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Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: Salvamento voto

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Fecha
2026-10-05
Radicado
76001233300620180021701
Número interno
73705
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
SEGUROS COLPATRIA S. A., MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S. A. Y OTRO
Demandado
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Síntesis de la providencia

Salvamento de voto: Salvamento voto

Regla de decisión

La parte que alega el pago de una obligación tiene la carga procesal de probarlo mediante medios de convicción idóneos.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La parte que alega el pago extintivo de una obligación tiene la carga procesal de demostrarlo mediante los medios de convicción pertinentes dentro del proceso judicial. En el salvamento de voto emitido, el magistrado enfatiza que las aseguradoras demandadas afirmaron haber realizado el pago liberatorio de sus obligaciones contractuales, pero incumplieron la carga probatoria exigida por el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012 y el artículo 1757 de la Ley 57 de 1887 al no aportar elementos de prueba, razón por la cual resultaba improcedente ordenar la devolución de un pago no acreditado en el curso de la actuación administrativa y judicial.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El rechazo del dictamen pericial solicitado por las aseguradoras, dentro del procedimiento administrativo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, configura la causal de nulidad por violación del derecho de audiencia y de defensa, cuando estas tuvieron la oportunidad de solicitar y aportar pruebas, no se les cercenaron sus garantías fundamentales de defensa y no acreditaron que la práctica de dicha prueba hubiera podido modificar la decisión administrativa?

Respuesta: No

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

En el curso del proceso administrativo, las aseguradoras pidieron la “Práctica de un peritaje, por la Sociedad Colombiana de Ingenieros o por cualquier otra institución de similares condiciones, que permita determinar el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha”.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 6.282 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

