 2006, rad. 31887, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 28 de noviembre de 2002, rad. 22191, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 20 de marzo de 2018, rad. 59836, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 18 de mayo de 2000, rad. 17797, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 18 de enero de 2012, rad. 40082, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 26 de abril de 2017, rad. 55852, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 42 INCISO 4 RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALLO EN CONCIENCIA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA / ESTIMACIÓN DE LA PRUEBA / OMISIÓN DEL ANÁLISIS DE LA PRUEBA / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / SANCIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Problema jurídico: ¿Procede declarar infundado el recurso extraordinario de anulación por la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, haberse fallado en conciencia o equidad, porque según el recurrente, las pruebas no soportaron objetivamente la decisión y la falta de competencia del tribunal? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala declarará infundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la sociedad contratista-convocante CGR SA ESP, toda vez que no se acreditó la configuración de las causales alegadas (…). [L]a sociedad recurrente sostiene que las pruebas no soportan objetivamente la decisión (…). [L]os árbitros sí tuvieron en cuenta la comunicación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y, por consiguiente, discutir y disentir de la interpretación que los árbitros hicieron de ese documento escapa del alcance del recurso de anulación (…). [E]l contratista CGR SA ESP discute la competencia del panel arbitral, lo cual desborda la causal de anulación de fallo en conciencia; en todo caso, el tribunal sí tuvo en cuenta la remisión de la investigación que la UAESP hizo a la SSPD dado que, luego de citar la Resolución no. 671 de 2019, concluyó que “el archivo de la actuación sancionatoria (…) obedeció a que la Interventoría en la comunicación que solicitó el inicio del proceso sancionatorio contra el Concesionario por el incumplimiento de la obligación relativa a la provisión de recursos no hizo referencia a ninguna estipulación del Contrato, sino solo a disposiciones regulatorias” (…). RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALLO EN CONCIENCIA / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE CONCESIÓN / TÉRMINO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / ACTUACIÓN EN EL PROCESO ARBITRAL / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO / PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO / VALORACIÓN PROBATORIA DEL NEGOCIO JURÍDICO / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO / OTROSÍ AL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO / ETAPA PRECONTRACTUAL / PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL Problema jurídico: ¿Procede declarar infundado el recurso extraordinario de anulación por la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, haberse fallado en conciencia o equidad, porque según el recurrente, durante la ejecución las partes tuvieron dos interpretaciones sobre la duración del negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si En la demanda reformada, el CGR solicitó al tribunal definir cuál era el plazo del contrato de concesión no. 344 de 2010, porque durante la ejecución las partes tuvieron dos interpretaciones sobre la duración del negocio jurídico (…). Es particularmente relevante advertir que, como fundamento de su interpretación, los árbitros acudieron a los documentos precontractuales (pliegos de condiciones) y las estipulaciones del negocio jurídico, en concordancia con las normas de la Ley 80 de 1993 y del Código Civil, tanto así que el panel arbitral afirmó que debía dar aplicación al artículo 1622 del Código Civil referente a la interpretación sistemática del negocio jurídico. El tribunal tuvo en cuenta que, por solicitud de la UAESP, el 19 de diciembre de 2018 un asesor emitió un concepto en el que se indicó que la interpretación correcta del contrato permitía adicionar ‘el objeto del contrato más allá de lo que la referida Fase II’, documento que fue acogido por la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP y, con base en el mismo, las partes suscribieron el Otrosí no. 4. A pesar de los anteriores documentos, el tribunal arbitral analizó si ‘el acogimiento del concepto por parte de la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP y la incorporación de este en un considerando de una modificación contractual, constituyen una interpretación o una modificación del Contrato y si ello resulta posible jurídicamente dentro del marco normativo de la contratación estatal” (…); los árbitros concluyeron que no podía ser una interpretación del contrato porque su alcance inicial era claro. En consecuencia, el panel arbitral indicó que la actuación de la UAEPS podía ser analizada desde la óptica de una modificación contractual, pero, entender que se estaba en presencia de la misma no sería viable ya que esa circunstancia no superaría un examen de eficacia y de validez, dado que (i) no se cumplió con la solemnidad de elevar el cambio por escrito como exige el artículo 39 de la Ley 80 y, además, la cláusula