Radicado: 76001-23-33-006-2018-00217-01 (73705)
Demandantes: AXA Colpatria Seguros SA y Mapfre Seguros Generales de Colombia SA
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Controversias contractuales
Radicación: 76001-23-33-006-2018-00217-01 (73705)
Demandantes: AXA Colpatria Seguros SA y Mapfre Seguros Generales de
Colombia SA
Demandado: Distrito de Santiago de Cali
Salvamento de voto del Magistrado Diego Enrique Franco Victoria1
No comparto la decisión de anular las resoluciones en las que se declaró la caducidad
del contrato por violar el derecho de audiencia y de defensa de las aseguradoras .
Considero que , para llegar a esta conclusión , la providencia se apartó de
pronunciamientos anteriores de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado sobre el alcance de dicha causal de nulidad de los actos administrativos.
1. En este caso, AXA Colpatria Seguros SA y Mapfre Seguros Generales de Colombia
SA (en adelante, las “aseguradoras”) demandaron la nulidad de un acto administrativo
que declaró la caducidad, hizo efectiva la garantía e impuso el pago de la cláusula penal
por $13.181.894.203,23. Las entidades formularon varios cargos de nulidad, pero la
sentencia solo estudió el relativo a la violación del derecho de audiencia y de defensa,
fundado en que el Distrito Especial de Santiago de Cali (en adelante, el “Distrito”) rechazó
indebidamente la práctica de un dictamen pericial en el procedimiento previsto en el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. El tribunal denegó las pretensiones porque consideró
que la prueba había sido rechazada correctamente. La Sala revocó la decisión y anuló el
acto.
2. Me aparto de la anterior decisión porque: (i) era improcedente declarar la nulidad del
acto, conforme con la posición de la Subsección sobre el alcance de la causal de violación
del derecho de audiencia y de defensa; y (ii) no procedía “el restablecimiento del
derecho”, pues las aseguradoras no cumplieron con la carga de la prueba.
A. La nulidad del acto administrativo desconoció el alcance de la causal de
nulidad de violación del derecho de audiencia y de defensa
3. En el procedimiento administrativo hubo una discusión sobre el porcentaje de
ejecución de la obra: el antiguo director de obra del contratista declaró un avance del 96%
al momento de su retiro y, en otro testimonio, el director de la concesión afirmó que la
ejecución alcanzaba el 97,46% y objetó expresamente el método del interventor. En
contraste, el interventor situó la obra en el 90%, cifra que confirmó el informe de
1 Tema: nulidad de acto administrativo – violación del derecho de audiencia y de defensa.
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interventoría del 29 de julio de 2016, siempre que se excluyera la calzada sur de la carrera
80; si se incluía, el avance era del 81%.
4. En este contexto, en el curso del proceso administrativo, las aseguradoras pidieron la
“Práctica de un peritaje, por la Sociedad Colombiana de Ingenieros o por cualquier otra
institución de similares condiciones, que permita determinar el porcentaje de ejecución
del contrato a la fecha”. El Distrito rechazó la prueba por inútil, dado que el avance de la
obra ya estaba acreditado con el informe de interventoría.
5. En la sentencia de primera instancia, e l tribunal consideró que, en efecto, la prueba
era inútil porque (i) el informe de interventoría probaba el grado de ejecución y (ii) l as
cifras invocadas por el director de la concesión carecían completamente de respaldo.
6. Por su parte, la sentencia de la que me aparto señala que el rechazo del dictamen
vulneró las garantías mínimas del debido proceso, en contravía del artículo 29
constitucional, pues impidió a Mapfre aportar pruebas y controvertir las presentadas en
su contra (en particular, el informe de interventoría). En consecuencia, el Distrito tuvo por
desvirtuada la tesis del porcentaje de ejecución alegado por el contratista, sin permitir a
la garante sustentar ese aspecto con una prueba técnica equivalente.
6.1. Al respecto, en una nota al pie, la postura mayoritaria sostiene que, en supuestos
similares, la violación del debido proceso tiene entidad suficiente para derruir en sede
judicial la presunción de legalidad del acto de caducidad, sin que el administrado tuviera
la carga de demostrar que habría podido obtener un resultado diferente sin el vicio de
procedimiento alegado.
6.2. Como argumento complementario, la Sala plantea que el contratista de obra también
demandó la nulidad del acto administrativo de caducidad, la cual fue desestimada por la
Subsección A, pues el demandante no demostró el porcentaje de ejecución contractual.
En tal virtud, la Sala señala que la prueba técnica pedida por las aseguradoras era
relevante, por cuanto fue la que se echó de menos en la sentencia adoptada en el otro
proceso judicial.