SALVAMENTO DE VOTO / NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA / OMISIÓN DE LA PRÁCTICA DEL DICTAMEN PERICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA O DE DEFENSA / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AFECTACIÓN SUSTANCIAL DEL DEBIDO PROCESO / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿El rechazo del dictamen pericial solicitado por las aseguradoras, dentro del procedimiento administrativo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, configura la causal de nulidad por violación del derecho de audiencia y de defensa, cuando estas tuvieron la oportunidad de solicitar y aportar pruebas, no se les cercenaron sus garantías fundamentales de defensa y no acreditaron que la práctica de dicha prueba hubiera podido modificar la decisión administrativa? Respuesta al problema jurídico: No [E]n el curso del proceso administrativo, las aseguradoras pidieron la “Práctica de un peritaje, por la Sociedad Colombiana de Ingenieros o por cualquier otra institución de similares condiciones, que permita determinar el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha”. El Distrito rechazó la prueba por inútil, dado que el avance de la obra ya estaba acreditado con el informe de interventoría. (…) [L]a sentencia de la que me aparto señala que el rechazo del dictamen vulneró las garantías mínimas del debido proceso, en contravía del artículo 29 constitucional. (…) No comparto la postura mayoritaria sobre el particular (…) [porque] se desconoce lo expuesto por la Subsección sobre la causal de violación del derecho de audiencia y de defensa, en el marco del procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. (…) [L]a Subsección concluyó que no se configuró el cargo porque este solo se presenta cuando el yerro es sustancial, es decir, cambia el sentido de la decisión administrativa, o cuando se violan las prerrogativas fundamentales del derecho de defensa. Esto último solo ocurre cuando un particular (i) no es citado a audiencia, (ii) no puede presentar descargos y (iii) se le impide aportar o solicitar pruebas. En ese sentido, sin cumplir la carga de transparencia y de suficiencia, la sentencia frente a la cual salvo el voto desconoce el criterio que la Sala ha adoptado en la materia, pues indica que la mera negativa a decretar una prueba constituye violación del núcleo del debido proceso administrativo, a pesar de que las aseguradoras formalmente pudieron solicitar y aportar medios probatorios y no acreditaron en el proceso judicial que la práctica de la prueba solicitada hubiese modificado la decisión de la administración. (…) En suma, las aseguradoras tenían una carga fácil de satisfacer en este proceso judicial: solicitar la prueba que no fue decretada en el proceso administrativo. Así, el juez de nulidad habría podido valorar su resultado, el cual podría acreditar que el porcentaje de ejecución era (i) menor, (ii) mayor o (iii) igual al señalado por la interventoría. Adicionalmente, luego tendría que analizar si una eventual variación de la circunstancia fáctica hubiera incidido en la decisión administrativa. Es decir, si un porcentaje distinto hubiese desvirtuado el incumplimiento grave que amenazaba con paralizar el servicio. (…) [L]a providencia de la que me aparto da por configurada indebidamente la causal de violación del derecho de audiencia y de defensa, a pesar de que en el caso no se demostró la ocurrencia de un yerro sustancial que incidiera en la decisión adoptada, ni se cercenaron las prerrogativas fundamentales de defensa de las aseguradoras. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la causal de violación del derecho de audiencia y de defensa, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de abril de 2026, radicación: 25000-23-36-000-2022-00131-01 (72359), C. P. Diego Enrique Franco Victoria. Sobre las providencias que la decisión mayoritaria citó para sustentar su postura y que el salvamento considera no análogas al caso, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 1 de diciembre de 2025, exp. 73138, C. P. Fredy Ibarra Martínez; y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de enero de 2026, exp. 69090, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86 EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN Problema jurídico: ¿Procede ordenar a la entidad demandada el reintegro de las sumas que las aseguradoras afirmaron haber pagado por concepto de la cláusula penal impuesta en el acto administrativo anulado, si no acreditaron dicho pago en el proceso judicial? Respuesta al problema jurídico: No Aun si se compartiera la declaratoria de nulidad, no era procedente que la Sala impusiera la siguiente condena: CUARTO: ORDENAR al distrito (…) de Santiago de Cali reintegrar a AXA Colpatria Seguros SA y a Mapfre Seguros Generales de Colombia SA las sumas de dinero que estas hubieran pagado por concepto de la cláusula penal que se hizo efectiva en las Resoluciones (…) de 2017. En la demanda, las aseguradoras afirmaron expresamente que “con el ánimo de no incurrir en intereses moratorios sobre la sanción impuesta, el día 5 de abril de 2017, [las demandantes] pagaron a favor de[l Distrito] la suma de […] (…)”. Pese a ello, la Sala impuso una condena en contravía de los artículos 167 del CGP y 1757 del Código Civil. La primera disposición, aplicable en virtud del artículo 211 del CPACA, prescribe que “Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Por su parte, la segunda preceptúa que “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”. En el presente caso, entonces, es claro que las aseguradoras afirmaron haber realizado el pago (extintivo de la obligación), por lo que tenían la carga de probarlo. Sin embargo, no aportaron ningún medio de convicción al respecto, de modo que no podía ordenarse la devolución de un pago no acreditado en el proceso. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 211, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1757