de interpretación unilateral del artículo 15 de la Ley 80 no permite modificar el alcance del contrato; (ii) violaría los principios de libre concurrencia, igualdad, imparcialidad, prevalencia del interés general y transparencia porque extendería la licitación más allá de las condiciones establecidas en la fase precontractual y, (iii) vulneraría el principio de buena fe consagrado en los artículos 1603 del Código de Civil y 871 del Código de Comercio. El concesionario considera que la anterior decisión configura la causal 7 de anulación, sobre laudo en conciencia, porque, en su criterio, los documentos no sustentan objetivamente la decisión arbitral (…). La Sala negará la procedencia de este cargo porque es claro que se pretende discutir la interpretación y examen jurídicos que hicieron los árbitros para resolver la controversia. (…) La Sala destaca que los árbitros sí examinaron y valoraron las estipulaciones contractuales en las que se basó el concesionario para sostener su postura jurídica (…), es decir, estudiaron los elementos relacionados con cuál era la zona que comprendía la concesión, por manera que la recurrente cuestiona las conclusiones de la interpretación del contrato realizada por los árbitros, lo cual no es posible en sede de anulación. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1603, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1622, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 15, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 39 RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALLO EN CONCIENCIA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / OTROSÍ AL CONTRATO / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL Problema jurídico: ¿Procede declarar fundado el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral por la causal contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, toda vez que tribunal arbitral dejó de lado el derecho positivo? Respuesta al problema jurídico: No [L]a recurrente afirma que tribunal arbitral dejó de lado el derecho positivo; sin embargo, en este caso, no se alega la carencia de fundamento jurídico ni que los supuestos de la controversia no puedan subsumirse en las consideraciones del tribunal. (…) [L]a indebida aplicación de normas a un caso no configura la causal de anulación ya que, un asunto es que el laudo contenga una argumentación jurídica aparente, porque las normas citadas no tengan relación con el caso concreto y, otra, muy distinta, es que se pretenda discutir la aplicación de una normativa al asunto objeto de análisis; esto segundo es justamente lo que persigue la sociedad recurrente, en tanto que los árbitros consideraron necesario aplicar el artículo 39 de la Ley 80 y los principios de contratación estatal para interpretar si el otrosí número 2 implicó una modificación válida del alcance inicial del contrato y, por tanto, con independencia de que el juez de la anulación comparta esa argumentación, es claro que la indebida subsunción de una norma a un caso comporta una controversia de carácter jurídico, motivo por el cual el recurrente lo que realmente persigue es controvertir los criterios interpretativos empleados por el tribunal para la adopción de la decisión ahora objeto de impugnación extraordinaria. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el fundamento jurídico del laudo arbitral, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 2020, rad. 63513, C. P. Alberto Montaña Plata y sentencia de 23 de enero de 2023, rad. 68550, C. P. Martín Bermúdez Muñoz. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 39 RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALTA DE COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / ASIGNACIÓN DE COMPETENCIA Problema jurídico: ¿La causal 2 del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral exige como requisito de procedibilidad que el recurrente haya interpuesto recurso de reposición contra el auto en el que el tribunal se declaró competente y plantear los argumentos de inconformidad? Respuesta al problema jurídico: Si La sociedad concesionaria alega que se configuró la causal de anulación dos (2), atinente la falta de competencia de los árbitros, con base en tres argumentos: a) Las normas incumplidas de aprovisionamiento de recursos de clausura y posclausura son de carácter regulatorio, por lo cual, verificar su cumplimiento es una competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en ejercicio de sus funciones de inspección vigilancia y control. b) La SSPD zanjó toda discusión cuando adoptó una decisión que, además, no fue cuestionada ni demandada, por lo que se encuentra en firme y produciendo plenos efectos, por manera que los árbitros no podían pronunciarse, pues, hacerlo generaba el riesgo de incurrir en decisiones contradictorias. c) La cláusula compromisoria exigía que hubiera controversia entre las partes y, en este asunto, no existía el litigio, por cuanto este se acabó cuando la UAESP decidió remitir la investigación a la SSPD. (…) La causal 2 exige como requisito de procedibilidad que el recurrente haya hecho “valer los motivos constitutivos (…) mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia”; en este caso concreto, la recurrente planteó los dos primeros argumentos en el recurso de reposición contra el auto en el que el tribunal se declaró competente, pero no