7. No comparto la postura mayoritaria sobre el particular por dos razones: por una parte,
se desconoce lo expuesto por la Subsección sobre la causal de violación del derecho de
audiencia y de defensa, en el marco del procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de
2011.
7.1.1. Recientemente, la Subsección B estudió un caso análogo, en el que la entidad no
compensó unas sumas a favor del contratista, porque habían sido embargadas. Las
aseguradoras alegaron que el acto administrativo vulneró su debido proceso, dado que
la entidad nunca sometió a contradicción las pruebas del embargo. En esa oportunidad,
desestimó la nulidad con la siguiente argumentación:
38.4.1. De acuerdo con lo expuesto, la causal de nulidad de violación del derecho de
audiencia [y] de defensa se presenta cuando hay (i) un yerro sustancial, de forma tal que
de no cometerse hubiera cambiado el sentido de la decisión administrativa; y (ii) cuando
se cercenan las prerrogativas fundamentales de defensa del sujeto vinculado a la
actuación administrativa, lo cual ocurre, entre otros casos, cuando no se le notifica la
actuación administrativa o cuando se le elimina la posibilidad de presentar descargos o
allegar pruebas.
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38.4.2. En el caso concreto, las aseguradoras no probaron que se presentara ninguno
de los dos tipos de vicios. Por una parte, no acreditaron que, de haberse dado traslado
de las pruebas que acreditaban el embargo, hubiera variado la decisión de no compensar
los saldos del contratista.
38.4.3. Por la otra parte, los demandantes tampoco demostraron que no se les hubiera
notificado de la actuación administrativa o que se les hubiera negado la posibilidad de
presentar descargos y pruebas. Todo lo contrario, en el expediente se acreditó que las
aseguradoras fueron citadas a la audiencia, presentaron descargos y en desarrollo de
estos aportaron pruebas2.
7.1.2. En el caso citado, la entidad demandada ni siquiera puso los elementos de
convicción a disposición de las aseguradoras. Sin embargo, la Subsección concluyó que
no se configuró el cargo porque este solo se presenta cuando el yerro es sustancial, es
decir, cambia el sentido de la decisión administrativa, o cuando se violan las prerrogativas
fundamentales del derecho de defensa. Esto último solo ocurre cuando un particular (i)
no es citado a audiencia, (ii) no puede presentar descargos y (iii) se le impide aportar o
solicitar pruebas.
7.1.3. En ese sentido, sin cumplir la carga de transparencia y de suficiencia, la sentencia
frente a la cual salvo el voto desconoce el criterio que la Sala ha adoptado en la materia,
pues indica que la mera negativa a decretar una prueba constituye violación del núcleo
del debido proceso administrativo, a pesar de que las aseguradoras formalmente
pudieron solicitar y aportar medios probatorios y no acreditaron en el proceso judicial que
la práctica de la prueba solicitada hubiese modificado la decisión de la administración.
7.2. La postura, además, sienta un precedente riesgoso en materia de procedimiento
administrativo contractual, ámbito en el que las partes suelen solicitar numerosos medios
de prueba. En efecto, ¿acaso habría que declarar la nulidad cada vez que se rechace
uno de ellos que pudiera ser relevante?
7.3. Dicho de otro modo, la nueva posición hace nugatorio el requisito de que el yerro sea
sustancial: si el rechazo de cualquier prueba pertinente y útil configura el vicio, ¿en qué
casos sería necesario demostrar que cambiaría el sentido del acto administrativo? La
respuesta es que nunca, porque la mera potencialidad de modificarlo bastaría para
anularlo automáticamente.
7.4. Por lo anterior, discrepo de que, en una nota al pie, la providencia prescinda del
requisito decantado por la jurisprudencia con el solo argumento de que la gravedad de la
irregularidad basta para derruir la presunción de legalidad y releva al administrado de
demostrar que el resultado habría sido distinto. Inclusive, sin estudiar si el dictamen
pericial debía decretarse en sede administrativa.
7.5. Cabe decir que, para sustentar la postura, la providencia de la cual me aparto cita
dos sentencias cuyos supuestos no son análogos a los del caso estudiado: en una , la
entidad no concedió un plazo suficiente para rendir descargos 3, es decir, eliminó
materialmente la posibilidad de ejercer la defensa; y en la otra, no vinculó a la
2 Consejo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2026, radicación: 25000 -23-36-000-2022-
00131-01 (72359), CP Diego Enrique Franco Victoria. El doctor Montaña salvó el voto y el doctor
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