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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-11-23
Radicado
11001032600020210014800
Número interno
67266
Ponente
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
NACION- RAMA JUDICIAL
Demandado
DIOGENES VILLA DELGADO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición

Lo que dijo la Sala

La Sala negará las pretensiones de la demanda porque: no está demostrado el supuesto de hecho de la presunción de culpa grave por la “omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable”; y la entidad demandante no formuló un cargo de culpabilidad claro en relación con la “parcialidad y desviación de poder” del demandado, por cuanto no identificó en qué consistió su conducta dolosa o gravemente culposa.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no acredita los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la presunción de culpa grave del agente estatal, debido a la falta de evidencia de la omisión de las formas sustanciales por error inexcusable y la ausencia de un cargo claro que identifique la parcialidad y desviación de poder del servidor público, lo que implica que la entidad demandante no demostró la culpabilidad del demandado. Además, el término de caducidad del medio de control de repetición no se configuró, ya que el plazo estuvo suspendido por el estado de emergencia declarado en 2020, permitiendo la presentación oportuna de la demanda. La tacha por parcialidad contra un testigo es procedente cuando existe una estrecha relación de amistad con el demandado, pero la prueba no es excluida y se valora en el momento de fallar. Las disposiciones de la Ley 678 de 2001 son aplicables al trámite por los hechos imputados al demandado ocurrieron después de su entrada en vigencia. Finalmente, la condena en costas es procedente para la parte vencida, y la fijación de las agencias en derecho se realiza considerando la labor jurídica desarrollada por el apoderado, tasándose en seis salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la presunción de culpa grave del agente estatal?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición?
  • ¿Procede la tacha por parcialidad formulada por la entidad demandante contra el testigo por existir una estrecha relación de amistad con el demandado?
  • ¿En el presente asunto son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001, relativas al medio de control de repetición?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