señaló nada acerca del incumplimiento de los requisitos exigidos por la cláusula compromisoria (…). En tal virtud, la Sala únicamente estudiará los dos motivos de incompetencia respecto de los cuales se cumplió con el requisito de procedibilidad. RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALTA DE COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL / PROVISIÓN CONTABLE / RELLENO SANITARIO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / ARCHIVO DEL EXPEDIENTE / COMISIÓN DE REGULACIÓN / REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Problema jurídico: ¿Procede declarar infundado el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral por la causal contenida en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, toda vez que la provisión de los recursos para la clausura y posclausura es un asunto regulatorio, y es una obligación contractual, respecto de la cual el juez del contrato puede pronunciarse, ante el incumplimiento contractual? Respuesta al problema jurídico: Si La UAESP formuló dos pretensiones: una declarativa y otra consecuencial de condena; el tribunal solo accedió a la primera súplica, en la cual se solicitó que se declarara el incumplimiento del concesionario del numeral 32 de la cláusula segunda del contrato de concesión no. 344 de 2010 por el hecho de no realizar la provisión ordenada en el artículo 2.3.2.3.5.18 del Decreto 1077 de 2015, el artículo 30 de la Resolución CRA 720 y la Circular 001 de 2017 emitida por la CRA para garantizar la disponibilidad de recursos económicos para la clausura y posclausura del Relleno Sanitario Doña Juana. (…) Durante la ejecución del contrato y con miras a adecuar la obligación contractual a las disposiciones reglamentarias las partes suscribieron el documento aclaratorio no. 1 del 14 de junio de 2017 (…). En la ejecución del contrato, el interventor solicitó a la UAESP iniciar un procedimiento sancionatorio en contra del concesionario por el hecho de desconocer la obligación de proveer recursos para la clausura y posclausura del relleno sanitario; la UAESP remitió la investigación a la SSPD mediante la Resolución no. 671 de 2019 ‘por la cual se resuelve archivar y remitir por competencia un proceso administrativo sancionatorio’ con fundamento en que la solicitud del interventor se refería al incumplimiento de la regulación tarifaria que regía al concesionario, mas no al de una obligación contractual en particular. De la revisión de las estipulaciones contractuales y reglamentarias, así como también de lo ocurrido durante la ejecución del contrato, se concluye que no es válido afirmar que la provisión de los recursos para la clausura y posclausura sea un asunto exclusivamente regulatorio, pues, es una obligación contractual, respecto de la cual el juez del contrato sí podía pronunciarse. Si bien es cierto que el numeral 32 de la cláusula 2 del contrato de concesión no. 334 de 2010 no regula expresamente el alcance de la provisión de recursos para la clausura y posclausura, ello no desvirtúa el carácter contractual de la obligación, más aún si se trata de una estipulación cuyo contenido es completado con la normativa regulatoria. (…) Además, la remisión de la investigación a la SSPD tampoco desvirtúa el carácter contractual de la obligación, por cuanto, un aspecto es la sanción que la autoridad regulatoria puede imponer al concesionario y, otro, muy distinto, es la decisión sobre el cumplimiento de la estipulación de carácter contractual. La decisión de archivar la investigación contractual encaminada a sancionar al concesionario (contratista), en estricto sentido, se basó en que el informe de interventoría no hizo referencia a ninguna obligación del contrato (…). En todo caso, archivar un procedimiento administrativo no impide que el juez del contrato pueda declarar la existencia de un incumplimiento contractual. La SSPD tampoco zanjó la controversia cuando adoptó una decisión que, según el recurrente, goza de presunción de legalidad: Es cierto que la mencionada Circular 017 de 2017 indica que el cumplimiento de la obligación regulatoria está ‘sujeto a vigilancia y control por parte de la SSPD’; sin embargo, ello no desvirtúa que el tribunal estudiara un asunto diferente, esto es, si el concesionario cumplió o no cumplió una obligación contractual pactada expresamente en el contrato. (…) En este caso concreto, se reitera, el tribunal declaró el incumplimiento, pero, se abstuvo de imponer condena en perjuicios, análisis completamente diferente al que hizo la SSPD, pues, en el ejercicio de sus funciones de inspección y control dicha entidad decidió si procedía o no la imposición de sanciones por el desconocimiento de la normativa en materia de servicios públicos domiciliarios. No es cierto que la SSPD al resolver la investigación adelantada en contra del contratista haya proferido una decisión vinculante para los árbitros, debido a que no existe yuxtaposición de funciones, en tanto que la labor del juez del contrato es diferente a la de la autoridad de inspección, vigilancia y control que verifica el cumplimiento de la normativa regulatoria del servicio público domiciliario. Finalmente, no es válido sostener que en la comunicación no. 20224300947721 del 8 de marzo de 2022 la SSPD haya definido que no hubo incumplimiento en relación con los aportes para actividades de clausura y posclausura ya