Radicado: 11001-03-26-000-2021-00148-00 (67266)
Demandante: Nación – Rama Judicial
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Repetición única instancia – Ley 1437 de 2011
Radicación: 11001-03-26-000-2021-00148-00 (67266)
Demandante: Nación – Rama Judicial
Demandado: Diógenes Villa Delgado
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se niegan las pretensiones porque, en relación
con uno de los motivos de responsabilidad atribuidos a l
demandado, no se demostró el supuesto de hecho de la presunción
de culpa grave invocada; y frente al otro, no se formuló un cargo
claro de dolo o culpa grave en su contra.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver, en única instancia, la demanda presentada por la Nación –
Rama Judicial contra Diógenes Villa Delgado.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con el numeral
13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 1, debido a que el
demandado fungió como representante legal de una entidad del orden nacional
para la época de los hechos.
En audiencia del 29 de noviembre de 2 021 el magistrado ponente corrió
traslado para alegar por escrito. Las partes presentaron alegatos de
conclusión . El Ministerio Público solicitó declarar la caducidad de la acción
porque la demanda fue presentada más de dos años después del vencimiento
del término para pagar la condena.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 24 de
la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia establecido por el artículo 86 de esa ley.
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1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 7 de julio de 2020
por la Rama Judicial. Se dirigió contra Diógenes Villa Delgado para obtener el
reintegro de lo pagado por la entidad como consecuencia de la condena impuesta
en la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá el 30 de
abril de 2014, y confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17
de noviembre de 2016.
2.- A partir de lo afirmado en la demanda integrada2 y de las piezas procesales
allegadas por la parte actora, se extrae que:
2.1.- El demandado Diógenes Villa Delgado era el director ejecutivo de
Administración Judicial.
2.2.- Mediante la Resolución No. 5104 del 16 de septiembre de 2011 el
demandado declaró insubsistente el nombramiento d e Antonio Enrique Barrera
Martínez como director de la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ). Este acto no fue motivado.
2.3.- En reemplazo del señor Barrera Martínez, el demandado nombró a Alba
Marina Arboleda Montoya como directora de la Unidad de Informática.
2.4.- En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Barrera Martínez demandó la resolución que declaró su insubsistencia.
2.5.- El 30 de abril de 2014 el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá declaró
la nulidad de la Resolución No. 5104 de 2011 porque el cargo de director de la
Unidad de Informática de la DEAJ era de carrera. Como el señor Barrera Martínez
ocupaba el cargo en forma provisional, su insubsistencia debía ser motivada.
Además, no se probó que el nombramiento de su reemplazo significara un
mejoramiento en el servicio. El juzgado ordenó el reintegro del funcionario y el
pago de los emolumentos dejados de recibir.
2.6.- Mediante providencia del 17 de noviembre de 2016 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la declaratoria de nulidad del acto
porque este debió ser motivado. Sin embargo, revocó la orden de reintegro, pues
el cargo había sido provisto mediante concurso de méritos, y limitó la
indemnización hasta el momento en que se nombró al nuevo titular.
2.7.- Por medio de la Resolución No. 1027 del 2 de junio de 20 20, la entidad
demandante dispuso el pago. La condena, por un valor total de quinientos treinta
y cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil treinta y cinco pesos
($534.584.035), fue pagada el 30 de julio de 2020.
2 La entidad presentó la demanda el 7 de julio de 2020 y la reformó el 5 de agosto de 2020, antes de que se
decidiera sobre su admisión. La demanda luego fue subsanada el 1º de octubre de 2020 (índice 2, SAMAI).
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3.- La entidad demandante invocó la presunción de culpa grave establecida en el
numeral 3 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, es decir, la << omisión de las
formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos
determinada por error inexcusable>>. El demandado no motivó la resolución de
insubsistencia de Antonio Enrique Barrera Martínez, aunque, para ese momento,
la ley y la jurisprudencia coincidían en el deber de motivar los actos de retiro de
los funcionarios provisionales.
4.- Adicionalmente, la entidad sostuvo que el demandado mostró <<parcialidad y
desviación de poder >> al proferir la resolución de insubsistencia. Ese acto
administrativo no tuvo como finalidad mejorar el servicio público, porque la
funcionaria que reemplazó al señor Barrera Martínez no tenía mejores
condiciones y competencias para asumir el cargo.
B.- Posición de la parte demandada
5.- El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos
de defensa expuso los siguientes: (i) para el momento en que profirió la
resolución de insubsistencia, la jurisprudencia vigente de la Sección Segunda del
Consejo de Estado señalaba que los cargos de directores de unidad de la DEAJ
eran de libre nombramiento y remoción ; (ii) aunque la Corte Constitucional dejó
sin efectos esa interpretación, esto sucedió después de proferir el acto anulado;
(iii) para ese momento, la Contraloría adelantaba una auditoría sobre procesos
de contratación relacionad os con la Unidad de Informática , por lo que el
demandado no tenía suficiente confianza hacia el señor Barrera Martínez; (iv) las
sumas que la entidad afirmó haber pagado eran exorbitantes; y (v) con base en
los anteriores argumentos formuló la s <<excepciones>> de ausencia de culpa
grave y ausencia de acreditación del pago.
II. CONSIDERACIONES
C.- Asuntos procesales, régimen legal y decisiones a adoptar
6.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se
explica a continuación:
6.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del
CPACA3, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2)
años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice
3 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 43 de
la Ley 2195 de 2022, porque esta solo aplica para las condenas ejecutoriadas con posterioridad a la entrada
en vigencia de esa ley.
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el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que
la entidad contaba para pagar.
6.2.- En este caso el pago se realizó el 30 de julio de 2020 , después del
vencimiento del plazo anterior, por lo que para determinar el término de
caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del vencimiento del plazo para pagar.
Como este venció el 10 de junio de 20184, el término de caducidad transcurrió,
en principio, hasta el 11 de junio de 2020 . No obstante, este plazo estuvo
suspendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020 por
disposición del Decreto Legislativo 564 de 20205.
6.3.- Para el momento en que se reanudó el término de caducidad restaban dos
(2) meses y veintiséis (26) días para su vencimiento, por lo que la demanda
presentada el 7 de julio de 20206 se radicó oportunamente.
7.- La Sala declara procedente la tacha por parcialidad formulada por la entidad
demandante contra el testigo Robinson Sanabria Baracaldo, por existir << una
estrecha relación de amistad con el señor Diógenes Villa Delgado, tan es así que
lo nombró su mano derecha en la Dirección Ejecutiva, [como] director
administrativo>>. En su declaración, el testigo señaló que conocía al demandado
desde hace más de quince (15) años, que este le pidió hacer parte de su equipo
de empalme como director ejecutivo de Administración Judicial, y que luego lo
nombró director administrativo de la DEAJ7. La Sala advierte que, de acuerdo con
el artículo 211 del CGP, lo anterior no significa la exclusión de la prueba, sino que
se << analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las
circunstancias de cada caso>>.
8.- A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678
de 2001 porque los hechos imputados al demandado ocurrieron después de su
entrada en vigencia. La Resolución No. 5104, mediante la cual se declaró
4 La condena quedó ejecutoriada el 9 de diciembre de 2016 (fl. 103, documento 1, índice 2 de SAMAI). La
Sala no comparte la postura planteada por el Ministerio Público en su concepto, según la cual la condena
debía pagarse dentro del plazo de diez (10) meses establecido en el artículo 192 del CPACA. El proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho estuvo regido por el C
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