SIN DECISION

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Consejo de Estado 2023-09-04 Sección Tercera (Subsección A)
No puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.
Titulación de la relatoría 6.037 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / OMISIÓN DE FORMA SUSTANCIAL EN ACTO ADMINISTRATIVO POR ERROR INEXCUSABLE / AUSENCIA DEL DOLO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la presunción de culpa grave del agente estatal? Respuesta al problema jurídico: No La Sala negará las pretensiones de la demanda porque: no está demostrado el supuesto de hecho de la presunción de culpa grave por la “omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable”; y la entidad demandante no formuló un cargo de culpabilidad claro en relación con la “parcialidad y desviación de poder” del demandado, por cuanto no identificó en qué consistió su conducta dolosa o gravemente culposa. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA / ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA SOCIAL Y ECOLÓGICA / COVID 19 Problema jurídico: ¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del CPACA, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que la entidad contaba para pagar. En este caso el pago se realizó el 30 de julio de 2020, después del vencimiento del plazo anterior, por lo que para determinar el término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del vencimiento del plazo para pagar. Como este venció el 10 de junio de 2018, el término de caducidad transcurrió, en principio, hasta el 11 de junio de 2020. No obstante, este plazo estuvo suspendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020 por disposición del Decreto Legislativo 564 de 2020. Para el momento en que se reanudó el término de caducidad restaban dos (2) meses y veintiséis (26) días para su vencimiento, por lo que la demanda presentada el 7 de julio de 2020 se radicó oportunamente. FUENTE FORMAL: DECRETO LEGISLATIVO 564 DE 2020, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L PRUEBA TESTIMONIAL / TACHA DE TESTIGO / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO Problema jurídico: ¿Procede la tacha por parcialidad formulada por la entidad demandante contra el testigo por existir una estrecha relación de amistad con el demandado? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala declara procedente la tacha por parcialidad formulada por la entidad demandante contra el testigo […], por existir “una estrecha relación de amistad con el [demandado], tan es así que lo nombró su mano derecha en la Dirección Ejecutiva, [como] director administrativo”. En su declaración, el testigo señaló que conocía al demandado desde hace más de quince (15) años, que este le pidió hacer parte de su equipo de empalme como director ejecutivo de Administración Judicial, y que luego lo nombró director administrativo de la DEAJ. La Sala advierte que, de acuerdo con el artículo 211 del CGP, lo anterior no significa la exclusión de la prueba, sino que se “analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso”. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 211 NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿En el presente asunto son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001, relativas al medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678 de 2001 porque los hechos imputados al demandado ocurrieron después de su entrada en vigencia. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición contra la parte que resultó vencida? Respuesta al problema jurídico: Si El primer inciso del artículo 188 del CPACA dispone que “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 1 del artículo 365 del CGP, porque la entidad demandante fue la parte vencida en el proceso. En los términos del artículo 366 del CGP, la liquidación de las costas deberá realizarse por Secretaría. Para la fijación de las agencias en derecho se tienen en cuenta los criterios establecidos en el artículo 2º del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es decir, “la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada”. Como el demandado estuvo representado por apoderado, quien contestó la demanda y presentó alegatos, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en seis salarios mínimos legales mensuales vigentes (6 SMLMV). FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA ADMINISTRATIVA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 24.642 caracteres
Radicado: 11001-03-26-000-2021-00148-00 (67266) Demandante: Nación – Rama Judicial CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: Repetición única instancia – Ley 1437 de 2011 Radicación: 11001-03-26-000-2021-00148-00 (67266) Demandante: Nación – Rama Judicial Demandado: Diógenes Villa Delgado Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la Ley 678 de 2001. Se niegan las pretensiones porque, en relación con uno de los motivos de responsabilidad atribuidos a l demandado, no se demostró el supuesto de hecho de la presunción de culpa grave invocada; y frente al otro, no se formuló un cargo claro de dolo o culpa grave en su contra. SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver, en única instancia, la demanda presentada por la Nación – Rama Judicial contra Diógenes Villa Delgado. La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 1, debido a que el demandado fungió como representante legal de una entidad del orden nacional para la época de los hechos. En audiencia del 29 de noviembre de 2 021 el magistrado ponente corrió traslado para alegar por escrito. Las partes presentaron alegatos de conclusión . El Ministerio Público solicitó declarar la caducidad de la acción porque la demanda fue presentada más de dos años después del vencimiento del término para pagar la condena. I. ANTECEDENTES A.- Posición de la parte demandante 1 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia establecido por el artículo 86 de esa ley. Radicado: 11001-03-26-000-2021-00148-00 (67266) Demandante: Nación – Rama Judicial 2 1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 7 de julio de 2020 por la Rama Judicial. Se dirigió contra Diógenes Villa Delgado para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad como consecuencia de la condena impuesta en la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá el 30 de abril de 2014, y confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17 de noviembre de 2016. 2.- A partir de lo afirmado en la demanda integrada2 y de las piezas procesales allegadas por la parte actora, se extrae que: 2.1.