que, esa entidad solicitó al concesionario provisionar en la fiducia los recursos indicados en la comunicación de la CRA —que detalló las actividades de posclausura cubiertas con la tarifa—; lo anterior, sin embargo, no implica, necesariamente, que el concesionario no debiera hacer la referida provisión de recursos. RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COSA JUZGADA / DESCONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA COSA JUZGADA / REQUISITOS DE LA COSA JUZGADA / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / FALTA DE COMPETENCIA / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL Problema jurídico: ¿Procede declarar infundado el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral por la causal contenida en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, porque el tribunal arbitral tenía competencia para resolver de fondo? Respuesta al problema jurídico: Si La UAESP interpone recurso de anulación con base en la causal dos (2), esto es, la falta de competencia por considerar que el tribunal decidió en contravía del laudo del 27 de septiembre de 2018 que, en su parecer, constituía cosa juzgada. Como fundamento de su impugnación, aduce que el desconocimiento de la cosa juzgada genera la falta de competencia, para lo cual cita la sentencia del 8 de noviembre de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación en el expediente no. 66.767; manifiesta que en el caso del laudo recurrido se cumplen los tres requisitos para que opere la cosa juzgada: identidad de partes, de causa y de objeto. (…) [L]a Sala pone de presente que el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 consagra como causal de anulación la “falta (…) de competencia”, esta norma prevé que se debe presentar recurso de reposición contra el auto en el que el tribunal se declaró competente, lo cual fue cumplido en este caso concreto. La cosa juzgada, sin embargo, no configura una falta de competencia del panel arbitral, por cuanto, en estricto sentido, aquella corresponde a una excepción que debe analizar el juzgador y que busca que se rechacen las pretensiones de la demanda en virtud de la existencia de otra decisión previa con identidad de partes, objeto y causa. (…) En ese caso, el tribunal arbitral declaró que no tenía competencia para estudiar un grupo de pretensiones porque existía una conciliación que hizo tránsito a cosa juzgada, pero, esta corporación anuló el laudo dado que, pese a ello, estudió una excepción que justamente se relacionaba con la existencia de cosa juzgada. Aunque en el presente asunto los árbitros consideraron que la cosa juzgada, ab initio, podría limitar su competencia, expresamente precisaron que resolverían el asunto de fondo en el laudo (…). En ese orden de ideas, el cargo no está llamado a prosperar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la figura de la cosa juzgada como excepción de fondo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 4 de diciembre de 2021, rad. 63319, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; Subsección A, sentencia de 8 de noviembre de 2021, rad. 66767, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2 RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL / NULIDAD PARCIAL / EFECTOS DE LA ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / RELLENO SANITARIO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / COMISIÓN DE REGULACIÓN / REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS / COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO / FIJACIÓN DE TARIFAS / RÉGIMEN TARIFARIO / RESIDUOS SÓLIDOS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RETROACTIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO / LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / REMISIÓN DE EXPEDIENTE / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS Problema jurídico: ¿Procede declarar parcialmente fundado el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral, al establecerse que la tarifa del contrato de concesión no. 344 de 2010 era de carácter regulado y, por lo tanto, no era un litigio susceptible de arbitraje, por falta de jurisdicción y de competencia de los árbitros? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a UAESP alega que se configuró la causal 2 por falta de competencia del panel arbitral, en atención al esquema constitucional y legal de los servicios públicos, por cuanto la suficiencia de la tarifa no era un asunto transigible, a diferencia de lo señalado por los árbitros; a lo cual agrega que para sustentar su competencia el tribunal arbitral señaló que no se estaba pronunciando sobre una tarifa regulatoria sino contractual (…). La Sala declarará la nulidad parcial del laudo arbitral, porque los árbitros resolvieron una controversia relativa a un asunto que no era de libre disposición, esto es, la suficiencia de la tarifa de residuos sólidos y de tratamiento de lixiviados fijada por la Resolución no. 720 del 9 de julio de 2015 expedida por la CRA; esta decisión, sin embargo, no cobija las pretensiones que versan sobre el tratamiento de lixiviados inicialmente pactado, pues, dicha tarifa no fue regulada por un acto administrativo, sino fijada por las partes del contrato. (…) El laudo proferido -fundamentado en una experticia- reconoció con efectos retroactivos las diferencias tarifarias en el interregno temporal 2015 (con la