Texto extraído del PDF oficial 15.889 caracteres
Radicado: 76001-23-33-006-2018-00217-01 (73705) Demandantes: AXA Colpatria Seguros SA y Mapfre Seguros Generales de Colombia SA 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintiséis (2026) Medio de control: Controversias contractuales Radicación: 76001-23-33-006-2018-00217-01 (73705) Demandantes: AXA Colpatria Seguros SA y Mapfre Seguros Generales de Colombia SA Demandado: Distrito de Santiago de Cali Salvamento de voto del Magistrado Diego Enrique Franco Victoria1 No comparto la decisión de anular las resoluciones en las que se declaró la caducidad del contrato por violar el derecho de audiencia y de defensa de las aseguradoras . Considero que , para llegar a esta conclusión , la providencia se apartó de pronunciamientos anteriores de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre el alcance de dicha causal de nulidad de los actos administrativos. 1. En este caso, AXA Colpatria Seguros SA y Mapfre Seguros Generales de Colombia SA (en adelante, las “aseguradoras”) demandaron la nulidad de un acto administrativo que declaró la caducidad, hizo efectiva la garantía e impuso el pago de la cláusula penal por $13.181.894.203,23. Las entidades formularon varios cargos de nulidad, pero la sentencia solo estudió el relativo a la violación del derecho de audiencia y de defensa, fundado en que el Distrito Especial de Santiago de Cali (en adelante, el “Distrito”) rechazó indebidamente la práctica de un dictamen pericial en el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. El tribunal denegó las pretensiones porque consideró que la prueba había sido rechazada correctamente. La Sala revocó la decisión y anuló el acto. 2. Me aparto de la anterior decisión porque: (i) era improcedente declarar la nulidad del acto, conforme con la posición de la Subsección sobre el alcance de la causal de violación del derecho de audiencia y de defensa; y (ii) no procedía “el restablecimiento del derecho”, pues las aseguradoras no cumplieron con la carga de la prueba. A. La nulidad del acto administrativo desconoció el alcance de la causal de nulidad de violación del derecho de audiencia y de defensa 3. En el procedimiento administrativo hubo una discusión sobre el porcentaje de ejecución de la obra: el antiguo director de obra del contratista declaró un avance del 96% al momento de su retiro y, en otro testimonio, el director de la concesión afirmó que la ejecución alcanzaba el 97,46% y objetó expresamente el método del interventor. En contraste, el interventor situó la obra en el 90%, cifra que confirmó el informe de 1 Tema: nulidad de acto administrativo – violación del derecho de audiencia y de defensa. Radicado: 76001-23-33-006-2018-00217-01 (73705) Demandantes: AXA Colpatria Seguros SA y Mapfre Seguros Generales de Colombia SA 2 interventoría del 29 de julio de 2016, siempre que se excluyera la calzada sur de la carrera 80; si se incluía, el avance era del 81%. 4. En este contexto, en el curso del proceso administrativo, las aseguradoras pidieron la “Práctica de un peritaje, por la Sociedad Colombiana de Ingenieros o por cualquier otra institución de similares condiciones, que permita determinar el porcentaje de ejecución del contrato a la fecha”. El Distrito rechazó la prueba por inútil, dado que el avance de la obra ya estaba acreditado con el informe de interventoría. 5. En la sentencia de primera instancia, e l tribunal consideró que, en efecto, la prueba era inútil porque (i) el informe de interventoría probaba el grado de ejecución y (ii) l as cifras invocadas por el director de la concesión carecían completamente de respaldo. 6. Por su parte, la sentencia de la que me aparto señala que el rechazo del dictamen vulneró las garantías mínimas del debido proceso, en contravía del artículo 29 constitucional, pues impidió a Mapfre aportar pruebas y controvertir las presentadas en su contra (en particular, el informe de interventoría). En consecuencia, el Distrito tuvo por desvirtuada la tesis del porcentaje de ejecución alegado por el contratista, sin permitir a la garante sustentar ese aspecto con una prueba técnica equivalente. 6.1. Al respecto, en una nota al pie, la postura mayoritaria sostiene que, en supuestos similares, la violación del debido proceso tiene entidad suficiente para derruir en sede judicial la presunción de legalidad del acto de caducidad, sin que el administrado tuviera la carga de demostrar que habría podido obtener un resultado diferente sin el vicio de procedimiento alegado. 