- El demandado Diógenes Villa Delgado era el director ejecutivo de Administración Judicial. 2.2.- Mediante la Resolución No. 5104 del 16 de septiembre de 2011 el demandado declaró insubsistente el nombramiento d e Antonio Enrique Barrera Martínez como director de la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ). Este acto no fue motivado. 2.3.- En reemplazo del señor Barrera Martínez, el demandado nombró a Alba Marina Arboleda Montoya como directora de la Unidad de Informática. 2.4.- En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Barrera Martínez demandó la resolución que declaró su insubsistencia. 2.5.- El 30 de abril de 2014 el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá declaró la nulidad de la Resolución No. 5104 de 2011 porque el cargo de director de la Unidad de Informática de la DEAJ era de carrera. Como el señor Barrera Martínez ocupaba el cargo en forma provisional, su insubsistencia debía ser motivada. Además, no se probó que el nombramiento de su reemplazo significara un mejoramiento en el servicio. El juzgado ordenó el reintegro del funcionario y el pago de los emolumentos dejados de recibir. 2.6.- Mediante providencia del 17 de noviembre de 2016 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la declaratoria de nulidad del acto porque este debió ser motivado. Sin embargo, revocó la orden de reintegro, pues el cargo había sido provisto mediante concurso de méritos, y limitó la indemnización hasta el momento en que se nombró al nuevo titular. 2.7.- Por medio de la Resolución No. 1027 del 2 de junio de 20 20, la entidad demandante dispuso el pago. La condena, por un valor total de quinientos treinta y cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil treinta y cinco pesos ($534.584.035), fue pagada el 30 de julio de 2020. 2 La entidad presentó la demanda el 7 de julio de 2020 y la reformó el 5 de agosto de 2020, antes de que se decidiera sobre su admisión. La demanda luego fue subsanada el 1º de octubre de 2020 (índice 2, SAMAI). Radicado: 11001-03-26-000-2021-00148-00 (67266) Demandante: Nación – Rama Judicial 3 3.- La entidad demandante invocó la presunción de culpa grave establecida en el numeral 3 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, es decir, la << omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable>>. El demandado no motivó la resolución de insubsistencia de Antonio Enrique Barrera Martínez, aunque, para ese momento, la ley y la jurisprudencia coincidían en el deber de motivar los actos de retiro de los funcionarios provisionales. 4.- Adicionalmente, la entidad sostuvo que el demandado mostró <<parcialidad y desviación de poder >> al proferir la resolución de insubsistencia. Ese acto administrativo no tuvo como finalidad mejorar el servicio público, porque la funcionaria que reemplazó al señor Barrera Martínez no tenía mejores condiciones y competencias para asumir el cargo. B.- Posición de la parte demandada 5.- El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos de defensa expuso los siguientes: (i) para el momento en que profirió la resolución de insubsistencia, la jurisprudencia vigente de la Sección Segunda del Consejo de Estado señalaba que los cargos de directores de unidad de la DEAJ eran de libre nombramiento y remoción ; (ii) aunque la Corte Constitucional dejó sin efectos esa interpretación, esto sucedió después de proferir el acto anulado; (iii) para ese momento, la Contraloría adelantaba una auditoría sobre procesos de contratación relacionad os con la Unidad de Informática , por lo que el demandado no tenía suficiente confianza hacia el señor Barrera Martínez; (iv) las sumas que la entidad afirmó haber pagado eran exorbitantes; y (v) con base en los anteriores argumentos formuló la s <<excepciones>> de ausencia de culpa grave y ausencia de acreditación del pago. II. CONSIDERACIONES C.- Asuntos procesales, régimen legal y decisiones a adoptar 6.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se explica a continuación: 6.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del CPACA3, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice 3 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 43 de la Ley 2195 de 2022, porque esta solo aplica para las condenas ejecutoriadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esa ley. Radicado: 11001-03-26-000-2021-00148-00 (67266) Demandante: Nación – Rama Judicial 4 el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que la entidad contaba para pagar. 6.2.- En este caso el pago se realizó el 30 de julio de 2020 , después del vencimiento del plazo anterior, por lo que para determinar el término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del vencimiento del plazo para pagar. Como este venció el 10 de junio de 20184, el término de caducidad transcurrió, en principio, hasta el 11 de junio de 2020 . No obstante, este plazo estuvo suspendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020 por disposición del Decreto Legislativo 564 de 20205. 6.3.- Para el momento en que se reanudó el término de caducidad restaban dos (2) meses y veintiséis (26) días para su vencimiento, por lo que la demanda presentada el 7 de julio de 20206 se radicó oportunamente. 7.- La Sala declara procedente la tacha por parcialidad formulada por la entidad demandante contra el testigo Robinson Sanabria Baracaldo, por existir << una estrecha relación de amistad con el señor Diógenes Villa Delgado, tan es así que lo nombró su mano derecha en la Dirección Ejecutiva, [como] director administrativo>>. En su declaración, el testigo señaló que conocía al demandado desde hace más de quince (15) años, que este le pidió hacer parte de su equipo de empalme como director ejecutivo de Administración Judicial, y que luego lo nombró director administrativo de la DEAJ7. La Sala advierte que, de acuerdo con el artículo 211 del CGP, lo anterior no significa la exclusión de la prueba, sino que se << analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso>>. 8.- A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678 de 2001 porque los hechos imputados al demandado ocurrieron después de su entrada en vigencia. La Resolución No. 5104, mediante la cual se declaró 4 La condena quedó ejecutoriada el 9 de diciembre de 2016 (fl. 103, documento 1, índice 2 de SAMAI). La Sala no comparte la postura planteada por el Ministerio Público en su concepto, según la cual la condena debía pagarse dentro del plazo de diez (10) meses establecido en el artículo 192 del CPACA. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho estuvo regido por el C

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000202100148001100103