expedición de la Resolución CRA 720) a 2018 (Resolución CRA 843) y, por lo tanto, modificó la regulación tarifaria vigente para dicho período de ejecución contractual, lo cual constituye una clara extralimitación de la competencia funcional y, de otra parte, aplicó con efecto retroactivo una regulación tarifaria que por expresa disposición del regulador solo regía hacia el futuro, lo cual configura en una transgresión palmaria de orden reglamentario. Por manera que, en este caso concreto, los árbitros so pretexto de restablecer el equilibrio económico del contrato terminaron modulando los efectos temporales del acto administrativo proferido por la CRA, es decir, una autoridad regulatoria que no hacía parte del contrato, lo cual implicó, de una parte, desconocer el principio de relatividad de los contratos y, de otra, modular los efectos temporales de un acto administrativo proferido por una entidad regulatoria externa a las partes contratantes. (…) [S]i bien la Resolución CRA 843 de 2018 fue expedida para este específico contrato, es decir, el contrato no. 344 de 2010, lo cierto es que los árbitros no tenían competencia para analizar la legalidad del referido acto administrativo ni para modular o alterar sus efectos temporales, pues (…), se trata de una decisión administrativa proferida por una entidad distinta a la contratante y que contiene una tarifa regulada, razón por la cual era una materia no susceptible de ser sometida a arbitraje. (…) En atención a lo expuesto, se concluye que el tribunal arbitral carecía de competencia en tanto que la materia sobre la cual se pronunció se separa de la arbitrabilidad objetiva, dado que no era de libre disposición de las partes ni mediaba autorización legal para su conocimiento, por cuanto los extremos del contrato no podían separarse de los mandatos de la CRA y, por tanto, la controversia no era de naturaleza contractual. De acuerdo con lo anterior, se declarará la nulidad de las decisiones relacionadas con los residuos sólidos y de tratamiento de lixiviados, con excepción de la decisión sobre la insuficiencia de la tarifa pactada inicialmente, es decir, el ordinal quinto de la parte resolutiva del laudo. En ese sentido, la Sala declarará la nulidad de los ordinales sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto de la parte resolutiva del laudo objeto de impugnación. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, se remitirá el asunto al Tribunal Administrativo Cundinamarca para lo de su competencia; el tribunal es competente en virtud del numeral 4 del artículo 152 del CPACA que establece que dicha corporación conoce en primera instancia de los procesos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes (…) cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Finalmente, el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto Arbitral) prevé que la sentencia que anule el laudo total o parcialmente ordenará las restituciones a que hubiere lugar; en este caso concreto no existió imposición de costas en el proceso arbitral, motivo por el cual no se ordenarán restituciones mutuas a cargo de las partes. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la interpretación del parágrafo primero del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, relacionada con los contratos que celebran los entes territoriales con las empresas de servicios públicos, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 26 de octubre de 2016, rad. 2279, C. P. Álvaro Namén Vargas. Respecto de las controversias originadas en obligaciones impuestas por la ley, en las que va envuelto el orden público, como las atinentes al uso de los bienes públicos, sobre las que el fisco o el sujeto recaudador no tiene la facultad de renunciar o transigir escapan a la competencia de los árbitros, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2014, rad. 41064, C. P. Stella Conto Díaz Del Castillo. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 365, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 367, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 370, DECRETO 1524 DE 1994 - ARTÍCULO 5, DECRETO 891 DE 2002 - ARTÍCULO 10, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 14 NUMERAL 10, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 73 NUMERAL 11, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 87, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 4, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43 CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la sociedad contratista recurrente, al no haber prosperado el recurso por ella interpuesto? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala condenará en costas a la sociedad contratista recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 según el cual “si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente” y se abstendrá de condenar en costas a la UAESP, por cuanto el recurso interpuesto por esta entidad prosperó parcialmente. En los términos del numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, las agencias en derecho se fijan en diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, las cuales estarán a cargo de la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana SA ESP en favor de la UAESP. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 9, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000202300113001100103