6.2. Como argumento complementario, la Sala plantea que el contratista de obra también demandó la nulidad del acto administrativo de caducidad, la cual fue desestimada por la Subsección A, pues el demandante no demostró el porcentaje de ejecución contractual. En tal virtud, la Sala señala que la prueba técnica pedida por las aseguradoras era relevante, por cuanto fue la que se echó de menos en la sentencia adoptada en el otro proceso judicial. 7. No comparto la postura mayoritaria sobre el particular por dos razones: por una parte, se desconoce lo expuesto por la Subsección sobre la causal de violación del derecho de audiencia y de defensa, en el marco del procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 7.1.1. Recientemente, la Subsección B estudió un caso análogo, en el que la entidad no compensó unas sumas a favor del contratista, porque habían sido embargadas. Las aseguradoras alegaron que el acto administrativo vulneró su debido proceso, dado que la entidad nunca sometió a contradicción las pruebas del embargo. En esa oportunidad, desestimó la nulidad con la siguiente argumentación: 38.4.1. De acuerdo con lo expuesto, la causal de nulidad de violación del derecho de audiencia [y] de defensa se presenta cuando hay (i) un yerro sustancial, de forma tal que de no cometerse hubiera cambiado el sentido de la decisión administrativa; y (ii) cuando se cercenan las prerrogativas fundamentales de defensa del sujeto vinculado a la actuación administrativa, lo cual ocurre, entre otros casos, cuando no se le notifica la actuación administrativa o cuando se le elimina la posibilidad de presentar descargos o allegar pruebas. Radicado: 76001-23-33-006-2018-00217-01 (73705) Demandantes: AXA Colpatria Seguros SA y Mapfre Seguros Generales de Colombia SA 3 38.4.2. En el caso concreto, las aseguradoras no probaron que se presentara ninguno de los dos tipos de vicios. Por una parte, no acreditaron que, de haberse dado traslado de las pruebas que acreditaban el embargo, hubiera variado la decisión de no compensar los saldos del contratista. 38.4.3. Por la otra parte, los demandantes tampoco demostraron que no se les hubiera notificado de la actuación administrativa o que se les hubiera negado la posibilidad de presentar descargos y pruebas. Todo lo contrario, en el expediente se acreditó que las aseguradoras fueron citadas a la audiencia, presentaron descargos y en desarrollo de estos aportaron pruebas2. 7.1.2. En el caso citado, la entidad demandada ni siquiera puso los elementos de convicción a disposición de las aseguradoras. Sin embargo, la Subsección concluyó que no se configuró el cargo porque este solo se presenta cuando el yerro es sustancial, es decir, cambia el sentido de la decisión administrativa, o cuando se violan las prerrogativas fundamentales del derecho de defensa. Esto último solo ocurre cuando un particular (i) no es citado a audiencia, (ii) no puede presentar descargos y (iii) se le impide aportar o solicitar pruebas. 7.1.3. En ese sentido, sin cumplir la carga de transparencia y de suficiencia, la sentencia frente a la cual salvo el voto desconoce el criterio que la Sala ha adoptado en la materia, pues indica que la mera negativa a decretar una prueba constituye violación del núcleo del debido proceso administrativo, a pesar de que las aseguradoras formalmente pudieron solicitar y aportar medios probatorios y no acreditaron en el proceso judicial que la práctica de la prueba solicitada hubiese modificado la decisión de la administración. 7.2. La postura, además, sienta un precedente riesgoso en materia de procedimiento administrativo contractual, ámbito en el que las partes suelen solicitar numerosos medios de prueba. En efecto, ¿acaso habría que declarar la nulidad cada vez que se rechace uno de ellos que pudiera ser relevante? 7.3. Dicho de otro modo, la nueva posición hace nugatorio el requisito de que el yerro sea sustancial: si el rechazo de cualquier prueba pertinente y útil configura el vicio, ¿en qué casos sería necesario demostrar que cambiaría el sentido del acto administrativo? La respuesta es que nunca, porque la mera potencialidad de modificarlo bastaría para anularlo automáticamente. 7.4. Por lo anterior, discrepo de que, en una nota al pie, la providencia prescinda del requisito decantado por la jurisprudencia con el solo argumento de que la gravedad de la irregularidad basta para derruir la presunción de legalidad y releva al administrado de demostrar que el resultado habría sido distinto. Inclusive, sin estudiar si el dictamen pericial debía decretarse en sede administrativa. 7.5. Cabe decir que, para sustentar la postura, la providencia de la cual me aparto cita dos sentencias cuyos supuestos no son análogos a los del caso estudiado: en una , la entidad no concedió un plazo suficiente para rendir descargos 3, es decir, eliminó materialmente la posibilidad de ejercer la defensa; y en la otra, no vinculó a la 2 Consejo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2026, radicación: 25000 -23-36-000-2022- 00131-01 (72359), CP Diego Enrique Franco Victoria. El doctor Montaña salvó el voto y el doctor

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333006201800217011100103